Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 18 de mayo de 2007.
Ante la cantidad de sucesos que agitan a Colombia, y la imposibilidad de comentarlos de uno en uno, otra vez toca recurrir a comentar varios temas en el mismo artículo, aunque no se puedan detallar.
Dicen mentiras quienes afirman que la ley de transferencias no recortará los recursos para educación, salud y saneamiento básico de las regiones. El propio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del 23 de mayo de 2006 dice que si a partir del 2009 se gira lo que hoy ordena la Constitución, se “atentaría contra la sostenibilidad de las finanzas de la administración central”. Y la otra teoría que se inventaron los parlamentarios uribistas para justificar un recorte que llegará a 49 billones de pesos tampoco es cierta. Sostienen que para el 2010 habrá cubrimiento universal en salud y educación. Pero esas son cuentas alegres. En ellas aparecen cinco millones de colombianos cubiertos por el régimen de salud que no lo están aunque aparezcan inscritos, pues no cotizan porque perdieron sus empleos o sus patrones no pagan las cuotas. Y en educación presentan como si estuvieran en el sistema educativo 3,8 millones de niños que se matriculan pero que no asisten a colegios y escuelas, en razón del conocido fenómeno de la deserción escolar de los hijos de las familias más pobres. Lo que faltaba en el país de las maravillas: ¡a recortar las partidas para los pobres, porque, alegan, les están dando demasiado!
Con razón se ha dicho que el Plan Nacional de Desarrollo lo que asegura es el subdesarrollo del país. Porque además de los artículos que se aprobaron para aceitar la votación en el Congreso e interesar a las clientelas en las próximas elecciones, ni siquiera se intenta paliar los efectos más perversos del modelo económico que se padece. Hace caso omiso de la gravedad de unos síntomas económicos que tienen prendidos, al mismo tiempo, los bombillos rojos de la revaluación, las importaciones, el gasto público, el desempleo, la tasa de interés y la inflación. Y aunque parezca mentira, nada prepara para lo que pueda pasar en Colombia si la economía estadounidense sigue a la baja, y eso que la cúpula uribista sabe que el crecimiento económico colombiano ha tenido en los factores externos su causa fundamental.
Aunque el gobierno intente ocultarlo, por dos razones se enredó el TLC en Estados Unidos. De manera unilateral, Washington decidió violar el acuerdo que le hizo al “socio” que despacha en la Casa de Nariño de que tramitaría en su Congreso, sin ningún cambio, el texto suscrito por los dos gobiernos el 22 de noviembre de 2006. Y las modificaciones para el beneficio estadounidense las definieron demócratas y republicanos sin siquiera consultarle a su “socio”, quien no se ha atrevido ni a rezongar. ¿Hay alguien dispuesto a apostar en contra de que el “socio” colombiano le dirá yes a cualquier cambio del Tratado? Pero ni así habrá, por lo menos en el corto plazo, TLC con Colombia. Porque el pacto entre los estadounidenses separa los tratados con Panamá y Perú del de Colombia, a cuyo “socio” le impondrán el mismo tratamiento que a los otros, más otras exigencias por paramilitarismo y parapolítica. Y el uribismo, burlándose del país, continúa, como si no hubieran cambiado las cosas, con el trámite en el Congreso de Colombia del texto de finales del año pasado. Con razón acaba de decir Daniel Samper Pizano: “desde los lejanos tiempos en que fuimos colonia española no vivíamos una situación de sometimiento ante un poder extranjero tan ignominiosa como la que hoy padecemos frente a Estados Unidos”.
¿Se necesitará que exista el Polo para que un extranjero se impresione por el siguiente cuadro? En el escándalo de la parapolítica, y sin ser exhaustivos, aparecen demasiados partidarios del Presidente Uribe. Con medida de aseguramiento: el jefe de su policía secreta (así por razones de forma ande suelto), trece congresistas, dos gobernadores y cinco alcaldes. Acusados de tratos con el paramilitarismo: el vicepresidente de la República, el ministro de Defensa, un ex ministro del Interior, el presidente de la Cámara de Representantes y el jefe de uno de los partidos de la coalición de gobierno. Y a esto súmesele la caída de doce generales de la policía un vez se supo que miembros de ese cuerpo le hacían grabaciones ilegales a muchos colombianos, luego de que el propio jefe del Estado se ufanara de hacerle “inteligencia militar y policiva” a congresistas de la oposición.
