Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 12 de junio de 2008.
En un acto que no tiene antecedentes en Colombia, el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, amenazó con llevar por siete años a la cárcel a Eduardo Uribe, el director del Centro de Estudios Agropecuarios (Cega), experimentada institución de investigación adscrita a la Universidad de los Andes. Como si fuera poco, también presionó para que Finagro y otras entidades públicas le cortaran el respaldo económico a sus investigaciones. Y anunció que ya casi las cifras del Dane sobre el sector se elaborarán con metodologías originadas en su Ministerio, acuerdo que los expertos rechazan como una indebida intromisión del gobierno en la estadística nacional (Portafolio, Jun.06.08).
El intento de censurar al Cega tiene origen en que los estudios de este concluyeron que el programa Agro Ingreso Seguro concentra los recursos entre unos pocos y grandes productores y que no ha servido para incentivar el crecimiento del sector y en que en su conocida Encuesta de Opinión los empresarios expresaron un alto nivel de desánimo en relación con nuevos proyectos. La agresión se explica porque las realidades encontradas por los investigadores del Cega resultaron ser contrarias a lo que Arias repite, repite y repite ante la cámaras y los micrófonos de los que tanto disfruta y a lo que afirman las muy costosas propagandas que el Ministerio de Agricultura paga en los medios de comunicación.
¿En qué país, diferente a este, puede un ministro agredir a la academia de esta manera y conservar su puesto? ¿Hasta dónde llegará el despotismo de quien pretende cambiar el fracaso de sus gestiones en el papel y a la brava? ¿Hasta cuándo tolerarán tantos colombianos a un gobierno que pretende someter con amenazas a sus contradictores? Y no es de menor cuantía el daño que significa que se le imponga al Dane –de donde el gobierno ya ha sacado a dos directores porque no le gustaron sus cifras–, producir estadísticas al gusto de los gobernantes. ¿Cómo puede gobernarse bien si se destruyen las series estadísticas? ¿No debiera estar catalogado como un delito presionar para que se amañen las cuentas con las que deben definirse las políticas oficiales?
El inconcebible berrinche de Arias intenta ocultar que es difícil encontrar algo que vaya peor en Colombia que el sector agropecuario. En los últimos años, su crecimiento ha sido la mitad del resto de la economía y las importaciones de alimentos se incrementaron en más de dos millones de toneladas, las mismas que han reemplazado el trabajo nacional por el extranjero y aumentado la ya escandalosa pobreza rural. Pésimo les va también a los cafeteros, y eso que los precios internacionales del grano son los mejores en dos décadas. A los paperos, por otra parte, los arruinaron tanto, que la papa se puso por las nubes porque no hubo quien la sembrara. Y se acerca agosto, cuando quedará prohibido el comercio de leche cruda en Colombia, medida que alegra a la OMC y al oligopolio pasteurizador pero que arruinará a decenas de miles de comerciantes y pequeños ganaderos y que hará que millones dejen de consumir leche, porque la hervida les cuesta a 900 pesos el litro en tanto que la pasteurizada les vale el doble.
Además, el gran aumento de los precios de los alimentos y del hambre que los acompaña dejó en ridículo lo dicho por el gobierno durante el trámite del TLC acerca de que las importaciones de la comida eran buenas así arruinaran a campesinos y empresarios porque era la manera de venderles comida barata a los colombianos.
Las políticas agrarias fallan tanto –así el ministro no cese en su demagogia con los agrocombustibles, mientras el gobierno se apresta a importarlos con fuertes subsidios de los colombianos–, que hasta el presidente de Fedegan salió a reclamarle por el estrangulamiento del crédito para el agro. En efecto, José Félix Lafaurie denunció que el Banco Agrario aumentó los créditos destinados a otros sectores y tiene el 54 por ciento del total de sus recursos congelados en TES y en otros papeles, en el mismo momento en que todo indica que hay que respaldar más al sector y en que los productores, en especial los pequeños y medianos, son víctimas de los agiotistas.
Coletilla: tiene que sentirse muy hasta el cuello Álvaro Uribe en el caso de la yidispolítica para que se hubiera hecho –¡y con esa actitud!– la autoentrevista en televisión al respecto. ¿Y por qué se negó a referirse a Teodolindo, del que hay hasta los cheques que lo acusan de cohecho?
