Por: Jorge Enrique Robledo
Ante la justicia norteamericana, los directivos de la trasnacional Odebrecht reconocieron el pago de 788 millones de dólares de sobornos en doce países de América Latina, incluido Colombia, donde, hasta lo que se sabe, le pagaron 6,5 millones de dólares al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales –gobierno de Álvaro Uribe Vélez– y 4,5 millones de dólares al ex senador liberal Otto Bula Bula –gobierno de Juan Manuel Santos–, para que, violando la ley, les aseguraran dos contratos de la Ruta del Sol, por 3,54 y 0,9 billones de pesos, respectivamente. Debe saberse que esos sobornos no los paga Odebrecht sino los colombianos, porque se cubren con las platas que nos roban y que se originan, por ejemplo, en los muy altos peajes que imponen los contratos.
El país, con razón indignado, espera que se individualice a los demás responsables, porque García Morales no pudo montar solo un fraude de ese calibre y porque Bula tuvo que comprarse a algunos funcionarios para que decidieran a favor de Odebrecht. Es probable también que los sobornos hayan sido mayores a lo declarado y que incluyan otros contratos, porque los funcionarios de las trasnacional que confesaron pueden haber ocultado otras verdades. Le corresponde a la Fiscalía de Colombia actuar con la diligencia de la que careció en años anteriores, pues nada de este robo se sabría si no fuera por la justicia de otros países.
También debe investigarse un préstamo de 120 mil millones de pesos del Banco Agrario a Navelena SAS –que en el 87 por ciento pertenece a dos empresas del grupo Odebrecht– y que se otorgó cuando en Brasil ya habían condenado a 19 años de cárcel a Marcelo Odebrecht. Además, una de sus firmas socias de Navelena estaba quebrada y había sido declarada en causal de disolución por la Superintendencia de Sociedades. Para completar el cuadro de unos banqueros que actuaron en contra de sus deberes legales, la plata la prestaron a una tasa de interés menor a la que les cobran a los campesinos y con unas supuestas garantías que no garantizan el pago de la deuda. Además, el crédito podría perderse, porque ya se encuentra en mora en razón de que Navelena no ha podido conseguir que una banca global le financie los 2,5 billones de pesos del negocio del río Magdalena (http://bit.ly/2jFTrkS).
Según Aurelio Suárez, Odebrecht le pagó a Bula por conseguir que la ANI le otorgara, entre otras, las siguientes gabelas: que la vía Ocaña-Gamarra, que va de oriente a occidente, se declarara parte de la Ruta del Sol, que se desarrolla de norte a sur, para que el contrato no se adjudicara por licitación sino a dedo, que el costo por kilómetro entre los dos tramos de la Ruta pasara de cinco mil a 17 mil millones de pesos, con utilidades del 23 por ciento. Y que el otrosí al primer contrato se suscribiera siete meses antes del Documento Conpes 3817 que le dio vía libre al negocio (http://bit.ly/2jxYq9y).
Ante hechos tan graves, deben aclararse dos tipos de responsabilidades. Las penales y administrativas, que caen sobre los individuos que hayan violado la ley y están a cargo de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Y las políticas, por las que deben responder los gobiernos y los partidos de los funcionarios que, por acción u omisión, llevaron al país a semejante descalabro. El problema reside en que el triunfo del tapen-tapen les conviene a los grandes intereses en juego, tanto políticos como económicos.
Para la muestra unos hechos: se oculta el partido político de los involucrados, los ministros de Hacienda y Agricultura, que mandan en el Banco Agrario, se niegan a dar la cara, Vargas Lleras dijo que nada conocía sobre dicho crédito pero uno de sus senadores dijo que sí sabía (http://bit.ly/2jxUXrs). Dos ministras de este gobierno, a pesar de sus impedimentos, aprobaron el Conpes 3817. Mención aparte merece el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien, como “superministro”, también aprobó ese Conpes a pesar de sus estrechas relaciones con Luis Carlos Sarmiento Angulo, socio de Odebrecht en la Ruta del Sol. Y fue objeto de escándalo que tras una investigación exprés, de apenas dos semanas, Martínez saliera a los medios a decir que la Fiscalía “había descartado la posibilidad de corrupción en las obras del río Magdalena”. Hágame el favor. Qué será peor, ¿vio o no vio el elefante que se paseó por el Banco Agrario y que también favoreció a don Luis Carlos? (http://bit.ly/2jnkRek)
Bogotá, 27 de enero de 2017.
