Senador
Jorge Enrique Robledo
30 de julio de 2007
Cuando se tramitaba el Código de Minas (Ley 685 de 2001), que eliminó la asociación de los particulares con el Estado como aspecto fundamental de la política minera, se dijo que el Estado sería facilitador y fiscalizador del desarrollo de los proyectos. Sin que mediara prueba alguna sobre lo positivo de la decisión, se sometió el interés nacional al extranjero con la siguiente perla: es “la iniciativa privada la única fuerza capaz de generar el desarrollo minero del país”. (UPME, Plan Minero Visión 2019, pp. 13). Y hay que ver la actitud de alcahuetería y desvergüenza con las que las entidades públicas NO fiscalizan a los negociantes con los que tratan, a pesar de que a eso redujeron toda su gestión una vez entregadas las áreas de explotación.
Además, la Ley 685 igualó los derechos de los extranjeros con los de los nacionales, cosa evidentemente perniciosa, porque se sabe que los intereses de unos y otros no solo son diferentes, sino que pueden ser antagónicos, y porque impide que a las trasnacionales se les impongan requisitos de desempeño que favorezcan el interés nacional. Esta lógica perversa implica que no podrá respaldarse con normas diferenciales a la pequeña y mediana minería de los empresarios colombianos, y mucho menos la de los sectores artesanales.
Tal concepción, retardataria por definición, obliga a mirar con más cuidado los asuntos de la gran minería, que sueles se la de las trasnacionales, la única que se quiere sobreviva en el país, dentro de la lógica de hacer de Colombia una plutocracia y en beneficio de los extranjeros. No hay que oponerse por principios a que el capital foráneo invierta en Colombia, pero se cae de su peso que esos negocios tienen que ser positivos para el interés nacional para que puedan justificarse. “Negocios con el capital extranjero sí, pero no así”, dije en una audiencia en el Senado sobre la gran minería del carbón, en la que se denunció cómo las carboneras que operan en la Costa Atlántica imponen contratos tan leoninos que solo pueden explicarse porque los que los tramitaron en nombre de Colombia son idiotas, pusilánimes o corruptos, pues imponen condiciones económicas tremendamente desventajosas para la nación y las regiones, la sobre explotación de los trabajadores , incluso dañándoles su salud, el trato de parias a las poblaciones que tienen la desgracia de vivir sobre las vetas o en las cercanías de ellas y daños ambientales de envergadura regional. Los abusos llegan a tanto, que el pasado 8 de febrero, hartos de las ignominias de la Glencore y la Drummond, los habitantes de la Jagua de Ibirico, Cesar, realizaron un vigoroso par cívico, el mismo del que se burló Álvaro Uribe Vélez.
Se comprueba así la afirmación del premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, (dónde empiezan las comillas) quien dice que la inversión extranjera a menudo sólo florece merced a privilegios especiales arrancados a los Estados. (…) Privilegios [que] con frecuencia son el resultado de la corrupción, del soborno a funcionarios del Gobierno. La inversión extranjera directa solo llega al precio de socavar los procesos democráticos. Esto es particularmente cierto en las inversiones en minería, petróleo y otros recursos naturales, donde los extranjeros tienen un incentivo real para obtener concesiones a precios bajos.”[1]
En especial, ha generado escándalo el contrato con la empresa norteamericana Drummond, tanto por la manera como se suscribió como por la forma en que se ha aplicado. Para mencionar solo un aspecto, durante seis años y medio la empresa liquidó las regalías a partir del precio del carbón que se le antojó imponer. Apenas el 26 de mayo de 2007, dignó pagar 40 millones de dólares objeto de la reliquidación que durante tanto tiempo se negó a hacer, cosa que no impidió que en ese lapso un gobierno manumiso le concediera nuevos negocios, entre ellos la posibilidad de explotar hidrocarburos en la zona e iniciar el trámite para adjudicarle otras 42 mil hectáreas ricas en carbón. El Contralor resumió así lo ocurrido: “fue la empresa Drummond quien reportó su precio de venta y este se utilizó como referencia para el cálculo de las regalías, circunstancia que no corresponde a lo previsto contractualmente”. (…) A la empresa se le permitió reportar su precio, sin que así se haya pactado contractualmente. Lo anterior con la anuencia de la autoridad minera en contra de los intereses de la nación”. Las partes tenían treinta días para resolver el diferendo por medio de un dictamen pericial, pero, como lo anota el Contralor, “la autoridad minera prorrogó esos treinta días a seis y medio años, y jamás acudió al dictamen pericial pactado en grave detrimento de los intereses de la nación”. Y eso que entre las gabelas están exenciones tributarias que en IVA suman más de 250 mil millones de pesos y en menores impuestos a los combustibles, 93 mil millones[2].
Pero como la norma en Colombia es que cada vez que se sientan las trasnacionales con los funcionarios colombianos, pierde el país, en el otrosí que definió sobre la mencionada deuda de 40 millones de dólares –liquidación sobre la que todavía subsisten dudas en relación sobre las conveniencias nacionales–, Drummond sacó una nueva e insólita ventaja: allí se estableció que si el país le concede a otra trasnacional del carbón alguna gabela que no tenga la Drummond, también tendrá que, automáticamente, concedérsela a esta.
Entonces, si se quiere que los contratos de la gran minería le aporten de verdad al progreso nacional, lo primero es que se evalúen en detalle y públicamente cada una de sus partes, gestión que deben encabezar los organismos de control. Y mientras esos análisis no concluyan, a esas compañías no deben otorgárseles nuevos contratos. El colmo sería que se siguiera premiando a quienes están defraudando el interés nacional.
Es por estas realidades que el pasado 16 de julio se conformó en Valledupar el Centro de Estudios del Carbón y la Gran Minería, al que podrán vincularse gentes de todos los sectores políticos, sociales, académicos y gremiales, con el objeto de examinar a fondo las condiciones contractuales suscritas entre el Estado colombiano y las trasnacionales del carbón, el oro, el níquel y los hidrocarburos en todos los departamentos de Colombia. En los estudios del Centro, además de los aspectos económicos, merecerán especial atención las condiciones laborales y medioambientales prevalecientes tanto en el Corredor Minero de La Guajira y el Cesar, como en las demás zonas donde hay explotaciones. El Centro podrá hacer propuestas y reivindicará los intereses de la pequeña y mediana minerías nacionales.
[1] Stiglitz, Joseph E., El Malestar en la Globalización, Santillana Ediciones Generales, pp. 146 y 153.
[2] Análisis completo sobre contrato con Drummon en www.senadorrobledo.net
