Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate al ministro de Ambiente sobre políticas del agua, Comisión Quinta del Senado, 20 de mayo de 2008.
¿Hay una agenda oculta en Carimagua? Hambre en la caficultura colombiana. Si el Estado subsidia los agrocombustibles, que subsidie también el resto de productos agrícolas. El ministro de Agricultura sigue obcecado en arruinar a los cruderos. Se viene un problema de desabastecimiento de agua. La privatización no ha funcionado. Monopolios particulares, orden del FMI. Alzas reales hasta de 226% en las tarifas.
La política consiste en desmontar los subsidios y elevar las tarifas. Cobertura del servicio y ganancias extranjeras. En las cabeceras municipales de menos de cien mil habitantes, la cobertura real del agua es de 30,5%. Por recorte de transferencias, se pierden 20,6 billones. Los Planes Departamentales del Agua en beneficio del monopolio. Plan contra La Guajira
Antes del entrar en el tema
Hace un par de días, el ministro de Agricultura anunció que ya no iba el anterior proyecto de Carimagua, sino uno nuevo. Al respecto, el doctor Rudolf Hommes, que no es del Polo y ni siquiera del Partido Liberal, sino que ha sido muy afecto al gobierno, escribió ayer en el periódico Portafolio, comentando el nuevo negocio de Carimagua: “Al parecer, las tierras de Carimagua no son tan malas como dijo hace un tiempo el ministro de Agricultura y los empresarios interesados siguen detrás de la misma presa (…) El primer paso será vigilar que detrás del cambio de opinión no haya una agenda oculta y que la tierra de Carimagua, que aparentemente ya no es ácida, ni improductiva, quede prioritaria y mayoritariamente en manos de pequeños campesinos y no de empresarios que se querían quedar con ella cuando la iban a dar por nada”.
Expliquemos un poco. Recordarán ustedes que uno de los aspectos controvertidos en este debate era que allí solo se podía cultivar palma, caucho y forestales. Ahora el ministro asegura que también puede haber otros productos: ganadería, cerdos, aves, caucho, palma, forestales, frutales, pastos, marañón, cítricos, mango, soya, maíz y arroz. Es bueno que el ministro reconozca que fueron falsas sus afirmaciones sobre la imposibilidad de trabajar esas tierras, así sea tarde y aun cuando no lo haga expresamente. También afirmó que solo cabían 80 familias campesinas. Ahora ya le caben 500, bueno, vamos progresando. Pero la preocupación sigue teniendo que ver con que el ministro dice que esos campesinos tendrán que estar allí asociados con algún inversionista nacional o extranjero. Habrá que analizarlo con detenimiento y esperamos que esté presente la Procuraduría, para ver cómo es que una tierra destinada específicamente a los desplazados tiene que enriquecer a un poderoso magnate nacional o extranjero. Que no resulte que el gran salto que quiera dar ahora el gobierno sea convertir a los jornaleros o peones del primer proyecto de Carimagua en siervos o aparceros obligados a rendir algún tipo de tributo a un inversionista. Es bueno que el país continúe pendiente de la evolución de esta historia. Y aprovecho para hacer ver cómo el ministro de Agricultura sigue sin rendir las excusar que debiera rendir cuando afirmó que en esas tierras no podía haber producción campesina.
Lo segundo es que alguien le debería contar al ministro de Agricultura, ya está en los medios de comunicación y yo se lo he planteado varias veces, que se están muriendo de hambre los cafeteros colombianos. Vean aquí la información reciente de Caracol: los cafeteros están teniendo que vender la arroba de café a 43 mil pesos y les vale a 48 mil pesos producirla, por causa de la reevaluación y de las pésimas políticas agrarias de este gobierno. Habrá que insistirle también en que sigue siendo carísima la comida en Colombia y que no está tomando ninguna medida que apunte a resolver el problema. Está carísimo el maíz, el arroz, el trigo, la papa y se están encareciendo el pollo y la carne de cerdo y el ministro no hace nada. Terminó convertido en algo parecido al “ministro de los agrocombustibles”, porque solo habla de eso. No me opongo a que ese tema se trate, pero debiera también pensar en la comida de los colombianos y ojalá el gobierno les concediera al resto de los agricultores una fracción siquiera de las gabelas y ventajas que les ofrece a los de los agrocombustibles. Ojalá hubiera una concepción democrática, y cada centavo que el Estado les regala a los de los agrocombustibles se los regalara también a los del maíz, a los de la papa y a otros tantos colombianos que debieran disfrutar de los mismos derechos.
Y senador Manzur, a pesar del debate en el que le probamos al ministro que era un disparate insistir en prohibir el comercio de leche cruda porque la medida va a llevar a la ruina a miles y miles de colombianos, sigue para adelante con la medida, como si nada, y me imagino que estará preparando a la policía para que a partir del mes de agosto arranque a perseguir a los pequeños y medianos comerciantes y a los pequeños y medianos ganaderos que están cometiendo el crimen de ganarse la vida honradamente en un país que no les ofrece garantías suficientes para hacerlo de otra manera. Dejo el punto como constancia.
Se viene un problema de desabastecimiento
Entremos ya al debate. Tal y como está planteado, tiene que ver con el agua como fuente de la vida y como una necesidad vital de los seres humanos. Examinaremos también los problemas de abastecimiento, la situación de los acueductos y toda la política de privatización de las aguas y de las empresas. Al final voy a pedir, señor presidente, que le demos la palabra al doctor Rafael Colmenares, director de Ecofondo, una de las principales asociaciones preocupadas por el medio ambiente. Junto con otras entidades, Ecofondo está promoviendo un referendo que busca declarar el agua como un derecho fundamental en la Constitución, una reforma constitucional que apunta a que haya derecho a un consumo mínimo vital que no pueda desaparecer bajo ninguna consideración por pobre que sea el colombiano y también a que no pueda haber ganancia, sino que todo lo del agua se trate como un bien público atendido por el Estado como una obligación, directamente o por conducto de organizaciones sin ánimo de lucro. Supongo que ya más de un dirigente de la economía estatal estará al borde del infarto al oír cosas como estas, porque yo sé que en la lógica del neoliberalismo declarar el agua como un bien público es como sacarle al Diablo una hostia, y mucho más hablar de dar gratis a los pobres un mínimo vital.
