Jorge Enrique Robledo Castillo
Contra la Corriente
Manizales, febrero 18 de 1996.
Quien no quiera convertirse en objeto útil de una de las dos partes en pugna, en la actual crisis política debe tener en cuenta, por lo menos, los siguientes puntos:
- Aunque haga demagogia en sentido contrario, Samper es tan neoliberal, aperturista y privatizador como el que más. Así su retórica sea diferente a la de Gaviria y Pastrana, los tres son -como dicen con tanta gracia los costeños- cucarachas del mismo calabazo.
- El narcotráfico es un delito que debe ser sancionado con toda severidad. Inclusive, en su persecución son permisibles los acuerdos internacionales, siempre y cuando esos convenios respeten de manera absoluta la soberanía nacional de Colombia.
- Llama la atención que no se persigan todas las formas de corrupción estatal y privada. ¨Por qué en Colombia se dice poco o nada del escándalo que sacude a Europa sobre los 25 mil millones de pesos en sobornos que pagaron alemanes y españoles para la adjudicación de las obras del metro de Medellín? ¿No llevan 20 años circulando por el sistema financiero los dineros del tráfico de drogas? ¿Y si ser n m s graves los aportes del narcotráfico a las campañas que los de las transnacionales? Quienes responsabilizan a la corrupción de los congresistas de todos los males del país, ¿por qué tratan como estadistas a esos mismos personajes cuando aprueban las leyes de apertura y privatización? ¿Y por qué no hicieron un ruido mayúsculo cuando la Constituyente aprobó la no extradición?
- Samper no está al borde de caerse porque hayan ingresado o no dineros del narcotráfico a su campaña. Su tragedia tiene origen en el calibre de los adversarios que agitan esas denuncias. Su suerte quedó definida cuando Clinton se demoró 45 días para enviarle la felicitación por su triunfo electoral y el fiscal y el gaviro-pastranismo arremetieron en su contra. Si algo resulta inaceptable es la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia. Y si algo resulta grotesco es que el gobierno del principal país consumidor de narcóticos y productor de marihuana pose de moralista.
- Si para imponer la Constituyente de la apertura y la privatización se violó flagrantemente la Constitución de 1886 y se cerró el Congreso -un golpe de Estado, lo llamó López Michelsen- ¿por qué no aspirar ahora a reemplazar un presidente y, de pronto, convocar a nuevas elecciones de Cámara y Senado que acomoden allí a los que, a pesar de sus esfuerzos, no han logrado acomodarse?
- La justicia debe ser democrática en su contenido y en su forma. De ahí que sean tan repudiables los “juicios” en los medios de comunicación, los fiscales, jueces y testigos encapuchados, las filtraciones de documentos bajo reserva legal, los privilegios y la credibilidad otorgada a delincuentes confesos porque cambiaron de bando y las medidas que, ante hechos iguales, absuelven a unos y condenan a otros. Absolutamente nada puede justificar las acciones judiciales orientadas desde afuera y convertidas en instrumentos de la controversia política.
- Lo que está hundiendo al agro y a la industria nacionales no es la crisis política, sino las concepciones neoliberales y las medidas aperturistas. Una vez concluya el presente espectáculo -y puede demorarse, porque ya Frechette anunció que hay que “moralizar” por décadas- la nación descubrirá que bajo su sombra se perdió un siglo de esfuerzos de los empresarios y los trabajadores colombianos.
- Y no sería extraño que este pasaje tragicómico de la historia nacional concluyera con acuerdos de “gobernabilidad” entre las cabezas de las partes enfrentadas, porque, al fin y al cabo, no existen contradicciones irreconciliables entre ellas.
