Años de lucha del senador Robledo y de la movilización ciudadana denunciando la corrupción del ex fiscal Martínez lograron sacarlo de la Fiscalía. ¡Un avance en la lucha contra la corrupción!
Hay una gran alegría entre los colombianos. Porque el Fiscal Martínez salió del cargo por la lucha anticorrupción del país y no, como dicen él y sus corifeos, como un sacrificio suyo en defensa de la justicia. ¡El conocido de autos Martínez Neira haciendo sacrificios personales y en defensa de la legalidad! ¡Son capaces de decir cualquier cosa! Porque lo que hizo fue, con su conocido estilo de enredar y mentir, tirar una cortina de humo para tapar que su salida empezó por sus aborrecibles conductas en la podredumbre de la Ruta del Sol II (Odebrecht-Grupo Aval), aún antes de estallar el escándalo, actos execrables que le llenaron de plata los bolsillos. Y eso que no se conocían las gravísimas denuncias del Fiscal Ad Hoc, Leonardo Espinosa, quien acaba de confirmar que Martínez manejó la Fiscalía al servicio del tapen-tapen, dándonos la razón a quienes desenmascaramos sus andanzas.
Martínez también utilizó ese pretexto para zafarse de la Fiscalía porque así lograría el aplauso de Iván Duque y de la clase política del Centro Democrático, pacto que venían cultivando desde cuando pasó de ser santista y apoyar el proceso de paz a volverse uribista y atacarlo. La voltereta le ganó el apoyo del sector que nunca se ha atrevido a respaldarlo de frente para no suicidarse políticamente y que ahora repite el método esgrimido en el tercer debate en el senado sobre Odebrecht-Grupo Aval-Fiscal Martínez, cuando, astutos, impusieron el cambio del tema en discusión y le alargaron unos meses su estadía en el cargo.
Muy descompuesto tiene que estar un país para tolerar que los jefes de Estado y sus altos escuderos, con todo cinismo, promuevan fiscales a cambio de protegerse mutuamente, incluso en casos de corrupción como este, en el que se pagaron cien mil millones de pesos de sobornos en los gobiernos de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos. Y los mismos altos ejecutivos de Odebrecht confesaron haber financiado –como coimas, no como simples aportes a las campañas– las candidaturas a la Presidencia de Santos-Vargas y Zuluaga-Trujillo, acusaciones que, como era de esperarse, el Fiscal Martínez nunca investigó de verdad, no resultara que se distanciara de sus conmilitones políticos y sus fiscales se toparan con él en persona entre los autores de las ilegalidades.
En la renuncia del Fiscal Martínez, que no veía la hora de salirse de la sartén en la que lo fritaban sus repulsivas conductas y la indignación ciudadana, contaron otras situaciones. La primera, que el Juez que condenó a José Elías Melo a casi doce años de cárcel por soborno, en el mismo auto le exigió a la Fiscalía abrirle investigación al jefe y propietario de Corficolombiana-Aval, el hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, con lo que Martínez quedó ante la disyuntiva, o de no acatar lo ordenado y desnudarse como encubridor, o indagarlo, arriesgándose a ser castigado por quien lo enriqueció, incluso con el negocio con Odebrecht. Y también lo debió y lo debe de tener nervioso que la Comisión de Acusaciones empapelara al ex fiscal Montealegre por Luis Gustavo Moreno, porque ello la obliga a sindicar también a Martínez, tan cercano a Moreno que lo nombró como su fiscal principal.
Las denuncias del Fiscal Ad Hoc contra la Fiscalía de Martínez por Odebrecht y el Grupo Aval respaldan nuestras acusaciones. Se violaron las normas al archivarles el proceso a las ex ministras Parody y Álvarez. A varios de los procesados no se los acusó por lavado de activos, como también ocurrió con Melo. Tan mal tramitó la Fiscalía las denuncias, que la Interpol no pudo expedir las órdenes de captura contra los jefes de Odebrecht huídos. Y se tomaron decisiones que dificultaron analizar un proceso complejo que exigía acertar en la manera de abordarse. No fue de buena fe como Martínez orientó tan mal este caso. Al archivarles a las exministras, se protegió a sí mismo, porque él cometió las mismas ilegalidades de ellas. Al no acusar por lavado de activos entrabó que los acusados colaboraran con la justicia y protegió a los responsables principales del soborno, al igual que ocurrió al no capturar a los ejecutivos de Odebrecht. Y es obvio que al abordar mal la investigación promovió la impunidad, todo lo cual les ha servido a los de Odebrecht y el Grupo Aval y a Martínez.
Una prueba más de que el debate y la lucha democrática sí pueden producir efectos positivos, así promuevan una idea contraria los mismos que no quieren que nada cambie.
