Para el próximo martes 19 de mayo, la Comisión Quinta del Senado citará en debate de control político a la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, a la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, y la agente Interventora de Electricaribe S.A. E.S.P., Ángela Rojas; con el propósito de que expliquen cómo se llevó a cabo el proceso de enajenación de la empresa de servicios públicos que le presta servicio de energía a toda la región Caribe y que estaba en control del Estado Colombiano desde 2016.
Sin embargo, el Senador Jorge Enrique Robledo prendió las alarmas luego de que en las respuestas que entregaron los funcionarios citados al cuestionario del debate, estos ocultaran información relevante sobre el negocio, como el valor que pagaron los dos consorcios ganadores de la subasta, EPM y Consorcio Energía de la Costa -conformado por Latin American Corp. y Empresa de Energía de Pereira-. “Nos dijeron que ese valor no se podía revelar, que era secreto por una decisión del Consejo de Ministros y del propio presidente de la República. Yo me pregunto: ¿secreto a cuenta de qué? ¿qué están ocultando? ¿qué es lo raro que pasó aquí?”, precisó Robledo.
El congresista recordó que, para lograr la venta de Electricaribe, el Gobierno Colombiano confeccionó un contrato tipo sastre para otorgar todas las garantías tanto a EPM cómo al consorcio de Alberto Ríos Velilla: “De entrada el Estado puso más de 4 billones de pesos en los últimos tiempos, le aportó subir las tarifas duro en la Costa Atlántica y cambió una norma para que EPM pudiera quedarse con una parte más grande del negocio eléctrico nacional, el clásico ‘negocio sastre’”.
“Colombia no puede seguir siendo un país donde estas formas de privatización ahora nos la vuelven secretas para los colombianos. Le insisto a la ministra Suárez y al presidente Duque que antes del martes nos entreguen las dos cifras para que podamos hacer un debate de control político serio a esa operación financiera de altísimo interés para la nación”, finalizó Robledo.
Bogotá D.C., 17 de mayo de 2020.
