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Política ambiental de Santos falla, así salga director de la ANLA Empezó mal el ministro de Ambiente

Política ambiental de Santos falla, así salga director de la ANLA Empezó mal el ministro de Ambiente Intervención del senador Jorge Enrique Robledo, Comisión Quinta del Senado, 10 de mayo de 2016. Los datos indican que Anglo Gold Ashanti posee títulos mineros sobre el valle del Cocora, el mismo que aparece en los billetes de […]

Ambiente Fracking Macarena medio ambiente Salento San Martin

Hace 4 años

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Política ambiental de Santos falla, así salga director de la ANLA

Empezó mal el ministro de Ambiente

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo, Comisión Quinta del Senado, 10 de mayo de 2016.

Los datos indican que Anglo Gold Ashanti posee títulos mineros sobre el valle del Cocora, el mismo que aparece en los billetes de cien mil pesos. Que el director de la ANLA haya sido capaz de autorizar la gran minería en La Macarena le tiene que costar la renuncia inmediata. La ANLA ya aprobó cambiarle el curso al Arroyo Bruno, en beneficio del Cerrejón, y otorgó licencia ambiental a una vía 4G que acaba de deteriorar la Ciénaga Grande. Otro crimen, las licencias exprés, que le abren el camino al fracking. Cayó muy mal el nombramiento del nuevo minambiente, un defensor de la Anglo Gold Ashanti, especialista en minería a cielo abierto y que trabajó con la USAID, el BID y el Banco Mundial. “Los canadienses descubrieron a Colombia y estamos muy contentos”, dice Juan Carlos Echeverry. “Keep you happy”, les dijo Cárdenas a las trasnacionales canadienses. ¿Quiénes son los extremistas del medio ambiente, el gobierno o los ciudadanos que protestan? Minería sí, pero no así. Al poder mundial no le interesa cuidar el medio ambiente en Colombia, sino garantizar su propia ganancia. La importancia la autonomía y las CAR. La movilización social ha terminado creando lo que hoy se llama la licencia social.

Empiezo mencionando un tema vinculado a este debate, pero que quiero tratar como un caso aparte, y es un ruido grande que hay en los medios de comunicación desde hace un par de días sobre la amenaza de explotación minera en Salento, Quindío, en la zona del Valle del Cocora, nada menos que el área que figura en los billetes de cien mil pesos como un ejemplo de lo mucho que aman el doctor Santos y el santismo el medio ambiente, contradicción que no deja de impresionar. Yo por ahí tiré un trino. Primero pone el gobierno en los billetes de cien mil este santuario de la palma de cera y después abre la posibilidad para que se termine haciendo allí gran minería. Son capaces de cualquier cosa, como decía un amigo de otro amigo.

Nos asegura la directora de la Agencia Nacional Minera, no, senadores, estén tranquilos, no hay ningún problema, no se van a autorizar los títulos solicitados. Es lo que nos dice la doctora, y esperemos que así sea. Pero la pregunta es esta, y se la hago de manera directa; señor ministro: ¿hay otros títulos en la zona, otros distintos de estos a los que la directora de la ANM hace referencia? Porque si los hay, la información que ella está dando es calculada para faltar a la verdad. Y la información que tengo, salvo informes menores, indica que Anglo Gold Ashanti, con títulos en Cajamarca, Tolima, en la zona de La Colosa, del otro lado de la cordillera, también posee títulos en esta parte. La pregunta es directa. Usted qué nos puede responder, ¿sí o no? Que no haya nuevos títulos, bueno, esa es la lucha ciudadana, pero si hay viejos títulos, qué va a pasar. ¿Anglo Gold Ashanti, La Colosa, va a terminar haciendo minería en la zona del valle del Cocora, la del billete de cien mil pesos?

Personas que saben me acaban de confirmar en este momento que hay títulos en la zona. Y ya sería muy grave que los hubiera. Y sería más grave aún que la directora de la ANM diera una información calculada para transmitirle a la ciudadanía un parte de tranquilidad como una manera de salir del paso. Por lo demás, soy solidario con la decisión que ya hay en el Quindío de levantar una gran movilización para defender el valle del Cocora. Porque si algo quieren los quindianos es que no les conviertan su bello departamento en un absurdo minero, como parece que se está cocinando, no solo en el área de Salento, sino en el resto de municipios. Han protestado incluso gobernadores y alcaldes. Ellos no quieren que su territorio sea de minería, sino que sirva para otro tipo de actividades económicas.

Es el gran pleito que afrontamos en Colombia. Un gobierno nacional pasándose por la faja los intereses y los deseos de las comunidades con el cuento de que como el subsuelo es de la Nación, los gobiernos pueden hacer con él lo que se les dé la gana. Alguien decía con bastante precisión que todavía estamos gobernados por virreyes. Con una diferencia, y es que los virreyes de ahora tienen que ser criollos, mientras que los de la Colonia tenían que ser españoles. Pero la lógica es la misma. Son virreyes que desde el poder central y al servicio de intereses extranjeros se imponen sobre las regiones y sobre la gente, como si las comunidades no tuvieran derecho a opinar sobre sus propios asuntos.

