Por Jorge Enrique Robledo @JERobledo
Si los propietarios de Uber –Goldman Sachs, Google Ventures, Microsoft, etc.– se salen con la suya, podrían montar el mayor negocio de la historia. Porque se proponen cobrarles a los taxistas –propietarios y conductores– hasta el exorbitante 30 por ciento por cada carrera en todas las ciudades del mundo. Si en solo Bogotá se dan 1.5 millones de carreras al día –a dos dólares promedio–, ¿tras cuánto van a escala global? Y con una inversión ridículamente pequeña frente a la magnitud de las ganancias. Uber engaña entonces cuando se presenta como economía “colaborativa” –sin ánimo de lucro–, como la que realizan los amigos que hacen una vaca para pagarse una fiesta o la gasolina del carro de uno de ellos.
La primera característica de Uber, en Colombia y en el mundo, es la de ser una “compañía que instiga a que se rompa la ley”, como dijo un tribunal alemán (http://bit.ly/1Rdj5HG). Porque instiga a que vehículos de servicio particular se usen como de servicio público (UberX) o que los públicos realicen actividades que rebasan sus autorizaciones legales (Uber blancos). La viveza de estos ultra poderosos azuzadores de la ilegalidad consistió en descubrir que la vieja “piratería” en el servicio de taxis –carros particulares usados como públicos–, que ocurría en muy pequeña escala por las trabas para contactar vehículos y pasajeros, podía lograrse en grande mediante el internet, haciéndole además muy complicado a las autoridades impedirla.
Uber viola las leyes colombianas de otras maneras cuando, así mienta al negarlo, sin permiso de las autoridades, actúa como empresa de transporte público porque autoriza vehículos, contrata conductores y fija tarifas y cuando usa una plataforma de comunicaciones en un negocio de taxis. También es ilegal que imponga una competencia desleal, dado que sus carros operan a costos menores que los de los taxis que sí cumplen las leyes, incluido contratar los seguros que protegen a los pasajeros, seguros que los vehículos de la trasnacional no pagan. Los directivos de Uber además están incursos, en flagrancia, en el delito de usurpación de funciones públicas –Artículo 425 del Código Penal–, porque solo las autoridades pueden establecer qué automotores pueden prestar servicios públicos y fijar las tarifas correspondientes. Y los actos de Uber no pueden generar derecho porque este no puede fundarse en la mala fe y la corrupción.
Demuestra las ilegalidades de Uber comparar sus actos con los requisitos que establece el proyecto de decreto del gobierno para poder prestar el servicio de taxis “de lujo”, que es el que se supone ofrece la trasnacional. También confirma la decisión contumaz de Uber de actuar por fuera de la ley el que se negara a acogerse a dicho decreto y que anunciara que promoverá en el Congreso el cambio de la legislación. ¡Cuánto repudio causó ver a Mike Shoemaker, el jefe de Uber en el país, de la mano del Presidente Santos y el Vicepresidente Vargas, notificando a los colombianos que su empresa seguirá violando la Constitución y las leyes! Para empeorar las cosas, debe saberse que desde hace meses el Ministerio del Transporte les pidió al Ministro de las TIC Molano y al Superintendente de Industria proceder contra las ilegalidades de Uber, sin que nada haya pasado (http://bit.ly/1lCOAkH)
De otra parte, es falso que Uber se proponga solucionar las fallas del servicio de taxis de Bogotá y del resto del país, por la simple razón de que más del 85 por ciento de los colombianos no posee tarjeta de crédito ni celular de alta gama y plan de datos. En cambio, lo que hace Uber –que también instiga a la “piratería” en el transporte de carga– agravará los problemas de la movilidad al aumentar los carros en circulación y reducir los ingresos de los taxis legales, porque ello, además de lesionar a esos propietarios y conductores, deteriorará el mantenimiento de los vehículos y la calidad del servicio.
Este es otro ejemplo de cómo lo que puede ser bueno para unos puede no serlo para todos. Porque los estudios de movilidad coinciden en que hay que reglamentarla o las ciudades irán al caos (http://bit.ly/1MV8YIz). Soy de los que creen que el servicio de taxis puede y debe mejorarse. Pero ello solo será posible a partir de criterios técnicos y del respeto de las normas y atendiendo las necesidades de los pasajeros y de los propietarios de los vehículos y los conductores. Tiene que ser mucha la descomposición para que empresas como las propietarias de Uber, con total impunidad, anden en la intentona de mala fe de lograr que se actúe contra las conveniencias ciudadanas y la ley en tantas partes.
Bogotá, 4 de diciembre de 2015.
