Análisis de lo que ocurrió y de sus causas. ¿Un problema de ovejas descarriadas o de fallas institucionales? Propuesta para que esto no vuelva a suceder.
Senador Jorge Enrique Robledo
Enlace al video: https://www.youtube.com/watch?v=ex2SpHg3ktA&feature=youtu.be 37 minutos
Mis agradecimientos al concejal Manuel Sarmiento, con quien vamos a estar más adelante en este programa. Empiezo expresando mis condolencias a las familias de las personas asesinadas esta semana en Bogotá, mis condolencias a sus padres, hermanos, señoras, hijos, familiares y amigos.
Insistir en que esos hechos no debieron haber ocurrido ni deben volver a ocurrir. En buena medida, este programa apunta a ver cómo logramos que hechos tan lamentables no vuelvan a suceder en Bogotá ni en ninguna parte. Para lograrlo necesitamos hacer un análisis de fondo de lo que sucedió para encontrar no solo las causas inmediatas, sino las causas últimas, sobre las que me voy a detener al final de esta intervención, y para propiciar algo que estaba planteando Claudia López y que estamos planteando también muchos colombianos, la necesidad de hacer una reestructuración, un cambio de fondo en la Policía Nacional.
El asunto es más complicado que el simple hecho de que unos policías o unos simples patrulleros hayan asumido unas decisiones que no han debido asumir. Aquí hay problemas que están detrás. No es sólo un problema de ovejas descarriadas. Hay de por medio otras causas que tenemos que mirar de fondo si queremos evitar que hechos tan lamentables vuelvan a suceder.
Aunque no es fácil, pensamos que es factible un Pacto Nacional. Desde luego, no se trata de ponernos de acuerdo en todo, sino, para estos efectos, en tres ideas que son posibles de lograr. La primera, la protesta social como un derecho democrático, constitucional, que debe ser respetado. No puede verse a los que protestan como enemigos de la sociedad ni como personas que deben ser satanizadas y criminalizadas.
En segundo término, ¿cuál debe ser la actitud del Estado frente a quienes reclaman? El que la Policía tenga derecho a usar la fuerza no la faculta para utilizarla de cualquier manera y particularmente no se le puede autorizar el exceso de fuerza, que fue en últimas lo que terminó sucediendo en Bogotá, donde se terminó disparando contra la ciudadanía, donde muchos policías, no todos, pero sí muchos policías dispararon contra la ciudadanía.
Y en tercer término, que guarda relación con el problema de fondo, qué cambios hay que hacer en la Policía para lograr soluciones adecuadas, en bien de los colombianos y en bien de la institución y de los propios derechos y responsabilidades de los policías, y me refiero al patrullero raso, a quien está en la base de la pirámide y que, en cierto sentido, también puede resultar víctima de las malas orientaciones.
Establezcamos primero cuáles son los hechos, cuál es la realidad de los dolorosos hechos sucedidos en Bogotá. El miércoles pasado, dos patrulleros de la Policía, lo vimos todos en el video, se ensañaron en el ciudadano Javier Ordóñez, quién estaba terminando sus estudios de derecho, y vimos cómo lo agredieron de una manera terrible, desproporcionada, con unas pistolas de choques eléctricos, en un evidente exceso de fuerza, cuando él, Javier Ordóñez, estaba vencido, no representaba una amenaza para nadie, mucho menos para los policías. Después se supo otro hecho agravante. El ciudadano fue llevado hasta el CAI de la zona, y allí fue sometido a una agresión violenta por parte de los mismos policías, con los demás agentes del CAI observando. Lo que revela el informe de Medicina Legal es que le fracturaron el cráneo hasta matarlo. Estamos hablando de un hecho de una barbarie inaudita sobre una persona, insisto, que no era amenaza para nadie en ese momento.
La Justicia tendrá que terminar estableciendo la realidad, pero hay algo que sí es evidente, hubo exceso de fuerza. Me quiero detener en este concepto. En el ordenamiento jurídico colombiano, la Policía está facultada para portar armas y utilizarlas, pero hay quienes piensan que los agentes pueden hacer con ellas lo que quieran. Y no es así. Las propias normas establecen que las armas solo se pueden utilizar en ciertas circunstancias y en forma proporcional al riesgo al que están siendo sometidos los agentes. Las armas no se deben esgrimir ni usar para empeorar el problema, sino para resolverlo. El uso de la fuerza tiene mucho que ver con la amenaza a la que se enfrenta el patrullero y cómo va a hacer para neutralizarla. Y exige proporcionalidad, de forma tal que al final el conjunto de la sociedad sufra las menores pérdidas.
