Video: youtu.be/XuHJCcMNPhI
Antes de empezar estrictamente el debate, le solicito a la cabina que proyecte una imagen que quiero que se mire.
Eso que se está viendo ahí es la publicidad de una empresa llamada R&O, propiedad de la ministra y que ella dirigió hasta el 19 de julio del año pasado. Ahí dice: “Nuestros clientes”, marcado en círculo, y “nuestros clientes”, hace referencia al Banco de Occidente y al Banco de Bogotá, de Luis Carlos Sarmiento Angulo.
La muestro para más adelante referirme en detalle a esta imagen, pero ahí queda claro, y les pido tenerlo en cuenta, que la empresa de la ministra de Transporte tiene negocios con Banco de Bogotá y con Banco de Occidente. La imagen se publicó el 4 de marzo y el 8 de agosto del año pasado.
Primero dijimos que la ministra tenía que renunciar porque actuó de manera indebida en la historia del Tribunal de Arbitramento y de la plata para los banqueros. Como no lo hizo, estamos tramitando esta moción de censura, que apunta a sacarla del cargo.
¿Cuáles son los dos cargos? Primero, actuó en contra del interés nacional, y segundo, violó la ley de varias maneras. Digamos entre paréntesis que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también debería impedirse. No le podemos hacer moción, porque no lo permiten las normas.
Voy a entrar a detallarlos. Primero. El 6 de agosto pasado, hubo un fallo del Tribunal de Arbitramento sobre el caso Odebrecht-Grupo Aval y el Estado colombiano. El Tribunal declaró nulos por corrupción esos contratos y le desconoció unas maniobras, un robo que intentó hacer el Consorcio de la Ruta del Sol 2 cuando trató de hacernos pagar a los colombianos contratos ficticios, sobornos y utilidades ilegales. El Tribunal lo desechó.
Los banqueros del Grupo Aval, tengo ese convencimiento, sabían lo que estaba pasando, porque ellos integran la junta directiva de Corficolombiana, la socia de Odebrecht.
(Se presenta una petición por parte del senador Robledo para que en el Recinto del Senado se haga silencio).
Sucede entonces que el Tribunal les negó las reclamaciones a los banqueros y al Consorcio de la Ruta del Sol. Y falló que de recursos públicos solo transfería 24 mil millones de pesos, y no los 1.45 billones de pesos que estaban reclamando. Una diferencia abismal: de 1.45 billones de pesos a 24 mil millones de pesos, de la Ley 1882.
La periodista María Jimena Duzán denunció el 21 de julio de 2019, o sea poco antes del fallo del Tribunal de Arbitramento, que ya había un acuerdo mediante el cual el gobierno había aceptado transferirles 1.2 billones de pesos a los banqueros, un acuerdo que se hacía contra el país. Lo denunció un domingo, y el lunes sale la ministra de Transporte y dice que ese acuerdo era muy bueno porque los bancos nos iban a rebajar 250 mil millones de pesos en intereses, y silencia que les íbamos a regalar 1,2 billones de pesos, un regalo que a la postre, según lo dijo el Tribunal, no se podía hacer. El tema se volvió un escándalo nacional y hubo protestas por todas partes.
La ministra mantuvo la idea del acuerdo hasta el 30 de julio, nueve días más, cuando al fin renunció a hacerlo. ¿Por qué al final no se hizo el acuerdo? Cito lo que dice la ministra de Transporte: “No llegamos a un acuerdo [o no se llegó] sobre la forma de pago [no sobre el monto], sobre si se pagaba cómo y cuándo”. O sea, ella se mantuvo hasta el último minuto en la idea de transferirles a los banqueros 1,2 billones de pesos.
Yo creo que ahí se configura el delito de peculado por apropiación a favor de terceros en el grado de tentativa. No lo pudieron coronar, pero los organismos de control deben investigar por qué el empeño para que esa suma enorme se les transfiriera a los banqueros.
Hay más cosas. Es que nunca debieron negociar con los banqueros, como intentaron hacerlo hasta ocho días antes del fallo del Tribunal de Arbitramento. ¿Por qué estaban tan empeñados en consumar un acuerdo pésimo para Colombia? Se pueden hacer acuerdos, pero acuerdos buenos para el país, no malos, señora ministra, que fue lo que ustedes intentaron hacer.
