Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en la discusión sobre la Reforma a la Ley 685 de 2001 o Código de Minas. Comisión Quinta, 28 de noviembre de 2007
Voy hacer una intervención de tipo general para sustentar por qué pienso que este proyecto es por completo inconveniente. Que aun cuando la Contraloría no lo dice, queda claro que la opinión del organismo de control es que el enfoque es incorrecto. Está dicho en todos sus documentos y lo acabamos de oír. Voy a dar mis razones de por qué es un proyecto bastante inconveniente.
Pero antes de entrar en materia, lástima que se nos fue el senador Reyes, porque él puso el ejemplo de un carro para justificar la venta de acciones de Ecopetrol. No comparto ese estilo de discutir con ejemplos. En la academia no se usa. Entonces si se va a discutir con ejemplos, la pregunta es quién los pone. Al respecto quiero decirle, senador Reyes, que veo que volvió: su ejemplo serviría si ya hubieran dado la plata. Claro, yo tengo un carro viejo y si le invierto una plata, vale más, pero lo que usted no me puede alegar es que si tiene por allá un carro viejo estacionado y por aquí una plata que no ha traído, el carro solito vale más. Sería un acto de magia y, por supuesto, esas cosas no suceden. No le ha entrado un peso a Ecopetrol, no ha habido ningún cambio en Ecopetrol, y ya las acciones están valiendo 46% más. ¿Por qué? Porque las vendieron a menos precio. No porque se haya valorizado la empresa, sino porque las vendieron a menos precio. Y hay un hecho evidente: calcularon barril de petróleo a 48 dólares y esta a cien. Eso empieza a marcar las diferencias.
El actual es un mal código
Entrando en el tema que nos ocupa, el Código que hoy tenemos ya es en sí un código pro gran minería. Así se diseñó en su momento. Un código que sacó al Estado prácticamente del negocio, explicado además por todas las concepciones del Banco Mundial, que supone que es la empresa privada la única que debe hacer este tipo de negocios. A ese Código le cae bien una frase que leí en estos días, en un foro que citó el senador Manzur, una frase de Paul Getty, el gran petrolero gringo. Dice Getty: “Los pobres heredarán la tierra (Salmos 26;8)”. Y agrega Getty: “Pero no los derechos sobre los minerales”. El Código que tenemos es pro gran minería y la reforma, como voy a explicarlo cuidadosamente, genera una cantidad inmensa de problemas. Este código no tiene arreglo y no me voy a meter en el cuento de coger a Frankenstein, pintarle los labios, ponerle aretes y salir a decir que queda bien. Espero que me tengan paciencia para explicar algunos temas gruesos.
El Código es un mal código y uno esperaría que con la reforma se arregle de alguna manera. Se vuelve entonces importante preguntarnos qué es lo que tiene de malo. Voy a hacer un recuento breve de los horrores que están sucediendo en la minería colombiana para demostrar no solo que el Código es malo, sino también que las reformas propuestas por el gobierno lo único que hacen es darle más gabelas a la gran minería, pero sin arreglar los problemas que padece la minería, ni la grande ni la pequeña.
Empiezo leyendo una frase de Joseph Stiglitz, porque esta idea de la gran minería en cierta medida es un eufemismo para hablar de trasnacionales. Gran minería es por definición trasnacionales y está muy imbuida por el espíritu de la época, según el cual todo lo que sea de trasnacionales es bienvenido, todo lo que sea capital extranjero es bienvenido y si son trasnacionales y capital extranjero tiene uno que tender a aplaudir, porque si pone dudas queda uno como antediluviano. Joseph Stiglitz es ciudadano estadounidense, Premio Nóbel de Economía y altísimo funcionario del Banco Mundial por tiempos muy largos, o sea, uno de estos personajes que conocen por dentro el mundo de las trasnacionales. Y miren lo que dice el señor Stiglitz. Comienza afirmando que la inversión extranjera puede jugar un papel importante en los países, y advierte: “Pero no en todos los casos”, cosa que es razonable. Un inversionista extranjero puede generar un efecto positivo, pero también uno negativo. Sigue diciendo Stiglitz: “La lista de las legítimas reclamaciones contra la inversión extranjera directa tiene más aspectos. Dicha inversión a menudo solo florece merced a privilegios especiales arrancados a los Estados. (…) Privilegios [que] con frecuencia son el resultado de la corrupción, del soborno a funcionarios del gobierno. La inversión extranjera directa solo llega al precio de socavar los procesos democráticos.” ¿Se requiere hacer comentarios para mostrar la gravedad de lo que está afirmando? Sigue Stiglitz: “Esto es particularmente cierto en las inversiones en minería, petróleo y otros recursos naturales, donde los extranjeros tienen un incentivo real para obtener concesiones a precios bajos”. Llamo la atención sobre esto, porque apunto a ponerlo en su sitio. Puede haber inversión extranjera, pero miren ustedes la alerta que hace una persona tan conocedora de este tipo de procesos.