Crímenes ambientales propiciados por la ANLA

Entrando en materia, empiezo por plantear que el director de la ANLA debe renunciar en serio y con todas las de la ley, no como una renuncia protocolaria. Debe renunciar porque no debe estar en ese cargo, es más, ya hace rato habría debido abandonarlo. Los argumentos son varios. El exabrupto de La Macarena es suficiente. Porque hay errores de errores y crímenes de crímenes, y aquí estamos hablando de un crimen ambiental, pero no de cualquier crimen. Que el director de la ANLA haya sido capaz de autorizar la gran minería en La Macarena le tiene que costar la renuncia inmediata, porque hay hechos que no pueden suceder. Otras cosas más o menos puede pasarlas, pero aquí tienen que haber sanciones ejemplarizantes por parte de la opinión pública y por parte del Estado y que se manden mensajes claros en relación con este tipo de temas.

Pero es que además no es el único caso. Ahí está autorizado, también por la ANLA, cambiar el curso al Arroyo Bruno. Arroyo es como llamamos en el interior a cauces menores. En La Guajira denominan arroyo, nombre muy bonito por demás, al afluente principal del río Ranchería, y La Guajira es una zona que, como sabemos, padece por falta de agua. Se pudo derrotar el nefasto propósito del Cerrejón de cambiarle el curso al río Ranchería. La movilización ciudadana derrotó a los extranjeros dueños de la mina. Y entonces el truco ahora, aprobado por la ANLA, es no cambiarle el rumbo al Ranchería, sino al afluente que le garantiza las aguas. Absolutamente inaceptable. Todos sabemos los riesgos inmensos que significa cambiarle el curso a un río y en una zona que padece problemas graves con el agua.

Hay otro caso que se ha mencionado bastante. También la ANLA otorgó licencia ambiental a una vía 4G que acabará por desquiciar a la Ciénaga Grande entre Barranquilla y Santa Marta. Otro despropósito. Lo que está pasando ahí es realmente inaudito, una rapiña de corrupción, de negligencia, de atropellos, de una especie de conspiración delictiva para robarse las tierras. Porque, finalmente, allí hay una conspiración para convertir en tierras las ciénagas, una manera de robarse áreas inmensas en las barbas del gobierno del Magdalena y del gobierno nacional y de todos los Ministerios.

Está el caso ya mencionado por el senador Sierra. El hecho de que se viola la ley y a los gobiernos les importa un pepino se nos está volviendo como una norma, con el cuento de que “la ley no pegó”. Por ejemplo, el voto electrónico está ordenado por varias leyes. “No pegó”, nos dijo en esos días el registrador nacional. Las leyes se cumplen en Colombia a la carta. Los funcionarios se arrogan el derecho de escoger qué cumplen y qué no cumplen de normas que son de obligatorio cumplimiento.

Es imputable también al director de la ANLA el atropello de las licencias exprés. Eso solo le ha debido costar la renuncia. Porque las licencias exprés están calculadas para de manera irresponsable dar licencias sin los trámites respectivos. Por eso también ha debido renunciar en esos días el anterior ministro de Ambiente y es otra razón más para exigir la renuncia del doctor Iregui, director de la ANLA en este momento. Las normas horrorosas del Plan Nacional de Desarrollo que en buena hora tumbó la Corte Constitucional tocaban a la ANLA, y no puedo creer que hubieran sido redactadas en el Plan sin el conocimiento del director de la ANLA. Recordemos que las licencias exprés van a abrirle camino al fracking en Colombia, también parte de las hazañas del doctor Iregui. Luego es clarísimo que en un país que respete su soberanía el señor director habría debido renunciar desde hace rato. En Colombia no.

Después de respaldar lo dicho por los colegas, que han dado muchos argumentos, todos en esta misma dirección, podría terminar aquí el debate. Pero quiero detenerme un poco sobre otros asuntos que es clave mencionar. Porque lo cierto es que el director de la ANLA es un funcionario subalterno del presidente de la República y del ministro de Ambiente. Hay que dejar claro que aun cuando se ha ganado el derecho a renunciar a ese cargo, la pregunta es qué pasa con lo demás. Porque no podemos caer en el error de pensar que cambiando al director de la ANLA se van a resolver los problemas.

