Con mis buenos días empiezo por agradecerles a quienes están con nosotros aquí esta mañana en el recinto de la Comisión Quinta del Senado y a los colombianos que nos están siguiendo por las redes y a quienes nos vean después. Desde ayer anuncié que esta era una rueda de prensa convocada para ahondar, dando nuevas razones, sobre por qué le estoy exigiendo a la ministra del Transporte y la Infraestructura, Ángela María Orozco, que renuncie a su cargo.
Causó un impacto grande e indignación ciudadana saber, porque se supo, que la ministra Ángela María Orozco estaba armando un pacto secreto con los banqueros vinculados a la corrupción de la Ruta del Sol, Odebrecht-Grupo Aval, para clavarnos a los colombianos más de un billón de pesos de pagos del Estado, es decir, de nosotros los colombianos, a todo este mar de corrupción. A los banqueros que le prestaron la plata al Consorcio de la Ruta del Sol les van a dar, esa es la decisión que habían anunciado, 1,2 billones de pesos, de plata de los colombianos.
Con este antecedente, anuncio que voy a acusar a Ángela María Orozco de violar la ley y de faltar a la verdad, mintiéndole al país para favorecer al Grupo Aval y a Luis Carlos Sarmiento Angulo, cargo por el que debe renunciar. Ella no solo incurre aquí en una falla ética, sino que enfrenta un problema legal.
Voy a revelar un hecho que el país no conoce. La ministra de Transporte es hoy propietaria en el ciento por ciento de las acciones de una empresa llamada R & O, Research and Opportunities. Ella fue hasta hace un año, hasta el 19 de julio de 2018, la representante legal de esa compañía. Ya no lo es, pero sigue siendo la propietaria del ciento por ciento de las acciones. No fue fácil desentrañar el enredo, porque resulta que la página web donde está la información fue bajada, o sea, la página de R & O desapareció, pero la pudimos encontrar en algún servidor en Estados Unidos, que almacena las páginas que se bajan. Y resulta que en ese servidor, se dice que R & O tiene entre sus clientes, “entre nuestros clientes”, al Banco de Bogotá y al Banco de Occidente, que, como se sabe, son bancos del Grupo Aval, controlado por el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Luego, ella está en un evidente conflicto de intereses, como voy a demostrarlo, por haber favorecido y tramitado intereses del Grupo Aval en este gobierno, y lo ha hecho de una manera sistemática. No sirvió que hubieran bajado la página para esconderla. La logramos encontrar y queda en evidencia ante el país que ella es la propietaria de una empresa que tiene entre sus clientes al Banco de Bogotá y al Banco de Occidente, muy beneficiados por estos asuntos de Odebrecht.
Su actuación viola la ley 1437, el Código de Procedimiento Administrativo, en el Artículo 11, sobre conflicto de intereses. Porque ella era hasta el 19 de julio del año pasado representante legal de esa empresa y viola la ley cuando a lo largo de este año ha estado tramitando intereses del Grupo Aval. Es clarísimo que ha tenido que renunciar antes de ese cargo.
De paso voy a señalar otro hecho poco mencionado, aun cuando sí lo denunció María Jimena Duzán en sus valerosas columnas. “Al parecer”, dice María Jimena Duzán, la vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez, “ha liderado el tema tras bambalinas”. Entonces aquí hay que hacer otra explicación. Cuando se creó, la firma R & O quería decir, en su segundo paso, R de Ramírez y O de Orozco, porque Marta Lucía Ramírez fue socia en ella de Ángela María Orozco. Pero además las relaciones de cercanía de la ministra Orozco y Marta Lucía Ramírez son inmensas. Todos los colombianos ilustrados sabemos que la doctora Orozco es cuota en el gabinete de Marta Lucía Ramírez. Y sus relaciones, repito, son evidentes. Durante los cuatro años que estuvo Marta Lucía Ramírez de ministra de Comercio, la doctora Orozco fue la viceministra entre 1998 y 2000, y nada menos que directora de Proexport a partir del 2000 hasta febrero de 2002. Y sabemos que la doctora Marta Lucía Ramírez es cercanísima a Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero cercanísima. Fue su asesora jurídica durante muchos años, fue presidenta del grupo financiero Aval y también presidenta de la Anif, una institución, como sabemos, bajo el control del Grupo Aval. O sea que estamos hablando de beneficios directos a una organización financiera y a un personaje bien conocido por los colombianos.