Es inevitable la contradicción entre minería y medio ambiente, y, en general, entre producción y medio ambiente, pero en la minería suele ser más complicado el asunto, por razones de índole técnica que no voy a explicar y también por otra razón muy grande: en ciertas circunstancias, en el negocio de la minería puede haber utilidades descomunales. Entonces, cuando la utilidad es exorbitante, los riesgos se disparan, porque aparecen todo tipo de fenómenos supremamente difíciles de manejar. Voy a leer otra frase, esta vez de un inglés del siglo XIX, el señor J. F. Dunning, cuando se discutía cómo operaba el capitalismo. La frase es muy bella, porque explica bien cómo funciona el mundo. Dice: “El capital odia la ausencia de ganancias o una ganancia mínima, como la naturaleza tiene horror al vacío. Si la ganancia es conveniente, el capital se muestra valiente: un 10 por ciento asegurado, y se le puede emplear en todas partes; un 20 por ciento y se entusiasma; un 50 por ciento y es de una temeridad demencial; al 100 por ciento pisotea todas las leyes humanas; con el 300 por ciento no hay crimen que no se atreva a cometer, inclusive a riesgo del cadalso. Cuando el desorden y la discordia dan ganancia, los estimula. Prueba de ello, el contrabando y la trata de negros”. Hoy podríamos decir, prueba de ello el narcotráfico o ciertos negocios mineros en que hay utilidades escandalosas. Por ejemplo, el negocio minero de la invasión de Estados Unidos a Irak. Van y hacen una matanza descomunal en ese país detrás de los hidrocarburos del pueblo iraquí.
Este hecho de que con el 300 por ciento no hay crimen que el capital no se atreva a cometer aplíquenselo al medio ambiente y miren el lío que se genera. Porque el cuidado del medio ambiente se termina convirtiendo en un obstáculo para la obtención de esas ganancias. Normalmente, recuperar pérdidas medioambientales es supremamente complicado. Y miremos lo que está pasando. La gran minería del carbón en la Costa Atlántica está haciendo huecos de 300 metros de profundidad, en superficies que pueden llegar a tener decenas de miles de hectáreas. Allí se van a acabar los ríos, no hablemos de los pajaritos, una destrucción de tierras agropecuarias absolutamente descomunal. No voy a entrar en detalles, porque esto es bien conocido. El lío que tenemos en las playas de Santa Marta, con inmensas pérdidas ambientales. Y hay gravísimos problemas de salud. Los médicos de La Jagua de Ibirico dicen que ciudadanos que en esa región nunca se han fumado un cigarrillo, en las placas les salen los pulmones negros. Son también problemas medioambientales. Ha habido desplazamiento de poblaciones, por ejemplo, la de Tabaco, en La Guajira, contigua a El Cerrejón, desalojada por la fuerza. No hubo bala porque los policías le ganaron a garrote a la gente y la sacaron. Todo detrás de esas ganancias de las que estamos hablando. Son pérdidas ambientales descomunales, una realidad que también afecta a la pequeña minería, y esto hay que decirlo con franqueza. La pequeña minería también genera unos problemas ambientales supremamente graves que no voy a detallar.
Daños ambientales y laborales, bajos impuestos, corrupción, falta de auditoría
Quién paga los costos ambientales, pregunta la Contraloría General de la República. Al final, de una u otra manera, los termina pagando la nación, todos los colombianos. Lo veíamos en Santa Marta. Si el famoso tren ese que van a meter por debajo de las camas de unos hoteles y de unos apartamentos termina desvalorizando esas propiedades, pues los propietarios van a demandar a la nación y la nación va a tener que pagar y se acaba el cuento. Y estos cálculos no los hace nadie. ¿Cuánto ha costado el deterioro de la red vial entre La Loma y Santa Marta? ¿Quién paga los muertos de la mil doscientas tractomulas que van como yoyos por la región? Estas son realidades. Tan mal anda lo del asunto medioambiental, que el Ministerio de Ambiente, que no es propiamente que esté muy vigilante, pide que se deroguen los artículos 203, 204, 207, 211, 213, 215, 282, 292 y 298 del actual Código. Les pregunto a los ponentes: ¿van a derogar esos artículos? No lo han mencionado. En estos días, en Suárez, Cauca, se derrumbó una mina y hubo veintidós muertos, aplastados como cucarachas. Hace unos días, en Santander, su tierra, senador Mora, otro montón de gente muerta en una mina. ¿Pero saben qué es lo increíble, saben qué pasó en Suárez? Que veinte días antes de la matanza, Ingeominas estuvo por allá y dijo: esta mina es ilegal y se les va a caer encima. Pero no la cerraron, siguió funcionando, advertidos de que se les iba a caer encima y de que estaba funcionando en condiciones de ilegalidad.