Siempre hay que a partir de una idea: la policía no es un cuerpo militar ni un cuerpo de guerra, sino un cuerpo civil, que no puede ver a los ciudadanos, así estén infringiendo la ley, como enemigos a los que hay que aplicar todo el poder y toda la fuerza. Así los ciudadanos estén actuando de manera equivocada o indeseable o incluso delictiva, la Policía está obligada a comportarse con la lógica con que procede un cuerpo civil.
Ante los hechos ocurridos se levantó un inmenso clamor nacional de indignación, porque hay un hecho tecnológico nuevo, los teléfonos celulares. Muchos acontecimientos que antes se quedaban ocultos o no se conocían en detalle, hoy conseguimos verlos en segundos y llegan a millones. Quienes vimos la agresión contra Javier Ordoñez quedamos profundamente ofendidos, porque no ha debido pasar, y menos si quienes la cometieron están obligados como deber misional a promover la defensa de la Constitución y las leyes.
La indignación que desató el asesinato se sumó a otra serie de grandes descontentos, de irritaciones acumuladas, en buena medida manifiestas en el paro del 21 de noviembre del año pasado. Porque la verdad es que las condiciones de vida de los colombianos son tremendamente duras, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Hay desempleo, pobreza, falta de educación, falta de salud. Y agreguémosle otros hecho que también nos ofendió mucho a los colombianos, la muerte del joven Dylan Cruz, también víctima de un exceso de fuerza, víctima de un arma letal que no debería utilizar el Esmad bajo ninguna condición, porque es capaz de matar. Y si el Esmad no es un destacamento de guerra, sino una fuerza para restablecer el orden de las relaciones civiles entre la sociedad, por supuesto que ese tipo de armas ni siquiera debería portarse. En los días de la lamentable muerte de Dylan Cruz le envié una carta al ministro Defensa diciéndole que es un error grave que el Estado dé a los policías ese tipo de armas, porque sólo pueden terminar mal para los ciudadanos, para el propio policía que las dispara y por supuesto para la institucionalidad.
El reclamo de estos días tiene también origen en otra circunstancia, porque con la pandemia, de marzo a la fecha, las condiciones de vida y los ingresos los colombianos se han empeorado. De entrada, el desempleo más que se dobló, y la pobreza, el hambre, el sufrimiento, están llegando a cotas realmente fuera de proporciones, no solo por la pésima situación de la economía nacional, sino también por el mal gobierno del presidente Iván Duque. Todo eso fue lo que se expresó en las protestas de estos días.
Me permito invitar a quienes se niegan a entender el fondo del problema y creen que todo nace de una conspiración, de unas manos tenebrosas, a que piensen en la sed con la que otros beben. No todos en Colombia sufrimos como sufren tantos millones de compatriotas, y los que no estamos en esas circunstancias difíciles debemos hacer esfuerzos por entender lo que sienten los demás. Lo digo para que se entienda por fin que una de las bases del sistema democrático es el derecho a reclamar, el reclamo como un derecho ciudadano, no como un crimen ni como un delito ni como algo siniestro fraguado en la oscuridad por personas de mala fe, sino una actividad lícita que los ciudadanos ejercen de acuerdo con la Constitución y con las leyes de la República de Colombia. En cualquier país democrático, la ciudadanía tiene el derecho a expresar su descontento. Debemos entender que sin el cabal ejercicio de este derecho no hay democracia. Es falaz hablar de democracia si a la gente se le niega el derecho a reclamar. Y no es solo un punto de vista nacional, sino de todos los países del mundo que lo consagran.
