Transcripción
Antes de entrar en materia, voy a hacer una especie de cuña, que ya algo se mencionó aquí, y es que en Ipiales, al sur de Nariño, en la frontera con Ecuador, hay una inconformidad muy grande entre los vecinos porque en medio de su crisis han tenido que padecer alzas muy grandes en las tarifas de la energía. Ellos han constituido un comité, que preside el padre Manuel Chaparro, y están buscando algún tipo de solución. Entonces es para formalizarle una petición a la señora ministra para que se reúna con ellos y Cedenar, la empresa de energía eléctrica de ese departamento, a fin de hallar una solución. Hay una desobediencia civil allá al pago de las facturas y la contradicción es fuerte. Mi invitación, señora ministra y superintendente y a la gente de Cedenar, para atender con todo rigor las peticiones de la comunidad.
Entrando ya en materia, empiezo por hacerle una pregunta formal a la señora ministra. Hemos venido planteando desde hace rato la importancia de que este debate con el gobierno nacional se haga partiendo de las cifras que pagaron las empresas de Alberto Ríos Velilla y EPM por lo que era Electricaribe, partida ahora en dos (Caribe Mar y Caribe Sol). El gobierno ha insistido en que son secretas. Le quiero entonces hacer formalmente la pregunta el gobierno sobre las cifras, e insistirle que es inconstitucional mantenerlas en secreto. Quisiera pedirle por última vez, señora ministra, que por favor me diga ya, en este instante y aquí, cuánto pagó EPM y cuánto pagó Alberto Ríos por esa empresa. Pediría que conecten a la señora ministra para, dependiendo lo que ella diga, empezar yo de una manera o de otra.
(La ministra, María Fernanda Suárez, interviene y no le responde la pregunta al senador Jorge Enrique Robledo).
La pregunta es simple, señora ministra, y usted después tendrá todo el tiempo necesario: ¿nos va a dar hoy esa cifra, sí o no? Porque si usted no nos la da, yo arranco con mi intervención.
Ministra de Minas: La nación no es parte en la transacción y estas empresas están sujetas al derecho privado. Esta es una empresa que estaba intervenida, y al estar intervenida hay un proceso liquidatorio, por eso en este debate está invitada la señora superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, quien lideró todo el proceso de la transacción, y está invitada Ángela Patricia Rojas, la agente interventora. Los precios que ofrecen entraron a comprar a las dos partes, Caribe Mar y Caribe Sol, están sujetos a reserva al ser una relación entre privados. Los privados son quienes compran y la masa liquidatoria que está a cargo de la agente interventora y que está a cargo de la superintendente de Servicios Públicos, en donde la nación no es contraparte en la transacción. Y eso es muy importante verlo, a lo largo del debate nosotros podemos recorrer todos los pasos que nosotros hicimos para llegar a una solución, pero esta es una empresa intervenida y que dentro de ese marco hay que respetar las diferencias entre el derecho privado y el derecho público. Sobre esto hay amplia interpretación del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, que ha sido puesta a disposición en el cuestionario.
Senador Jorge Enrique Robledo: Muchas gracias, señora ministra. Ahora sí, por favor, ponga la filmina que le había pedido, porque ahí vamos a apreciar por lo menos una de las cifras que no ha querido dar el gobierno nacional. Los miembros de la Comisión y los que nos están siguiendo verán que esta es una diapositiva que estuvo en la página web de Enerpereira. Enerpereira es una de las empresas de Alberto Ríos Velilla, uno de los compradores y esa empresa es parte del negocio en mención. Y el día en que se cerró la subasta, ellos pusieron en la web esta imagen. Después la quitaron, pero logramos encontrarla. Y observen que en la parte de abajo, subrayado en rojo, dice: “El consorcio [o sea ellos] desembolsará (por Caribe Mar) 285 mil millones a la fecha del cierre del negocio”.
El gobierno no quiere dar las cifras, Enerpereira, uno de los compradores, dio una y después la ocultó. Yo la asumo entonces como cierta, señora ministra, salvo que usted me diga que es mentira. Si usted me dice que es mentira, que la cifra no es cierta, yo parto de esa realidad y trabajo con ella, pero de momento la asumo como cierta mientras alguien no me la descalifique. Alberto Ríos compró su parte de Electricaribe en 285 mil millones de pesos.
Es una suma ridícula y ahí entonces sí uno entiende por qué quieran ocultarnos la información. No. Esa información no tiene por qué ser secreta, son puros cuentos. Debe ser pública y lo voy a explicar con todo detalle.
¿Qué es lo que no quiere el gobierno que se sepa? Que un inversionista llamado Alberto Ríos Velilla va a adquirir en apenas 285 mil millones de pesos activos que valen 2.76 billones de pesos, billones de pesos, o sea, por el 10% de lo que valen. Y va a adquirir además el derecho a quedarse con un negocio y con un número enorme de clientes cautivos puestos a su servicio, como lo voy a detallar más adelante. Lo que aquí está sucediendo, e insisto en ello de entrada, es que el gobierno no quiere que nada se sepa porque el precio es una vergüenza.
