Jorge Enrique Robledo Castillo
Manizales, 12 de diciembre de 2001.
Lo ocurrido en el departamento del Cesar es un ejemplo patético del desastre de muchas regiones de Colombia y de la manera como ejecutaron sus políticas los neoliberales criollos. Si no es extraño allí oír de empresarios agrícolas tan arruinados que hoy se transportan en bus porque perdieron hasta sus automóviles y camperos, hay que ver la miseria que sufren los que antes trabajaron como asalariados de aquéllos y todo el mundo en municipios como Codazzi, otrora hervideros humanos en los que se reflejaba el movimiento económico generado por las más de cien mil hectáreas de algodón que alcanzaron a sembrarse en las tierras del vallenato. Cuánta hambre y sufrimientos hay detrás de los campos improductivos y de los tractores comidos por el óxido en los abandonados campamentos de las fincas del Cesar.
Pero la forma como arruinaron a los algodoneros es, si se quiere, peor que su misma ruina. Los neoliberales colombianos no le explicaron a la nación el compromiso adquirido por ellos en la Organización Mundial del Comercio de acabar con el cultivo del algodón en Colombia, para reemplazarlo por el Cotton USA, del que tanta propaganda se hace en el país. Y además de que no tuvieron la honradez y el valor civil para hablar con franqueza, hicieron todo tipo de esfuerzos retóricos para convencer a los empresarios de que sí podrían competir, a lo que le agregaron descalificar con improperios a los pocos que advertimos lo que le sucedería a la producción nacional con la apertura a los productos extranjeros. En esa operación de crear falsas ilusiones también recibieron la ayuda de quienes se autocalifican como “especialistas en competitividad”, lo cuales no vendieron fórmulas para salvarse de los efectos de la desprotección –porque no existían–, sino que cobraron duro por crearles la ilusión a sus víctimas de que sobrevivirían. Y los algodoneros, creyéndoles a los que consideraban amistosas autoridades en el tema, siguieron, como antes, invirtiendo y endeudándose en nuevas siembras, hasta que terminaron por perder lo acumulado en todas su vidas, con lo que a muchos de ellos no les quedó ni con qué volver a empezar.
Y ahora, luego de cumplir con lo pactado en el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional de incluir a Colombia en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) –la última fase de la apertura neoliberal, que deberá llevar el país a aranceles de cero por ciento y desprotección total–, ya volvieron los mismos con las mismas. Por ahí anda la alta burocracia diciéndole a los empresarios que “deben prepararse” para el aumento de la competencia externa, creándoles la ilusión de que podrán hacerlo con éxito, labor en la cual también esta vez actúan con la colaboración de quienes, en tono supuestamente científico, venden espejismos como si fueran posibilidades.
Que nadie se haga ilusiones, que si el ALCA se aplica en Colombia se completará la obra iniciada en 1990 de acabar con los sectores no monopolistas de la industria y con lo que aún sobrevive del agro, exceptuando, de pronto, a los cultivos tropicales, porque hasta éstos podrían terminar en una crisis sin retorno. Cómo será lo que viene que Luis Jorge Garay ha señalado que el ALCA “lo que va a hacer es una globalización más perversa y creciente en todos los campos” (La Revista de El Espectador, 9 de diciembre de 2001, p. 11).
En el trabajo que debe hacerse de oposición al ALCA, lo primero es alertar a los sobrevivientes, en el agro y en la industria, para que no actúen con la ingenuidad con la que actuaron los que fueron sus pares hasta los inicios de la década de 1990, entregándoles el monopolio del conocimiento sobre el tema a los mismos que les tendían la emboscada. Lo segundo es exigirle al gobierno que explique por qué y qué sectores o empresas tiene calculado quedarán al final y en qué orden se van a producir las quiebras, porque se sabe que la desprotección se realizará en un proceso creciente entre el 2005 y el 2015, y porque hoy ya no hay duda de que la apertura de hace una década se organizó para quebrar en ese momento a unos y darles largas a otros. Y que los bien pagos dirigentes gremiales de la producción industrial y agropecuaria cumplan aunque sea con el mínimo papel de impedir que sus afiliados tomen decisiones sin la suficiente información.
