Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 30 de mayo de 2008.
Las transferencias del gobierno a las universidades públicas llevan más de una década congeladas. Pero ello no ha sido óbice para que se les haya impuesto aumentar los estudiantes, en particular entre 2002 y 2006, cuando crecieron en 58% y disminuyó el aporte del Ministerio de Educación por alumno en 39% en términos reales. ¿Cómo han compaginado una política calculada para presentarse como generosa a la hora de cobrar políticamente la ampliación de los cupos con lo cicatera que es a la hora de financiarla?
Primero, con mayores cobros a los estudiantes, incluso a costa de excluir a las mayorías que no pueden pagarlos. El ejemplo clásico es el de los posgrados de las universidades públicas, con matrículas bastante más caras que las de sus pregrados, similares a las de las instituciones privadas. También se ha impuesto la llamada “venta de servicios”, en muchos casos con vulgares negocios sin ningún valor académico y auspiciando entre los profesores el desdén por las verdaderas necesidades de la universidad y del país, a cambio de pagarles más como contratistas. Y en especial, atentando contra la calidad de la educación, como lo ilustra el caso de la Universidad de Caldas, el cual se repite en las demás. Allí los estudiantes aumentaron en 11.727 entre 2003 y 2007, un 35%, pero los docentes solo se incrementaron 12%, y para peor, sobre la base de cero por ciento de los de tiempo completo y 65% de los catedráticos, quienes, como se sabe, no pueden ser el pilar de una educación de buena calidad.
Aunque resulte obvio, para que la educación sea factor de progreso debe ser de alta calidad, pues lo que desarrolla no son los títulos que se obtienen sino los conocimientos que se alcanzan. En consecuencia, la defensa de la educación pública obedece a que el Estado es el único capaz de educar gratuitamente, con los millones de cupos suficientes en cada tipo y nivel –para que por falta de plata no se excluya a nadie que tenga capacidades– y, hay que remarcarlo, de alta calidad, la cual es muy costosa de lograr. El problema con la educación privada, además de que puede negar la libertad de cátedra, es que solo puede ofrecer buena calidad con matrículas muy altas, las mismas que apenas pueden pagar unos cuantos. Muy mediocres tienen que ser las políticas de calidad educativa, en un país lleno de pobres, donde la educación pública está cada vez peor financiada y las universidades y los colegios privados tienen el 50 y el 30 por ciento, respectivamente, del total de los estudiantes.
Que la mediocridad de la educación es la línea del gobierno de Álvaro Uribe lo confirmó Marco Palacio, su primer rector en la Universidad Nacional de Colombia, quien impulsó una reforma para adecuarla al “libre comercio” insistiendo en su privatización: no incremento de los aportes oficiales, costos prohibitivos para los pobres, venta de servicios, fines perversos para el sistema de créditos, aumento de los profesores de cátedra, nuevo reglamento estudiantil y menos años de los pregrados, propuesta que justificó con la siguiente barbaridad: “Quizás estemos ‘enseñando demasiado’, entregado un profesional que supera los requerimientos del mercado” (http://www.senadorrobledo.org/?q=no…).
La baja calidad de la educación se corresponde con el aparato productivo mediocre y el pensamiento único que el “libre comercio” le impone a Colombia. Porque si al país lo van a especializar en la producción de materias primas agrarias y mineras y en industrias maquiladoras de escaso nivel tecnológico, si las trasnacionales se van a quedar con las principales empresas y, como se sabe, estas no desarrollan sus necesidades científicas aquí y si hay que repetir como loros lo que digan en Washington, ¿para qué educación de alto nivel? A los pocos nativos encargados de administrar la dominación les bastarán las universidades norteamericanas.
Tiene toda la razón el científico Rodolfo Llinás cuando afirma: “El nivel de educación en Colombia es más bajo de lo que debiera ser (…) Oigo con frecuencia ‘estamos mejorando paulatinamente’ y eso no es verdad, nos estamos quedando atrás comparativamente” (Lecturas El Tiempo, junio de 2008)
Así intenten ocultarlo, es a este desastre al que con razón se oponen los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y del resto del país.
Coletilla: toda mi solidaridad con Alfredo Molano, cuya pluma democrática pretenden acallar algunos de los Araújo de Valledupar. Su silencio sería un triunfo de la tiranía.
En el programa Hora 20 de Caracol Radio, que dirige Néstor Morales, Jorge Enrique Robledo, Juan Camilo Restrepo, Mauricio Rodríguez y Alejandro Gaviria debatieron sobre globalización, precios de los alimentos e impuestos a la gasolina. Lo invitamos a escuchar el programa haciendo clic aquí: Robledo en Hora 20 sobre globalización, precios de los alimentos e impuestos a la gasolina