Tampoco es cierto que sea un negocio entre privados. Todas, absolutamente todas las decisiones, y lo voy a demostrar en detalle, fueron tomadas por el Estado colombiano. A ningún privado, señora ministra, y usted lo sabe, le preguntaron si le gustaba o no el negocio. Digo, privado del lado de los vendedores, no de los compradores. Nunca nadie les preguntó. Aquí no hay un solo privado, en la contraparte de la venta, tomando ninguna decisión. Ustedes podrán machacar que es un negocio entre privados, pero esa es una ficción que no se corresponde con la realidad. Y pueden exhibir mil y un papelitos para intentar probarlo, pero tampoco se corresponden con la realidad. Muéstrame usted la foto de un solo privado, de uno solo, o la firma de un solo privado del lado de la venta que haya tenido que ver con el negocio. No existen, como lo vamos a dilucidar a lo largo de este debate.
Pero la actitud de la ministra me confirma en un hecho que yo ya había advertido. Es la mala actitud del gobierno nacional en relación con este debate. Es la actitud de no facilitarnos a los senadores nuestro trabajo. Y miren ustedes cómo funciona la maniobra del ocultamiento, porque se está ocultando a la Casa de Nariño, al Consejo de Ministros y a la propia ministra María Fernanda Suárez.
Para este debate, le dirijo un cuestionario sólo a la ministra Suárez, a nadie más. Y miren las vueltas que me dieron. Ella no me responde. Lo hace un viceministro, diciéndome que de las quince preguntas solo me va responder una y media, y el resto se las pasa a la superintendenta de Servicios Públicos. Y en la respuesta que me da la señora superintendenta, me informa que buena parte del cuestionario se lo pasa a la Agente Especial. Y la responsabilidad se empieza a diluir por completo, a tal punto que ahora terminamos nosotros, la Rama Legislativa del Poder Público, haciéndole un debate de control político a una funcionaria, respetable sin duda, la Agente Liquidadora o la Superintendenta de Servicios, pero que no constituye la cúpula del Estado. No, señora ministra. Permítame recordarle que nosotros somos un Poder Público distinto del Ejecutivo. Permítame recordarle que nosotros no somos subalternos de ustedes. Ustedes tienen la obligación constitucional de colaborar con nuestra función de control político, para ponerle coto a la corrupción, al ventajismo y al maltrato al interés público. Y entonces usted no asume el deber de colaborar, sino, por el contrario, se mete a enredar las cosas.
En lo que nos alcanzaron entregar, su Ministerio reafirma que no nos da el precio, y repito, aquí el precio es la clave. Hacer un debate sobre la compraventa de un bien pero con el precio oculto es absolutamente ridículo. No se le ocurre a ningún gobierno con sentido común hacer un despropósito de ese calibre, que es a lo que estamos asistiendo.
Y hace un momento oímos a la ministra aduciendo que esas fueron unas decisiones allá de unos privados y que el gobierno no tuvo nada que ver. Repito, no se corresponde con la realidad. La empresa es controlada desde hace un par de años al ciento por ciento por los funcionarios del Estado. La señora Agente Especial fue nombrada por la superintendenta de Servicios Públicos, y ella fue nombrada y le responde nada menos que al presidente Iván Duque. Es su empleada, de libre nombramiento y remoción, no puede hacer nada que él no le permita, y lo mismo le pasa a la Agente Especial. No me puede usted decir que un negocio de este tamaño, un negocio en que están involucrados activos por más de 6 billones de pesos, es un trato que se está tramitando entre dos personas, respetables, sin duda, pero sin el poder político para tomar decisiones de ese calibre.
Aquí nos están repitiendo la misma jugarreta que nos hicieron en el negocio de Medimás. El gobierno nos metió el cuento de que entregarle a Medimás cerca de cinco billones de pesos al año de recursos públicos era un negocio entre privados. Y el privado era una funcionaria del superintendente de Salud y el propio superintendente de Salud, ocultando lo inocultable: que el ministro de Salud, es decir, el gobierno nacional, estuvo detrás de ese negocio tomando las decisiones.
Y lo mismo ocurre aquí. El negocio de Electricaribe fue definido por el Conpes 3985, un documento que firman el Presidente y todo el Consejo de Ministros. Y en ese documento se especifica en detalle cómo es todo el negocio, milímetro a milímetro, con todas las gabelas, con todos los subsidios, y además, el Consejo de Ministros aprobó el precio de venta, ese que insisten en mantener secreto. Fue en el Plan de Desarrollo, aprobado por el Congreso, y que nosotros los del Polo votamos en contra, donde el Presidente de la República y el ministro de Hacienda establecieron ese secretismo. Lo metieron ahí de contrabando en el Plan Nacional de Desarrollo de manera ilegal y arbitraria, porque no tienen cómo sustentarlo.
La gran falacia con la que quieren sustentar el ocultamiento es que esa empresa era privada, de propiedad de Gas Natural Fenosa. Sí, pero esa empresa fue intervenida por el Estado y pasó al control del Estado. Le pregunté a usted, señora ministra, si el negocio del que estamos hablando había sido aprobado por Gas Natural Fenosa o por Naturgy, la heredera, y se me respondió que no se les había consultado absolutamente nada.