En el mundo hay problemas por escasez de agua. Alguna gente está hablando incluso de guerras por escasez de agua, dada la destrucción medioambiental, el calentamiento de la Tierra, etc. Afortunadamente, por nuestro régimen de lluvias, Colombia es uno de los países mejor dotados en el mundo. El agua con que contamos supera en seis veces el promedio mundial y en cuatro veces el promedio latinoamericano, hecho que nos tiene que alegrar mucho. Pero surgen dos elementos que no debemos perder de vista. Primero, buena parte de esa agua no está localizada en los mismos sitios donde reside la población. Se presenta un cierto desfase entre la necesidad del líquido y el lugar donde se encuentra. Y segundo, más grave aún, y es por eso que quiero resaltarlo, todos sabemos que viene habiendo un proceso supremamente grave de deterioro de los acuíferos nacionales, acompañado de un crecimiento de la población y de una enorme contaminación de las fuentes de agua. Podemos terminar entonces sufriendo problemas tan graves como los de países que carecen de agua. Ya hoy en día, en los años secos, cerca de 18 millones de colombianos empiezan a padecer problemas de agua, y estoy hablando del simple abastecimiento, porque más tarde haré referencia a la calidad. Y dice el IDEAM, que sabe bastante de estos asuntos, que entre 2015 y 2025 podrá haber problemas muy graves de escasez. Al final voy a mencionar que no se está haciendo nada que valga la pena para impedir esa amenaza.
Digamos también que en estos líos los que más sufren son los pobres, o porque no tienen agua, o porque les llega contaminada, o porque las lluvias no se nos vuelven reservas de agua, con los acuíferos tan deteriorados, sino avalanchas, inundaciones, derrumbes, todo tipo de dramas que también afectan más a los pobres que a los demás colombianos.
El agua no puede producirse, estrictamente hablando. Lo máximo que puede hacerse es cuidar los reservorios que naturalmente ofrece la naturaleza o producir unos nuevos. Uno podría desalinizar agua, porque el grueso es salada y el agua dulce es apenas el 2% del total, incluida la de los polos, es decir, la disponible es apenas el 1%. Lo que pasa es que el agua sí se desaliniza, pero a unos precios prohibitivos. La clave es entonces que la naturaleza funcione bien, que opere el llamado ciclo del agua –cae y se evapora y vuelve a caer–, de tal modo que la naturaleza, en la medida en que no haya sido destruida, pueda ir soltando paulatinamente el agua lluvia para que llegue a donde tenga que llegar. En esto ha habido una destrucción supremamente grande y voy a insistir en que recuperar las pérdidas resulta hoy supremamente costoso. Deforestar es relativamente fácil. Reforestar o cuidar, tremendamente difícil.
No menos cara resulta la distribución de las aguas, porque hay que construir embalses, canales, túneles, acueductos. Y evacuarla, sea servida o sea purificada, ni se diga, por los enormes costos de los alcantarillados y las plantas de tratamiento. Quiero llamar la atención sobre un punto en especial. El agua está ahí y nos la ofrece la naturaleza. En la medida en que la tratemos bien es relativamente fácil de manejar, pero si la seguimos maltratando, se nos empiezan a crear unos problemas financieros de proporciones incalculables. Insisto, es relativamente barato dañar los acuíferos y costosísimo reconstruirlos. Tan es así, que ningún privado se pone a hacerlo, porque el costo-beneficio no le da. Prefiere recargarle al Estado toda la responsabilidad. Y distribuirla, purificarla y sanearla también es bastante costoso, y aquí surge otro lío: si se tratara de whisky, no sería tan grave, porque solamente lo toman los ricos y no importa a qué precio. Pero como el agua es una necesidad vital, hay que dársela a los pobres e incluso a los paupérrimos, y aparece entonces una contradicción profunda entre los costos y la capacidad de pago de la gente.
La privatización no ha funcionado
Y tan cierta es la anterior premisa, que voy a mencionar un aspecto bien clave. El llamado negocio del agua, o sea, la privatización, se tropieza con un inmenso escollo: que el negocio no funciona solo. Es absolutamente imposible que haya negocio del agua sin inmensos subsidios del Estado y sin un respaldo descomunal del Estado. Las panadería, los taxis, las fábricas de empanadas, pueden funcionar solos en el capitalismo. No el negocio del agua y resulta un absurdo casi por definición proponer que se privatice y se vuelva negocio, porque se agrava la contradicción a la que acabo de hacer referencia, la que se da entre los altos costos de almacenarla, procesarla y distribuirla y la capacidad de pago de la gente. Miren ustedes una cifra que me parece impresionante. Según analistas del Banco Mundial, para ganar un dólar en telecomunicaciones hay que invertir tres. Para ganar un dólar en acueductos y alcantarillados hay que invertir doce (Klas Ringstkok, consejero del BM, Summa, Oct. 1996, The Economist). Imagínense entonces la dificultad de un inversionista en telecomunicaciones para alcanzar la misma tasa de ganancia en alcantarillados y acueductos. Los tiempos de trabajo son muy largos, el tiempo requerido para recuperar la inversión es también prolongado, las inversiones son inmensas. El caso de Bogotá, por ejemplo, es casi increíble, para no hablar del caso mexicano. La capital de la República está trayendo agua de la vertiente del Orinoco y los usuarios son pobres y paupérrimos, luego es un asunto que sin subsidios no opera. Sin subsidios la gente se queda sin agua, y se acabó el cuento.
Miren lo que dicen al respecto dos analistas, funcionarios del establecimiento, no la oposición, los señores Lobina y Hall: “El problema fundamental que enfrentan los operadores privados internacionales es que los pobres no son rentables, porque no tienen la capacidad de pagar por conexión ni van a consumir la cantidad de agua necesaria para cubrir los costos de provisión del servicio”. Insisto en que analicen la contradicción. Vale lo mismo, en términos generales, instalarle el agua a un pobre o a un rico y, sin embargo, el uno solo consume una fracción de lo que gasta el otro, luego el negocio empieza a deteriorarse. Lo mismo afirma J. F. Talbot, director Ejecutivo de Saur, la cuarta mayor compañía privada de agua en el mundo. En una presentación ante el Banco Mundial, Talbot le pide al directorio no hacerles a los grandes consorcios “demandas carentes de realismo” ni pedirles “conexiones para todos”. Agrega el dueño de la trasnacional que “la escala de lo que se necesita rebasa con mucho la capacidad financiera y de riesgo del sector privado”. En dos palabras, pedirle al sector privado que le ponga conexiones a todo el mundo es como sacarle al Diablo una hostia, porque el negocio así no puede funcionar. Agrega la información que Talbot “rechazó la posibilidad de recuperar la totalidad de los costos pues la idea de que ‘el agua paga el agua’ (…) ya no es realista en los países en desarrollo. Hasta Europa y los Estados Unidos subsidian los servicios públicos. Los usuarios no pueden pagar el volumen de inversión requerido ni las obras sociales correspondientes”. Los gobiernos de Europa y Estados Unidos subsidian los servicios, y eso que allá el ingreso per cápita es de 40 mil dólares. ¡Cómo será aquí que estamos apenas en dos o tres mil dólares!