La solución de los problemas va a ser un lío, como el que se va a armar en la Costa con el problema de las tractomulas. Meten el tren que les va a mejorar las ganancias a las trasnacionales y van a quedar sin empleo más de mil choferes, porque esas tractomulas no quedarán valiendo nada. ¡Ojo con todos los empleos indirectos de toda la región, otro enredo que aparece!
No son menos graves los problemas laborales. En la gran minería más de la mitad de los trabajadores no son contratados directamente por las empresas, sino a través de un sistema de subcontratistas, para birlarles sus derechos laborales. Y en el resto de la minería ni se diga los líos que hay, mejor ni mencionarlo. Los problemas de salud ocupacional, problemas de daño de columna vertebral gravísimos en El Cerrejón, Glencore, Drummond todos perfectamente documentados. Unas jornadas labores absolutamente antitécnicas, doce horas pegados de unas máquinas descomunales que les licuan prácticamente la columna vertebral.
Y está el problema de las regalías y los impuestos. A mi juicio, las regalías que se pagan son malísimas. En el negocio de la minería todo el mundo gana más plata que el dueño del mineral. Gana más el que lo saca, el que lo transporta, el que lo asegura, el que lo revende, el que comercializa, todos ganan más que Colombia, que es el dueño del mineral. Pero oye uno decir: no, senador Robledo, tenga en cuenta el State Take y los impuestos de renta. Bueno, miren los datos que me certificó el ministro de Hacienda: renta, promedio de la gran minería en la Costa, en el año 2000, 32%; en el año 2003, 36,9%. ¿Saben cuánto fue el año pasado? 25,5%. En el año 2003 subieron un poco los impuestos, estaban en menos de lo legal, el 38,5%, que es lo que se supone, dependiendo de las modificaciones, y ahora están en 25,5%. ¡Les bajaron en 11,4% el impuesto de renta! ¿Cuánta plata le significa esto a la nación? Y aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando de promedios. Uno quisiera ver detalles, porque casi hay que someterlos a tortura para conseguir la información. Parecido al caso con el ministro de Agricultura, a quien hay que ponerle la llave “doble Nelson”, como la llaman los luchadores, para que canten alguna cosa. Cuando se trata de la información, es igual con todos los funcionarios del Estado. Ahí hay un problema gravísimo, estamos hablando de la plata del país, porque ellos dicen que el deterioro ambiental es muy grave y todo es muy grave, pero que eso sí, ganamos plata. Y entonces, cuando voy a mirar toda la plata que ganamos, toca relativizar la discusión.
Lo de la concentración de la riqueza se ha ido volviendo una norma. Ya ni se discute. Pero en la primera página de cualquier texto de economía lee uno que en el capitalismo los monopolios privados son indeseables. Porque claro, hacen utilidades que son rentísticas, se quedan ellos con una parte fundamental de la ganancia de la sociedad, o, en distintas palabras, les quitan en la práctica las ganancias a otros sectores de la economía y eso no es positivo, por supuesto que no.
Además de la corrupción que ya mencioné y que cita el propio Stiglitz¸ se pierde la soberanía nacional. Un hecho que me impresionó mucho fue ver a un gran jefe de una de estas empresas mineras de la Costa, el gerente de Drummond en Colombia, un ciudadano colombiano, encabezando una carta al presidente de la República en la que le decía: que haya TLC como sea. Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero uno se pregunta: un empleado de Mr. Gary Drummond ¿sí tendrá derecho ético de estar diciéndole al presidente de Colombia que hay que aprobar un TLC como sea? ¿Sí representa ese colombiano los intereses nacionales o representa los intereses de los extranjeros?