Hay otros hechos perfectamente demostrables. Uno, el ya mencionado del escándalo que estalló con lo de los 1,2 billones, y uno nuevo, que el país tampoco conocía, y es que en el 10 de enero de 2019, estando ya ella incursa en la inhabilidad mencionada, la doctora Ángela María Orozco dice: “Como ministra de Transporte y en mi condición de cabeza y responsable del sector de infraestructura y transporte [nos anuncia] que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) autorizó un segundo pago por $627.000 millones de pesos a los bancos como acreedores y terceros de buena fe, del proyecto Ruta del Sol, sector 2”. No voy a catalogar este pago en las mismas condiciones que el otro que estamos discutiendo en este momento en el tribunal de arbitramento, pero sí digo que fue un pago que ella pedaleó, y eso también le estaba prohibido. Ella ha debido declararse inhabilitada. De esos 627 mil millones, 307 mil millones fueron a bancos del Grupo Aval, y de esos, 242 mil millones fueron al Banco de Bogotá y al Banco de Occidente, instituciones que hace un año eran sus clientes. Y seguramente lo sigan siendo. Se trata de una acción absolutamente ilegal e indebida de la doctora Ángela María Orozco. Ha debido delegar esa función en otro ministro o en quien determinara el Consejo de Ministros, pero ella no podía ejercer esa función, que por supuesto favorece al Grupo Aval.
El segundo aspecto es el que dio inicio a este asunto, lo que yo llamo “la jugadota” de la doctora Ángela María Orozco en beneficio del Grupo Aval, la intentona de darles a estos banqueros 1,2 billones de pesos. Haciendo este anuncio, la mitad de la plata va para bancos del Grupo Aval, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, etc. Esa es la discusión más reciente y voy a abundar en detalles.
Es una plata que termina convirtiéndose en parte de un negocio corrupto, el de la Ruta del Sol. No lo debemos olvidar, porque todo tiene origen en los sobornos que pagaron la Ruta del Sol, sociedad del Grupo Aval y de Odebrecht, para quedarse con unos contratos corruptos por sumas astronómicas. No perdamos ese contexto. Es tan grave lo que intentaron con ese pago de más de un billón de pesos, que la Procuraduría General de la Nación saltó a la arena: “Los colombianos no deben soportar ninguna carga fiscal adicional por el caso Odebrecht. Como Procuraduría nos oponemos”. No soy solo yo ni muchos ciudadanos los que estamos denunciándolo. Estamos hablando de que la Procuraduría se opone.
La Procuraduría lo califica como “un costo adicional”. Es que ya las pérdidas para Colombia son inmensas, aunque nos han intentado echar el cuento de que aquí no se ha perdido nada. No. Aquí sí hay perdida una suma inmensa, porque esa carretera no se terminó como se ha debido. Y la Procuraduría nos recuerda que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sancionó por corrupción al Consorcio de la Ruta del Sol y a sus socios imponiéndoles una sanción de 800 mil millones de pesos, que tienen que ser pagados. Pero la Procuraduría advierte, y yo estoy de acuerdo, que lo que intenta hacer la ministra de Transporte pone en riesgo esos pagos, porque aquí no hay platas infinitas para atender este tipo de cosas.
Denuncio no solo la inconveniencia, sino la ilegalidad y la manipulación de la ministra actuando a mi juicio por completo de mala fe. Ella dijo hace poco en una entrevista en La W, y en cuatro ocasiones distintas, que ese acuerdo entre el gobierno y los banqueros se podía hacer, porque los banqueros habían sido declarados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según ella, como “terceros de buena fe”. Y es la segunda vez que menciona el término “de buena fe”, y vamos a mirar al final cómo esa es la hoja de parra con la que se pretende ocultar una corrupción descomunal.