El propio Ministerio de Ambiente se ha visto precisado a reconocer que por debajo de los 2.500 usuarios por acueducto es prácticamente imposible operar de esta manera. Tenemos aquí entonces una privatización que es especial. Aquí no se privatizan los activos. Nadie los compraría, primero, porque en el caso de los alcantarillados, ni siquiera se sabe qué es lo que hay, y segundo, porque las inversiones serían tan cuantiosas que las tarifas tendrían que elevarse, hasta llegar a ser tan altas que imposibilitarían el negocio. Por eso la privatización en el agua asume la forma del operador. El Estado sigue manteniendo la red, financia todo el tendido y corre con los riesgos. ¿Ustedes se imaginan la destrucción del alcantarillado bogotano si ocurre un terremoto como el de China? ¿Cuánto costaría reponer las redes y cuál es el inversionista privado que va a correr con este riesgo? Por supuesto que ninguno. La privatización funciona sobre la base de que los grandes monopolios particulares se quedan con el lomo y la sociedad, con el hueso. Es una formula absolutamente inaceptable.
Son muchas las privatizaciones que han fracasado. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo ponen de manifiesto que las seis principales hechas en Argentina se vinieron por tierra, no solo porque no lograron mantener la dolarización de las tarifas, sino también porque la gente se rebeló. Que no resulte que mañana se nos venga en Colombia una devaluación del 30%, porque ahí vamos a ver qué va pasar con todos estos análisis de tarifas y de rentabilidad de los operadores privados. Probablemente reversen ese día la privatización y seamos nosotros los que acabemos pagando los platos rotos. En Bolivia se echó atrás por razones distintas, porque el pueblo boliviano con toda razón se rebeló antes que llegara una trasnacional a quitarles el agua y el derecho tomar agua.
Monopolios particulares, orden del FMI
¿Por qué entonces el despropósito consistente en volver el agua un negocio? Muy simple. Porque así lo ordena el Fondo Monetario Internacional. Siempre terminamos en el mismo sitio. No voy a leer la cita, porque lo he hecho aquí varias veces. La privatización es parte del Plan Colombia, de los acuerdos de “stand by” de este y de los anteriores gobiernos con las agencias internacionales de crédito, agencias que tienen propietarios, dueños. Esto aquí nos lo disfrazan con alegatos técnicos y se nos habla de eficiencia y de competitividad. Paja. Todo son frases huecas para ocultar que hay unos poderosísimos personajes que se enchapan en oro con la tragedia del prójimo y que privatizan hasta lo que resulta ser absurdo privatizar, como el agua. ¡Que tal! ¿Vamos a cuidar el agua, señor ministro del Ambiente de Colombia, sobre la base de que sean los mismos propietarios de las tierras los que no las usen para que se sostengan los acuíferos? ¿A alguien se le puede ocurrir una bobería de ese tamaño? Por supuesto que a nadie. Esa es entonces la contradicción de la que hay que hablar. En el caso de Colombia, digamos que la Constitución del 91, con tantos aspectos defensables, es al mismo tiempo la Constitución del neoliberalismo, y particularmente, la Constitución de la privatización. Eso hay que decirlo con toda franqueza. La Constitución convirtió en vulgar negocio los derechos del agua, la energía eléctrica, el alcantarillado, la educación y la salud, entregándolos a unos cuantos avivatos que aparecen diciendo que la sociedad no puede funcionar si no les pagamos a ellos un determinado peaje. Un negocio contra toda evidencia y que funciona no con una racionalidad que pueda generar algún grado de coincidencia entre las necesidades del negocio y las necesidades de la sociedad, sino que funciona contra la sociedad, como lo voy explicar a lo largo de la charla.
Nos dijeron que el monopolio estatal era muy malo. ¿Y qué lo reemplazó? El monopolio privado. Y todos sabemos que el monopolio privado es bastante más indeseable que el monopolio público. Incrementos escandalosos en las tarifas, esa es la eficiencia del operador, pero en qué queda la eficiencia si millares de compatriotas se quedan sin poder pagarlas. Además, problemas graves de cubrimiento, problemas graves de calidad, porque todo son costos y la contradicción de la que hemos venido hablando se vuelve a atravesar. Al final veremos cómo el gobierno está montando monopolios regionales.
Y hay que echar a los trabajadores de las empresas y destruirles los sindicatos y ponerles los salarios al mínimo. Ojalá aquí la delincuencia se persiguiera con la misma fuerza con la que se persigue a los trabajadores, para quienes construir un sindicato o pedir algún tipo de reivindicaciones salariales se ha convertido en sinónimo de actividad criminal. Esa la realidad, la triste realidad. ¡Sin mano de obra barata no habrá neoliberalismo que valga. ¡Lo que vemos es un régimen cada vez más plutocrático, unos monopolios cada vez más poderosos y un sistema infernal para acabar de empobrecer a los pobres de Colombia!
¿Ustedes se imaginan a estos funcionarios públicos nuestros, por encopetados que sean, desafiando los puntos de vista de las trasnacionales más poderosas del mundo? Pelea de toche con guayaba madura. No quiero ni imaginarme cómo serán esas conversaciones en privado, senado Serrano. Imagínese usted cuando entran en desacuerdo algún tecnócrata colombiano, de un sueldito por ahí de seis u ocho millones de pesos, con el dueño de un negocio que captura a millones de usuarios, ¿qué punto de vista será el que prevalece? Y eso suponiendo que sean funcionarios íntegros, todavía no adocenados al servicio de las trasnacionales. Y como si fuera poco, la plata que se ganan los monopolios extranjeros no la reinvierten aquí, sino que la despachan para afuera, y este es otro problema grave, porque si el país no reinvierte internamente el fruto de su esfuerzo y su sudor, sino que va a parar al exterior, crece con menos rapidez de la que necesitamos. Luego fíjense ustedes que este asunto de las privatizaciones es tremendamente complicado.
Por la contradicción que estoy planteando se explica por qué apenas van 128 municipios con operadores privados, seis de ellos extranjeros, que operan en 21 municipios. ¿De qué tamaño? No me dieron los datos, pero estoy seguro de que son los principales, porque se trata, como en los bancos, de descremar el negocio. Otros, dice el Ministerio, son “operados por pequeños y medianos grupos nacionales”, 24 de los cuales se están consolidando, pujando a ver cómo se vuelven grandecitos. Cuando estos pequeños grupos nacionales se vuelvan grandes dentro de unos diez años y adquieran la escala del monopolio, ese mismo día los comprarán las trasnacionales. Todo el negocio se termina montando para que las orientaciones del FMI se cumplan de manera satisfactoria.
