Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en del debate sobre el proyecto de ley para desplazados, Plenaria del Senado, 1º de abril de 2008.
Si no supiera uno que estas propuestas van en serio, supondríamos que estamos ante un chiste cruel, crudelísimo. Es un proyecto mediante el cual las mayorías del Congreso declaran el año 2008 como el año en pro de la “realización de los derechos de las personas desplazadas por las violencia y se dictan otras disposiciones”. Y aquí, hace solo quince días, la mayoría uribista aplaudió las gestiones del doctor Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura, quien despojó de 17 mil hectáreas de tierras a los desplazados del departamento del Meta, despojo que se hizo además violando la Constitución en ocho de sus artículos, senadores y colombianos.
El doctor Edgardo Maya Villazón, Procurador General de la Nación, no el Polo ni el Partido Liberal ni la oposición, señaló que en este caso de Carimagua se violaron ocho artículos de la Constitución, además del bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales y no sé cuántas leyes, y ahora aquí vamos a aprobar una ley que declare el año 2008 como el año de los derechos de los desplazados por la violencia. Insisto en que no sé si se trata de un chiste cruel. Porque lo menos que uno les debería pedir a las mayorías afectas al gobierno es que sean coherentes. No se puede perseguir a los desplazados y venir después a aprobar un proyecto para hacer demagogia. Repito, se violaron ocho artículos de la Constitución Política y puede el doctor Arias estar incurso en los delitos de prevaricato, fraude a resolución judicial y peculado. Y las mayorías de este Congreso, particularmente el Partido Conservador, a cuyo vocero lo veo ya levantando la mano, absolvieron al doctor Arias. Dejo entonces constancia de cómo se manipula a la opinión pública cuando se dicen unas cosas pero en realidad se hacen exactamente las contrarias. Y como a la gente hay que juzgarla es por lo que hace y no por lo que dice, dejo mi constancia de inconformidad por este tipo de manipulaciones.
(Réplica al senador conservador José Darío Salazar, sobre el caso de Carimagua).
No soy yo, senador Salazar, el que afirma que fueron despojados. Es el Procurador General de la Nación quien conceptúa que el ICA entregó diecisiete mil hectáreas con dedicación exclusiva para los desplazados y que el ministro Arias y el gobierno le cambiaron la dedicación. Eso constituye un despojo, así no estuvieran los campesinos sobre las tierras. Había entre ochocientas y mil familias que tenían el derecho, ganado ya, y cuando el gobierno cambia la destinación del predio de manera ilegal y fraudulenta, como lo dice el Procurador General de la Nación, a mi juicio se configura un despojo. Estoy seguro de que la palabra está bien usada. Es un despojo de un derecho adquirido, así los campesinos no estuvieran localizados sobre el territorio. Luego ahí no cabe su reclamación, senador. Ahora, que a usted le parezca bien ese despojo o que no lo quiera llamar despojo, sino alguna otra palabra de esas melifluas que suelen utilizar para despojar a los colombianos de sus derechos, hágalo, pero eso no me quita la razón. Repito, había un predio con dedicación exclusiva para entregárselo a un buen número de familias de desplazados, entre 800 y mil, con la ley a su favor, y el doctor Arias le cambió de manera ilegal la destinación. Es lo que denuncia el Procurador General de la Nación y agrega que lo hizo violando ocho artículos de la Constitución Nacional. Eso, a mí juicio constituye un despojo, y si usted quiere podemos hacer una discusión de tipo gramatical, semántico. No es gratuito que al doctor Arias en las calles y en los corrillos lo llamen, antes que el ministro de “no al despeje”, el ministro de “sí al despojo”.
