Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 10 de junio de 2008
Al denunciar de nuevo que es el Fondo Monetario Internacional el que le traza el rumbo a los gobiernos colombianos, el senador Jorge Enrique Robledo denunció que hay varios documentos oficiales en los que se le ordena expresamente al país poner en venta la Empresa de Energía de Cundinamarca, la Electrificadora del Meta, la Empresa de Energía de Boyacá, la Electrificadora de Santander, la Central Eléctrica del Norte de Santander y otras electrificadoras regionales y nacionales.
De momento, la venta de las electrificadoras se encuentra suspendida como resultado de acciones populares interpuestas por ciudadanos y sindicatos y que jueces de la República han considerado procedentes.
Robledo citó el Plan Colombia, en uno de cuyos apartes se estipula que serán privatizadas “ISA e Isagen, dos electrificadoras de orden nacional, y catorce distribuidores de energía regionales de menor tamaño”. Leyó apartes de dos cartas de intención enviadas al FMI, una de diciembre de 2001 y otra en abril de 2005, donde el Fondo acoge el Plan Colombia y ratifica la privatización del sector eléctrico.
Recordó que una de las constantes en las privatizaciones es la venta a menos precio de las empresas estatales. Como ejemplo citó a ISA, hecho que reconoció en febrero de 2001 el mismo Uribe Vélez. Sobre las electrificadoras, el Contralor General de la República, Julio César Quintero, le advirtió en diciembre de 2007al Ministro de Minas que de continuar la nación adelantando los procesos de venta en esas condiciones, se “podría configurar detrimento patrimonial”. Así y todo, el gobierno no solo ha seguido adelante en el propósito de feriar el patrimonio público, sino que ya el Ministro de Minas advirtió que en caso de que sea el departamento el que compre el 51 por ciento, “debe cederle el control de por vida al operador (privado)”.
El senador Robledo denunció que la política de privatizaciones genera hambre entre los colombianos, pues viene aparejada con escandalosas alzas en las tarifas, despido de trabajadores y envilecimiento de las condiciones de trabajo. Para las electrificadoras en proceso de venta, mostró cómo las alzas reales en las tarifas, entre junio de 1995 y octubre de 2007,van hasta 334 por ciento en Santander, 287 por ciento en Norte de Santander, 396 por ciento en Boyacá, 372 por ciento en Meta y 468 por ciento en Cundinamarca.
Sospechoso negocio entre Enertolima y la Empresa de Energía de Pereira
El congresista del Polo Democrático Alternativo examinó en detalle la participación de la Empresa de Energía de Pereira, EEP, en la venta de Enertolima, negocio que calificó de “sospechoso”. En la quiebra de Electrolima, a instancias de la cual nació Enertolima, señaló cómo, según la Contraloría, “la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos no sirvió para mejorar la situación financiera ni la calidad del servicio” y cómo el contrato BOOT (construcción, administración y operación) con la Sociedad Energética de Melgar fue ruinoso para la empresa. Robledo dijo que “la Superintendencia, en este caso, jugó en el bando de los privados”.
De la venta de Enertolima denunció cómo el consorcio Empresa de Energía del Combeima –integrado por Aseo Capital, Enelar, Servicios Integrales del Valle, empresas propiedad del señor Alberto Ríos Velilla y la EEP– adquirió los derechos sobre Enertolima, pero después, en una movida sospechosa, la mitad de las acciones fueron compradas por el Grupo Nule, al cual el consorcio del Combeima (ya convertido en Empresa Capitalizadora del Tolima) había derrotado en la puja por Enertolima. Robledo rechazó las afirmaciones del viceministro de Minas y Energía, a quien en forma sorprendente tales maniobras le parecieron de lo más común, y llamó a las autoridades competentes a que las investiguen a fondo.
Robledo calificó de muy dudosa la forma cómo la EEP, también en vías de privatización, participó sin estudios previos en el consorcio del Combeima que terminó convirtiéndose en Capitalizadora del Tolima, y además en condiciones seguramente ilegales, pues los 3.700 millones de pesos que aportó la EEP a la sociedad salieron de un crédito otorgado por Alberto Ríos Velilla. Llamó también la atención el senador citante que la Empresa Capitalizadora del Tolima, socia de la EEP en Enertolima, sea una de las interesadas en quedarse no solo con el 49 por ciento de las acciones sino también con la administración de la EEP, lo que al tenor de las posibles ilegalidades del proceso, ha generado pronunciamientos de la Procuradora Provincial de Pereira y tres medidas cautelares del Juez Tercero Administrativo de Pereira.
Por último, Robledo se unió al senador Mauricio Jaramillo, del Partido Liberal, para exigir al gobierno que los dineros producidos por la venta de Hidroprado se inviertan en las zonas pobres del Tolima y denunció que Uribe Vélez incumplió la promesa hecha en tal sentido a los tolimenses.
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Será el privado quien opere, aun cuando los departamentos tengan la mayoría accionaria