Alzas reales hasta de 226% en las tarifas
Analicemos ahora cómo es lo del alza en las tarifas, probablemente el tema que más les interese a los ciudadanos. La Contraloría General de la República muestra incrementos entre el 38 y el 226%, reales, entre 1995 y 2000, descontada la inflación, o sea, el ciudadano comiendo menos, vistiéndose menos, curándose menos para poder pagar las tarifas. La misma fuente, 2002-2005: incrementos hasta de 36%, reales. El Ministerio me dio unas tablas bien grandes. Voy a leer algunas para poner como ejemplo. La fuente es el mismo Ministerio del Medio Ambiente.
Entre 1995 y 2007, acueducto consumo básico:
Bogotá, todos los estratos, ciento por ciento. Medellín: Estrato Uno, 2.171%; Estrato Dos, 835%; Estrato Tres, 221%. Barranquilla: Estrato Uno, 391%; Estrato Dos, 379%; Estrato Tres, 425%, reales. Bucaramanga: Estrato Uno, 1.218%; Estrato Dos, 821%; Tres, 527%, Cuatro, 340%.
Alcantarillados consumo básico:
Bogotá: Estrato Uno, 614%; Estrato Dos, 535%; Estrato Tres, 525%, Cuatro, 296, reales. Medellín: Estrato Uno, 2.870%; Estrato Dos, 1.697%; Estrato Tres, 810%; Cuatro, 418%. Barranquilla: Estrato Uno, 353%; Estrato Dos, 356%; Tres, 384%. Bucaramanga: Estrato Uno, 1.289%; Dos, 961%; Estrato Tres, 620%. Cartagena: Estrato Uno, 410; Dos, 379%; Estrato Tres, 370%.
¿Y esta es la eficiencia de la privatización? ¿Que la gente tenga que dejar de comer y de vestirse y de curarse y descansar por pagar las tarifas de servicios? ¿Es a eso a lo que ustedes llaman eficiencia, les pregunto a los tecnócratas que tanto alardean con la palabreja? Seguramente ahora me van a replicar: no, senador, es que el servicio más caro es el que no se presta. No, señores, me anticipo yo. Aquí estamos hablando es de que el Estado tiene obligación de prestar el servicio, porque digamos esto: aquí lo que hay es un desmonte de los subsidios que corre parejo con la disminución de los impuestos a monopolios y trasnacionales, y por eso es que no hay plata con qué pagarlos. Lo que está sucediendo en Colombia es que a quienes deben pagar impuestos no se los cobran como se los debieran cobrar, y como aparece un déficit, clávense a los de estratos 1, 2 y 3, es la orden, y de paso tírenles un carné del Sisben y métanlos en Familias en Acción para que algún politiquero los ponga a votar por el gobierno del doctor Uribe o del doctor Pastrana o de otro doctor. Ese es el punto. La Ley 142 dice de entrada que el Estado “podrá” subsidiar los servicios públicos. Pero “podrá” quiere decir también que “no podrá”, si se le antoja.
Mirando las cifras queda en evidencia que la política consiste en desmontar los subsidios, desmontar los subsidios y desmontar los subsidios y, paralelamente, subir tarifas, subir tarifas y subir tarifas, para que los pobres de Colombia, a quienes además les han subido el IVA en proporciones escandalosas, paguen para que algunos señoritos de unas cuantas trasnacionales y empresas nacionales se enchapen en oro con la desgracia del prójimo. Por ejemplo, entre 2001 y 2005, durante este gobierno, los subsidios bajaron de $800.000 a $500.000 millones. Y miren este dato que me calculó el doctor Aurelio Suárez y que comprueba lo que he venido afirmando: que están subiendo las tarifas contra la comida de la gente. No son cuentos. Entre 1993 y 2007, en el caso del consumo básico, que es hasta 20 metros cúbicos, la participación de ese gasto en el estrato 3 subió de 2,21 a 9% del ingreso. El solo acueducto, que antes representaba el 2,21% del ingreso en promedio de este estrato, ahora le representa el 9%. En el consumo complementario de más de 20 metros cúbicos, sube de 4,26 a 9,70%. Estadísticamente se puede entonces demostrar que la gente está teniendo que comer menos para pagar las alzas de tarifas. Se ha agigantado un fenómeno antes existente y es el número de los cortados. Parte del lío es que conseguir cifras resulta complicado. A buena parte de las preguntas que le hice al Ministerio, o a algunas, por lo menos, me respondieron los funcionarios encargados indicándome que se las preguntara a otro. Uno no entiende cómo el gobierno centraliza un sinnúmero de informaciones, menos estas que miden la desgracia de la gente, particularmente frente a las empresas de servicios públicos. Debiera haber una norma, senadores, que dijera que las preguntas que uno le hace a un Ministerio sean respondidas por ese Ministerio, así se las tenga que preguntar a los demás Ministerios. Porque aquí se le vuelve a uno un lío en los cuestionarios saber a quién diablos le hace la pregunta para poderle pegarle al que sabe la información que uno está pidiendo. Lo menos sería que la norma estableciera que si yo le pregunto al ministro de Ambiente, el verá dónde consigue la información, pero que me la entregue. No nos carguen a los senadores más líos de los que ya tenemos que atender.
Como no pueden pagar, entonces les cortan el servicio. Pero estamos hablando de un servicio imprescindible para la vida, tema sobre el que los ambientalistas y el propio Ministerio sacan pecho todo el tiempo: que el agua es imprescindible para la vida, que es la vida misma, somos agua, un montón de cosas, pero resulta que a los pobres les cortan el servicio y los dejan sin el derecho a la propia vida.
