Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 18 de noviembre de 2004.
Por varios motivos, el sistema tributario colombiano es uno de los menos democráticos del mundo. Porque el IVA representa cada vez más en el total de los impuestos (el 42 por ciento), y este es un gravamen tan dirigido contra los débiles que castiga hasta los indigentes. Por clasificar en renta la retención en la fuente que se les hace a los salarios de los trabajadores y a los tributos a las ganancias del capital, con lo que iguala lo inigualable y oculta que sobre los asalariados cae una parte inmensa de ese rubro (30 por ciento si se compara con todos los recaudos). Dado que el calificativo de “grandes contribuyentes” no se debe a que estos aporten mucho de su bolsillo al total de los impuestos (apenas el 11 por ciento), sino a que recogen y le transfieren al Estado bastante del IVA y las retenciones en la fuente que pagan otros. Y debido a que se les cobra la misma tasa impositiva a las utilidades de los capitales pequeños y medianos que a la de los monopolios y transnacionales, con lo que estos últimos pudieron bajar sus tributos y realizaron el truco de poner a los capitalistas menores a defenderlos cada vez que se habla de que paguen más los más tienen.
Esto en buena medida se explica porque, según José Antonio Ocampo, en “Colombia la tasa real de impuesto de renta sobre las utilidades está cercana al 20 por ciento”, bien lejos de la de 36 por ciento nominal con la que hace ruido el gobierno cuando se trata de favorecer a monopolios y trasnacionales.
Quien no entienda que no son lo mismo los impuestos que pagan los trabajadores –que los cancelan reduciendo los gastos en sus necesidades más elementales–, que los que afectan las utilidades del capital –que los paga acumulando más despacio–, no tiene ni la menor idea de lo que significa una estructura impositiva democrática. E igual le ocurre a quien no comprenda que los gravámenes al capital deben ser progresivos, es decir, que deben tener una escala de tasas de menor a mayor en función de su tamaño. Si es obvio que no son los mismos los efectos del IVA sobre un indigente que sobre un magnate, también es evidente que no afecta igual la misma tasa sobre la renta que paga una empresa monopolista que una que no lo es.
También hay que decir que los impuestos sobre el consumo y los salarios afectan negativamente el crecimiento económico del país, el empleo y los salarios, pues al reducirse la capacidad de compra de la gente bajan también las ventas de las empresas, problema que afecta más a las pequeñas y medianas que a las grandes.
En desarrollo de la lógica regresiva que se comenta, y haciéndole eco al conocido talante de su superior, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, amenazó a los congresistas: “Si tocan renta, no hay reforma tributaria”. De esta manera el gobierno insistió en una reforma tributaria con la que espera recaudar 1,77 billones de pesos, el 87 por ciento de los cuales recogería por el incremento del IVA y casi todo el resto, 177 mil millones, por impuestos a las que llama las “altas pensiones”, con lo que abrió el camino para gravar en el futuro a las restantes. El proyecto también incluye reducir el impuesto de renta al capital de 36 a 32 por ciento a partir del 2008, rebaja que la Contraloría General de la República calcula en 1,4 billones de pesos del 2004. Y ya acordó con el Fondo Monetario Internacional eliminarles el impuesto de remesas a las petroleras extranjeras que operan en el país. En conclusión: también en este tema, corazón grande para los menos y mano dura para los demás.
De otra parte, ningún sistema tributario, y menos el que se padece, logrará resolver los problemas fiscales del Estado colombiano ni generar con qué atender las obligaciones de este para con la gente si no crece en serio la economía nacional. Si bien el neoliberalismo impone una pésima distribución de la riqueza, más negativo incluso podría ser su efecto de arrebatarles a los países su capacidad para generarla, posibilidad que se hará menor sin terminara por imponerse el TLC.
Coletilla: con cada día que pasa se confirman las advertencias sobre el TLC. Ya el gobierno colombiano le acepto al de Estados Unidos convertir en base de la negociación los acuerdos leoninos que este les impuso a chilenos y centroamericanos. Y qué decir de unos negociadores que, ¡por un error, según dijeron!, entregaron las tímidas salvaguardas que debían defender a la industria y el agro de Colombia una vez eliminen los aranceles que los protegen.
