Jorge Enrique Robledo Castillo
Bogotá, 22 de abril de 2004.
El 30 de abril de 2002 estuvo en Bogotá William Lash, Secretario Adjunto de Comercio de Estados Unidos, quien vino a presionar el pago de sendos contratos en litigio a dos transnacionales de su país: el famoso de TermoRío y uno de los de “riesgo compartido” de Telecom. Su tono imperial no pudo ser más explícito: “Le enviamos al gobierno un mensaje muy claro: para gozar de los beneficios del Atpa, que está pendiente en el Congreso (estadounidense), tiene que demostrar que está honrando las decisiones de los tribunales de arbitramento, lo cual está seriamente en duda dado lo ocurrido en Nortel, para poner un ejemplo”. Y cuando se le preguntó por qué relacionaba una cosa con la otra, le contestó a El Tiempo: “El Atpa fue creado para compensar a los países en su lucha contra las drogas, pero los beneficios no pueden ser gratuitos”. Además, se sabe que la primera condición estadounidense para iniciar la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) es darle solución a los reclamos de sus monopolios.
En consecuencia, el 12 de mayo de 2003, el Presidente Álvaro Uribe Vélez emitió un memorando “Sobre negociaciones internacionales” en el que, entre otras cosas, afirmó que “aspiro a que se le indique al Presidente no por qué no se puede negociar, sino, por el contrario, qué debemos hacer para que el acuerdo (el TLC) sea posible”, determinó que “la solución de las disputas pendientes con los inversionistas extranjeros es una tarea prioritaria” y agregó que “para la presentación de fórmulas de solución a las contenciones pendientes con inversionistas extranjeros ordeno crear comisiones ad hoc” integradas por algunos ministros, más José Roberto Arango y Rudolf Hommes, asesores presidenciales.
Y ya empezaron a resolverse los pleitos de Telecom con las seis multinacionales con las que firmó unos contratos que se suponía eran de “riesgo compartido”, pero que con los arreglos se confirma que todo el riesgo era de la empresa estatal, de acuerdo con el alegato de los extranjeros. En el caso del litigio con Ericsson, esta pedía 198 millones de dólares y se arregló por “sólo”·56 millones de dólares, diferencia que a los voceros del gobierno, en vez de ilustrarles la astucia de un reclamo que no ha debido transarse, los llevó a concluir que el negocio había sido “excelente” para Colombia.
También ha sido objeto de fuertes críticas el arreglo que pretende el gobierno con Commsa, consorcio del que son socias cinco compañías españolas y que el Invías sancionó por incumplimiento con una multa de 137 millones de dólares. Y la conciliación se busca a pesar de que hay orden se aseguramiento contra los principales involucrados porque estos fueron capaces de actos tan descarados como ganarse la licitación con un precio tan bajo que se sabía iban a incumplir, pedir que se modificara el contrato firmado pocos días atrás y gastarse parte de los aportes del Invías en “carros lujosos y viajes en primera clase a Madrid”. Incluso, cuando el Invías intentó cobrar la póliza de cumplimiento que el Consorcio le entregó, “esta resultó falsa”, según informó Semana. Y de acuerdo con la misma revista, han intrigado a favor de Commsa José María Asnar y el propio rey de España, a lo que se le agregan las opiniones de la embajadora Noemí Sanint, quien, en un consejo de ministros, “expresó que a su juicio los españoles no volverían a invertir en el país si no se solucionaban varios problemas, y uno de los casos que citó fue el de Commsa”.
La directora del Invías, Alicia Naranjo, explicó el despropósito que intenta diciendo que de lo que se trata “es de cumplir con un sueño del gobierno de Álvaro Uribe Vélez… Estamos en un gobierno que concilia y es generoso”. Y sí que lo es. Con algunos. Pero que no digan que así se castiga a los corruptos y se defiende el interés nacional.
Para acabar de comprender lo que está ocurriendo, en el documento del BID titulado La percepción de los inversores de los riesgos regulatorios e institucionales en América Latina, que recoge las opiniones de quince grandes empresarios españoles, se pone como ejemplo de lo que debe hacerse la labor de un consejero del Presidente Uribe Vélez que “se ha ganado merecida fama” entre las empresas que actúan en Colombia, “tanto nacionales como de capital extranjero, por su capacidad de resolver, de forma rápida y amigable” sus reclamaciones. Allí también se habla del “papel, tan eficaz como discreto, como ‘facilitador’ de la resolución (extrajudicial) de conflictos” y del “carácter informal del ‘modus operandi’”, todo lo cual contribuye “a mejorar el ‘clima de inversión’” en el país.