Entonces, si todos los funcionarios son públicos y todas las normas son públicas y todos los que deciden son del sector público, cómo así que la Nación no hace parte del negocio. Este sí es el acto de magia y de ficción más grande que yo haya visto en mi vida. Jamás pensé que se fueran a atrever a echar un cuento de este tamaño.
Es natural que un negocio como este, una subasta, no se sepa antes cuál es el precio base, porque se supone que los posibles compradores van a pujar. Pero aquí resulta que ya se sabe que pagaron, y se supo una vez hecha la operación. Ya se supo por lo menos que pagó Ríos Velilla, no se sabe lo de EPM, pero cómo así que siguen arguyendo que es secreto. Cómo hacemos los senadores, cómo hace este Congreso, se lo pregunto a los colombianos, al presidente Duque, a la ministra, al Consejo de Ministros, para evaluar una decisión del Estado, decisión pública por antonomasia, si ustedes no nos dicen el precio. Es absolutamente irracional lo que están aduciendo.
Ahora, yo no sé si haya más gatos enmochilados, no lo sé, realmente, pero de entrada me parece muy grave esta maniobra de ocultamiento. Hay algo que sí sé, y es que a ustedes los avergüenza el precio, como lo voy a demostrar aquí en detalle.
Lo segundo es: cómo llegamos a este laberinto. Nos metieron en él porque esa era una empresa que le fue arrebatada al sector público en la fiebre las privatizaciones hace un montón de años. Fue ahí cuando empezó el desastre que la ciudadanía ha padecido. Primero la compraron unos gringos, aunque algunos decían que eran venezolanos. Fracasaron. Después se la entregaron a Gas Natural Unión Fenosa, española, y fracasó. Ni siquiera invirtió lo que tenía que invertir, y hoy sufrimos uno de los peores servicios de electricidad del mundo, o por lo menos de Colombia, con sucesivos descalabros. Sucesivos descalabros, y es bueno que se sepa, que el Estado les ha tenido que subsidiar a los españoles de Electricaribe, subsidios que les va a seguir dando a los actuales compradores. ¿Saben a cuánto ascienden? A 8.5 billones de pesos en los últimos diez años, de plata de nosotros los colombianos. Y aquí nos sigue alegando alegremente la ministra que son negocios entre privados. 8,5 billones de plata de nosotros, 850 mil millones de pesos anuales, entregados a particulares, de esos tan poderosos que pueden hacer lo que se les dé la gana, incluso a mantenerlo en secreto.
Las pérdidas de Electricaribe han sido inmensas. Para hacerme breve, no voy a entrar en detalle con las cifras, son bien conocidas. Hoy la empresa tiene un patrimonio negativo de 1.33 billones, con activos totales por 6.29 billones y pasivos totales por 7.6 billones. Esas son las cuentas más gruesas.
Lo más grave aquí es que el servicio es un desastre. Les voy a dar un dato poco conocido. En ninguna parte de Colombia como en la Costa Caribe hay tantos muertos electrocutados por la mala calidad de las líneas. También lo han ocultado, pero es una realidad abrumadora. Lo tengo registrado, son centenares de muertos electrocutados por la mala calidad de las líneas. Un par de campesinos, padre e hijo, que prenden una motobomba y quedan electrocutados. Una niña o un muchacho que saca una gaseosa de una nevera y queda electrocutado. Una niña que prende un ventilador o un abanico, como lo llaman en la Costa, y queda electrocutada. Es de esas cosas de las que estamos hablando, por la pésima administración de todos los gobiernos. Electricaribe estuvo aquí 17 años haciendo lo que se le daba la gana y no hubo ningún gobierno, ni este ni el anterior ni el anterior ni el anterior, que le pusiera el cascabel al gato.
Qué hacer. Porque, claro, yo estoy también del lado de la ciudadanía. Este no es mi primer debate, en la Comisión Quinta lo saben, llevo no sé cuántos debates sobre Electricaribe. Sí, soy cachaco, pero un cachaco que quiere a los costeños, como a todos colombianos, y me duele lo que está pasando. Entonces llevamos un montón de debates bregando a que este desastre se arregle. Y hoy lo que comprobamos es que, en vez de arreglarse, se está empeorando, y a los muchos vicios que ya había les van a agregar nuevos.
Antes de entrar a examinar el contrato, voy a hacer hincapié en que se trata de recursos públicos al ciento por ciento, señora ministra. O son públicos o no son de nadie, y el vacío no existe ni en la naturaleza ni en la sociedad. La plata no es de Gas Natural Fenosa. Precisamente hay un pleito internacional al respecto. Entonces si no es de Gas Natural Fenosa ni es mía ni es del presidente de esta Comisión, de quién es, quién tiene el control sobre sus activos, que es al final lo que importa. Pues lo tiene el Estado colombiano, en cabeza de la nación y en cabeza del Presidente de la República, esos son los hechos. Y si nos vemos obligados a llegar hasta la hasta la última Corte, vamos a hacerlo. Porque no nos van a enredar con sofismas leguleyos y de rábulas jurídicos metiendo el cuento de que en este negocio no tiene nada que ver el Estado.
