Jorge Enrique Robledo Castillo
Contra la Corriente
Manizales, 16 de mayo de 2002.
Para cerrar con broche de oro su gestión, el gobierno de Andrés Pastrana está por presentarle al Congreso el Proyecto de Ley General Rural, que busca consolidar las tendencias antiagrarias definidas por el neoliberalismo desde 1990.
El proyecto afirma que la producción agropecuaria se adaptará a “a la dinámica de los mercados globalizados”, orientación que implica, y así se dice en la exposición de motivos, renunciar a producir lo que pueda importarse a menores precios que la producción interna (trigo, arroz, maíz, azúcar, papa, leche, carnes, huevos, hortalizas y en general la dieta básica de la nación) y especializar el país en cultivos tropicales de exportación (café, banano, cacao, palma africana, o sea, los bienes que no hacen parte de la dieta principal de la humanidad), cuyos precios internacionales, además, tienden a la baja por su sobreoferta. Es obvio que esta política casa con el ingreso de Colombia al Alca, porque cultivos tropicales son los que por causa del clima no pueden producirse en las zonas templadas de la tierra, donde se localiza Estados Unidos.
En consecuencia con lo anterior, el proyecto se descara al no definir la Seguridad Alimentaria como la política de producir en el territorio nacional los alimentos de los cuarenta millones de colombianos, sino como la necesidad de ofrecerle comida barata –así sea importada– a los pobres del país y que amplios sectores del campesinado sobrevivan en la miseria de las parcelas de autoconsumo. Con demagogia barata y “social” quieren ocultar que intentan someter a Colombia a lo que quieran imponerle los países y las transnacionales a los que haya que comprarles la dieta básica de la nación.
Además, y mientras Estados Unidos acaba de aprobar una ley de subsidios a su agro que los aumenta en por lo menos 18 mil millones de dólares anuales, aquí pretenden una que dice que solo podrán subsidiarse los seguros de cosecha y que establece que las medidas oficiales de “estabilización de precios” no podrán darse cuando los precios internos de los productos sean superiores a los externos más los costos de importación, lo que significa que deberá desaparecer hasta el escaso subsidio de 30 mil pesos por carga que reciben los cafeteros.
De otro lado, todo el proyecto está redactado dentro del más hirsuto espíritu privatizador. Plantea venderle a empresas particulares los distritos de riego existentes; busca entregarles a contratistas privados buena parte de las responsabilidades del Estado frente al agro; señala que el gobierno solo podrá respaldar la construcción de distritos de riego, vías y electrificaciones en las zonas rurales “hasta” con el 40 por ciento de sus costos, lo que significa que podría no aportar nada; le entrega el monopolio de la investigación agropecuaria a un grupito de corporaciones “mixtas” escogidas a dedo, a las que tampoco les garantiza una adecuada financiación; empuja la privatización de la educación básica en el campo; afirma que los créditos para el sector deberán tener tasas iguales o muy parecidas a las comerciales; y hasta pide “profundizar y dinamizar el mercado de tierras”, lo que debe entenderse como elevarles los impuestos prediales a las fincas y parcelas. Incluso, elimina el Instituto de Adecuación de Tierras (INAT), el DRI y el Incora y amenaza el manejo de los recursos parafiscales.
Este esperpento además hace demagogia acerca de que el futuro del agro también descansará en la biodiversidad del país, lo que puede ser complementario con el incremento de las tierras que quedarán en rastrojos por causa de la especialización en cultivos tropicales, pero a pesar de ello tampoco define una estrategia para aprovechar la gran diversidad biológica nacional. Lo que sí hace es abrir la puerta para la firma de “convenios de asociación o contratos de concesión de ecosistemas a empresas internacionales”, aun cuando reconoce que “en la actualidad esos contratos no son muy beneficiosos para los países que poseen los recursos”.
Como es obvio, urge la mayor unidad de todas las organizaciones del sector agropecuario, y de toda la nación, en la exigencia de que dicho proyecto ni siquiera se presente al Congreso.