Cobertura del servicio e inversión extranjera
Nos dijeron también que esto de la privatización era para resolver del todo el problema de la calidad y el cubrimiento. Voy a darles solo dos cifras. La Contraloría General de la Nación hace un análisis interesante. Una cosa es que haya acueducto y otra distinta que haya agua, afirma, y que el hecho de que haya agua no quiere decir que sea potable, porque aquí se dan muchas cifras sobre cubrimiento porcentual de los acueductos. ¿Cuál es la cifra de Contraloría? Cobertura real, no nominal, o sea, servicio 24 horas con buena calidad, solo se logra en las grandes ciudades. En las capitales de departamento, la cobertura nominal es de 91,4%, pero la real es apenas de 66,4%. En las cabeceras municipales de menos de cien mil habitantes, la cobertura nominal es de 92.8%, pero la real es apenas de un irrisorio 30.5%, malísima. Y si nos metemos en zonas rurales, esa sí es la hecatombe. Y el ministro de Agricultura les pide agua potable a los campesinos o si no les cierra los mataderos y les cierra los trapiches y les persigue las vacas, porque si no usan agua potable están cometiendo un crimen. Él no les pone el agua potable, pero sí los persigue. Resulta increíble, pero así es. Hay otro dato interesante, de Profamilia, 2005, la Defensoría del Pueblo, “Segundo informe sobre calidad del agua”, y la Encuesta de demografía y salud. En el 2000, 78% de los hogares en acueducto público y 7% en acueducto comunal. En muchas poblaciones, como Ibagué, a la gente le toca montar por su propia cuenta los acueductos y ahí se defienden como pueden en medio de inmensas dificultades. Para el 2005, los acueductos comunales subieron al 11% y dice con toda razón Profamilia que el fenómeno “estaría mostrando un retroceso en este servicio”. Esto que hacen esos compatriotas debe ser atendido cariñosa y solidariamente por el Estado. No es lo que debería suceder si el país funcionara bien.
Buena parte del alegato que nos hicieron con este asunto de la privatización fue que, claro, que era un lío, senador Robledo, pero que, eso sí, los inversionistas privados y la inversión privada nos iban a sacar adelante. Me tomé entonces el trabajo de revisar qué tan cierto es que son los místeres los que están poniendo la plata, y miren las cifras:
Inversión 2003-2006: tarifas, 40.5%. Fíjense, el 40 por ciento de la inversión la pagan los pobres con las tarifas. Aportes de la nación, 39.6% (transferencias). Otros aportes de la nación, 9,9%. Otras fuentes, 10%, incluidos los privados y buena parte es deuda, que también la pagan los pobres con las tarifas. ¿Entonces dónde están los inversionistas? ¿Cómo así que era tan imprescindible la privatización, porque eran ellos los que traían la plata? No, señores, la plata la sigue poniendo el Estado colombiano mediante distintos mecanismos y la siguen poniendo los pobres de Colombia, a quienes les han ido quitando los subsidios. Son ellos los que han venido pagando las importantes inversiones que hay que hacer. Por eso se me hace tan grave lo afirmado en el Conpes 3383 (Oct.-2005), en que el organismo dice que “las tarifas todavía pueden aportar más”. Aportar más ¿cómo? Torciéndoles el pescuezo a los pobres de Colombia. ¡Estos neoliberales colombianos son capaces de sacarle una gota de agua a una piedra! Mostré ahora los fuertes incrementos en las tarifas, pero el Conpes aduce que todavía están bajitos, que no les han sacado a los pobres hasta el último peso que les pueden sacar. Debe de ser que están bebiendo mucho, como suele argüirse en estos casos. Repito, al Conpes, al gobierno, a la directora de Planeación Nacional, les parece que las tarifas todavía no se han exprimido lo suficiente. Y digamos que el subsidio importante es el cruzado de los estratos 5 y 6 a los estratos 1, 2 y hasta 3, un subsidio retardatario, digámoslo también, porque asume que todos los de estrato 5 y 6 son unos magnates y no lo son. Si hay una falacia en la estratificación colombiana es insinuar que todos los de estrato 5 y 6 son “juliomarios santodomingos”, cuando resulta que ahí hay un poco de capas medias y hasta de pobres que por alguna equivocación compraron una casa donde no era y quedaron clavados hasta el alma. 20%, es altísimo como gravamen, antitécnico. Una persona tiene una casa más o menos ubicada en estrato 5, se queda sin puesto y de todas maneras mantiene el impuesto del 20%. Hay que señalar que este subsidio, que es el principal, no lo pagan los monopolios ni las trasnacionales, sino las capas medias de Colombia, que en general pertenecen a estratos 5 y 6.
Menos agua por recorte de transferencias
¿Cuáles son las políticas que vienen? Hay un conjunto ya definidas por el gobierno. La más grave, la reducción de las trasferencias para saneamiento básico. Esta fue parte de la discusión que tuvimos. El actual gobierno, en cumplimiento de imposiciones del FMI, consiguió recortar las trasferencias. Infortunadamente no alcancé a desagregarlas, pero entre 2008 y 2019, según el CID, de la Universidad Nacional, el recorte vale en salud y saneamiento básico la suma de 20,6 billones de pesos.
El otro punto es la agenda del Ministerio. En alguna parte leí que se pasó de la Agenda Verde a la Agenda Gris, que traducido al buen romance significa que el Ministerio de Ambiente se va a centrar en acueductos y saneamiento básico y le va a aflojar a lo que se llama la Agenda Verde. Uno puede entrar a discutirlo, y no le quito gravedad al problema del agua potable, pues el 80% de las enfermedades tiene que ver con la mala calidad del agua y con la falta de acceso a ella del grueso de la población. Pero no mantener un respaldo grande al cuidado medioambiental, al abastecimiento del agua como líquido, es absolutamente desastroso. Usted ahora hará las explicaciones del caso, pero creo que las inversiones que se están haciendo son absolutamente ridículas y que el país avanza hacia una crisis supremamente grave en lo que tiene que ver con las fuentes de agua. No estoy hablando de acueductos, y ni siquiera de calidad de agua, sino de agua en bruto, de H20. Colombia se precipita hacia una crisis de proporciones mayúsculas, primero, porque desde hace mucho rato se ocupan tierras que en países civilizados ni se tocan. Uno va a Estados Unidos y las tierras públicas son por lo general tierras de montaña y allí no hay prácticamente ninguna actividad de los seres humanos. En Colombia estamos en cambio montados en todas las cotas del territorio, deforestando, desbaratando los acuíferos, generando erosión, provocando avalanchas, contaminando cada fuente. Conseguir hoy por hoy una fuente de agua que no sea como una especie de ácido que lo mata a uno es una especie de milagro. Hay que irse a los confines del territorio, donde están localizados por pobres cada vez más colombianos, empujados hacia allí por la miseria, y otros por ricos, por avivatos, porque están ganando plata y se acabó el cuento. Pero lo cierto es que el impacto ambiental es enorme. Decía hace un momento que dañar y deforestar el territorio es bastante barato. Un tipo con un hacha y cien mil pesos es mucha la montaña que tumba en una semana. Pero vuelva y móntela para que vea el lío. Por iniciativa privada, realmente imposible. No es factible avanzar allí sin inmensos subsidios del Estado. Aun en actividades estrictamente de reforestación opera apenas un tiempo, porque el negocio es volver a tumbar lo que se haya sembrado.