Veamos cómo fue el negocio. Fue una subasta sastre, o sea, una venta sastre. ¿Se acuerdan? Se habla de licitaciones sastre cuando son diseñadas de antemano para que alguien se las gane. Esta es una. Miren cómo empieza. Ya les dije que la empresa adeuda una montaña de plata. La primera decisión para la venta sastre fue entonces que el Estado colombiano, con la venia del Presidente de la República, asumió las deudas de Electricaribe. ¿En qué monto? Asumió deudas por 5.89 billones de pesos, digamos 6 billones de pesos, de plata que Electricaribe había perdido. Asumió además el pasivo pensional (1,529 billones), y está bien que se responda por ese pasivo, pero lo asumió totalmente el Estado, no las nuevas empresas. Unas deudas de Electricaribe con el Fondo Empresarial, otra entidad del Estado, por 2.213 billones de pesos, plata perdida, también las va a pagar el Estado colombiano. Y asumió otros créditos por 2,157 billones de pesos. O sea, casi 6 billones de pesos, que es, digamos, el case del Estado en este negocio. Sin que el Estado se hubiera responsabilizado por esta enorme suma, el negocio no habría podido hacerse. Y me alega la ministra que el Estado no tiene que ver y que es un negocio entre privados.
Ya lo mencioné, pero lo voy a reiterar. El negocio está apalancado también con subsidios anteriores del Estado por 14 billones de pesos, billones de pesos, plata que ha puesto el Estado a fondo perdido, digamos, porque no se han convertido en acciones. Ahora, aquí me van a decir que no son subsidios a la empresa sino a los a los usuarios. Pueden decir lo que quieran, pero la plata la pone el Estado colombiano, que somos nosotros, y no se convierte en acciones. Y si de defender el interés público se trataba, se habrían debido convertir en acciones. Esa es la segunda medida del contrato del negocio sastre.
El otro aspecto clave es que el negocio viene atado a alzas grandes en las tarifas. Y las tarifas las sube es el Estado, no los privados, ellos solitos. Primero, aquí sufrieron los colombianos un golpe durísimo en las tarifas de los últimos años, especialmente duro en la Costa, en Electricaribe, y no voy a dar las cifras para no hacerme largo. Es un abuso, señora ministra, lo que el gobierno les está tolerando a las generadoras (hidráulicas) para disparar los precios de la electricidad. Es absolutamente inaceptable lo que se ha hecho. Y es parte del problema del que estamos hablando. Sin ese tipo de truculencias, los privados no compran.
Usted y el Presidente Iván Duque, señora ministra, expidieron el Decreto 1645 de 2019, apoyado en la ley del Plan de Desarrollo –una prueba más de que el Estado anda metido hasta el cogote en este oscuro asunto–, un decreto para crear el Régimen Tarifario Especial para la Costa. Para poder hacer este negocio sastre, en la costa va a haber un régimen especial de tarifas. ¿Qué quiere decir especial, que será más barato que el del resto del país? No, lo contrario, ¡que será más caro! Lo establece la norma con toda claridad: “Podrán cobrar más por administración, operación y mantenimiento”, o sea, en síntesis, subir las tarifas, aunque el alza se traslapa bajo un lenguaje sibilino. “Podrán cobrar más por las pérdidas eléctricas producto de la ineficiencia en la operación de la empresa”, hoy limitadas. Las van a subir para cargarle otra vez la mano a las tarifas de los usuarios. Van a hacer además algo que no sé qué querrá decir: “Cada año analizarán los criterios de calidad”, un truco, me imagino, para volver a subir la tarifa. Y en cuarto término, la norma que usted suscribió, señora ministra de Minas, estipula que “los operadores podrán presentar ante la CREG una opción tarifaria para variaciones de tarifas al usuario final”. Para subirlas, obvio, no va a ser para bajarlas. Aquí todavía nadie ha visto el fenómeno que sería bajar una tarifa.
Le pregunté en el cuestionario a usted, señora ministra, y ya no me acuerdo quién me contestó, pero en todo caso no fue usted, que cuál sería el impacto de la crisis del coronavirus en este negocio. Porque es bueno que ustedes sepan, colombianos y gente de la Costa Caribe, el negocio todavía no se ha finiquitado. Ya se adjudicó, pero la plata no la han dado. El negocio se cierra apenas en las próximas semanas.
Me lo contestó la Agente Especial: “Esta circunstancia podría poner en riesgo el cierre de la transacción”. Grave cosa. El coronavirus podría poner en riesgo el cierre de la transacción. Yo pregunto, y la solución cuál es. ¿Será alguna distinta a la de subir todavía más las tarifas y darles a los compradores todavía más gabelas, metiendo más subsidios del Estado? En este momento se está moviendo por debajo una especie de chantaje, y es decir que el negocio todavía se tiene que perfeccionar, para presionar todavía mayores beneficios a los compradores. Y los subsidios oficiales claro que van a seguir, aun cuando no conduzcan a que se transformen en acciones del Estado.