Cayó mal el nombre del nuevo minambiente

Y en ese sentido señalar con toda franqueza, doctor Murillo, nuevo ministro de Ambiente, ha caído muy mal su nombramiento. El Presidente tiene el derecho de escoger discrecionalmente a quien quiera. Pero hay un par de cosas que explican por qué ha caído tan mal entre tanta gente, dolida por este nombramiento. La primera, el señor ministro es especialista, entiendo que no es un doctorado, en minería a cielo abierto, la forma más brutal de minería y no lo nombran ministro de Minas, lo nombran es ministro de Ambiente.

Segundo hecho. En su hoja de vida luce usted con mucho orgullo haber trabajado con el Banco Mundial, USAID y el BID, y todos sabemos que en buena medida la peor política minera que se desarrollo en Colombia es determinada por esos grandes poderes. Porque lo cierto es que aquí el grueso de la minería es de trasnacionales. Y si no lo es toda, es porque Santos no ha podido borrar del mapa a la pequeña y mediana minería. Porque la línea oficial es que las trasnacionales sí hacen todo bien hecho. No lo pueden probar, pero lo dicen. Vemos entonces que el ministro tiene deudas de gratitud inmensa con lo que esos consorcios representan.

Y como si fuera poco, esto lo investigué cuidadosamente, cuando el doctor Murillo fue candidato a la Gobernación, le tocó afrontar un debate con sus competidores, en el que él le hace una defensa a la Anglo Gold Ashanti presentándola como ejemplar. Y todos sabemos que es una empresa, en estos asuntos, tenebrosa. Les doy un dato. En la revista Semana del 1º de enero de 2011, el titular dice: “Anglo Gold Ashanti nominada a ser la peor empresa para el medio ambiente”. Se trata de un concurso promovido por los de Green Peace para establecer cuál es la peor empresa en asuntos de medio ambiente. En el momento de la noticia, Anglo Gold Ashanti se estaba disputando el honor con otras seis trasnacionales. Bueno, y la noticia que acabo de consultar en internet es que se ganó el concurso. Es precisamente la empresa que está emperrada en ver qué desastre nos monta en el Tolima y creo que también en el Quindío. Y el ministro de Ambiente es defensor de la Anglo Gold Ashanti.

Preferiría no tener que decir estas cosas, pero alguien las tiene que decir. Es evidente que lo han debido nombrar ministro de Minas, estaría perfecto, para que toda esta política como de Atila que impera hoy en medio ambiente y minería se siguiera imponiendo. Es el retrato de cuerpo entero de cómo entiende el medio ambiente el doctor Santos. Igual de grave que haber incluido en la terna de Fiscalía al doctor Néstor Humberto Martínez, el gran abogado de las más poderosas trasnacionales que operan en Colombia. Y el nombramiento del señor ministro es del mismo tipo, una versión particular de decirles a los colombianos, ustedes no saben quién soy yo, ustedes no saben que yo tengo derecho a desafiar las reglas mínimas del respeto a la ciudadanía. Aquí se escandalizan mucho porque alguien le grita a un subalterno, usted no sabe quién soy yo, pero el jefe del Estado hace lo mismo y a nadie le importa. Lo mismo que está haciendo el doctor Peñalosa con la Alcaldía de Bogotá. Expresa en sus actuaciones el usted no sabe quién soy yo, usted no sabe que yo puedo hacer lo que se me dé la gana, y no pasa nada.

Los altos funcionarios perdieron la vergüenza

¿Cuál es en suma la política de este gobierno con los asuntos del medio ambiente? Con muy buena palabra, el doctor Santos decidió que el futuro de Colombia era poner a toda marcha la locomotora minera y el nombre es perfecto. Lo que se le atraviese por delante lo borra del mapa, como las locomotoras. La palabra cae perfecta. El doctor Juan Carlos Echeverri, distinguidísimo jefe del santismo y favorecido con todo tipo de cargos, lo mismo que el doctor Cárdenas, anotó hace poco: “Lo que me gusta decir es que los españoles descubrieron a América hace 500 años y los canadienses hace 10, a Colombia, de lo que estamos muy contentos”. Como todos lo sabemos, Canadá es un país bellísimo, de gente buenísima, pero también sabemos que esos gobiernos retardatarios de Canadá convirtieron ese gran país en una especie de santuario para que allí operen las peores trasnacionales del mundo. Tenemos entonces ministros para quienes es una maravilla que Colombia haya terminado con los canadienses en algo parecido a lo que padecimos con España. No me sorprendería, afirmé hace unos días, que alguien en el gobierno pidiera eliminar las fotos de Bolívar y Santander en todo el territorio nacional, por haber hecho la idiotez de ganarse la independencia de una potencia extranjera.