De otra parte, los cuidados medioambientales son en cierto sentido necesidades que solo pueden resolverse a partir de productos per cápita muy altos. Los ingleses descontaminaron el Támesis a partir de la década del 60 del siglo pasado y lo mismo los franceses el Sena, pero resulta una política muy complicada, y más teniendo en cuenta que la política económica del país no conduce al desarrollo sino al subdesarrollo. Este es un país que no se está dotando de la potencia económica para poder gastar en medio ambiente lo que debiera. Es una limitación material y concreta existente incluso en las mejores voluntades. Y con el “libre comercio” que nos condena al subdesarrollo, ni se diga. Es absolutamente claro que el “libre comercio” nos especializa en la producción de materias primas agrícolas y mineras. Aquí hay un problema muy complejo estrechamente vinculado con el subdesarrollo nacional. El país no genera la riqueza suficiente para atender los problemas de ese crecimiento subdesarrollado. Está lleno de pobres, de monopolios, de trasnacionales, de todo tipo de abusos propios del tipo de capitalismo que padecemos en Colombia, un capitalismo que opera con el 60% de gente en la pobreza, a diferencia del gringo o el alemán, que funciona con el 10 o el 15% de la gente en la pobreza. Y frente a este problema, no se ve una sola política del Estado colombiano que apunte a resolverlo. Cada día hay más gente, cada día hay más afectación al medio ambiente, cada día hay más daño a los acuíferos nacionales, ¿y qué se está haciendo? Sabemos que se viene una crisis, cantada, a partir de 2015 o 2020, y si es cierto lo del calentamiento global, mucho peor. Una muestra es que están desapareciendo las nieves perpetuas de los nevados colombianos y no veo por ninguna parte una política seria en tal sentido.
Como si fuera poco, nos anuncian más privatizaciones. Por ahí tienen guardado, me imagino que esperando a que se apruebe el TLC, un proyecto para privatizar no los acueductos, sino el agua misma. Aquí han venido ya privatizando el agua. No les falta sino privatizar el aire y eso porque no han podido inventar una máquina que nos pongan en el pescuezo y nos cuente los resuellos. La represa del Quimbo va a destruir una vasta extensión de las mejores tierras agrícolas del departamento del Huila y al ministro de Agricultura le parecieron que no valían la pena, y una trasnacional española se va a quedar con esa agua. En general, toda la privatización de las hidroeléctricas se adelanta privatizando agua, pero además, van a privatizar las fuentes mismas y los ríos. Lo que pasa es que guardaron el proyecto ante las quejas de la gente. El TLC define el agua como cualquier otra mercancía. Para el TLC, para el “libre comercio” agua y bolígrafo son la misma cosa, agua y piedra, agua y par de zapatos, son la misma cosa, es inconcebible. En el “libre comercio” el agua es otra vulgar mercancía susceptible de ser privatizada, apropiada, exportada, botada, etcétera.
Los Planes Departamentales de Agua
Y vienen más privatizaciones. La política, que como todas nuestras cosas es del FMI y el Banco Mundial, son los Planes Departamentales de Agua. Suelo decir una frase que molesta pero que debo reiterar: el día en que quienes gobiernan el país tengan una idea propia sobre algo que de verdad valga la pena les va a dar un derrame cerebral. Porque todo es copiado. Voy a leer un informe del Banco Mundial que lo prueba: “Para lograr la consolidación requerida será necesario condicionar –ojo, porque además es a la brava–, las altas trasferencias del gobierno nacional a los municipios menores a garantizar la sostenibilidad de largo plazo de los servicios prestados, lo que en muchos casos –que es un eufemismo–, solo se lograría con prestadores de carácter regional”. Esto, en distintas palabras, son los Planes Departamentales de Agua. Precisa el mismo informe: “Es necesario que la CRAC –la que fija las tarifas– entregue una señal clara y coherente al sector obligando a los municipios menores y pequeños a realizar los ajustes tarifarios necesarios”. Los organismos multilaterales presionan y asedian para que todo el mundo suba las tarifas.
¿Cuál es la teoría de los Planes Departamentales de Agua, en la lógica de la privatización? La aclara el Conpes 3385 de 2005: se trata de generar economías de escala, juntando varios municipios, digamos cinco o diez, con un solo operador al frente, “para la conformación de mercados más atractivos para la participación del sector privado”. Y el Conpes echa una falacia, y me excusan los técnicos. Dice que es así como se van a generar economías de escala. No hay tiempo para discutirlo en serio, pero todos sabemos que la teoría de la economía de escala no opera bien en esa lógica, sino precisamente donde no la dejan operar, por ejemplo, un solo operador para las basuras que arrojan ocho millones de bogotanos. No, aquí lo parten en pedacitos y se tiran la teoría de la economía de escala, como lo advirtió hace rato Eduardo Sarmiento, porque había que repartir entre varios el negocito. Y ahora entonces sí nos van a montar lo de los Planes Departamentales con el cuento de la economía de escala, pero es obvio que si yo en Caldas tengo un solo operador para todos los municipios del occidente del departamento, la economía de escala no me opera en lo fundamental, que es la prestación del servicio propiamente dicho, las plantas de tratamiento, los acueductos, etc. Y eso que este ejemplo que pongo es malo, porque en esa zona podría terminar habiendo un solo acueducto. Pero en general lo que está sucediendo, y está dicho en los documentos de ustedes, es que la economía de escala si mucho operará en la administración. Bueno, para la ganancia sí opera plenamente, porque ahí el que gana suma la plata de todas partes, pero la teoría no les funciona correctamente En últimas, se trata entonces de utilizar el concepto de la economía de escala, un concepto valiosísimo que defiende que los monopolios naturales sean del Estado, tal como está en la literatura económica en todas partes, para una lógica perversa que no resiste análisis.
