Por: Jorge Enrique Robledo/ @JERobledo
Sobre el caso Odebrecth-Grupo Aval-Fiscal Martínez, dice The Economist que el Fiscal “claramente no está en posición de llevar una investigación imparcial (…) ya que él mismo podría tener que responder” (Enlace 1). ¡Él mismo podría tener que responder en una investigación criminal! Esta gravísima aseveración no la hace el Polo sino una publicación inglesa de alta reputación en los centros de poder del mundo. Y Martínez no terminó en este descrédito porque exista una “conspiración” en su contra, como falazmente alega. No. Ahí llegó por sus propios y repudiables actos, los conocidos antes y los conocidos ahora.
Jorge Enrique Pizano dejó pruebas de sobra para demostrar que en el Consorcio Ruta del Sol II operó un acuerdo para robarse grandes sumas, la forma que usaron para financiar los sobornos por cien mil millones de pesos con los que consiguieron los contratos de las carreteras que explotaron (Enlace 2).
Apoyada en los numerosos documentos que aportó Pizano como auditor del Consorcio Ruta del Sol II en representación del Grupo Aval, la Superintendencia de Industria y Comercio (el delegado Jorge Enrique Sánchez) acusó ante la Fiscalía a Odebrecht y a Episol-Corficolombiana como asociados en las coimas. Según las pruebas, estas empresas del Grupo Aval desatendieron, “incluso de manera sistemática, las advertencias sobre irregularidades que les informaba” Pizano, al igual que se burlaron de la medida que este logró que se tomara para evitarlas, por lo que las pruebas “no dan cuenta de una supuesta condición de víctima de Episol y Corficolombiana, sino más bien resultan indicativas de que tales compañías conocieron, participaron y consintieron pagos de sobornos a través del retiro ilegal de recursos” (Enlace 3).
Las grabaciones demuestran que Néstor Humberto Martínez, antes de ser Fiscal, recibió de Jorge Enrique Pizano pruebas irrefutables sobre la corrupción de ejecutivos de Odebrecht y Episol-Corficolombiana en la Ruta del Sol II (Ver Noticias Uno, El Espectador), pruebas que Martínez se comprometió a entregarle a su jefe en el Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo, al tiempo que, violando la ley, se las ocultó a la Justicia. Y que Martínez miente cuando dice que no se conocía la gravedad de lo que le informaba Pizano lo comprueba este comentario suyo: “Es claro que es una coima ni la hijueputa”.
Que Néstor Humberto Martínez conociera desde agosto del 2015 la corrupción en la Ruta del Sol II significa que lo supo por lo menos un año antes de hacerse elegir Fiscal General, de donde salen unas acusaciones obvias que la Justicia no ha investigado: Martínez se hizo nombrar Fiscal para proteger y protegerse de las acusaciones de corrupción en la Ruta del Sol II que se sabía que venían, al igual que para cubrir a Juan Manuel Santos y a los demás dirigentes políticos a cuyas campañas electorales llegaron los sobornos.
También lo condenan sus conductas como Fiscal desde cuando estalló el escándalo. Porque lo primero que hizo fue montar el falso positivo de Navelena, con el que, con dolo, absolvió a Odebrecht y ocultó que en ese negocio actuaban Corficolombiana y el propio Martínez Neira, del que además se supo que también había sido contratista de la Ruta del Sol II. Y en incontables veces y con todo cinismo, ha ocultado, manipulado, tergiversado, engañado y mentido en su favor y en el de Sarmiento Angulo, con lo que su caso pasó de ser por violar sus impedimentos al de actuar con una lógica corrupta.
De ahí que haya que repudiar su más reciente engaño, que le respaldan Sarmiento Angulo e Iván Duque: que en vez de renunciar al cargo, le nombren un Fiscal Ad Hoc que lo reemplace en uno solo de los aspectos de la corrupción en la Ruta del Sol II, con lo que engañan al país, Martínez mantiene su gran poder para seguir intrigando y, por su fuero, se asegura su total impunidad de todo cuanto haya hecho y haga durante los cuatro años como Fiscal General.
Coletilla. El próximo martes, desde las 4 de la tarde, con Angélica Lozano y Gustavo Petro, haré mi tercer debate en el Senado sobre Odebrecht-Aval-Fiscal Martínez.
Bogotá, 23 de noviembre de 2018.