Hay un aspecto aún peor, y es el del control del Estado, como la Contraloría lo dicho de mil maneras. Dan ganas de llorar la auditoría que el Estado ejerce sobre estos negocios. Estamos en manos de estas trasnacionales para que hagan lo que se les dé la gana. No voy a leer los informes de la Contraloría para no hacerme largo, pero es así. Miren ustedes lo que averigüé en estos días. Cualquier trasnacional o empresa importante de Colombia se gasta más o menos entre 2 y 5% de sus ventas en auditoría. ¿Por qué? Obvio, porque si en la empresa no hay una auditoría muy eficaz, alguien se termina robando la plata. El capitalismo solo se pudo convertir en capitalismo de administración contratada, en capitalismo en grande, cuando apareció la auditoría. Cuando yo soy el dueño del capital y el que maneja la empresa, pues no me robo la plata porque es mi propiedad. Pero si delego, aparece el riesgo del fraude. Las empresas se gastan sumas descomunales auditando los negocios para que la gerencia no se robe la plata. Entonces uno esperaría que el Estado colombiano se gastara una plata importante de verdad auditando estos negocios con las trasnacionales, pero lastimosamente no es así, no se audita. Por ejemplo, una figura que existe de “representantes técnicos” no aparece en esas minas. Entonces, en cierto sentido, cuánto carbón se despacha es lo que digan las empresas privadas. La calidad del carbón es, más o menos, lo que digan, los costos son los que digan. Y resulta que en varios de los contratos hay una figura que se llama la “ganancia presuntiva”, que depende del grado de utilidad que se logre. Y nunca en ningún contrato se ha logrado un peso de utilidad de esos para el Estado colombiano, porque no sólo lo calcularon de manera que fuera prácticamente imposible, sino que además fácilmente nos están inflando todos los costos para que nunca aparezca. Da grima. Es uno de los hechos más graves de todo lo que está sucediendo. La debilidad de Ingeominas, la empresa que se supone tiene que hacer la auditoría, es absolutamente terrible. La situación empeora con cada cambio de nombre de la empresas que deben proteger el interés nacional, como también lo dice la Contraloría. Cada nueva empresa del Estado es peor que la anterior. Es un desastre que el Estado colombiano no vigile si le están robando o no la plata.
¿Para qué una reforma, si empeora lo que hay?
Estos son en síntesis los problemas del Código de Minas. Yo evalúo entonces la reforma al Código de Minas preguntando: ¿y cuál de esos problemas va a resolver? O por lo menos ¿a cuál de esos problemas le apunta? O si no, para qué hacemos la reforma. Si no vamos a arreglar ninguno de los líos que tenemos, para qué diablos hacemos la reforma. ¿Qué es lo que yo encuentro en el proyecto? Mantiene la concepción, y ahora lo voy a explicar para que no se crea que son pruritos nuestros, pro gran minería, que parte de una idea que el gobierno no puede demostrar y es suponer que lo de la gran minería sí funciona bien. Por ejemplo, que la gran minería en lo del medio ambiente sí funciona bien y lo que hemos demostrado aquí es lo contrario. Es un poco la solución del mercado: la gran minería nos va a solucionar todos los problemas. Les voy a leer lo que dice la exposición de motivos del Ministerio. Las exposiciones de motivos, para los colombianos que no lo saben, es como la parte que uno medio entiende de los proyectos de ley, porque es donde le dicen qué es lo que quiere el autor, porque el articulado resulta muy difícil de seguir. ¿Qué dice entonces la exposición de motivos sobre el Código actual? Que “ha conducido a que cualquier persona sin acreditar capacidad técnica y económica alguna adquiera la calidad de titular de los contratos y sean muy escasos los proyectos serios y eficientes”. Más adelante vamos a ver que ellos mismos reconocen que los proyectos serios y eficientes son los de la gran minería. “Que las modificaciones se encaminan a conseguir una verdadera industria minera” y que la verdadera industria minera es la gran minería: “El desarrollo de la industria minera permitirá la ejecución de los grandes proyectos estratégicos (…) por parte de empresas sólidas y expertas”. De nuevo estamos hablando de la gran minería.