La ministra aduce que ese acuerdo de sacarle al Estado más de un billón de pesos, la mitad en beneficio de los bancos de Luis Carlos Sarmiento Angulo, se podía hacer porque esos bancos eran “terceros de buena fe”. La primera astucia de la ministra es meter en el mismo saco a unos bancos que no son socios con la Ruta del Sol con los bancos del Grupo Aval, que sí lo son. Eso no es de buena fe, señora ministra, usted no puede meter a otros bancos en circunstancias distintas e igualarlos con los que sí están comprometidos en estos ilícitos. La ministra aduce que fue el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el que definió a los banqueros como “terceros de buena fe”, pero el doctor José Roberto Acosta, que ha seguido el caso en detalle, y en mi oficina lo miramos con detenimiento, muestra que en ninguna parte dice el Tribunal, señora ministra, y usted lo tiene que saber, que declaraba a los banqueros como “terceros de buena fe”. Es un cuento suyo, no corresponde con la realidad.
Mirando el acuerdo que se intentó hacer con los bancos, en últimas con Luis Carlos Sarmiento Angulo, un acuerdo que tenía que firmar la ANI, y la ANI es subalterna de la ministra, resulta que es allí, en el punto 29, donde se dice que los bancos “son terceros de buena fe”. De cuándo acá un acuerdo de tipo comercial entre dos partes puede definir quién es y quién no es “tercero de buena fe”. Pero además se lo achacan a la acción popular promovida por la Procuraduría. No se atreven a mencionar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero esa mención tiene que ver con que ellos no están facultados para tomar esa decisión. No solo intentaron mantener el acuerdo en secreto, hasta que lo destapó María Jimena Duzán, y no solo les pasaban la plata a los bancos del Grupo Aval, sino que asaltaban al país declarándolos como “terceros de buena fe”, cuando un acuerdo como ese no tiene potestad para declarar así a nadie.
Ahora, qué tan cierto es que se puede despachar alegremente que esos bancos del Grupo Aval, Bogotá y otros, se pueden catalogar como “terceros de buena fe”, como la otra gente que está en el negocio, un proveedor de comida en la Ruta del Sol o un ingeniero subcontratado para hacer unos sardineles. ¿Sí es equiparable una situación con la otra?
Hay por lo menos tres decisiones de autoridad que condenan al Grupo Aval como alguien que no actuó de buena fe. La primera, una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que le pide a la Fiscalía investigar penalmente al propio presidente de Corficolombiana, la que está detrás de todo, al doctor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, hijo de Sarmiento Angulo, después de hacerle una sustentación de acciones indebidas.
En segundo término, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca los declaró corruptos, no solo a José Elías Melo, el presidente entonces de Corficolombiana, sino a todos quienes actuaron allí, a las propias organizaciones, y les impuso una multa de 800 mil millones de pesos.
Y un juez de la República condenó a 12 años de cárcel al presidente de Corficolombiana-Grupo Aval, José Elías Melo, por pagar sobornos. Y le exigió a la fiscalía de Martínez Neira que le cayera con todo detenimiento a Sarmiento Gutiérrez. Y esta es la hora en que nadie ha procedido a actuar. Entonces les van a regalar la calificación de “terceros de buena fe” a quienes han procedido de una manera absolutamente inaceptable. Y lo metía como un mico la doctora Ángela María Orozco.