Tenían que saber el gobierno y los bancos el sentido del fallo que les venía encima, pienso yo, y por eso es que los banqueros le piden al gobierno negociar por fuera del Tribunal e imponerle ese acuerdo al Tribunal como un hecho cumplido.
Cuarto. Aquí hay unos agravantes. El Tribunal de Arbitramento no incluía a los banqueros, porque era entre el gobierno y el Consorcio Ruta del Sol 2, que es distinto. Los banqueros apenas eran coadyuvantes. ¿Por qué entonces se tramita un acuerdo con unos banqueros que no eran quienes tenían que suscribirlo si se hubiera concretado?
La vicepresidenta y la ministra han salido a aducir, como disculpas para este horror del que estamos hablando, que al final no hubo acuerdo y que entonces como no lo hubo, no pasó nada. No. Es que ellas estaban impedidas para actuar en cualquier sentido, hubiera o no acuerdo. Vuelven a disculparse arguyendo que ellas no aprobaron nada. No, es que no podían actuar de ninguna manera en ese caso, señora ministra, como lo establece la ley de los impedimentos que vamos a mirar.
Hay más cosas horribles. El ministro Carrasquilla, conocido aquí de autos, les aprobó TES, Títulos de Tesorería, por 1,2 billones de pesos para regalarles a los banqueros. El abogado de los banqueros era Andrés Flórez, el socio de Carrasquilla en el escándalo de los bonos de agua.
La ministra dijo que Iván Duque sabía, pero de la Casa de Nariño me dijeron a mí que el Presidente de la República no lo sabía. Alguien les está mintiendo a los colombianos.
Sexto. El tema de los impedimentos. Todos sabemos que los servidores públicos estamos obligados a declararnos impedidos cuando hay asuntos relacionados con personas con las que tenemos ciertos tipos de vínculos. Aquí lo hacemos todas las semanas. ¿Para qué? Para buscar la imparcialidad, la objetividad de los servidores públicos en cierto tipo de decisiones. Son unas normas muy sanas, una manera de defender el patrimonio público, una manera de enfrentarnos a la corrupción.
Pero además hay algo muy importante. Es ya jurisprudencia global que los servidores públicos tenemos que ser y parecer, y la ministra de Transporte y la vicepresidenta de la República no solo no fueron, sino que no parecieron. El mensaje que le mandaron al país, y por eso la repulsa, era que las dos estaban favoreciendo a Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Cuáles son los impedimentos de la ministra de Transporte. Uno temporal, el que vimos con la diapositiva que pasamos al principio. Ella violó la ley de impedimentos el 21 de diciembre de 2018, el 10 de enero y el 15 de julio de 2019. ¿Por qué? Porque estaba impedida para actuar en estos asuntos hasta el 19 de julio de 2019, y actuó entre el 7 de agosto y esa fecha por lo menos en tres ocasiones. ¿Y por qué? Porque, como vimos, R&O tenía entre sus clientes a los bancos del Grupo Aval. Entonces dice la ministra: “En su momento la página incluyó una lista de compañías que habían recibido los servicios”. Como aduciendo que fue en el pasado. Pero no, no fue en el pasado, porque la propia información de ellos muestra que es en el presente. Y además, después reconoció, aun cuando al principio lo había negado, que no solo fueron negocios con el Banco de Occidente, sino también con el Banco de Bogotá, a través de otro negocio de Marta Lucía Ramírez. No conocemos el monto, porque no tenemos capacidad investigativa para conocerlo.
Además creo que el negocio reconocido por la misma ministra de Transporte le da impedimento permanente. ¿Por qué? Porque es un negocio en el que le pagaron durante seis años, en pesos de hoy, casi 16 millones de pesos mensuales. ¿No genera impedimento que a alguien le paguen 16 millones de pesos mensuales durante seis años? ¿Eso le permite ser objetiva con el Grupo Aval? Por supuesto que no.
