Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 16 de mayo de 2008
El primer suceso de los últimos días fue el destape de la ex congresista Yidis Medina, quien ya se encuentra tras las rejas por haber reconocido que ella y Teodolindo Avendaño le dieron el pase a la ley de la reelección presidencial, a cambio de los pagos que recibieron de la cúpula del gobierno. Entre otros, aparecen acusados Álvaro Uribe, Sabas Pretel, Diego Palacio y Luis Alfonso Hoyos. Y como el cohecho es un delito que requiere de dos partes para perpetrarse, lo que falta es conocer quiénes más pagarán con cárcel por haberse asociado con Medina y Avendaño en este acto de corrupción, problema que de ninguna manera aquejará al Presidente, porque a él lo investiga la Comisión de ‘Absoluciones’ de la Cámara de Representantes.
El otro acontecimiento reciente fueron las declaraciones del Comisionado de Paz –quien le hizo el mandado al Presidente y reemplazó en sus funciones al ministro de Interior–, en las que propuso la disolución de todos los partidos uribistas por considerarlos especialmente corruptos, acusación que sustentó por los muchos parapolíticos provenientes de sus filas. Así, rendidos ante los hechos, tuvieron que validar el término de parauribismo, cada vez más usado en los análisis como una manera de decir que el 85 por ciento de los congresistas encartados son uribistas, baldón que decidieron asumir como un truco para absolver de toda culpa a Álvaro Uribe, el único que, según Restrepo, nunca vio el mastodonte de la parapolítica entre sus filas.
La tercera gran noticia fue la decisión de Álvaro Uribe de extraditar a Estados Unidos a trece de los jefes del paramilitarismo, acto que el que mejor resumió fue El Nuevo Siglo del 13 de mayo cuando tituló: “Extradición de los testigos”, afirmación que amplió diciendo que “cuando ciertos jefes paramilitares comenzaban a señalar fosas, a decir la verdad y ello servía a la Corte Suprema de Justicia para sus investigaciones, los testigos son extraditados intempestivamente…”.
Por su parte, en Semana.com de la misma fecha se explicó: “El escenario que se vislumbra no es el más favorable para seguir conociendo la verdad sobre cómo los paramilitares se aliaron con concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, congresistas y otros funcionarios públicos, en una estrategia conjunta, para controlar territorios y rutas de narcotráfico, obtener rentas del Estado e incidir en las elecciones”.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la OEA, esta extradición “limita seriamente el esclarecimiento de graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado en Colombia”, “afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, “impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana”, “cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Asimismo –agrega– este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares”.
A la hora de explicar el porqué de unas extradiciones particularmente discutibles, The New York Times dijo que era un esfuerzo del presidente Uribe por desactivar el escándalo que ha ligado a los jefes paramilitares con importantes legisladores del Congreso de Colombia y con miembros de su familia. Según El Tiempo, el analista estadounidense Adam Isacson comentó que este podría ser el fin del escándalo de la parapolítica y agregó: “Si Uribe y su entorno estaban preocupados por lo que dijeran los ex ‘paras’, esta sería una forma de callarlos”, observación a la que se le sumó la de José Miguel Vivanco, de Human Rigths Watch, quien agregó que “justo cuando las autoridades locales empiezan a desmadejar la red de conexiones entre paramilitares y políticos relevantes, el gobierno envía fuera del país a quienes más información tienen”.
Y mientras todo esto sucede, untando hasta el bozo a Álvaro Uribe, una conspiración tramada desde la Casa de Nariño dice que aquí no pasa nada y que viene una nueva reelección, porque, alegan, al Presidente lo respaldan las encuestas. En un país menos descompuesto que Colombia, la pregunta común sería: ¿qué porcentaje de respaldo convierte en transparente lo turbio, en honrado lo corrupto y en legal lo ilegal?
