Con su conocida viveza, Néstor Humberto Martínez ha dicho que él y Episol y Corficolombiana (Grupo Aval) no les informaron a las autoridades sobre las denuncias de Pizano porque no tenían la certeza de que fueran sobornos.
Pero el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero –Artículo 2 de la Ley 1121 de 2016– ordena “reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) cualquier información relevante sobre manejo de activos o pasivos u otros recursos” que “puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos están usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación” (resaltados en este texto).
Y de distintas maneras, en su charlatanería en el Senado, Martínez terminó por confesar que tanto él como el Grupo Aval tuvieron que aceptar mucho más que sospechas sobre ilegalidades en el Consorcio Ruta del Sol II, luego de no poder silenciar las oportunas denuncias de Jorge Enrique Pizano, quien en todos los tonos los llamó a que actuaran contra la corrupción que había descubierto. Y también es un hecho que se cuidaron de no proceder según las leyes, como era su obligación, sino que acordaron tapar las irregularidades mediante un pacto secreto entre Odebrecht y Episol (Corficolombiana Grupo Aval), pacto de tapen-tapen que la postre les fracasó.
A continuación, frases textuales de Martínez en el Senado que prueban que él y el Grupo Aval sí evadieron su obligación de informarle a la UIAF.
1.- El Fiscal Martínez dice que “Pizano había intentado entregar esa información a la organización y no le había llegado al nivel superior. Y concurrió a mi oficina de abogado, como amigo personal de él, para que yo le ayudara a que sus informaciones le llegaran al presidente de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, tarea que cumplí como un correo humano, que fue el favor que a mí me pidieron. La tesis inicial de Jorge Enrique es que eran faltantes en el Consorcio Ruta del Sol, que se las podrían estar apropiándose algunos de los oficiales de esa compañía”. ¡Y no le reportaron a la UIAF lo que podía ser un robo dentro de una compañía asociada con empresas que manejan dineros del público!
2.- “Quiero advertir una cosa –dijo Martínez–, Jorge Enrique tenía una templanza y un coraje, al cual le quiero rendir hoy culto. Se fue un día a buscar a uno de esos facinerosos que se prestaba para hacer facturas falsas, y lo cogieron en la calle sus gorilas y su guardaespaldas, y él tomó un riesgo absolutamente innecesario. Y le dije, quieto, y termino diciéndole, estamos haciendo unas reuniones mañana, ya el abogado penalista está mirando todo,”. Y los actos de esos “facinerosos” más las reuniones con el “abogado penalista” por hechos de suyo graves tampoco los llevaron a reportarle a la UIAF.
3.- Dice Martínez que “en la grabación del 26 agosto del 2015 (…) le digo –a Pizano–, siéntese, oiga qué delitos se cometieron (…) yo le leo un concepto jurídico que me da un abogado rápidamente, que había producido el 21 agosto, en donde me dice que se pueden haber cometido todos esos delitos que yo enuncié”. El Espectador publicó una grabación sobre este aspecto en el que Martínez enumera los posibles delitos que en el Senado silenció: “soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado, peculado por apropiación”, posibilidades todas –en extremo sospechosas– que le ocultaron a la UIAF.
4. “Él ya sabía –Pizano–, agrega Martínez, que habíamos contratado un abogado penalista para el caso”, porque eran así de graves las sospechas, para decir lo menos, que había surgido de las acusaciones de Pizano, y que no le informaron a la UIAF.
5.- Y en la siguiente afirmación en el Senado, Martínez se incrimina e incrimina al Grupo Aval al afirmar que, “como resultado de esta labor diligente que cumplí, se inició un proceso de auditoría corporativa, exhaustivo, para establecer qué era lo que había ocurrido. Y mientras Pizano hablaba de 24 mil millones de pagos irregulares, la auditoría corporativa, a la cual yo le había entregado todos los papeles para que se investigara, descubrió que había pagos irregulares por más plata, por 33 mil millones de pesos, que es la cifra mágica del contrato de transacción”, contrato de transacción que suscribieron Odebrecht y Episol (Corficolombiana Grupo Aval), asesorados por Néstor Humberto Martínez y con pacto de silencio incluido, con el que intentaron cubrir con un manto de inocencia y legalidad las denuncias de Pizano, todo lo cual tampoco le informaron a la UIAF, como era su deber, según la ley 1121 de 2016.
Ante pruebas tan contundentes, lo que esperan el senador Robledo y los colombianos es que la Superintendencia Financiera de Colombia, oportunamente, tome las decisiones que ordenan la Constitución y las leyes.
Oficina de Prensa
Senador Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 11 de diciembre de 2018.
Queja ante la Super Intendencia Financiera
