Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 7 de agosto de 2009.
Que Álvaro Uribe está enfermo por un tercer período en la Presidencia –o, con mayor precisión, por perpetuarse en el poder– no tiene duda, así lleve años ocultándolo. Lo que no se sabe es si tendrá éxito en la intentona o si, como muchas cosas lo indican, fracasará para bien de Colombia. ¿Pero qué es lo que quieren reelegir, bien sea en la propia persona de quien podría terminar de tirano de novela o en la de uno de sus escuderos?
En cuanto a las condiciones de vida de la gente, la primera responsabilidad de un gobierno, lo que pretenden reelegir es el hambre, la pobreza, el desempleo, la falta de salud, de educación y de techo, para solo mencionar algunas de las tantas lacras que azotan a los colombianos. Porque tras la eternidad que significan los siete años de desocupación y pobreza del uribiato, no obstante haber contado con el respaldo de una de las mejores épocas de la economía mundial, está probado que en este gobierno se empeoró el orden social inicuo que avergüenza a los colombianos ante el mundo civilizado. Esto, claro, si no se considera como la cumbre de la “sensibilidad social” sustituirles a los colombianos la adecuada atención de sus necesidades básicas, a lo que se supone tienen derecho, por las minúsculas dádivas que el candidato a llegar a su otoño como un patriarca reparte como si salieran de su bolsillo y solo entre aquellos que las pagan con votos contantes y sonantes. O si no se olvidan las incontables gabelas otorgadas a un grupito, las cuales en parte explican por qué solo seis países en el mundo tienen una peor desigualdad social que Colombia.
En cuanto a las políticas económicas de las que se derivan tantos males, lo que quieren reelegir es que el país no se relacione con el mundo según sus conveniencias sino sirviendo a las de otros, en particular a las de Estados Unidos, imperio que lo especializa en la producción de materias primas, sobre todo mineras, como en la Colonia española, que le impone importar 9.8 millones de toneladas de productos del agro que podría producir, desindustrializarse todavía más y traspasarles a los extranjeros la propiedad de las principales empresas nacionales. Como corolario, la “seguridad inversionista” determina reducirles los impuestos a los monopolistas en decenas de billones de pesos, inaceptables relaciones entre el Estado y los negocios de la familia presidencial e insistir en los TLC, que agravarán las desgracias ocurridas desde 1990, con el inicio del “libre comercio” en Colombia.
En lo político, intrigan por reelegir el país de la persecución a la Corte Suprema de Justicia porque se atrevió a investigar y sancionar la parapolítica, el de la reforma política aprobada para no impedir que la corrupción y el crimen ganen elecciones en Colombia, el de la yidispolítica y de las notarias como moneda de pago para engrasar el cambio de la Constitución que legalizó la primera reelección, el de las mentiras del comité del referendo reeleccionista y de las grandes sumas con las que pagaron la recolección de las firmas algunos enriquecidos por las decisiones oficiales, el de los muy mal llamados “falsos positivos”, el de las andanzas siniestras de la policía secreta que depende directamente de la bien denominada Casa de Nari y el de la cooptación de tantos magistrados y del Procurador, así como la desvergüenza de la terna para escoger el Fiscal que deberá cubrirle las espaldas a Álvaro Uribe.
También desean reelegir que Colombia no tenga política exterior propia, sino que se siga sometiendo a la de Washington, incluido mantenerle el respaldo a la invasión a Irak y aceptar en el país siete bases militares gringas que no tienen como objetivo primordial el narcotráfico, porque hacen parte de la estrategia militar norteamericana por el control de América y del mundo, bases contra las que ya protestaron los gobiernos de Brasil y Chile y cuya verdadera naturaleza pretende ocultar o justificar el uribismo con cortinas de humo que tienen el agravante de empeorar las relaciones con los países vecinos, irresponsabilidad que lesiona la economía nacional y aumenta la pobreza.
En cuanto a la política de seguridad, intentan reelegir una que de democrática tiene bien poco y que luego de dos gobiernos y de las enormes sumas nunca antes gastadas por Colombia en guerra, fracasó en asegurarles la paz a los colombianos. Que no hay paz en el país, verdad que hay que lamentar, lo prueban las decenas de miles de personas que actúan por fuera de la ley, organizadas y armadas con los más diversos propósitos.