Veamos un poco en detalle qué termina pasando. Creo, senador Manzur, que no hay que irritarse con el senador indígena Ramiro Estacio cuando defiende aquí su punto de vista indígena. A mí francamente no me gusta esa cierta irritación. Siento como que se irritan, ¡no! No nos irritemos. Porque él tiene razón cuando afirma que este proyecto no fue consultado, cuando aquí dicen que sí lo fue, pero ojo, senador Manzur, también dijeron que había sido consultada la Ley Forestal que ustedes aprobaron aquí y ya la Procuraduría conceptuó que no se había consultado, lo que la vicia de nulidad, y era a eso a lo que se refería el senador Estacio. Es decir, ya le pasó a esta Comisión, senador Manzur. Ustedes aquí aprobaron la Ley Forestal en contra de la opinión del senador Estacio, que dijo que ustedes no habían consultado. También creo que no se consultó. Un foro no es una consulta. Una consulta es una operación más compleja y por supuesto que este Código afecta en más de un punto los derechos indígenas. Por ejemplo, le voy a poner uno bien peliagudo, exigido por la Drummond en un otrosí del contrato, o si no, no hubiera pagado la plata esa que debía. Y es que no le pueden dar a otra empresa condiciones mejores porque a Drummond se le daña la competitividad. Y eso afecta a los indígenas. Si los indígenas tienen una mina y usted le da a otro minero, allí cerca, mejores condiciones económicas que al indígena, lo está lesionando, lo saca del negocio. Pero podríamos mirar eso con más detalle. Créame, senador, que es así, no consultaron, y por supuesto, que los afecta este ejemplo que le acabo de poner, metido por la Drummond en un contrato. Drummond le dijo al gobierno: les pago la plata que le debo, reducida por supuesto porque tampoco es que sean tan generosos, pero eso sí, me ponen este otro punto en el contrato: de aquí en adelante, nadie en Colombia podrá tener un contrato mejor que el que el Estado colombiano le otorgó a Drummond.
El tiempo de las exploraciones, dice la exposición de motivos, hay que alargarlo. Dice además la exposición de motivos que eso es bueno porque se le mejoraron las condiciones a la gran minería, pero además, senador Manzur, usted en su ponencia vuelve y lo alarga. Se volvió indefinido, porque eso de que se puedan hacer prórrogas de dos años lo vuelve indefinido. Y aquí se ha dicho mucho, y usted lo mencionaba, senador Manzur, que eso no es bueno porque se congelan las áreas, lo que es más o menos razonable. Pero entonces las solución es al revés y están es agravando el problema.
Como ya lo mencionó la Contraloría, les bajan el canon superficiario a las mayores empresas, lo que también afecta el congelamiento las áreas. Les voy a dar este dato impresionante. En Colombia hay una trasnacional del oro, que ya entró o está entrando, llamada Quehdada, subsidiaria de la Anglo Gold Ashanty, una de las trasnacionales más grandes del mundo en minería, que en este momento está comprando títulos y pidiendo derechos sobre cuatro y medio millones de hectáreas en 322 municipios. Estas cosas las debiera controlar el Código minero. Les hago una pregunta con toda cordialidad a los amigos del gobierno: ¿sí es bueno que una empresa tenga derechos mineros en 322 municipios de Colombia? ¿Es bueno que una empresa minera de ese calibre termine controlando los concejos municipales de 322 municipios? ¡O quién controla el concejo municipal de La Jagua de Ibirico o el de los pueblos mineros de La Guajira! Estos son problemas graves del manejo de la economía nacional. El senador Manzur, entusiasta de este proyecto, lo modifica rebajándoles la renta otra vez a las trasnacionales, una propuesta que viola la ley, senador Manzur, se lo hace ver el propio ministro de Hacienda, y sin embargo se hace la propuesta. Creo que es un artículo que van a terminar retirando, pero, senador Manzur, con franqueza se lo digo, ¡otra rebaja de impuestos a las trasnacionales! Esa tesis de que el gran capital no debe pagar impuestos o que debe pagar menos es absurda. Ya no estamos hablando ni siquiera de los ricos de Colombia sino de los ricos del mundo. Estamos hablando de bajarle los impuestos a Exxon Mobil, la queridísima empresa donde trabajó más de 30 años el ministro de Minas. Lástima que no este aquí para decir lo que voy a decir ahora: este proyecto parece redactado por las trasnacionales. Me da pena con ustedes, pero es así.