A quienes creen que reclamar no vale la pena, que la lucha social no vale la pena, les quiero recordar que todo lo positivo que ha conquistado la humanidad en sus relaciones sociales partió de una protesta, de alguien que en algún momento expresó su desacuerdo y libró una lucha civil y política y de distintos tipos hasta que se logró que se transformara la sociedad. Si no hubiera sido así, es probable que todavía en el siglo XXI estuviéramos tirando la gente a los leones en razón de sus concepciones religiosas o marcando con hierros al rojo a las personas por el color de su piel. Sin estas luchas, seguramente tampoco tendríamos hoy los avances en materia de derechos de la mujer, durante milenios tratadas como animales de pelo largo y corta inteligencia, razón por la cual las leyes permitían hasta asesinarlas. Acuérdense de que hasta hace poco el Código Penal colombiano permitía el feminicidio cuando se presentaban contradicciones de la mujer con el esposo. Son las luchas las que han producido una serie de modificaciones positivas en la sociedad.
Veamos ahora los detalles de las protestas del miércoles y el jueves. El primer gran hecho ya establecido y sobre el cual no hay duda es que, contando a Javier Ordóñez, hubo diez muertos entre Bogotá y Soacha, Ordóñez, asesinado en terribles condiciones, y otros nueve muertos a bala. Y hubo además 58 heridos de bala. En total cerca de 70 personas muertas o heridas a bala. De entrada me hago una pregunta: ¿cuántos disparos hubo? Porque para que haya 70, entre muertos y heridos a bala, tuvo que haber 200, 300, 400. ¿Cuántos y cuánta gente estuvo disparando? No estamos hablando de hechos insulares, sino de algo de una mayor complejidad y magnitud.
Se ha establecido también, con pruebas suficientes, Claudia López las ha mostrado y todos las vimos en nuestros teléfonos y en las pantallas de nuestros computadores, que hubo muchísimos policías disparando, no todos, es cierto, pero sí muchos policías disparando. Y no deberían haberlo hecho, porque si nos basamos en lo que se conoce, ninguno de ellos estaba en ese momento en eminente peligro. Ahí también lo que hubo fundamentalmente fue el exceso de fuerza como norma, como criterio general, porque, repito, no tenían sus vidas en peligro.
Hubo también numerosos agentes, también registrados, a quienes vimos dañando edificaciones y rompiendo vidrios con el propósito obvio de echarles la culpa a quienes estaban reclamando. Y a otros ensañados contra ciudadanos ya capturados y en estado de indefensión, una conducta no autorizada ni por la Constitución ni por las leyes.
Surge entonces la discusión. ¿Es un problema de ovejas descarriadas, de manzanas podridas, dentro de la Institución, como quiere hacerlo ver el gobierno? Pues bien, hay otros que pensamos que no. La parte gravísima del asunto no es que haya una situación excepcional, sino que hay algo grave dentro de la Institución, que lleva a que asuntos tan complicados y tan graves tienden a generalizarse. Aquí un problema de fondo, de corte estructural. Es un punto clave del debate.
Y el segundo hecho que no se puede dejar de mencionar, porque es lamentable, es que también hubo protestas que cayeron en el exceso y en la destrucción de la propiedad pública y privada, actos de vandalismo que yo no comparto bajo ninguna razón. Siempre he sido respetuoso del derecho democrático a reclamar, lo respaldo, lo ejerzo. Yo salgo a la calle, como es sabido. Pero siempre he insistido en que los reclamos deben ser pacíficos, no violentos, ni terminar en la destrucción de la propiedad pública y privada.
Las razones por las que no comparto los excesos ni la destrucción de la propiedad pública y privada son de fondo y sencillas de entender. La primera es que con ellos nadie gana. ¿Quién gana con la destrucción de un Transmilenio? De alguna manera la sociedad va a tener que reponerlo de su bolsillo, y lo pongo como un ejemplo. Y lo mismo sucede con la destrucción de bienes privados. De alguna manera la sociedad será obligada a reponerlos a un costo para todos. Pero además, las molestias y las incomodidades que les causa a decenas de miles de ciudadanos que enfrentaron gravísimas dificultades para volver a sus hogares cuando quedaron destruidas estaciones y vehículos. Nadie puede alegar que quiere mucho a las gentes sencillas y estar a favor de que Colombia mejore y al mismo tiempo producirles ese sufrimiento a los compatriotas que dicen defender.
Y estoy en desacuerdo, en segundo término, porque deslegitima los reclamos. Quienes no quieren que las cosas cambien se pegan de este tipo de actuaciones para desviar la atención y negar que aquí sí hay causas para reclamar y cosas que deben cambiar. Tampoco por esta última consideración uno puede estar de acuerdo con los actos vandálicos.