Y la tapa del congolo, como se dice coloquialmente, es lo que vimos en Noticias Uno este domingo, y lo contó también María Jimena Duzán. En un video y un audio que también circula, aparece el doctor Ángel Castañeda, abogado del Consorcio de la Ruta del Sol Odebrecht-Grupo Aval, pero es el Grupo Aval el que lo pone ahí, y este personaje reconoce que fue gente de ellos la que sobornó al viceministro del Transporte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el doctor García. Admite con descaro el soborno, pero aclarando que si no lo hubieran hecho ellos, otro más malo se habría prestado. Y como ellos hacían mejor las cosas que el otro sobornador, estábamos entonces ante un caso de corrupción para evitar más corrupción. Es una confesión de parte de que los bancos del Grupo Aval no son “terceros de buena fe”. O nos van a tratar como imbéciles y nos van a meter el cuento de que aquí se soborna en un gesto de honradez y de decencia para evitar que otros sobornen de una peor manera.
Lo que intentó la ministra que es que el Estado colombiano, es decir, los colombianos, les paguemos más de un billón de pesos, la mitad de esa plata a los bancos del Grupo Aval, porque así lo dispone la Ley 1882, aprobada por el Congreso de la República a finales de 2017 con un partido votando en contra, el Polo Democrático Alternativo. Nosotros nos opusimos y explicamos por qué. Porque resulta que este torcido que intentó la ministra no se podía hacer antes de la Ley 1882. No era posible poner al Estado a pagar deudas de una operación de ese tipo. Cuando lo metió como un mico el doctor Mauricio Cárdenas en la ley de contratación, el primero que salta a replicar es el Contralor General de la Nación. Le pide al presidente Santos, atraviésese, impida que lo hagan, es un mico, es un torcido. Bueno, la terminaron aprobando. ¿Quiénes la aprobaron? ¿Las mayorías quiénes las tenían? El santismo y el Centro Democrático, con el voto de Iván Duque. ¿Y qué es lo que establece la ley? Que en casos de corrupción, el Estado puede terminar pagando lo que no pagaron los corruptos, para darles a los banqueros lo que no pagaron los corruptos. Repito, no se podía hacer antes de la Ley 1882. En Colombia se conoce la 1882 como la Ley Luis Carlos Sarmiento Angulo, porque no solo la aprueban santistas y uribistas, sino que la aprueban para que aplique con retroactividad. Por eso se llama la Ley Sarmiento Angulo, porque es para cubrir este negociado para lo que se aprobó.
El contralor demandó entonces la ley por inconstitucional ante la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional comete a mi juicio un error garrafal, y es darle el pase al artículo 20, pero con un condicionamiento que no estaba en el texto original de la ley, que ponía al Estado colombiano a pagarle hasta al más ratero de los rateros. Entonces la Corte Constitucional le pone como una hojita de parra a su fallo equivocado, y dice: “Solo se aplicará a terceros de buena fe”. Y doña Ángela María Orozco, ni corta ni perezosa, desde enero pasado, meses antes del fallo de la Corte Constitucional, andaba montando la película de los “terceros de buena fe” y diciendo que los banqueros eran “terceros de buena fe”. ¡Antes de que de que lo decidiera la Corte Constitucional! ¡Qué son estas desvergüenzas! ¿Es así como se gobierna a Colombia? ¿Las decisiones están tomadas por los amigos de Luis Carlos Sarmiento Angulo antes de que falle la Corte Constitucional? Bastante mal estamos.
La decisión que intenta la ministra Ángela María Orozco tiene como propósito además saltarse el Tribunal de Arbitramento. Sería largo explicar por qué nunca se ha debido constituir, pero bueno, terminaron constituyéndolo porque la primera decisión sobre Odebrecht-Grupo Aval Ruta del Sol se toma para favorecerlos a ellos. Y por eso terminamos en esta encartada en la que estamos.
Entonces lo que intenta hacer Ángela María Orozco, en acuerdo con los banqueros, es saltarse el Tribunal. El Tribunal debe fallar el 6 de agosto próximo, no sé cómo lo irá a hacer, pero me imagino que más de uno teme el fallo, porque intentaron saltárselo con ese acuerdo previo. Otra jugada inaceptable, otra “jugadota”, de la señora ministra. Pero además ustedes no saben que los de Odebrecht, representantes legales del Consorcio de la Ruta del Sol, no fueron llamados a esas negociaciones entre la ministra de Transporte, la vicepresidenta de la República y los bancos. ¡No fueron llamados! ¡Ni siquiera sabían que esto estaba ocurriendo! Si no estuviéramos en la Colombia de los mismos con las mismas, uno pensaría que estos son simples embustes.