Hay otra anomalía que no es asunto menor. Para poder meter en el negocio sastre a EPM, el gobierno tuvo que modificar la norma que prohíbe que una comercializadora de electricidad tenga más de una cierta participación en el sector eléctrico, y subió el tope del 30 al 35%, específicamente pensando en este negocio. El truco parece menor, pero no. Cualquiera que lo estudie sabe que cuanto mayor sea la participación de una empresa, más fuerte es el monopolio y más los riesgos de que abuse de su poder. Y más con una ley como la 142, diseñada para facilitar el abuso. Entonces si bien es cierto que EPM es una empresa no privada, lo cierto es que está presa de la Ley 142, que la obliga a torcerles el pescuezo a los usuarios hasta donde le sea posible.
No hubo puja en la subasta. Fue una de las subastas más raras del mundo, en la que no aparece sino una empresa compradora y luego de que se pone un precio base bajito porque se supone que la competencia lo va a hacer subir en la subasta. Pero al final no aparece sino un solo comprador, y entonces se decide que es a ese al que se lo venden.
Hay otro elemento sastre también muy negativo. Es que cuando el gobierno parte a Electricaribe en dos, condena a la gente a pagar tarifas más caras, porque obvio que se rompe la economía de escala, un principio básico en economía. Pueden funcionar más barato las empresas mayores de servicios públicos que las menores, por las economías de escala. Entonces, cuando el gobierno la parte, empieza decidiendo mal y en contra de los intereses de la Costa Caribe.
Y además, el precio no resultó ser tan secreto. Bueno, del de EPM nada sabemos, pero del de Ríos Velilla son 285 mil millones de pesos, mientras alguien pruebe lo contrario. No me van a meter el cuento de que no se sabe, cuando sí se sabe, porque la propia empresa de Alberto Ríos nos dio esa cifra.
Entonces analicemos con algún detenimiento la cifra. ¿Qué compró el doctor Alberto Ríos Velilla? Compró el 44% de los usuarios de Electricaribe, o sea, 1.18 millones de usuarios. Eso solo, por definición, tiende a ser un buen negocio. Cuando uno tiene más de un millón de compradores, está montado en un buen negocio, así hoy no esté funcionando, ese es su problema, pero todo lo están organizando para que funcione. Todo ese sastre a la medida es para que el negocio le funcione a Don Alberto: 1.18 millones de clientes. Activos por 2.76 billones de pesos, que se vuelven de él, activos para explotarlos como se le antoje. Y paga por eso 285 mil millones de pesos, apenas el 10% del total de los activos. Y recibirá el 44% de todos los subsidios que en adelante le dé el Estado colombiano a la operación de esa empresa. El pedazo que él compró de Atlántico, de Magdalena y de La Guajira se llama Caribe Sol. Es para no enredar mucho que no entro en muchos detalles. El resto de la Costa, los otros cuatro departamentos, lo compró EPM y se va a llamar Caribe Mar.
Ojo con este detalle, que es interesante. Al comprar toda la propiedad de Electricaribe, ellos también compraron la cartera de menos de 90 días. Una cartera a 90 días, en general, es una cartera sana, no una cartera perdida, y es natural en el giro ordinario de los negocios. Vale 377 mil millones de pesos. De ellos le corresponden a Ríos Velilla, 166 mil millones de pesos. Si ustedes cogen los 285 mil millones de pesos que Ríos va a pagar por Electricaribe y le quitan los 166 mil millones que puede recuperar de la cartera, quiere decir que en neto va a pagar 119 mil millones de pesos, por activos que valen 2.76 billones, y con más de un millón de usuarios amarrados, por un Estado subsidiando, apalancando, respaldando. ¡Y el precio secreto! Yo sí creo que tienen razón cuando lo ponen secreto. A mí me daría pena, yo frentearía, es mi manera de ser, pero diría que me daría pena.
¿Quién es el doctor Ríos Velilla, de dónde sale? El es dueño de un holding, un conglomerado, un grupo de empresas de las que hace parte Enerpereira, Enertolima y otras más. Cómo llegó él a acumular ese patrimonio. Pegado del Estado, en general. Es una persona que desde que empieza la privatización se ha ido moviendo con astucia y se ha ido quedando con negocios de aseo en Bogotá y con negocios de servicios públicos en Armenia y en Pereira y en el departamento del Tolima y en otros municipios de Colombia, y ha terminado por amasar un patrimonio importante. En sus orígenes tuvo negocios grandes con los tristemente famosos Nule, Miguel, Manuel y Guido. Él es Alberto Ríos Velilla y los otros son Nule Velilla, hay algún parentesco. Alberto Ríos aparece muy ostensiblemente en los Papeles de Panamá, algo no propiamente para enorgullecerse.
Y es, aquí quería llegar a este punto, debo decirlo, porque las cosas hay que decirlas, un íntimo de Germán Vargas Lleras. Tan íntimo, que el hermano de Germán Vargas Lleras ha sido miembro de las juntas directivas de las empresas de Alberto Ríos, lo que ya de por sí denota una gran cercanía; un hijo de Alberto Ríos fue concejal de Bogotá en la lista de Cambio Radical; y más significativo aún sobre la de la inmensa cercanía, es el hecho de que Germán Vargas Lleras, cuando fue ministro de Vivienda en el gobierno de Juan Manuel Santos, se declaró en el Consejo de Ministros formalmente impedido para actuar en cualquier sector de la economía que tocara con los negocios de Alberto Ríos Velilla.
