Boletín de prensa
Según fallo de la Corte Constitucional. Poco o nada ha hecho el ministerio de las TIC. No están pagando arriendo por esos bienes. ¿Cómo se contabilizaron en el negocio Telefónica-Telecom?
En carta que le remitió al doctor David Luna Sánchez, el senador Jorge Enrique Robledo rechazó la lentitud de los ministros de las TIC, del actual y del anterior, Diego Molano, en sus gestiones para la reversión en favor de la Nación de los activos de las concesiones de celulares de Claro-Comcel y Telefónica, que según la Sentencia C555 de 2013 de la Corte Constitucional (http://bit.ly/1LKvdlK) son propiedad del Estado desde 2014, una vez vencieron los contratos.
Luego de los reclamos de Felipe Zuleta de hace unos días, el ministerio de la TIC convocó a un tribunal de arbitramento sobre este caso, ¡dos años después de vencidas las concesiones! Según los estados financieros de esas compañías, esos activos valen del orden de 11 billones de pesos, lo que significa que deberían estar pagándole a la nación arriendos por unos $550 mil millones anuales.
El senador del Polo Democrático también explicó que en el caso de Claro-Comcel esos activos fueron vendidos a un tercero, a pesar de no ser de su propiedad, y en el de Telefónica-Telecom, de la que la Nación es socia, no se sabe cómo se contabilizaron para definir la participación accionaria de la multinacional española y de la Nación.
Se anexa la carta del senador Robledo al ministro Luna.
Bogotá, 15 de marzo de 2016
Oficina de Prensa
Senador Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 15 de marzo de 2016
Doctor
DAVID LUNA SANCHEZ
Ministro de las Tecnologías de Información y Comunicaciones
Referencia: Sobre la reversión a la Nación de la infraestructura de las concesiones de telefonía celular, que puede costar del orden de $11 billones.
Atento saludo:
El su columna del periódico El Espectador, el doctor Felipe Zuleta Lleras (http://bit.ly/212SjHT y http://bit.ly/1RVcu8d), criticó la parsimonia del ministerio de las TIC sobre la reversión a la Nación de los activos de las concesiones de la telefonía celular, señalando que podría ser el Reficar de las TIC. Comparto sus críticas y le agrego las siguientes reflexiones.
El caso reviste la mayor gravedad, pues, según los estados financieros de Claro-Comcel y de Telefónica, está en juego una suma del orden de $11 billones (ver estados financieros: Comcel pp. 51 http://bit.ly/1X5maMX y Telefónica pp. 40 http://bit.ly/1p0MXyT). Y agrava las cosas que el Ministerio de las TIC no haya actuado con la diligencia debida, en acatamiento de la Sentencia C555 de 2013 de la Corte Constitucional (http://bit.ly/1LKvdlK), la cual estableció, fuera de toda duda, que dichos activos tienen que revertir a la a la Nación.
Llama la atención el total desinterés por el caso del anterior ministro de las TIC, doctor Diego Molano, quien no hizo nada para que la reversión se diera, y que Usted, señor ministro, solo actuara luego de las críticas del doctor Zuleta. Porque la Corte Constitucional emitió su fallo en 2013 y apenas ahora el Ministerio de las TIC convocó a un tribunal de arbitramento sobre este importante asunto. Y si los contratos terminaron en marzo de 2014, es inaceptable que estas multinacionales sigan explotando esos bienes sin pagarle nada a la Nación, cuando en los contratos de las concesiones suscritas en 1994 quedó clara la reversión de los bienes al patrimonio nacional.
Al tiempo en que espero una decidida defensa del interés nacional en este caso, le solicito darme respuesta a los siguientes interrogantes:
1: Si los contratos de Claro-Comcel y Movistar-Telefónica terminaron en 2014, ¿a qué título han continuado utilizando la infraestructura de la Nación? ¿Cuánto han pagado por ella?
2: ¿Qué actividades adelantó el Ministerio de las TIC en esta materia después de la sentencia de la Corte, tendiente a proteger el patrimonio público?
3: ¿Se hizo alguna valoración de los activos afectos a la concesión? Sí así fue, por favor enviármela.
4: ¿Qué pasará con la infraestructura de las concesiones que fue transferida a un tercero? ¿Devolverán esta infraestructura o pagarán por ella?
5: ¿En la sociedad que la Nación hizo con Movistar se tuvo en cuenta el valor de la infraestructura de los bienes de la concesión como aporte del privado o de la Nación? Si se contabilizó como aporte del privado, ¿qué acciones va a adelantar el Ministerio para corregir los términos de intercambio accionario?
La anterior petición la hago basándome en el artículo 258 de la Ley 5a de 1992.
De antemano agradezco la atención que merezca la presente.
CC: Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación.