Señalo por último que Iván Duque, el Presidente de la República, y Alberto Carrasquilla, el ministro, conocían de esta trapisonda. No me puede caber en la cabeza que una decisión de este calibre la pueda tomar una ministra sin la aquiescencia de la Casa de Nariño, del Presidente de la República. Porque además hay otro detalle. El acuerdo suscrito con los banqueros, y el borrador estaba listo, no faltaban sino las firmas, precisa que el billón y pico de pesos se iba a pagar con una emisión de TES, de Títulos de Tesorería, una forma de crédito, títulos que no pueden salir sin el visto bueno del ministro de Hacienda, y por supuesto, el ministro de Hacienda no puede tomar esa decisión sin el visto bueno del Presidente de la República. Entonces aquí tenemos todo el alto poder detrás de doña Ángela María Orozco, lo que hace muchísimo más grave el asunto. En contubernio, Iván Duque, Alberto Carrasquilla, Marta Lucía Ramírez y Ángela María Orozco, con los banqueros del Grupo Aval. Es bochornoso, colombianos, esto a lo que estamos asistiendo.
El enredo empieza por una carta que le envió Iván Duque, senador de la República en el 2017, a la Superintendencia de Industria y Comercio, tipificando las cosas como no eran, y nos terminaron metiendo en este lío. Y recordemos que el doctor Duque acompañó en Brasil a Óscar Iván Zuluaga para hablar con los de Odebrecht.
El otro hecho que hay que resaltar es que Alberto Carrasquilla fue miembro de la junta directiva del Banco de Bogotá, o sea, otro cercanísimo a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces no nos sorprendamos que en un país arruinado como este, donde no se sabe de dónde va a salir la plata, el doctor Carrasquilla, el de los Bonos del Agua, se tire otro billón de pesos para atender a sus viejos empleadores.
Y por último, ¿saben ustedes quién es el abogado de los banqueros ante el Tribunal de Arbitramento? Nada menos que el doctor Andrés Flórez, que fue socio de Carrasquilla en Konfigura, la del asunto de los Bonos de Agua. Un verdadero aquelarre, como de película de terror. Si algún novelista lo escribiera, lo tacharían de fantasioso, porque la ficción debe tener visos de realidad.
Insisto en que la ministra debe renunciar y debe ser hoy, desde China. Que no nos venga con cuentos chinos a decirnos que aquí no ha pasado nada. Y lo mismo le digo al presidente Duque. Debe pedirle a ella inmediatamente la renuncia, por estar moral, ética, política e ilegalmente inhabilitada para el cargo. Ella tiene todo el derecho de servirle al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo y él tiene todo el derecho de hacer negocios, pero lo que no pueden es manejar a este país como lo están manejando.
Por último, espero poder hacer un debate a fondo en el Senado. Ya está aprobado en principio en la plenaria. Porque es el mismo caso Odebrecht-Grupo Aval-Consorcio de la Ruta del Sol. Yo espero que pronto le pongamos fecha para tratar este tema y además otros dos temas, las últimas hazañas de Néstor Humberto Martínez, el Fiscal que manipuló todo en beneficio de sus amigos y que estaban tapadas, pero que con su salida se conocieron. Y por supuesto, vamos a mirar también con mucho detalle cómo son las nuevas y graves denuncias de la plata de la Ruta del Sol (Odebrecht y Luis Carlos Sarmiento Angulo) que le entró a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos de 2014. Y por supuesto habrá que mirar también los asuntos de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Creo haber cumplido con mi deber y haberles podido contar a ustedes estas cosas.
Se nos quedan temas en el tintero, porque uno en estas ruedas de prensa debe ser lo más breve que pueda.