Como si fuera poco, las normas precisan que a departamento que no se someta a tal imposición se le podrán quitar las regalías o por lo menos congelárselas o no dejárselas gastar durante el tiempo que sea necesario. Veamos un ejemplo. Los van a montar en La Guajira y aquí vale la pena mirar otros detalles. En La Guajira los neoliberales privatizaron los acueductos con el cuento de que esa era la solución. Desde hace días hay tres grandes operadores, uno en Maicao, otro en Riohacha y otro en los municipios del sur. Bueno, el desastre. No han resuelto el problema. Ellos sí se habrán ganado su plata, pero lo de los municipios y todo lo de La Guajira es vergonzoso, clama al cielo. ¿Por qué? No tienen agua. Y ahora entonces van a dar otro paso en la privatización, montar la famosa economía de escala en La Guajira, y por variar con un crédito del Banco Mundial. Para de una vez decir cómo es y definir todos los detalles del asunto, préstamo del Banco Mundial: US$90 millones; regalías: US40 millones; Sistema General de Participación y operadores: US$16 millones; Nación: US$8 millones, un esfuerzo del sector público de la economía para montarle el negocio a unos privados. Pero me llama la atención un documento del Banco Mundial según el cual todos estos subproyectos tendrán rendimientos de 16% en Villanueva y 32% en Urumita y Uribia. ¿32% de rendimiento? No puede ser. ¿Ganancias de ese corte por servicios públicos para un poco de pobres? No puedo compartir ese criterio, porque lo menos que tienen que hacer es controlarles las ganancias a los particulares. ¿Ganancias de 32% por los pobres de Urumita y Uribia? Y esos de La Guajira sí que son paupérrimos. Pero además, tasa de retorno del proyecto en general del 19% en negocios de agua donde el Estado está haciendo todo el esfuerzo, negocios de burro amarrado porque el usuario no tiene para dónde irse, negocios de monopolio, de plutocracia. Por el crédito del Banco Mundial de 90 millones de dólares se van a pagar 137 millones de dólares, o sea, por solo intereses 47 millones, el 52% del crédito, claro, en un lapso relativamente largo, pero no deja de ser un montón en dólares, póngale una devaluación del 30 o del 40 y adónde se va eso. Hay que estar vigilantes y en tal sentido les formulo un llamado a todos los que nos interesamos por estos asuntos. Aquí no puede ser que el Banco Mundial llegue y ponga una plata y haga lo que se le da la gana con el proyecto y monte las tasas de retorno y las utilidades y los intereses que quiera y después que paguen los pobres de La Guajira, o los del Cesar o los del Magdalena.
Mencionemos por último lo del referendo del agua. Ya he dicho que el doctor Rafael Colmenares va a explicar el asunto. Se vienen recolectando firmas para un referendo y se ha avanzado mucho. Es un referendo para que los colombianos sean los que terminen decidiendo qué se hace con el agua. Si el agua es de verdad la fuente de la vida y es la vida y somos agua y tantas cosas bonitas que los funcionarios del Estado dicen en los discursos, bueno, volvámoslo norma constitucional. Se trata entonces de una reforma constitucional para definir el agua como bien común y público, pero con consecuencias prácticas. Que no sea tan solo la poesía sobre el agua, sino poder usar el agua como un derecho humano fundamental, punto que hoy no está en la Constitución, aun cuando hay fallos de las Cortes hablando de que por su relación con el derecho a la vida puede entenderse como derecho fundamental. En resumen, la idea es ponerlo en la Constitución, garantizándole además a cada vivienda un mínimo vital, de modo que si una persona se enferma y tiene todos los líos, no se muera por falta de agua. Y que el servicio lo presten o el Estado o comunidades organizadas con la condición de que sea sin ánimo de lucro.
Quiero terminar enfatizando una idea. En asuntos como el agua o los servicios públicos, y en la medida en que este régimen plutocrático avance, el lucro se gira contra la tarifa, y ya he mostrado en qué proporciones. Nadie realmente sabe cuánto nos van a exigir las trasnacionales de tasa de retorno de utilidad, pero podemos terminar en utilidades altísimas, nadie lo sabe. Entonces esas ganancias de las trasnacionales se van a girar contra la tarifa, es así de simple, porque alguien las tiene que pagar. Cuando la empresa es del Estado puede operar sin pérdidas y sin ganancias. El Estado puede operar un acueducto cobrando simplemente los costos de la operación, la ampliación de las redes, el mantenimiento y sin utilidad. Sería una operación razonable en los términos de funcionamiento del Estado, pero así ningún privado entra, porque el privado necesita ante todo que haya utilidad. Que no aparezca como fin el ánimo de lucro redunda en que la gente coma un poquito más, se vista un poquito más, se eduque un poquito más, se amplíe la cobertura un poco más.
Concluyamos diciendo que lo del agua está muy mal y que ojalá este referendo, que se preocupa por la suerte de los más pobres y exige que el Estado cumpla con sus funciones, avance satisfactoriamente.
Segunda intervención. Réplica al ministro de Ambiente
En general, de todo lo que fue mi primera intervención no retiro nada de lo dicho, porque nada de lo que oí por parte del ministro ni de nadie aquí me convence de argumentos distintos a los que di. Lamento que el tema de las tarifas se pase a las volandas, porque es el punto clave. Quisiera que la próxima vez que alguno de los partidarios de este modelo privatizador vaya a inaugurar un acueducto le recuerde a doña Pepita o don Pedro, a alguno de esos colombianos paupérrimos, que va a tener agua pura, pero que en adelante no va a poder tomar leche, va a tener que recortarle a la panela, no va a poder comprar las aspirinas para el dolor de espalda, en fin. Nadie discute que sea buena el agua pura y abundante. Lo que sí estamos discutiendo es cómo se financia. Entonces si a un pobre de Colombia le dan agua pura pero le quitan la comida o la salud o el vestuario o la educación, este, por supuesto, debiera ser tema de alguna preocupación. Y en ese sentido es lamentable que haya personas a quienes no les importen las grandes ganancias obtenidas por la empresa privada en el campo de los servicios públicos, porque esas grandes ganancias también se logran contra la comida, la salud y la educación de los colombianos. La gente pobre no puede escoger. Dije antes que es un problema menor que el whisky sea caro, porque usted puede no tomar whisky. Pero aquí estamos hablando de un bien esencial para la salud y para la higiene. ¿Ustedes saben que el promedio de consumo ha caído de 25 metros cúbicos/mes a menos de 20? Esto lo que quiere decir es que están disminuyendo las practicas de higiene de los colombianos. El alza de tarifas está atentando contra la salud de los colombianos obligándolos a tener menores prácticas higiénicas. Es absolutamente lamentable que aquí a algunos congresistas les dé lo mismo. No les vale la pena, y dicen es que el senador Robledo siempre sale con lo mismo. Y sí, siempre digo lo mismo porque el hambre es siempre la misma o incluso peor. Y las políticas oficiales no tienen ninguna consideración por la suerte de esos compatriotas.
Y realmente, senador Manzur, me sonó a despectivo cuando usted dijo que sería muy grave que por allá a algún colombiano le diera por reclamar agua gratis en el caso del referendo. Me sonó despectivo pero cada uno considerará. Ahora, yo sí pienso, y es uno de los sentidos del referendo, que debe haber un consumo mínimo vital al que los colombianos deben tener derecho, como tienen derecho a respirar. Que sea un punto que no pueda estar en discusión. O cuál es el cuento de que el agua es vital, que todos somos agua, en fin, qué se deriva de eso. Entonces el agua dizque es un bien especial, único, etc., y todos los ambientalistas y los ministros echan discursos de diez horas en el mundo entero hablando de las maravillas del agua, pero cuando uno pide que a los más pobres se la den gratis, un poquito, un consumo mínimo, entonces ¡que crimen! ¡Se va a desbaratar el mundo! ¡Se va a descuadernar la sociedad colombiana! En ese poquito también tienen que ganar las trasnacionales, el capital financiero, este es el debate en el que estamos.
