Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 7 de noviembre de 2014.
Para llegar a las conclusiones de la Misión de Estudios para la Competitividad de la Caficultura, dirigida por Juan José Echavarría, no se necesitaba elaborar ese estudio. Esa plata se perdió. Porque sus propuestas son las mismas que han hecho siempre las trasnacionales y los exportadores privados del grano, en especial desde la década de 1990, cuando se impuso el libre comercio en el negocio cafetero global y llegó a la Presidencia César Gaviria, con el paquete de normas del Banco Mundial en el mismo sentido.
En efecto, la propuesta de la Misión contratada por el gobierno de Juan Manuel Santos se centra en acabar con la garantía de compra y con las exportaciones que los cultivadores de café hacen a través de las instituciones cafeteras, con el fin de aumentarles las ganancias comerciales, nacionales e internacionales, a los exportadores privados y a las trasnacionales para las que estos actúan como agentes de compras. Que no se equivoquen los caficultores que con tantas buenas razones defienden como un inamovible la garantía de compra que los diferencia del resto del agro: si las instituciones salen del comercio exterior y del acceso al crédito con el que este se apalanca, terminará por desaparecer la garantía de compra y los intermediarios harán con ellos lo que se les antoje. Mírense en el espejo de los otros productores del campo.
También prueba que el estudio sobraba el que su propuesta aparezca –con otras palabras pero en el mismo sentido– en el Artículo 2.17 del TLC con Estados Unidos (enlace 1), que señala que la actividad de los exportadores privados no puede restringirse y que los recursos públicos –en este caso del Fondo Nacional del Café– no pueden apalancar las exportaciones institucionales, otra manera de acabarlas y de dejar a los Juan Valdez de carne y hueso, incluidos los empresariales, sometidos a la férula de los intermediarios.
Si bien nadie podía esperar de Echavarría unas conclusiones que no se inspiraran en el más hirsuto neoliberalismo pro libre mercado –que de libre no tiene nada porque lo monopolizan las trasnacionales–, alguien sí pudo pensar que algo aportaría para la mejor comprensión de la grave crisis del café colombiano. Pero tampoco. Porque si las cifras y hechos que utiliza no llevan a concluir que los problemas se resolverán por la simpleza de acabar con las instituciones cafeteras y darles más gabelas a las trasnacionales, tampoco se usan para intentar comprender, realmente, las causas de la menor competitividad.
El estudio no valora que los principales costos de producción del café, que son muy altos, no los determinan los productores y que existen trabas estructurales que estos no pueden remover (salarios, insumos, combustibles, crédito, fletes, dólar, clima, topografía, tamaño de los cafetales), y tampoco propone soluciones. En su dogmatismo, le basta con responsabilizar de todo lo que falla a las instituciones porque en algo controlan a los exportadores privados y a las trasnacionales, pero no explica por qué cambiarán las trabas anotadas si se aplica su receta.
En las doscientas páginas tampoco se detienen en las gravísimas implicaciones sociales de abandonar a su suerte a 560 mil familias localizadas en las montañas andinas, casi todas ellas pobres y paupérrimas, de cuyos consumos y los empleos que generan viven unas quinientas poblaciones, que carecen de alternativa al café. Pero sí, con no poca irresponsabilidad, se van contra subsidios como el PIC y en general contra el respaldo del Estado a la economía cafetera, al tiempo en que, impávidos, proponen que se cultive robusta en la Altillanura, apalancado con recursos públicos.
La idea de lograr la mayor unidad en contra de que se les imponga a los cafeteros más libre comercio, es decir, más del mismo veneno que acaba al resto del agro, no significa que nada pueda modificarse en la institucionalidad del café, hoy vulnerable por los muchos errores de la cúpula de la Federación de Cafeteros. En términos de la transparencia y de brindar un ambiente democrático es mucho lo que puede hacerse. Y también deben removerse las normas de comercio exterior que nada le aportan a la garantía de compra y a la defensa de la calidad del café colombiano en el mercado mundial. Estos son temas, y otros más, que deben debatirse con seriedad y tranquilidad.
Enlace 1:
TLC Colombia – Estados Unidos
Capitulo Dos: Trato Nacional y acceso de mercancías al mercado.
Sección G: Agricultura
Artículo 2.17: Empresas Exportadoras del Estado
Las partes deberán trabajar juntas hacia un acuerdo en la OMC respecto de las empresas exportadoras del Estado, que:
- a) elimine restricciones al derecho de exportar
- b) elimine cualquier financiamiento especial otorgado directa o indirectamente a empresas comercializadoras estatales que exporten una parte significativa del total de exportaciones de una mercancía agrícola; y
- c) asegure mayor transparencia respecto a la operación y mantenimiento de las empresas exportadoras del Estado.