Hay dos grandes artículos que configuran la idea de que es una reforma pro gran minería. Uno es el de la delimitación de las áreas especiales. Se trata de escoger unas áreas especiales en Colombia para contratarlas en unas condiciones también especiales. Dice que es para que participen “empresas mineras con estructura y experiencia adecuadas para el desarrollo de grandes proyectos mineros”. Y agrega el artículo que la ley “evitará que la misma –o sea el área– sea fraccionada por los solicitantes mineros en perjuicio de la explotación integral y racional del yacimiento”. Entonces hay que evitar que se fraccionen las áreas, o sea, un código para la gran minería. Nos dicen que es más racional así. Vamos a discutir lo de la racionalidad, pero de momento lo objetivo es que es un código para la gran minería. “Integrar las áreas”, esa es otra figura, novedosa por lo menos en Colombia. Es que existen derechos, entonces los puedan integrar, pero ¿integrar en beneficio de quién? ¿Del más grande o del más pequeño? ¿Bajo el control de quién quedará el área? Es evidente que la norma está perfectamente concebida para hacer negocios de mayor escala. Pero la exposición de motivos de este artículo lo dice de manera que a mí me alegra que lo diga, así con toda franqueza, porque es como se deben discutir las cosas. Dice que esto de la “integración de las áreas es para la explotación racional y para desarrollar una sola estrategia de exportación, trasporte y venta, entre otros”, o sea, para concentrar el negocio.
Entonces se van con Constitución en mano a sostener esto de la integración, porque yo no sé qué tan legal sea. Artículo 80: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”, dice la Constitución. Y miren ustedes la conclusión –los abogados son capaces de cualquier cosa, y lo digo con todo cariño por los abogados, pues tengo un hijo que está estudiando derecho–, miren, lo que acabo de leer no utiliza la palabra “racional” en ninguna parte, pero dice: “Como se observa, la explotación racional de los recursos es un objetivo tanto constitucional como legal que debe ser desarrollado”. Pero resulta que la Constitución no utiliza la palabra racional. Se inventan ellos que está allí para aducir que es un objetivo constitucional. Y miren cómo explican lo que quiere decir racional: “Adicionalmente dicho principio –o sea, el de la racionalidad– se apoya en razones de orden técnico y económico, pues las áreas con un potencial interesante –es decir las buenas, el lomo, donde están los recursos en grande– deben explotarse siguiendo un planteamiento minero organizado y unificado para evitar que al fragmentarse en pequeñas explotaciones o proyectos destruyan los yacimientos, depreden los campos y deterioren el medio ambiente”. O sea, si no es la gran minería, unificando los campos, lo que pasa es que al fragmentarse en pequeñas explotaciones o proyectos, repito, estoy leyendo, destruyen los yacimientos, depredan los campos y deterioran el medio ambiente, y para que no queden dudas de qué están pensando, ponen un ejemplo de ese desastre: “Como desafortunadamente ha ocurrido con gran parte de las explotaciones carboníferas en el altiplano cundiboyacense”, que, como sabemos, está lleno de pequeña minería. Esa es la tesis, reconózcanme, senador Manzur y senadores de la mayoría uribista, que eso es lo que quieren hacer: afinar, mejorar las gabelas y las condiciones para la gran minería. La explicación es que la pequeña minería hace muchos daños y yo no dudo que en la pequeña y en la mediana haya mil problemas que el Código tampoco intenta solucionar, como bien lo afirma la Contraloría. El Código no hace nada para la pequeña minería fuera de intentar ponerla en condición de que no exista. Entonces el problema de la pequeña minería se va a arreglar es logrando que no exista, o porque no se le dan concesiones, o porque la van a integrar con la gran minería. Un estilo en la lógica de que el niño está enfermo y para curarlo de la enfermedad se lo mata y se acaba el problema, se le desaparece sin duda alguna la enfermedad.
Grande y pequeña minería
Aquí voy a plantear una discusión. Ya está claro que la gran minería no está exenta de los deterioros ambientales, que incluso pueden ser mayores. ¿Qué deteriora más, la pequeña minería carbonera de socavón del altiplano cundiboyacense o la gran minería a cielo abierto en la Costa Norte de Colombia? No sé, no soy especialista en el tema, no tengo muy claro si ese daño de la minería de cielo abierto es o no reversible, puede que sí, puede que no. Estamos hablando de centenares de miles de hectáreas que estamos perdiendo de pronto para siempre. Las trasnacionales dicen que vuelven y ponen los arbolitos y se arregla todo. Yo no lo creo mucho. Pero en todo caso, ¿hoy qué hace más daño, la minería de socavón o la de cielo abierto?