Pero que sucedan tampoco puede justificar el exceso de la fuerza por parte de la Policía ni justificar de ninguna manera, es un despropósito, que se dispare contra la ciudadanía y que presenciemos un número de muertos y heridos tan excesivo. Los excesos, que, repito, rechazo, no se pueden utilizar como pretexto para justificar la actuación de la Policía, que también estamos rechazando.
Ni tampoco como pretexto para aducir que aquí no hay nada que cambiar y que todo está muy bien, que lo que pasa es que unos cuantos agentes no cumplieron con las orientaciones y que la culpa es solo de ellos, y así, casi que terminan funcionando como chivos expiatorios, sometidos a las acciones de la justicia. No. Aquí las cosas son bastante más complicadas. Ahora, no lo decimos solo nosotros, quienes estamos en la lucha política. El Procurador General de la Nación ha hecho un llamado al gobierno nacional a entender la gravedad de lo que está pasando y llamando también a hacer modificaciones.
¿Cómo son las responsabilidades políticas? Las hay legales y judiciales, y las hay políticas. Es notorio cómo los amigos del presidente Duque se han ensañado con Claudia López para culpabilizarla de lo ocurrido, algo que es de una desproporción y de un sectarismo político realmente inaudito. El caballito de batalla que han montado es que como los alcaldes son los jefes de la Policía, entonces Claudia López tiene la culpa de lo que pasa. También responsabilizan al alcalde de Cartagena o al de Villavicencio o al de Bucaramanga, que también han reclamado, alcaldes que en situaciones semejantes a las de Claudia han llamado al Estado y al gobierno nacional a que se le respete a la ciudadanía su derecho a reclamar y se le brinden las garantías necesarias.
Si en algo es injusto y sectario el ataque a Claudia López, es en este tema específico. Porque quien haya conocido la historia de Bogotá tendrá que recordar que nunca en la historia de la capital había habido un alcalde, en este caso una alcaldesa, que se apersonara tanto del problema, un problema que ha estado presente en todas las alcaldías, porque en todas ha habido reclamos ciudadanos y malas actuaciones de la Policía. Pues bien, desde el primer día, Claudia López, habiendo podido delegar una función tan compleja y tan difícil de manejar, la asumió en forma personal, con la seriedad con que ella asume siempre sus deberes. Y no sólo hizo invocaciones generales, sino que entró al detalle y tiró la línea.
Como candidata y una vez posesionada, Claudia López fijó en forma expresa su posición, un precedente importantísimo, porque mide el talante democrático de una persona. Dijo: “Las protestas sociales son actos que tienen una legitimidad para presentarse, son legales porque están amparados por la Constitución y la ley, y son respetables”. Quien ejerce su derecho a reclamar no se convierte en un ciudadano inferior. Otros pueden no ejercerlo. Pero a quienes lo ejercen no hay por qué estigmatizarlos.
También dejó Claudia establecido desde el primer día que la Policía es un cuerpo civil y que buena parte de su trabajo radica en garantizar no solo que los reclamos puedan darse, sino también que sean atendidos con criterio democrático. Que el patrullero no vea al ciudadano que reclama como al enemigo al que hay que aplastar.
Y fue clara en sentar una posición que tal vez no sea popular entre algunos sectores minoritarios, y es que quienes reclamamos también tenemos unos deberes. Hablo del reclamo y de la lucha y de la movilización democrática, pacífica y sin violencia y civilizada, un planteamiento que ha hecho Claudia todo el tiempo. También yo creo que todos debemos ser responsables. Se equivocan quienes creen que los reclamos, para que valgan la pena, han de terminar en batallas campales con la Policía. Yo no lo entiendo así, nosotros no lo entendemos así, Claudia López no lo entiende así y lo dijo desde el principio. En síntesis, ella cubrió todos los espectros que una alcaldesa había de atender como criterio político para hacer las cosas bien en un campo, repito, bien complicado.