Entonces aparece una pregunta que es clave. ¿Tiene algo que ver la política con el actual negocio de Alberto Ríos Velilla? ¿La situación privilegiada en la que está siendo colocado nada tiene que ver con la política ni con Germán Vargas Lleras? Citemos aquí, y ojalá lean ustedes el artículo completo, es excelente, porque cuenta muy bien y con mucho detalle la historia de Alberto Ríos, escrito por un periodista muy reconocido en Barranquilla, Adlai Stevenson Samper. Cuenta que el 23 de febrero de este año, cuando la revista Semana titulaba sobre el descenso del gobierno de Duque en las encuestas, Germán Vargas Lleras se le sumó al avión como copiloto. El avión cayendo y fallando y el doctor Vargas da un salto y se le monta al avión. Lo dio, claro, por supuesto, con participación burocrática y ministerios y de todo. Pero la pregunta que se está haciendo Adlai Stevenson es la misma que yo me hago: ¿no tuvo nada que ver con el negocio de Electricaribe? ¿Es absolutamente ajeno?
Hay algo también interesante. Alberto Ríos no tenía con que participar en este negocio, porque no le daba el patrimonio. Ocurre entonces un hecho llamativo, y es que Celsia, una empresa del Grupo Empresarial Antioqueño que estaba participando en la puja, decidió retirarse de pronto, pero antes le compró a Ríos su los bienes de Enertolima por 512 millones de dólares, justamente la plata con la que pudo Ríos cumplir los requisitos. Estoy aquí simplemente dando un dato que es interesante saber: cómo se van cuadrando las cargas para que Alberto Ríos pudiera participar.
Y se pregunta Stevenson, me sumo a la pregunta, ¿sí fue una venta o más bien una cesión generosa disfrazada de tecnicismos retóricos legales? Es una pregunta que hay que hacerse. Esa es digamos la situación en este asunto.
Terminó diciendo ¿van a cumplir? Particularmente Alberto Ríos, ¿va a cumplir? Bueno, nos aseguran en las respuestas los funcionarios subalternos que sí, que ellos están seguros de que los dos van a cumplir. Hago votos porque ojalá cumplan, pero no estoy seguro. Les digo con franqueza, no estoy tan seguro. Son inversiones muy grandes, 10 billones de pesos, en una zona complicada, porque es la que concentra el número de usuarios más pobres, en una geografía dispersa, o sea, esto reúne todas las dificultades juntas. Que no resulte que al que no quiere caldo se le den dos tazas y hayamos salido de un Electricaribe a dos Electricaribes.
¿Qué debió hacerse y qué debe hacerse? Lo planteé oportunamente en la Comisión Quinta, y más ahora con este escándalo de estos bajísimos precios. Insisto en que lo que hay que hacer es pensar más en el interés nacional y en el interés de la gente de la Costa Caribe, más que en el interés de algunos particulares, por muy distinguidos que sean y por muy relacionados que estén con el presidente Iván Duque y con los altos funcionarios del gobierno nacional.
Lo primero es reconocer que hoy la empresa es una empresa que en la práctica, digan lo que digan, es de carácter público porque la controla el gobierno nacional y porque no hay ningún privado disputando la orientación de la empresa. Lo que sigue es prevenir que los españoles corruptos de Gas Natural Fenosa ganen la demanda internacional, porque entonces a eso habría que sumarle otra montaña de plata por cuenta de los malos negocios de Electricaribe.
La empresa se debería dejar de esa naturaleza pública, lo planteé desde antes de este escándalo, y volverla la empresa de la Costa Caribe. Que sea la empresa del pool de las gobernaciones y las ciudades de la Costa Caribe. Hacer de esa empresa algo parecido a lo que hicieron los antioqueños con EPM, con la empresa municipal de Medellín, que les ha funcionado bien y que le reporta recursos importantes a la municipalidad y por esa vía a los antioqueños.
¿Cómo se hace el asunto? Es bien fácil entenderlo. Sí Ríos Velilla y EPM pueden hacer este negocio así, y EPM debe de estar pagando una suma parecida, si ellos lo pueden hacer así, ¿por qué esa misma venta, señora ministra, no puede darse pero a favor de la Costa Caribe? Es que esa venta es una ganga. Les entregan los activos a precio de quema, les mantienen todos los subsidios, les dan todas las garantías para que el negocio pueda hacerse. ¿Por qué todos esos favores, en vez de hacerlos el Estado en beneficio de Alberto Ríos, no los hace en beneficio de la Costa Caribe? Es apenas de sentido común. Y que se quede todo como una operación de la Costa Caribe o por lo menos la parte de Caribe Sol, por lo menos lo de Alberto Ríos, y eso podría hacerse con toda facilidad. Porque, repito, es con el mismo apalancamiento que les dan a ellos, pero dándoselo al sector público y no a unos particulares. Seguirían los departamentos propietarios recibiendo los subsidios. Todas las garantías que se le van a dar a Ríos para que les funcione el negocio se le pueden dar al sector público.