Los líos laborales están presentes en las dos formas de minería y también los demás problemas en general. Pero aquí aparece otra discusión: ¿qué es eso de la racionalidad? Senador Manzur, se lo planteé a usted el otro día, porque eso de la racionalidad depende de muchas cosas. Por ejemplo: para un país lleno de desempleo, la racionalidad de la gran maquinaria, que sin duda la tiene y por eso existe, ¿sí es racional frente al desempleo? Los países serios esto lo discuten de fondo, ¿cómo hacer para que el empleo no desaparezca? En Boyacá, en cambio, es probable que sea poco racional esa explotación minera de pico y pala desde el punto de vista de lo tecnológico, pero también que tengan menos problemas de desempleo que los existentes en el Cesar y La Guajira. Los camioneros nos lo plantearon en Santa Marta en estos días. Nos dijeron, senadores, si ustedes nos sacan a nosotros los de los camiones, ya no va a haber entonces el lío de la contaminación por los camiones, pero se van a perder no se sabe cuántos empleos. Y eso me interesa que la Contraloría lo mire: de qué racionalidad estamos hablando. Lo que ocurre, me dicen, es que la pequeña minería no paga impuestos y yo les replico que la grande también paga bien poco. Y si no pagan impuestos los de la pequeña minería, ¿qué hay que hacer? Lograr que paguen o incluso no, porque si no pagan, de pronto acumulan capital a cierta velocidad. Las pequeñas o medianas empresas se pueden volver grandes precisamente porque no pagan impuestos. En cambio los impuestos que no pagan las trasnacionales se van de Colombia. Le hago un llamado a toda la gente de la academia y sobre todo a los jóvenes a no tragar entero. Muy bonitas las palabras racionalidad, eficiencia, pero qué quieren decir. En esos restaurantes de “corrientazos” baratísimos probablemente las condiciones higiénicas no sean las mejores, pero son baratos y le pegan directo a la racionalidad de los pobres. O cómo es la cosa. Un pobre va y se mete un almuerzo de 30 ó 40 dólares en condiciones higiénicas sobresalientes, suponiendo que sí lo sean, y es algo muy racional con respecto a su úlcera o su salud, pero resulta que se le muere de hambre la familia porque se queda sin plata.
Hay algo que me escandalizó más en la propuesta y es la idea de generar un Plan Nacional de Ordenamiento Minero. Y esto me parece de lo más pro gran minería que se pueda ver. Soy amigo de racionalizar las cosas, de que se planifiquen de la mejor manera y me parece sensato que haya un Plan Nacional de Ordenamiento Minero. Pero lo que sí veo desproporcionado es que se diga lo siguiente: “En la elaboración, modificación y ejecución de los Planes de Ordenamiento Territorial o cualquier otro instrumento de planificación del territorio las autoridades competentes se sujetarán al Plan Nacional de Ordenamiento Minero”. Con franqueza les digo, cómo se les ocurre esto. La Contraloría ahí mismo pegó el brinco. El Ministerio de Ambiente dice que no vayan a aprobar eso, porque es una locura. Pero cómo lo pusieron, no entiendo. Estamos hablando de que la minería puede generar problemas ambientales gravísimos, y miren ustedes, en Perú ya hay unos líos gravísimos, líos políticos, de confrontaciones entre las comunidades que no quieren que les destruyan su territorio y unas empresas mineras que llegan como vinieron en la Colonia. Acuérdense el Cerro del Potosí, en Bolivia, o los destrozos de la gran minería inglesa en el Chocó y el nordeste de Antioquia. Vayan a El Bagre, a Istmina, a todos esos sitios, para ver los horrores que dejaron las trasnacionales con el cuento de que nos iban a sacar del subdesarrollo. Estoy hablando de hechos, no de pruritos izquierdista.
Aquí se ha dicho que el sector va a mejorar mucho por aquello de la responsabilidad social empresarial. Esa es una frasecilla con la que andan haciendo ahora mucho ruido. Es chistoso, aunque no pude traer la cita textual. Milton Friedman, el gringo ideólogo de esta tendencia, Premio Nóbel de Economía, el que orientó a Pinochet, asegura que la única responsabilidad social de las empresas es hacer las cosas con miras a ganar harta plata. La Ley 142 de servicios públicos establece que el principal criterio para administrar las empresas de servicios públicos privatizadas es ganar plata. O sea, esa tal responsabilidad social son cuentos, pero además, y lo denuncia la Contraloría, “lo que se señala en el artículo de responsabilidad social empresarial habla de unos comportamientos voluntarios de las empresas”. Entonces una ley que, según se supone, se va a preocupar por la sociedad y la vida de la gente, lo deja a voluntad de unas empresas como estas de la gran minería que tienen fama de depredadoras en el mundo entero. No hay otra forma, me dice el senador Manzur. Entonces no lo pongamos, o si lo ponemos, no le echemos el cuento al senador Ramiro Estacio de que se trata de un gran artículo. Porque no funciona, no opera, para que no nos metamos cuentos. Además no creo que un artículo que confunde a la gente sea bueno. Pienso que si en algo debemos preocuparnos quienes tenemos responsabilidades es en decir las cosas con toda claridad y no generar ilusiones. Porque el problema existe, senador Manzur, entonces intentémoslo resolver en las normas y no pongamos cosas en las normas que creen la ilusión de que se van a resolver, cuando no es así. Es el mismo problema del trabajo de los niños. Está prohibido en todas las leyes, luego meterlo en este nuevo Código no resuelve nada. En parte aquí el problema no es que no haya normas, sino que hay normas que no se cumplen. Y no se cumplen porque el Estado no gasta lo que debiera en hacerlas cumplir. Si la minería le produce tantos ingresos al Estado, por qué no se gasta una parte importante de esos ingresos bregando a que se cumplan las normas. No, todo queda al garete, la plata se coge para otra cosa y esta minería se hace con los horrores con los que se está haciendo.