Pero además, cuando se presentaron los hechos, nadie vio a Claudia López salir corriendo o desentendiéndose. No asumió la actitud del Presidente de la República. No. Así como es ella, y todos sabemos cómo es. De entrada rechazó que la Policía hubiera disparado, rechazó que hubiera muertos, en una jornada en la que no tenía por qué haberlos. Dio las pruebas, se las ha mostrado al Presidente de la República, detallando que el comportamiento de la Policía no es una calumnia de la oposición. Rechazó con todo rigor y seriedad que la Policía hubiera desacatado las órdenes que ella había dado. Porque si ella es la jefa de la Policía, sus órdenes tienen que cumplirse, lo que por supuesto no sucedió. Rechazó también la destrucción de la propiedad pública y privada. Rechazó incluso la violencia ejercida contra los patrulleros. Acompañó a las familias, rechazó el vandalismo y llamó al Procurador General de la Nación a que ejerciera su control preferente en la investigación. Decir que Claudia López no cumplió es una falsedad, un acto de sectarismo absurdo. No es así como se deben adelantar las controversias.
Pero además, dio un paso más allá. Le propuso rápidamente al Presidente de la República que él mismo asumiera el análisis con todo el cuidado de los hechos y promoviera una reestructuración de la Policía. Porque aquí hay hechos que nos dicen que hay mucho por corregir. Y planteó que se investigara. Entonces, responsabilizar a Claudia es un absurdo. Es que los policías que dispararon lo hicieron en contra de las órdenes de Claudia, obvio.
Por qué no cumplieron sus órdenes. Quiénes son los responsables de que las órdenes no se cumplieran. Qué pasó con la línea de mando en la Policía. Por qué quienes recibieron las órdenes no las transmitieron adecuada y correctamente y tampoco tuvieron éxito en que esas órdenes se cumplieran, como resultó evidente. Esas son las realidades, pero no le pueden achacar a Claudia López.
Qué pasó con la línea de mando. Porque claro, las normas establecen que los jefes de la Policía en los municipios son los alcaldes. Pero también hay una línea de mando que arranca en el policía de menor nivel de mando en la Institución, que va subiendo y subiendo y pasa por el ministro de Defensa y llega al propio Presidente de la República. Qué fue entonces lo que pasó, dónde se produjo el cortocircuito que se presentó entre la orden emitida por la alcaldesa y la conducta violenta de la institucionalidad.
La actitud del gobierno nacional fue realmente lamentable, como si Duque no se hubiera dado cuenta de nada, como si no estuviera pasado nada. El presidente Duque sale más bien tarde, y ve el caso de Ordóñez como una situación dolorosa más. No, no fue una situación dolorosa más lo que le ocurrió. Fue un acto atroz que nos puso los pelos de punta a todos los colombianos. Y apenas el viernes salió a pedir perdón el ministro de Defensa, que es la línea de mando directa hasta el último policía. Duque es el jefe máximo y Carlos Holmes Trujillo es el segundo a bordo, y apenas el viernes pidió perdón, una petición absolutamente destemplada, como por no dejar: “La Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución”. Como si estuviéramos abordando un problema menor, como una especie de lavadita de manos y nada más.
Estoy convencido de que quienes están en el poder no entienden lo que sucede en el país. Hay un video que recorre las redes y en el que aparece un funcionario de muy alto nivel de la Casa de Nariño, asesor cercano al Presidente Duque, proponiendo crear un protestódromo, es el nombre que se inventó, parece un chiste pero no lo es. Es ridículo, pero el personaje lo dice en serio, una prueba de que no entiende nada y de que le importan un pepino los reclamos de la gente y los cambios democráticos que necesita el país. ¿Saben qué es un protestódromo? Como una especie de estadio para 50 mil personas y que todo el que quiera protestar se meta allá para no molestar a nadie y pintar por dentro sus grafitis, incluso darle golpes con un garrote a una figura del presidente la República, pero allá donde no perturbe a nadie.
Inaudito. Qué les ronda en la cabeza a estos personajes, en qué mundo viven. Pretender convertir el reclamo democrático y ciudadano garantizado por la Constitución en una burla, en una farsa, es no comprender los avances inmensos que los reclamos democráticos le han traído a la Humanidad. Si no entienden algo tan simple y son capaces de proponer salidas tan absurdas, por supuesto que es bien difícil que entiendan otras cosas.