Y eso al final le traería un beneficio enorme a la gente de la Costa Caribe. Y es que una de dos, o se pueden cobrar tarifas más bajas en beneficio no solo de la gente del común, sino de la actividad empresarial y económica, o la empresa hace las utilidades y las reinvierte en tantas cosas que pueden hacerse en educación, recreación, etcétera. Y que se establezcan buenas relaciones con los trabajadores. Esta es la fórmula correcta, la fórmula que le sirve a la Región Caribe y que nos sirve a los colombianos.
Termino insistiendo en que he demostrado que este es un negocio absurdo, disparatado, montado sobre ficciones, sobre ocultamientos inaceptables. Y que se hubiera podido diseñar desde antes de una manera mejor y que todavía se puede hacer de una manera mejor, porque lo cierto es que el cierre no se ha finiquitado, es un negocio que no ha concluido y que es susceptible de ser modificado y planteado de una manera diferente.
Réplica
Aquí las funcionarias han querido presentarnos como que nada importa, porque lo único que importa es que ahora sí vamos a disfrutar de un gran servicio. Es el sofisma que nos han montado. Ahora sí se va a tener un gran servicio y lo demás no importa y casi que ni siquiera importa el precio que haya que pagar ni cómo sea, porque ahora sí, por fin, un gran servicio. Con ese cuento privatizaron a Corelca y terminó en un desastre; con ese mismo cuento llegaron después unos extranjeros y también fracasaron; y con ese cuento los distintos gobiernos toleraron 17 años a los españoles de Electricaribe haciendo lo que se les daba la gana.
Porque entre otras cosas, doctora Natasha, con franqueza tengo que decirle que si alguna institución ha sido un rey de burlas en Colombia, en lo que relacionado con los controles a las empresas de servicios públicos, es la Superintendencia de Servicios Públicos, que no parece la encargada de vigilar a las empresas, sino como su funcional, como quien les hace mandados y les organiza las cosas. Esa es la triste realidad.
Aquí no hay certeza de que el negocio vaya a salir bien en lo que tiene que ver con la calidad del servicio. Tampoco ustedes nos dieron ninguna explicación que nos llevara a ese convencimiento. No. No lo sentí por ninguna parte, ni en las respuestas ni en lo que dijeron aquí. Fácilmente vamos a terminar en que esas empresas agraciadas harán con Electricaribe lo que se les dé la gana, como los españoles.
Cómo puede usted decir, señora ministra, que esta es una operación transparente. ¿Transparente? ¿Y el precio secreto? ¿Transparente? Y el precio sigue oculto. ¿Transparente? Y yo tuve la amabilidad con usted de informarle sobre un precio publicado por Ríos Velilla, que pagó por la empresa 285 mil millones de pesos, y usted se hizo la loca y a eso ni se refirió. Usted no les aclaró a los colombianos si la empresa la vendieron barata, cara, la regalaron, a quién enriquecieron, cómo fue el negocio. No. Cero, silencio sepulcral. ¿Y me dice que eso es transparente?
Miren la otra cosa que ocultaron, y no es poco, colombianos. El negocio incluye que acordaron una tasa de ganancia, señora ministra, y usted lo sabe. Y entonces yo les pregunto cuál es la tasa de ganancia, ¿la adecuada, altísima, carísima, es otro abuso? Y por qué tengo derecho a preguntarlo. Porque la tasa de ganancia se paga con las tarifas de los servicios públicos, esa es la que al final la garantiza, y con los subsidios del Estado. Cómo así que aquí nos monta el gobierno un negocio, y el país ignora cuánto se pagó, cuál es la tasa de ganancia, cuánto le van a sacar de sus bolsillos a la gente de la región Caribe. Qué trasparente va a ser, señora ministra, ¡si todo sigue en la oscuridad!
El cuento que nos echa la ministra es que se trata de un negocio entre privados. Me da pena, doctora, no es entre privados, no insista. Fue mentira también que el negocio de Medimás era entre privados. No es cierto, aquí una de las caras es el sector público. ¿Qué es un negocio de privados? Yo llego a un almacén de zapatos y compro unos zapatos y entro a un supermercado y compró una naranja, ambos son negocios entre privados. Pero no son negocios entre privados los que el Estado subsidia en sumas astronómicas, ni aquellos en que es el Estado el que fija los precios, el que fija la tasa de ganancia, la utilidad que van a tener. Porque aquí los precios y las utilidades no son de competencia, sino de resolución. Entonces cómo se atreve usted siquiera a insinuar eso.
Dijeron ustedes que hay una especie de ley divina que prohíbe decir en cuánto vendieron la empresa. No es cierto. Hay una resolución promovida por el presidente Duque y aprobada en el Plan de Desarrollo que faculta al gobierno para cambiar la norma si quiere. Si no la ha cambiado, es porque no lo quiere hacer, porque el día en que el Presidente se atreva a reconocer en cuánto vendieron la empresa se va a ver a gatas para explicarlo. Porque no les cuadran las cifras por ningún lado. Ahí ha habido un abuso, un abuso, repito, contra este país.
