Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 17 de septiembre de 2010.
Estoy seguro de que debe restituírseles la tierra a los desplazados por la violencia. Pero también debe hablarse de la totalidad de la política agraria del gobierno de Juan Manuel Santos, sobre la cual, con todo cálculo, se silencian aspectos fundamentales, a pesar de que ellos afectarán profundamente todo lo que a la postre decidan los parlamentarios santistas sobre la ley de restitución.
La ley de restitución tiene origen en un imperativo de la Corte Constitucional y en lo fundamental señala: 1. Solo se aplicará sobre predios de zonas del país donde el gobierno determine que hubo violencia generalizada. 2. Únicamente afectará tierras despojadas por actos reconocidos en los procesos de justicia y paz. 3. El desplazado que consiga la restitución de su finca podrá escoger entre recibirla o que el Estado se la compre mediante TES que podrá vender, inevitablemente a menos precio, en el mercado financiero. Si decide recibir la tierra, puede trabajarla, venderla o alquilarla. El gobierno ha dicho “que la gran mayoría de los desplazados (…) no desea retornar a sus lugares de origen”.
Si ocurriere el imposible de que toda la tierra arrebatada retornara a todos los despojados, el país, en cuanto a predios rurales, quedaría como en 1990, más los cambios que haya sufrido la estructura de propiedad rural que no modifique esta ley. No sobra recordar que 20 años atrás el mundo rural colombiano estaba bien lejos de ser un lugar deseable y que no hay cómo probar que a la par con la restitución desaparecerán los factores económicos y de violencia que propiciaron y precipitaron el despojo. La ley, además, no determina cómo se usarán las tierras que se restituyan ni lo que sucederá con las que pasen al Estado, aunque es obvio que estas últimas se entregarán a particulares, vendidas o en algún tipo de concesión.
La otra cara de la política de tierras de Santos está en su plan de gobierno. El punto 63 dice que fomentará “el desarrollo de grandes explotaciones agropecuarias” y el 69 que quitará la “limitación burocrática” de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), unidad de área que prohíbe que el Estado titule sus tierras más allá de lo que necesite una familia campesina. Al explicar lo anterior, el ministro de Agricultura dijo en el Senado que la idea es usar el Incoder para no tener que cambiar la ley en que se fundamenta la UAF, de manera que las tierras públicas se entreguen, en la extensión que determinen y en usufructo, en las Zonas de Desarrollo Empresarial, donde también pondrán campesinos. Ante la Asobancaria hizo explícito que el desmonte de la UAF debía acompañarse de otras decisiones inspiradas en el modelo del Cerrao brasileño (que es de gran producción), como que las regalías se usen “para el financiamiento de grandes emprendimientos en el campo agropecuario”. Sobre que el capital extranjero busca quedarse con millones de hectáreas en la Orinoquia, Juan Camilo Restrepo dejó en claro que ello podía ser, entregándole tierras del Estado no en propiedad sino en usufructo.
Lo que el gobierno quiere se entiende mejor si se recuerda al uribismo, hoy el santismo, en Carimagua. Arias quiso entregarle las 17 mil hectáreas de la hacienda y con un arriendo bajo a un solo magnate, al tiempo que Uribe se lamentaba porque la UAF le prohibía montar fincas de “40, 45 mil hectáreas” en la altillanura, para lo que propuso que las tierras se entregaran en concesión y se llenaran con cultivos para agrocombustibles, los únicos que no tienen que competir en condiciones de libre comercio, por lo menos hasta hoy.
El Banco Mundial (2007) conecta los dos aspectos de la política de tierras de Santos: “Hay pocas posibilidades para acceso de tierra a través del mercado”, por lo que debe facilitarse “la movilidad de los derechos de propiedad, de modo que la tierra pueda utilizarse (…) por usuarios más eficientes” (para todas las fuentes: http://moir.org.co/files/pdf/DOCS.pdf). ¿Será casual que la ley de restitución busque ampliar el mercado formal de tierras, con la masiva titulación de predios del campesinado?
El tercer aspecto de la política agraria de Santos I también muestra que él es, aunque lo oculte, Uribe III: continuar con el neoliberalismo y concretar los TLC, políticas que agravarán el desastre agropecuario. Para relacionar tierras con libre comercio se basta y se sobra el líder indígena que explicó que las importaciones le impedían sembrar en su parcela algodón, sorgo y maíz, y que indignado concluyó: “Los indios no somos lombrices… No comemos tierra”.
