Oficina del Prensa, Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 11 de marzo de 2008
Al tratar de impedir que 800 familias desplazadas por la violencia se hicieran a 17 mil hectáreas en Carimagua y pretender cedérselas a dedo a un gran empresario, Andrés Felipe Arias se convirtió en el ministro de la inconstitucionalidad, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo en el debate que tuvo lugar hoy en la plenaria de la cámara alta. El ciudadano Andrés Felipe Arias puede sostener que no conviene entregar tierras a campesinos desplazados, pero el ministro Andrés Felipe Arias está obligado a hacerlo porque así se lo ordenan la Constitución, los tratados internacionales ratificados por Colombia y la ley.
Remarcó el congresista del Polo que es profundamente regresiva la tesis defendida por el ministro de Agricultura cuando se opone a distribuir tierra entre los campesinos pobres porque, según él, ello es el mayor caldo de cultivo de guerrilla y paramilitares.
Robledo coincidió con el Procurador General de la Nación al demandar que se eche atrás el acto administrativo mediante el cual el Ministerio cambió ilegalmente la destinación específica del predio Carimagua y lo abrió a una “licitación” en la que apenas puede participar quien demuestre un patrimonio neto de 15 mil millones de pesos e ingresos por negocios agrarios de 50 mil millones de pesos en siete años. “Los abogados dicen que en el caso de Carimagua se pueden configurar tres delitos. El de prevaricato, el de fraude a resolución judicial y el de peculado por destinación”.
Denunció el senador del Polo que el gobierno, al pretender justificar lo injustificable para engatusar a la opinión pública, incurrió en siete falsedades palmarias. Primera, que no había desplazados cerca, cuando se sabe que son más de cuatro mil familias. Segunda, que el predio estaba muy alejado de cualquier casco urbano, cuando está a solo 22 kilómetros de El Porvenir y Orocué. Tercera, que carece por completo de servicios públicos, cuando hay vías dentro del predio, siete pozos profundos y puesto de salud, además de un hospital cercano, en Orocué. Cuarta, se aduce demagógicamente que el dinero del arriendo se empleará en los desplazados: “Yo le pregunto al ministro cuál documento legal estipula que el arrendamiento ridículo pagado por el plutócrata que termine quedándose con el negocio se va a dar a los desplazados”. Quinta, que habrá muchos empleos para los desplazados: “Ministro, usted debe respetar a la opinión pública. ¿Cuál norma de la licitación dice que quien se la gane tendrá que dar empleo a los desplazados?” Sexta, que son terrenos de mala calidad, cuando la misma Presidencia de la República confirmó que eran aptos para la explotación agrícola y ganadera y así lo señala toda la cúpula académica de la Universidad del Llano. Y séptima, que no existió cambio en la destinación específica del predio, cuando el 6 de julio de 2007, por Acuerdo 006, el ICA lo aprobó, cambió solicitado por el Incoder, para adelantar cultivos de tardío rendimiento, tal y como lo sostiene el Procurador.
“Debería renunciar –le exigió al ministro el senador citante– porque usted viola la Constitución y la ley, como lo dice el Procurador en el caso de la hacienda Carimagua. Porque, como lo demostré aquí, usted es partidario del modelo malayo, sin campesinos y con grandes plantaciones y jornaleros mal pagos, y la Constitución establece que debe dárseles tierra en propiedad a los pobres del campo. Y debe renunciar porque faltó a la verdad en materia gravísima”.
“Lo que está en juego no es un caso particular, sino un modelo de país y un modelo de subdesarrollo”, concluyó. Carimagua no es una excepción, sino un modelo plutocrático, el mismo de Transmilenio, el mismo de las exenciones de impuestos a las trasnacionales, el de la Ley Forestal y las zonas francas especiales, el de los decretos contra los pequeños productores paneleros, contra los mataderos municipales y contra los cruderos de la leche”.
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