Jorge Enrique Robledo Castillo
Manizales, 29 de marzo de 2001.
Como en el resto del país, hasta hace unos años, en Manizales apenas entraban dos canales de televisión. Después, mediante parabólicas, asociaciones de vecinos les llevaron a miles de familias señales vía satélite, y apareció Cable Unión, empresa comercial con un cubrimiento menor. Poco a poco, la oferta creo el mercado de la televisión extranjera, pues ya quienes no la tenían sentían que algo les faltaba. El proceso se facilitó porque en la ciudad hay muchos barrios y zonas en las que, por falta de suficientes antenas repetidoras, los canales públicos no entran o lo hacen de manera deficiente y porque el servicio de las parabólicas sin ánimo de lucro se prestaba a un precio relativamente módico, del orden de cinco mil pesos mensuales por vivienda.
Entonces, Empresas Públicas de Medellín —que controla Emtelsa, la antigua telefónica de Manizales— montó EPM-TV y decidió convertir en un excelente negocio lo que era más un servicio del que disfrutaban los manizaleños de todos los sectores, incluidos los de los barrios populares. Así, se dio a la tarea de comprar las redes que pudiera y especialmente las que habían construido las comunidades mediante organizaciones sin ánimo de lucro, lo que hasta motivó reclamos de los afectados porque no les consultaron las ventas de sus propiedades. A paso seguido, y como era obvio, donde el mercado fue monopolizado por EPM-TV y Cable Unión las tarifas subieron a 18 mil pesos mensuales para los estratos 1, 2 y 3 y a 25 mil pesos para los demás, incrementos que hasta quintuplicaron los pagos. Si en la Comuna Cinco todavía hay tarifas de diez mil pesos fue porque esa comunidad, antigua propietaria de la comunitaria Satelco-Monteleón, protestó y porque reciben menos canales. Y se sabe que la tendencia es llevar las tarifas a niveles de cuarenta mil pesos y más ¿La explicación? Que hay que pagarle impuestos al gobierno nacional y regalías a las señales extranjeras codificadas, a lo que le suman la tesis de que “este es un negocio y no un servicio”, el cual, por lo demás, no tiene ningún control oficial.
Casualmente, en el mismo momento en que EPM-TV se abalanzaba sobre el mercado, el monopolio que controla los canales internacionales codificados les canceló las suscripciones a las tres organizaciones comunitarias que se negaron a vender sus redes, con lo que éstas quedaron en obvia desventaja, padeciendo, además, porque la Comisión Nacional de Televisión les ha puesto trabas para otorgarles su reconocimiento. Y a la hora de escribir estas líneas, avanza el proceso de Cable Unión de quedarse con la parabólica de los vecinos del barrio La Enea.
Como se sabe, cualquier monopolio privado que logre constituirse se aprovecha de esa condición para disparar sus ganancias, y más si, como sucede en este caso, el Estado no le controla las tarifas. Y este hecho, de por sí negativo, se agrava en Manizales, donde —hay que repetirlo— las señales públicas no entran en miles de televisores, con lo que pagar el cable al precio que sea más que una opción es una imposición. ¿Cómo justificar que para ver, por ejemplo, los noticieros colombianos haya que desembolsar hasta 300 mil pesos anuales? ¿Y quién es capaz de defender que esto se les imponga a los estratos uno, dos y tres? ¿No es una vergüenza que en el siglo XXI no entren en cada hogar de la capital de Caldas las señales públicas de la televisión, señales que no son realmente gratuitas porque las paga todo el mundo mediante las propagandas que emiten, y así no las pueda ver?
Resolver este problema —en especial urticante porque se trata de un medio que es casi la única distracción que tienen tantos manizaleños— exige tres avances: que la ciudadanía consiga algún tipo de control sobre las tarifas de la televisión por cable, que puedan seguir funcionando sin problemas los canales comunitarios y que el alcalde logre que el gobierno nacional ponga en Manizales cuantas antenas repetidoras sean necesarias para que todas las señales públicas entren perfectamente bien en cada vivienda de la ciudad o que tome la decisión de instalarlas por cuenta del municipio.
