Jorge Enrique Robledo Castillo
Bogotá, 5 de mayo de 2004.
Según la Contraloría General de la República, en el segundo contrato con la ChevronTexaco para dejar en sus manos la explotación del gas de La Guajira que debía revertirle a Ecopetrol el 31 de diciembre de 2004, Colombia pierde 87 millones de dólares en valor presente neto. Y en el primer contrato que el gobierno intentó en este caso le iba peor a la Nación, porque las pérdidas sumaban otros 74 millones de dólares. Como se ve, no es menor el debate que se libra en el país sobre la política de hidrocarburos si en un solo caso se pierden 87 millones de dólares y hubieran podido perderse 161 millones, a no ser por las denuncias en el Congreso y los condicionamientos del Consejo de Estado.
La pérdida de los 87 millones de dólares se explica porque las directivas de Ecopetrol le supusieron un precio de 91 centavos de dólar al kilo pie cúbico de gas, a pesar de que en el Plan Energético Nacional, Estrategia Energética Integral, que es el “documento por excelencia del gobierno” para estos asuntos, se estableció que ese precio será de un dólar con 53 centavos. Y porque no obstante la enorme diferencia en las cifras supuestas, el gobierno no fijó en el contrato con la ChevronTexaco lo que era obvio establecer ante tales divergencias: alguna cláusula que atara el precio definitivo para el reparto de la plata al que, efectivamente, alcanzara el hidrocarburo al momento de venderse.
Y ya saldrán las cifras de lo que se perderá en el petróleo de Caño Limón y en el de los otros campos, puesto que el gobierno también decidió dejarle a la Oxy y a las otras transnacionales, hasta el agotamiento de los pozos, las explotaciones que debían revertirle a Ecopetrol de acuerdo con lo inicialmente pactado.
Esta política, además de las enormes pérdidas en dinero contante y sonante que le significa al país, tiene otras consecuencias perniciosas: al no revertirle a Ecopetrol los yacimientos en asociación con las transnacionales, la petrolera estatal tiende a desaparecer de la explotación de los hidrocarburos nacionales (que hasta hace poco controlaba el capital extranjero en el 80 por ciento en el caso del petróleo y en el 97 por ciento en el del gas), a lo que se le agrega que sus inversiones en exploración son bastante inferiores frente a las que debería hacer. El panorama se completa con la decisión oficial de no firmar nuevos contratos de asociación entre las transnacionales y Ecopetrol, porque, en adelante, se regresará a los viejos contratos de concesión, en los que los monopolios foráneos actuarán solos en el negocio y aumentarán sus utilidades en treinta por ciento en relación con las asociaciones con la petrolera estatal, según explicó un editorial de Portafolio.
También apunta contra la existencia de Ecopetrol como empresa petrolera la decisión oficial de permitirles a las transnacionales importar petróleo y gasolina y de poner a su disposición los poliductos y tanques de almacenamiento de la petrolera estatal que hacen viable ese negocio, el cual podrá realizarse una vez concluya el proceso en marcha de igualar los precios internos y externos de los combustibles. La semejanza con lo ocurrido en Telecom no es, por supuesto, mera coincidencia.
Entonces, y así los voceros oficiales lo nieguen, avanza una política para privatizar a Ecopetrol por la vía de marchitarla, al excluirla de las labores de exploración y explotación que les son propias a las empresas petroleras, política que podría llegar hasta la venta o entrega en concesión a las transnacionales de las refinerías y los yacimientos que hoy explota.
Quien no comprenda la profundidad y gravedad del cambio en ciernes, no podrá entender por qué el gobierno de Álvaro Uribe Vélez decidió convertir en irreconciliables las contradicciones con los trabajadores de Ecopetrol, situación que nunca ocurrió desde la creación de la Empresa hace medio siglo, cuando la nación colombiana, con la decisiva participación de los obreros petroleros de esos días, decidió terminar con el monopolio de las compañías extranjeras sobre los hidrocarburos del país.
Aun cuando algunos se empeñen en macartizar a los trabajadores del petróleo acusándolos de defender lo que con astucia sindican de ser sus “desmedidos privilegios”, ello no es cierto. Lo que está en disputa es la existencia de Ecopetrol como empresa petrolera y de una política nacionalista en hidrocarburos.
