Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 17 de agosto de 2009.
Siguiendo políticas del BID –y “el gringo ahí”, como decía Jaime Garzón–, la ley 1151/07, del Plan de Desarrollo del actual gobierno, en su artículo 79, decidió impulsar “los macroproyectos de interés social nacional (…) con el fin de promover la disponibilidad de suelo para la ejecución de programas, proyectos u otras obras de utilidad pública o interés social”. ¿Habrá acto oficial en Colombia que no se cubra con el manto de lo “social”? ¿No dijeron que por lo “social” había que despojar a los campesinos de las tierras de Carimagua? Y el Documento Conpes 3583 de abril de 2009 sobre los macroproyectos señaló que la traba central para estos era la “escasez de suelo urbano”, razón por la que respaldó el de la tradicional comuna de San José, en Manizales, más otros en otras tres ciudades del país.
No por casualidad, todos los macroproyectos de interés social son planes de renovación urbana dirigidos a transformar por completo zonas del centro de las ciudades habitadas por sectores populares, de manera que una vez destruidas las edificaciones en que viven o trabajan estos, puedan hacerse grandes inversiones en negocios de urbanismo y construcción. Ni el Plan de Desarrollo ni el Documento Conpes se refieren a atender problemas de viviendas en zonas de riesgo. Que en Manizales se haya presentado el proyecto de San José tras este rostro amable se explica por lo conveniente que en este caso resulta tener una disculpa a la mano.
Para facilitar estos grandes negocios, el gobierno nacional también declara “de utilidad pública e interés social los inmuebles” necesarios para los macroproyectos, de forma que se faciliten las expropiaciones que beneficiarán los negocios en ciernes en esas zonas, incluido uno en Manizales al que llaman “parque tecnológico”, el nombre rimbombante del negocio corriente de alguien.
La intervención en Manizales será mayúscula. En una ciudad de apenas 387 mil habitantes, se afectarán 233 manzanas y se derribarán 2.569 edificaciones empleadas como viviendas, comercios, servicios e industrias, lesionando la vida de muchos. La mayoría de esas edificaciones se emplazan en tierras planas u onduladas, lujo en esta ciudad que en parte explica por qué les tienen tantas ganas a esos terrenos.
Presumiendo la oposición de los muchos ciudadanos que serán lesionados para beneficiar a unos pocos, el Municipio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Urbano decidieron provocar el desplazamiento mediante una idea absurda que se presenta como progresista: botar 90 mil millones de pesos en la construcción de una vía de casi cuatro kilómetros y de tres carriles que no se necesita, la cual diseñaron serpenteando por el área que desean destruir y urbanizar y en la que no hay ninguna zona de riesgo. Para agravar el despilfarro, esta vía innecesaria, que quedará a apenas cinco cuadras de la Avenida del Centro, tendrá una glorieta con accesos elevados y dos puentes de sesenta metros de luz. Y todo el proyecto, para alegría de politiqueros, constructores, banqueros y comisionistas, exigirá que el municipio se endeude en otros 164.500 millones de pesos, deuda con sus intereses que se cubrirá con vigencias futuras extraordinarias, pues las ordinarias ya están comprometidas.
Con razón para el fin que persiguen, el Ministerio de Juan Lozano dijo que la vía –llamada Avenida Colón– es el “proyecto estructurante”, mientras que la Alcaldía la define como el “elemento detonador”, nombre que le cae como anillo al dedo porque su única razón de ser es la de detonar las edificaciones y proyectos de vida de los miles de manizaleños, propietarios o inquilinos, a los que van les van a arrebatar su ubicación en el centro de Manizales, seguramente la única ventaja de la que disfrutan en la ciudad.
Como afirman que este proyecto lo disfrutarán los mismos que hoy habitan en la zona, debe saberse que la experiencia nacional e internacional de siglos –desde el incendio con el que Nerón renovó a Roma– demuestra que las renovaciones urbanas como esta exigen renovar, o desplazar, a los habitantes de las áreas afectadas. Y también demuestran que las zonas urbanas degradas no desaparecen, sino que simplemente cambian de sitio en las ciudades. Que se atienda a los manizaleños que viven en zonas de riesgo, que se mejoren las condiciones urbanas y de habitabilidad de San José y que se promueva la construcción, sí. Pero no así. Que no se usen fines deseables para ocultar objetivos que no lo son.