Dice el ministro como gran cosa que en este tiro no se van a robar la plata, porque antes se la robaban toda. Espero que ese sea el propósito. Me parece muy grave que antes se la robaran toda, y aquí dejo constancia de que ojalá los abanderados de ahora hubieran luchado para que no se la robaran antes, porque también antes estaba mal robarla. Con franqueza tengo que decirle, ministro, que voy a esperar, porque en estos casos sí toca hacer como Santo Tomás. Aquí yo llevo un siglo, aunque no soy tan viejo, oyendo a los gobiernos diciendo que ahora sí no se van a robar la plata. Incluso hubo uno que se comprometió a poner el robo en sus justas proporciones y tampoco, ni siquiera lo puso en sus justas proporciones. Esperemos entonces qué es lo que va a pasar. Y con franqueza tengo que decirles, porque sentí a alguien ahora como ido, que no está bien que se le robe al Estado, me parece muy grave que alguien tenga en sus partidos gente que se robe la plata. Y también tengo que decir que por cada caco, por cada ratero, por cada pillo en el Estado, suele haber por lo menos un socio en la empresa privada. Estos delitos no funcionan en el Estado de yo con yo, es con los socios de la empresa privada. No voy a decir tampoco que cada empresario privado sea un ladrón, como no digo que cada funcionario del Estado sea un ladrón, pero sí que nadie se puede robar la plata en el Estado sin socios en la empresa privada. Entonces no me digan que la panacea contra el robo es que las cosas sean de los privados. Probablemente roben más que los públicos, solo que hay una especie como de acuerdo en la sociedad para enfatizar mucho lo que se roban en el Estado, pero para silenciar bastante lo que se roban en la empresa privada.
Dice el ministro que estas políticas no son del Banco Mundial, particularmente la que tiene que ver con los Planes Departamentales de Agua. Afortunadamente tengo, ministro, una Unidad de Trabajo Legislativo que funciona bastante, y tengo que decirle que no es cierto lo que usted dice. En el año 1998 y en el 2000 el Banco Mundial concedió dos créditos a Colombia, el uno es el 3336 y el otro 7077. Fueron los créditos que auspiciaron lo que se llaman los Planes de Modernización Empresarial, que como todos sabemos, están en el origen de los Planes Departamentales de Agua. Ambos créditos impusieron los Planes de Modernización Empresarial, porque el Banco Mundial no presta un centavo sin condicionamientos. Después de eso, en el 2004, hubo otro documento del Banco Mundial sobre infraestructura, que se convirtió en un documento Conpes, el 3385 del 2005, en el que se enfatiza la idea de que el proyecto se debe hacer con los privados. Dice: “Para la conformación de mercados más atractivos para la participación del sector privado”. Pero además, después de esto aparece otro Conpes, el 3463, que dice: “Los Planes Departamentales de Agua son la continuación de los Planes de Modernización Empresarial que definió el Banco Mundial desde el 98 y el 2000”. Lamento entonces, ministro, que diga usted que nada tiene que ver el Banco Mundial. Digamos que los colombianos que estamos informados sabemos bien que aquí no se cae ni una hojita, y la doctora Carolina me lo podría refrendar si quisiera, sin que el Banco Mundial y el FMI den la orden. Yo los invitaría a que otro día nos traigamos el crédito ese famoso de La Guajira, el que mencioné antes, y lo leamos entero, a ver si en ese crédito no se condiciona hasta cómo respiran los alcaldes, porque si no, el Banco Mundial no lo suelta. Así funciona el mundo, yo no tengo la culpa, así es. Los gringos, los monopolios, el imperialismo, senador Manzur, que es una palabra que tanta impresión suele causar en las filas de los sectores afectos al gobierno, no dan puntada sin dedal. Está claro desde los tiempos de la Colonia.
Me sorprende, ministro, que usted sostenga que estos no son planes de privatización ni será un modelo privatizador. Porque si alguna cosa caracteriza al doctor Álvaro Uribe Vélez y a su gobierno, se lo dijo el doctor Mauricio Jaramillo, que lo quiere tanto, es su naturaleza fuertemente neoliberal, furibundamente privatizador, tanto que privatizó lo que nadie se había atrevido a privatizar, a Ecopetrol, y también a Telecom, y fue el ponente y mantiene la Ley 100. Si el FMI da la orden, el doctor Uribe salta por el aro. Eso ha sido desde siempre, es más, nunca él ha intentado negarlo. Entonces no veo para qué intentamos negarlo aquí, porque usted queda supremamente mal. Pero le repito, además, el Conpes 3385 dice que los Planes Departamentales de Agua son para “la conformación de mercados más atractivos para la conformación del sector privado”. Así es. Usted dice que todo lo inspira la Ley 142. Bueno, esa sí que la he leído hartas veces, es la ley de la privatización de los servicios públicos domiciliarios, eso lo sabemos todos. La Constitución del 91 aprobó para que estas privatizaciones fueran posibles. Usted queda muy mal, ministro, cuando viene aquí, esto va a pasar por televisión seguramente el día de mañana, y dice que esto no es parte de la privatización. Entiendo que cuando uno dice aquí privatización, muchos salgan despavoridos, porque, claro, ya es tal el descrédito de la política que nadie quiere aparecer como privatizador, y entonces se inventan cosas, que la gestión no sé qué, que los operadores no sé que más, pero al final todos son proyectos de privatización, y además con la concepción dogmática de que es así como se van a arreglar los problemas de Colombia.
Insisto entonces en señalar que no quito una sola palabra de las frases que he pronunciado. El actual es un modelo profundamente retardatario. Insisto también en una denuncia a la que tampoco se refirieron ustedes: la destrucción de las fuentes de agua, de los reservorios de agua, de los acuíferos nacionales es descomunalmente grande. Nos estamos quedando sin agua y sobre eso no hay prácticamente ninguna política seria del gobierno nacional que apunte a que ese desastre que estamos viendo venir no nos ocurra. Aquí vamos a terminar a la vuelta de diez o quince años con gravísimos problemas de abastecimiento de agua, aun cuando Colombia siga siendo uno de los países donde más agua nos cae del cielo. Lo que pasa es que si no somos capaces de manejar bien el ciclo, vamos a terminar en una gravísima escasez.
