Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 31 de mayo de 2007.
Refiriéndose a la ley de transferencias, el 23 de mayo pasado Álvaro Uribe Vélez afirmó: “Es mentira que el gobierno vaya a recortar los recursos de educación” (Servicio de Noticias de la Casa de Nariño). Grave cosa. Porque como Fecode, el Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo hemos dicho que sí va a haber recorte, pues alguien falta a la verdad. Y puede demostrarse que el que falsifica los hechos es el Presidente de la República, quien seguramente calcula que hacerlo le resulta un buen negocio, pues sus afirmaciones les llegan a muchos más colombianos que las nuestras, dadas la enormes diferencias de acceso a los medios de comunicación. Y en su actitud también debe contar que él sabe que en Colombia a los gobernantes les toleran faltas que son imperdonables en otros países.
De acuerdo con los cálculos de los investigadores del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia, los recortes por la ley de transferencias serán de 56,4 billones de pesos entre 2008 y 2019, de los cuales 33,89 billones se los quitarán a la educación y los restantes los perderán la salud y el saneamiento básico. Por su parte, los investigadores del Banco de la República Ignacio Lozano, Jorge Ramos y Hernán Rincón, en la revista Borradores de Economía, de abril de 2007, dicen que “es claro que con el cambio de régimen… el gobierno dejará de hacer giros anuales a las regiones que, en promedio, equivalen a 1,5% del PIB”, es decir, a unos seis billones de pesos al año. A su manera, el ministro de Hacienda también reconoció la reducción: “Volver al esquema que planteaba la Constitución de 1991 (que es el que van a modificar) significaría para el país cerca de 45 billones de recursos adicionales hasta el 2016”, suma que él señala que si no se reduce “habría que cubrirla con nuevos impuestos” (El Tiempo, 25 de mayo de 2007). Y dicho recorte fue establecido en acuerdo suscrito entre el gobierno de Colombia y el Fondo Monetario Internacional el 23 de mayo de 2006, como puede confirmarlo quienquiera.
De otro lado, en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado en días pasados por los partidarios de Álvaro Uribe Vélez en el Congreso, en su artículo 38, ordenan: “La Nación y las universidades estatales del orden nacional concurrirán al saneamiento del pasivo pensional de dichas entidades”, determinación que les quita recursos a las labores de educación de las universidades para transferírselos a los pagos de pensiones que antes hacía exclusivamente el gobierno nacional. En el caso de la Universidad Nacional de Colombia, la suma a la que deberá concurrir va de tres a cuatro billones de pesos. Y es obvio que cada peso que las universidades deban gastar en pensiones tenderá a ser una suma que tendrán que conseguir mediante el aumento de las matrículas o la disminución de los costos, reducción que apunta contra la calidad de la educación.
Además, en el artículo 34 del Plan se les da a las universidades públicas un plazo de dos años para “efectuar los respectivos ajustes institucionales en sus estructuras financieras y de costos”, cláusula que de manera evidente apunta contra sus recursos, pero que tiene el agravante de su mañosa imprecisión. Y en el Plan también se abre la posibilidad de subirles a posteriori las matrículas a los egresados de los centros oficiales de educación superior, al señalar que su financiación “podrá contar con recursos provenientes de la contribución de los egresados”.
En los debates sobre el tema también se les ha oído decir a los amigos de estas reformas que “¿cuál privatización?”, insinuando que ella es un invento de los estudiantes y los profesores colombianos. Pues bien, además de lo visto, otros muchos hechos les desnudan su cinismo. Por ejemplo: en instituciones privadas están casi 2,5 millones de estudiantes de básica y media (el 23%) y más de la mitad (624 mil) de los universitarios. Y es obvio que un porcentaje enorme de quienes ingresan a la educación privada lo hacen porque no hay suficientes cupos en la oficial.
Coletilla: podrá alguien imaginar una cortina de humo mayor que la concebida por Álvaro Uribe con el objetivo de sacar de la cárcel a los parauribistas. Para quien lo dudara: he ahí al jefe del tapen-tapen.