Qué hacer, porque al final este es el punto central. Los hechos no se deben repetir. El país tiene que salirse de esta vorágine de la violencia. No hay muertos buenos, ni regulares ni malos, no hay asesinatos buenos ni regulares ni malos, ni el de las diez víctimas caídas en Bogotá y Soacha, ni en el de los líderes sociales ni en los de los campesinos ni en los de los indígenas ni en los de los empresarios. No. Nadie debe ser muerto en Colombia en circunstancias como estas o de otro tipo.
Qué hacer. En primer término, ya lo está haciendo Claudia López muy bien, atender a las familias y rodearlas, porque hoy están sufriendo de muchas maneras por sus seres queridos, por la gente más cercana que perdieron. Hay que investigar y establecer la verdad, ir al fondo de los asuntos, hay que saber lo que pasó, quiénes, cómo, cuándo, dónde. Y de ahí tendrán que derivarse las sanciones respectivas de acuerdo con el ordenamiento jurídico, con todos los derechos de quienes resulten incriminados, porque ellos también gozan de derechos y hay que respetárselos adecuadamente.
Me detengo en un punto central. Hay que reestructurar a la Policía. La institución necesita cambios importantes. La Policía colombiana adolece de un problema histórico. Como Colombia ha padecido medio siglo de una violencia atroz, que no arregló nada y lo empeoró todo, la Policía terminó convirtiéndose en una institución muy militarizada, muy armada, muy confrontada militarmente, con muchos muertos entre sus filas. Es una realidad que crea incomprensiones y da pie a malas decisiones. Ahora Manuel Sarmiento nos va hablar del punto, pero aquí hay inclusive contradicciones en el ordenamiento jurídico entre lo que pasa y las normas constitucionales.
Qué pretendemos decir cuando afirmamos que la Policía es un cuerpo civil. Es lo primero que hay que dejar establecido y con absoluta coherencia. En la mayoría de los países la Policía no depende del Ministerio de Defensa, sino del Ministerio del Interior. Porque su vocación no es la de la guerra, sino la de resolver los conflictos, ojalá sin apelar a la fuerza.
Por qué tantos policías actuaron así. No me vengan con la fácil, la de echarle la culpa a la actuación de un oficial o un policía. Claro, hay responsabilidades individuales, pero qué pasó realmente ahí. Fui profesor toda mi vida y creo en el poder de la docencia y de la educación y de que las cosas se expliquen y se entiendan bien. Soy un convencido de que por dentro debe haber muchos problemas. Y cuando hablamos de reestructuración, también estamos hablando de que deber haber estudios analíticos para detectar las causas. No se trata de hacer cualquier cosa por cumplir. Se trata de hacer una reforma bien organizada.
Se pregunta uno, ¿se debería revisar con cuidado cuál es la formación que se está impartiendo en las Escuelas de Policía, tanto en las de oficiales como en los llamados niveles inferiores, de los que antes se llamaban agentes y ahora patrulleros, subintendentes, intendentes y demás rangos. Cómo los están educando, qué tipo de instrucción reciben. ¿Si se les inculca de verdad que la protesta es un derecho democrático, sí se les inculca de verdad que el ciudadano no es su enemigo y que para ser policía se necesita una vocación especial? Porque sin la comprensión de asuntos tan elementales, ninguna reforma va a funcionar. ¿Si se entiende de verdad que el ciudadano no es un sujeto demoníaco es al que hay que derrotar, aplastar y someter? Aun cuando a veces haya que someterlo también, por supuesto que sí. ¿Si se entiende el precepto de no caer en el exceso de la fuerza? Por el hecho de que tener en sus manos las armas de la República y por mandato de la ley, ¿sí se entiende que, precisamente por ello, se tienen que utilizar supremamente bien?
¿Cómo es la formación de los superiores, de la oficialidad? ¿Entienden ellos a fondo estas ideas? ¿Cómo orienta y cómo dirige la oficialidad al policía que queda bajo su mando? ¿Entiende bien la oficialidad los asuntos de los que estamos hablando o está imbuida de la trágica historia de violencia que ha padecido este país, en medio de un mar de confusiones que la llevan a ella a confundirse también y a confundir a quienes están bajo su mando? ¿Qué valores les inculcan, qué ejemplos les dan?
