Senador Jorge Enrique Robledo, vocero del Polo Democrático Alternativo (PDA), Bogotá, junio 7 de 2007
Si en el debate de moción de censura al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se hubiera permitido analizar su intervención, habrían quedado al desnudo los siguientes hechos: fue notoria la debilidad de sus explicaciones sobre las reuniones con las organizaciones armadas ilegales para derrocar el gobierno de Ernesto Samper. Pero peor fue el cinismo con el que respondió a las interceptaciones ilegales realizadas desde la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol).
Santos no condenó como ilegales las interceptaciones telefónicas que se hacen sin previa orden judicial. Incluso, apeló a alguna sentencia para intentar cubrirlas con un manto de legalidad. Tampoco dijo que se estuviera siquiera investigando para saber quién dio la orden de chuzar los teléfonos ni en beneficio de quién ni con qué propósito. Incluso, en su desfachatez, textualmente afirmó: “Nadie dio la orden de interceptar”, de donde se deduce que interceptar es parte del trabajo de todos los días de la Dipol, y que lo hace medien o no autorizaciones judiciales. Su referencia a lo sucedido en Estados Unidos luego de los atentados del 11 de septiembre, cuando se recortaron las garantías ciudadanas, busca justificar las interceptaciones ilegales en Colombia.
Entonces, Santos dejó claro que las decisiones de Álvaro Uribe que le costaron la cabeza a 11 generales de la policía tuvieron origen no en las chuzadas por fuera de la ley, sino en que estas se hubieran conocido por la revista Semana.
Entre los principales silencios de Santos está que no dijo nada sobre el conocido poder de la CIA de Estados Unidos en la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol). Ni siquiera se refirió a por qué Álvaro Uribe tuvo como su jefe de seguridad durante un año y medio al Coronel Mauricio Santoyo, después de que este ya había sido destituido por la Procuraduría en razón de más de 1.400 interceptaciones telefónicas ilegales. Tampoco dijo una palabra sobre su proyecto de ley sobre inteligencia y contrainteligencia que autoriza interceptar teléfonos sin previa orden judicial. Y menos se refirió al conocido caso en que el propio Álvaro Uribe se ufanó de conocer las actividades privadas de los congresistas de la oposición, porque les hacen “inteligencia militar y policiva”.
La absolución de Santos tendría una gravísima implicación: con ella, el Congreso aceptaría que en Colombia hay quienes pueden conocer la vida privada de las personas, así no haya contra ellas ningún proceso judicial. Y este tipo de acción de Estado, de Estado policiaco, suele convertirse en fuente de toda clase de presiones y extorsiones por parte de quienes tengan el poder de escoger a sus víctimas.
Y constituye una desvergüenza que el gobierno quiera imponer que el voto sobre la moción de censura a Santos no sea secreto, porque ello abre las puertas para que los congresistas sean presionados por la Casa de Nariño.