Yo me uno a la idea que expresa la Contraloría de que este proyecto no sirve. Creo que no tiene arreglo. Con franqueza les digo, no me voy poner en el esfuerzo de intentar arreglarlo, porque no tiene sentido. Lo que al final queda es Frankestein con los labios pintados y aretes, pero el mismo Frankestein. Y el senador Robledo, como un idiota útil avalando un proyecto con el que no está de acuerdo. Yo en eso no me voy a poner. No les voy a molestar la vida bregando a maquillar lo que no tiene arreglo. No tiene solución, porque está mal enfocado, mal planteado.
El principal argumento, la defensa de la soberanía
Pienso que tres grandes cosas debería tener un código minero, como grandes criterios. Primero, más Estado controlando, cobrando impuestos, asegurando que se paguen las regalías. Porque ese es el patrimonio de la nación y es el Estado el que tiene que velar por él. Y particularmente, más Estado frente a las trasnacionales. Que un pequeño minero de Boyacá se le tumbe unos pesos en impuestos al Estado, a mí no me gusta y estoy en desacuerdo y no debiera ser así. Pero que se los tumben Drummond, Glencore, Xtrata, Anglo Gold Ashanty, personalmente me revuelve la úlcera, porque puedo demostrar que es más grave para el desarrollo del país lo segundo que lo primero, aun cuando moralmente pueda ser idéntico el caso. Para dividir la propuesta en dos, más Estado en todo, en impuestos, en regalías, en medio ambiente, en los derechos laborales.
Lo segundo, debiera haber un capítulo entero de respaldo a la pequeña y mediana minería. ¿Qué vamos a hacer con la pequeña y la mediana minería? Mire, senador Manzur, no se hagan ilusiones pensando que la pequeña minería se va a acabar porque le van a dar gabelas a la grande y que así se van a resolver los problemas. Tengo informes que señalan que en África, donde ya se ha aplicado este tipo de reformas, entre el 20 y el 25 de la minería sigue siendo pequeña. Y es lo que va a terminar pasando aquí, porque además, en la miseria en la que está el país, el TLC nos empuja a que todo lo hagamos con minería. El TLC va a acabar con el agro y la industria y el país va a sobrevivir de la minería. Fácilmente están diseñados horrores para este país en lo que tiene que ver con minería. Pero esa pequeña minería no se va a acabar porque ustedes le den gabelas a la grande. Debiera haber entonces un capítulo entero, incluso por esta última razón que estoy planteando, pero claro que por razones sociales y ni se diga de otros órdenes. Una pequeña minería a la que además dejaron sin medios de transporte. Aquí cogieron el único tren que había en Colombia para salir a la Costa Norte y se lo entregaron a unas trasnacionales y entonces los mineros del centro del país tienen que sacar su carbón en camiones. ¡Eso qué es! Para no hablar de lo que fue ese negociado del tren, que cuanto más lo estudio más me impresiona. Sobre esto vamos a hacer otro debate en la Plenaria de Senado, de cómo fue que se tumbaron el tren que era de Colombia. Entonces me uno a una frase con la que terminó la Contraloría su primer informe. Dice Contraloría: uno, este articulado no arregla los problemas del Código y dos, no defiende los intereses de la nación. Y ese para mí es el principal argumento. Decía algún día, que ganen plata, estamos en el capitalismo, pero el problema es cómo la ganancia no se pone en contraposición con los intereses de la nación, que es lo que nos pasa en este proyecto. Se pone contra los intereses de la nación y la ganancia se queda sin justificación, porque cuando el que gana genera progreso de verdad, bienvenida la ganancia, pero si genera deterioro, las cosas no funcionan.
