Jorge Enrique Robledo Castillo
Manizales, 7 de Enero de 2001.
La brutal muerte de Orlando Sierra, articulista y Subdirector del diario La Patria, solo profundo e indignado repudio puede causar entre las gentes sensatas de Manizales, Caldas y Colombia. Primero, por su simple condición de ciudadano, pues bajo ninguna consideración puede aceptarse que se asesine a nadie. Y segundo, por su oficio de analista de la vida regional y nacional, actividad que desarrolló con la primera virtud que se requiere para ejercerla a cabalidad: un indudable valor civil para censurar o respaldar hechos y posiciones de acuerdo con su leal saber y entender.
Este crimen monstruoso en contra de quien nunca esgrimió más que su pluma en la defensa de sus puntos de vista, debe conducirnos a otra reflexión con la que sé Orlando estaba de acuerdo: la urgencia cada vez mayor de luchar porque en Colombia se convierta en una posición de principios de todos sus habitantes el repudio al atentando personal como mecanismo para resolver las contradicciones políticas, sociales y económicas, por agudas que éstas sean.
El mejor homenaje que podemos hacerle a Orlando Sierra es ganar el punto de vista de que nadie puede ejercer “justicia” por su propia mano, cualquiera sean las justificaciones que se aleguen para esos actos atroces.
***
Transcribo la carta abierta que, como profesor de la Universidad Nacional de Colombia, le dirigí a Francisco José Lloreda, ministro de Educación: “Con ésta le expreso mi rotundo y público rechazo al Decreto 2912 del 31 de diciembre de 2001, a propósito expedido a la sombra de las fiestas de fin de año, con los profesores y estudiantes en vacaciones, sin consultar con la comunidad universitaria y violando su autonomía.
Es evidente que esta reforma del Decreto 1444 de 1992 tiene un propósito fundamental: recortar nuevamente los aportes del Estado a la universidad pública, esta vez al disminuir los de por sí escasos estímulos a la producción académica de los profesores, quienes, como Usted tiene que saberlo, además laboramos en inadecuadas condiciones salariales y con un muy escaso respaldo a la investigación y generación de conocimiento, en razón del atraso del país y del precario presupuesto con que el Estado respalda la educación superior. Y también se sabe que esta norma se expide porque, según el Fondo Monetario Internacional y el gobierno, Colombia no puede gastarse en su progreso lo que debe dedicar a pagar la deuda externa, todo dentro de las concepciones neoliberales de privatizar la educación oficial.
Esta medida no sorprende a quienes conocemos el objetivo de las políticas de globalización que arruinan a Colombia. Se sabe que lo que buscan es liquidar toda o casi toda la producción nacional, la cual ha sido condenada a ser sustituida por los bienes importados y la actividad de los monopolios extranjeros que decidan instalar –con su ciencia y tecnologías– sus maquiladoras en el país, al tiempo en que también desarrollan una ofensiva para imponer una cultura –generalmente la peor– traída desde el extranjero, que no se nutra, o que lo haga en muy poca medida, de los aportes de los colombianos. Para el país de pacotilla que se quiere imponer, una educación de pacotilla, una ciencia de pacotilla, una tecnología de pacotilla y una cultura de pacotilla es la orientación neoliberal.
Sin importar con cuánta retórica adornen el Decreto 2912, y cuántos millones de pesos boten con ese fin, los colombianos saben que es justa la decisión de la comunidad universitaria de ofrecerle resistencia civil a este nuevo atropello neoliberal”.
Coletilla: el gobierno prepara la reforma de la Ley 30, sobre educación superior, a partir de las orientaciones del Banco Mundial. Sin duda, llegó la hora de la arremetida neoliberal en contra de la universidad pública.