Hay otro punto también interesante. Si es verdad, aunque ella no lo prueba, que esos fueron negocios del pasado y no del presente, entonces aquí aparece otro impedimento, porque su compañía mintió al decir que entre sus clientes tenía al Grupo Aval, y mintió a sabiendas del Grupo Aval, y el Grupo Aval se lo toleró, y eso tipifica uso indebido de marca. El uso de las marcas hay que pagarlo, luego Luis Carlos Sarmiento Angulo le regaló a la ministra de Transporte no sé cuánta plata en todos estos años, si es verdad lo que ella dice que entre sus clientes ya no están estos bancos que acabamos de mencionar.
Todo este horror lo dirigió la vicepresidenta de la República, hay que mencionarlo. Duque la puso a presidir la Comisión Intersectorial de Proyectos de Infraestructura. Ella es la “supervisora funcional” del sector, es la superjefe y socia de la ministra de Transporte, como lo sabe todo el mundo. Y como si fuera poco, el gobierno puso a Camilo Gómez en la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, metido en todos estos asuntos e íntimo también de la vicepresidenta de la República. Luego la vicepresidenta también está impedida, como lo demostré en el debate de hace unas cuantas semanas.
Sin embargo, a hoy, la vicepresidenta ha actuado en siete de las concesiones de las diez que detenta Luis Carlos Sarmiento Angulo. Luis Carlos Sarmiento Angulo tiene ministra de Transporte y tiene vicepresidenta de la República, y a través de ella, también, una inmensa cercanía con el director de la Agencia Jurídica del Estado. Lo que estamos entonces reclamando es que se declaren impedidas, que no actúen.
Y hago una aclaración aquí a los colombianos. Declararse impedido no es un delito. ¿Por qué no se declaran impedidas? Se supone que no les importa que el Presidente Duque ponga a otro ministro a cumplir con esas funciones y que le quite esa carga a la vicepresidenta de la República. ¿O es que sí les importa, si les interesa estar al lado de los negocios de Luis Carlos Sarmiento Angulo? Si no les importa, no hagan esa función y mándenle un mensaje de tranquilidad al país, díganle a este país que no están actuando indebidamente, que es lo que puede estar sucediendo en este momento.
Concluyo diciendo que Marta Lucía Ramírez debe declararse impedida en todos estos casos. La ministra de Transporte debió renunciar y no lo hizo. Y el Senado debe aprobar la moción de censura para sacarla de ese cargo y que el Presidente de la República ponga a cualquier otro de sus ministros a atender estas funciones.
Aquí ha pasado en tres ocasiones algo a mi juicio muy grave. Ella ha hablado aquí tres veces de este asunto, esta será la cuarta. Y en las tres ocasiones, ahí circula el video, les ha recordado a sus senadores que ella los atiende muy bien en el Ministerio, que está en las regiones con ellos. O sea, pasándoles como la cuenta de cobro de su cercanía con los senadores. Yo me pregunto, esos senadores que tienen tantas cercanías con ellas ¿se van a declarar impedidos o no se van a declarar impedidos? Hago la pregunta, porque es ella la que les recuerda en tres ocasiones su cercanía.
Senadores, termino diciéndoles, no se sometan a la mermelada, les digo a las mayorías del Congreso, no le acepten al gobierno nacional este tipo de manipulaciones, no repitan la historia de Alberto Carrasquilla y de Néstor Humberto Martínez, que fue bochornosa. Después de que aquí se absolvió a Carrasquilla, la Contraloría General de la República me dio la razón en un informe de mil páginas sobre todo lo que habíamos dicho. El caso de Néstor Humberto Martínez también lo falló la opinión pública, le tocó irse de su cargo. Entonces les hago un llamado cordial a que no vayan a darle una indebida protección a la ministra de Transporte.
Colombianos y colombianas, miren ustedes que no es fácil adelantar estas cosas en el Congreso de la República. Sin embargo, tengo un convencimiento. Todas las corrupciones, las duras y las blandas, las abiertas y las solapadas, todos los favoritismos, ese capitalismo de amigotes, deben desaparecer en Colombia. Es absolutamente intolerable que el premio gordo de quien llega a la jefatura del Estado es poder manejar los grandes negocios de acuerdo, más o menos, a cómo se le antoje, justo el fenómeno al que estamos asistiendo. Y decirles también que todas las corrupciones pueden ser derrotadas, pero eso necesita del concurso de toda la ciudadanía.