Oigo a alguien aquí en la Comisión que no importa como sea, porque el negocio es de maravillas y hay que aplaudirlo, pero que las tarifas sí están muy caras. No. No separen una cosa de la otra. Yo lo expliqué. El negocio se pudo hacer porque el gobierno aprobó antes un decreto para disparar las tarifas de la Costa Caribe. Entonces los que salgan a aplaudir en la Costa este negocio que salgan también a aplaudir de frente las alzas de las tarifas, pero no puede ser que se ganen los dos aplausos, el supuesto porque se van a arreglar las cosas, que no sabemos, y el que sí es seguro, por lo de las alzas de las tarifas. Y ganan con cara y ganan con sello y consiguen votos con cara y con sello. Yo pido un poquito de coherencia y seriedad en estas discusiones, como lo ameritan quienes estamos haciéndolas.
El negocio se había podido hacer distinto, ese es mi debate. Es que aquí cuando privatizaron a Corelca y los demás negocios, algunos dijimos, y mucha gente en Barranquilla y en la Costa lo dijo, señores, paren ahí, no hagan esos negocios tan malos. Y nos reviraron, es que están locos, es que no entienden, es que no son modernos. Y nos aplastan, como nos están aplastando hoy en esta argumentación, en la que no hay debate en serio. Pero cuando las cosas salen mal, entonces se hacen los locos.
Insisto en mi propuesta. Si al señor Alberto Ríos Velilla lo va a enriquecer a reventar la plata del Estado, yo pido que esa empresa no sea del doctor Alberto Ríos Velilla, sino que sea del Estado. Es una fórmula así de simple. Si somos nosotros, los costeños, todos los colombianos, los que ponemos toda la plata para que esa empresa funcione bien en algún momento, por qué se la regalan a un particular. ¿Solo porque es un amigo muy cercano del presidente Duque y de Germán Vargas Lleras? Hay que decirlo, y repetirlo, es un hecho. Ahora, cada quién lo valora como quiera.
Estamos en una economía de mercado y no estoy por destruirla. Y una economía de mercado es con empresas y con ganancias, con utilidades. Pero aquí sí hay una discusión cuando se trata de servicios públicos y cuando se trata de los asuntos de los banqueros, porque ahí ya no es simplemente una empresa común y corriente. Porque si yo llego a una tienda y me piden muy caro el chocolate, pues paso a otra tienda, y si ese precio tampoco me sirve, voy más allá, hasta que encuentre un precio que se acomode a lo que considero la realidad. Pero el negocio de los servicios públicos es de monopolio. Después que a uno lo enganchan ahí, no hay escapatoria, no hay voladero. Además si usted reclama por la tarifa, le responden que “paga primero y reclama después”. Esto no es un negocio cualquiera, señora ministra. Qué desenfoque tan grave el suyo, usted siendo ministra de Energía ¿y no es capaz de entenderlo? Claro que lo tiene que entender.
Miren lo que nos vienen montando en las normas. Les voy a aceptar que estos despropósitos se encuentran en las normas. Pero ojo a esto que es una cosa que venido señalando desde hace mucho rato, en Colombia pasamos de hecha la ley hecha la trampa a hecha la trampa y después la ley. Qué quiero decir. Que las leyes son leyes sastre calculadas en beneficio de unos cuantos. El propio Banco Mundial ya no está definiendo corrupción como la violación de la ley, sino como el abuso del poder público en beneficio privado. Lo que estoy viendo en esta operación, y se lo estoy diciendo al contralor y al procurador, es exactamente eso: un abuso del poder público en beneficio privado.
Que el gobierno del presidente Duque tenga unas mayorías en el Congreso no lo autoriza a hacer lo que se le antoje. Hay unos mínimos de transparencia, de respeto a la ciudadanía, a puntos de vista democráticos que tienen que ser respetados. Lo otro son visiones autoritarias, como la de quienes creen que el Senado y sus Comisiones y la Rama Legislativa solo se reúnen para recibir la cartilla que nos den los ministros, y para que ellos hablen y hablen. Y hoy lo vimos, no quedan bien, señores funcionarios, cuando ustedes aprovechan el tiempo de la Comisión Quinta para ponerse hacerle publicidad a un montón de temas que no venían al caso. Acá nos citamos para hablar de un tema específico.
Por todas estas consideraciones, les voy a pedir formalmente a la Contraloría y a la Procuraduría que investiguen en detalle este asunto y que el gobierno nos dé las cifras, no sólo cuánto pagaron, cuál es la tasa de ganancia, cómo la van a conseguir, cuánto va a salir de las tarifas. Todo eso me lo ocultaron en la información que pedí. Y nos vamos a fondo en la investigación.
Este negocio oscuro no se lo traga nadie en Colombia. Van a tener que dar la cifra, y entonces de una vez queda convocada, señora ministra, para cuando estén las cifras, hagamos un debate que tenga un solo punto de discusión: si esa sí era la cifra, ese sí era el precio y cómo lo cuadraron, cómo hacen para que ese sea el precio y cuáles van a ser las utilidades que estos nuevos dueños van a tener.
Espero que antes logremos que en la Costa Caribe haya todo un movimiento ciudadano para insistir en que esa empresa, ojalá el conjunto, pero por lo menos la de Alberto Ríos Velilla, se quede en la Costa, sirviéndoles a los costeños.