Cuando digo qué ejemplo les dan, pongo un tema de actualidad. ¿Cómo es posible que sea ministro de Defensa una persona que engaña y miente en temas de soberanía nacional y se atreva a afirmar que el Senado autorizó la presencia de tropas extranjeras, lo que nunca hizo? ¿Cómo es posible que hoy en Colombia estén actuando tropas norteamericanas contra la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, montadas sobre la mentira de que el Senado aprobó su presencia? ¿Ese es el que da el ejemplo, ese es el que le tira la línea a la Policía? Un país no puede funcionar así.
Y en el tema de las armas, ¿si entienden bien que no deberían utilizar cierto tipo de armas? Ya lo mencioné, pero lo voy a repetir. El Esmad no debería utilizar, bajo ninguna consideración, el arma con la que un agente mató a Dylan Cruz, porque el Esmad es una fuerza diseñada para atender reclamos civiles, no una fuerza de guerra, no una fuerza militar. Y si uno estudia la munición que se usó, encuentra que se trata de balas modificadas para agravar el daño. Una escopeta en condiciones normales no produce tanto destrozo. Pero es una munición modificada y se importan así, del exterior, para que sea capaz de romperle el cráneo a la persona que reclama.
Hay un último hecho que me tomo la libertad de revisar y de la que poco se habla. Quienes hemos servido en el Senado tenemos escoltas de la Policía por razones de seguridad, y mantenemos con ellos relaciones cordiales y respetuosas. Y uno conoce y toma nota de cosas. ¿Cuáles son las condiciones laborales de los policías colombianos? Duras, duras, duras, no son un paseo propiamente. Trabajan muy duro, en no pocos momentos con sobrecargas laborales y con excesos de tiempo de trabajo, y eso provoca estrés y le daña el genio a la gente. Sé muy bien por ejemplo que los derechos de salud de la Policía colombiana son tan malos o peores que los de las EPS. Y eso por supuesto afecta, no crean que no. ¿Reciben ellos una adecuada atención psicológica para sus grandes preocupaciones y sus niveles de estrés? Es un trabajo súper duro. ¿Se atiende el problema con el debido cuidado o de manera mediocre? Ahora, línea de mando tiene que existir. Pero ¿el trato de sus superiores es un trato adecuado, como debería ser? ¿Y cuando salen a las calles a cumplir sus tareas, cuenta con la dotación adecuada o salen en condiciones muy complicadas? Todo debe mirarse con atención a la hora de proponer reformas. Hay muchas otras cosas que podría mencionar, pero no se trata de ser exhaustivo en este momento.
Entonces cuando estamos hablando de reestructurar a la Policía Nacional, de lo que estamos hablando es de que funcione mejor, para que los propios policías, la propia policía de los niveles básicos y superiores, la oficialidad, cuenten con mayores garantías. Es el debate en el que estamos. Lamentablemente, Claudia López hace el esfuerzo, se reúne con el Presidente de la República y ella en representación de muchos colombianos y de muchos alcaldes le plantea la necesidad del cambio y el Presidente la despacha con un no. Y hoy salieron a echar el cuento, vi a la ministra del Interior diciendo que ya el gobierno está haciendo cosas. No. Señora ministra, algunas vendrán haciendo, pero no, estamos hablando de qué hacer ante los nuevos acontecimientos. Ustedes deberían aceptar que hay problemas y ver cómo se tratan con rigor y con seriedad.
Sobre muchos aspectos no es posible un pacto nacional general, porque hay desacuerdos, y los desacuerdos se tramitan en las urnas. Yo, por ejemplo, defiendo con toda seriedad la producción industrial y agropecuaria para que pueda haber empleo en Colombia y generación de riqueza. Y ahí tengo un desacuerdo de fondo con el doctor Duque. Pero creo que en temas como este de la reforma a la Policía debería poderse buscar algún tipo de acuerdo para tramitar con todo rigor y con toda seriedad una política de modificaciones que se hace necesaria. Hay que hacer un esfuerzo. Creo que es posible y deseable un pacto de tal naturaleza, porque lo que pasó esta semana nos indica que hay muchísimos problemas por resolver.
Concluyo. Primero, nunca debieron suceder los hechos que estamos comentando y que nos avergüenzan ante el mundo civilizado. En segundo término, hay problemas de fondo en la Policía, no es solo un problema de unos cuantos individuos. Hay que detallarlos, hay que estudiarlos. Y hay que reestructurar la policía. Todo para bien de los colombianos y de la propia institución, la Policía Nacional de la República de Colombia.