Mauricio Cárdenas, ex ministro de Minas, en una reunión montada por todas las trasnacionales de la minería en Toronto, Canadá, llegó hasta el colmo de doblar las rodillas: les acabo de montar un viceministro especializado en minas, les dijo, cuyo trabajo es “mantenerlos felices, asegurar que todos sus problemas serán resueltos”. “Keep you happy”, les ofreció a las trasnacionales de la minería. Gabriel Vallejo, ex ministro de Minas, aclaró sobre las licencias exprés: “Piensen los pasaportes, hace 15 años se demoraban un mes y hoy los entregan en horas. Lo que vamos a hacer en la ANLA es exactamente lo mismo”. Y se pone un taparrabitos: “Sin perder el rigor”. Especialista en atención al cliente, no me cabe la menor duda. Y todos sabemos quiénes son los clientes.

El doctor Germán Vargas Lleras aduce que las consultas a la ciudadanía sobre este tipo de proyectos “se han convertido en unos mecanismos extorsivos”. El doctor Vargas Lleras equipara con los extorsionistas a las comunidades que reclaman el derecho a opinar y convierte en delito un derecho constitucional, el derecho a la consulta, parte de los acuerdos internacionales suscritos por Colombia en la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

El debate de fondo

Y aquí me voy a detener en una explicación clave, porque este debate se ha ido volviendo como un galimatías. Están en vigor unas políticas ambientales absurdas y cuando el ciudadano les protesta a las autoridades, de inmediato lo estigmatizan poniéndolo como un extremista del medio ambiente. La pregunta es ¿quiénes son los extremistas? ¿Los que quieren pasarse por la faja todos los criterios ambientales o los que en medio de la debilidad hacen esfuerzos por ponerle coto a tanto despropósito? Debate interesante y de principios y que pongo ante ustedes como el debate de fondo. Y es bueno que quede claro: quienes defendemos el medio ambiente no estamos buscando que no se hagan las cosas, sino que se hagan bien hechas. Las licencias ambientales no se pueden ver como un obstáculo al progreso. Obstáculo al progreso son las obras que se hacen mal hechas. La destrucción medioambiental no se puede presentar como un elemento de progreso. ¿O sí? ¿Es mucho progreso desbaratar la Serranía de la Macarena?

Quiero presentarles una reflexión de tipo general, porque lo peor que está sucediendo es ver cómo el presidente Santos viene modificando la normativa nacional para eliminar las posibilidades de proteger el medioambiente.

Digamos primero que toda actividad de los seres humanos produce un impacto ambiental, incluso cuando respiramos, y ni se diga la agricultura. Todo lo que hacemos transforma la naturaleza. El problema no es entonces que dejemos de ser humanos o que nos extingamos, sino en hacer las cosas para que esa transformación ambiental quede bien hecha. Bien hecha quiere decir que hay una serie de campos donde no se puede causar un alto impacto. Definitivamente, hay proyectos no permisibles, porque su impacto es tan terrible y el análisis de costo-beneficio tan alto para la sociedad, que los gobiernos no los pueden autorizar. La otra posibilidad es que el proyecto sí se permita, pero solo si cumple unos requisitos de cuidado ambiental para que se pueda tolerar el nivel de impacto, que repito, resulta inexorable.

No me opongo en ese sentido a que se hagan carreteras u obras de infraestructura. He dicho siempre que minería puede existir. Lo que he dicho es que minería sí, pero no así. Qué quiere decir que no así. Que no se haga tan mal como se hace en Colombia. ¿Dónde reside entonces el lío para que esto que aparece tan fácil de aceptar en teoría se nos enrede en la práctica? Suelo poner un ejemplo sencillo: si para hacer un proyecto minero, hay que destruir la Catedral de Bogotá, seguramente toda la sociedad va a decir que no. Otro caso, universalmente aceptado, no se debe hacer minería en páramos. En resumen, tal proyecto sí se puede hacer pero con unas salvaguardas, cuidando algunas cosas.

Por qué se vuelve el tema tan difícil. Porque se le atraviesa una condición de los seres humanos y de la sociedad, una cosa que se llama la codicia, el apetito de la ganancia, las ansias de ganarse un dinero, que en una economía de mercado como esta, digamos, es de su propia naturaleza. De ahí que la sociedad se haya tenido que dar un principio básico: no permitir todos los proyectos de los particulares por el simple hecho de que den ganancia, porque si este va a ser el único argumento, adiós el medioambiente. Cuál es el lío aquí. Que quien quiere ganarse la plata, el minero, el petrolero, el de la carretera, entiende bien que su obra va a causar una destrucción ambiental, incluso inaceptable. Pero no falta el vivo que dice, sí, le hago el daño a la sociedad e incluso a mí mismo como parte de ella, pero de todos modos me gano una plata. Ese es el lío. En las cuentas individuales hay gente a la que le sale como un excelente negocio destruir el medioambiente y en ese sentido salir afectado como sociedad, pero en la cuenta que saca gana más como individuo. Es lo mismo que pasa, guardadas las proporciones, con el delincuente. El tipo que secuestra o el narcotraficante sabe que le hace daño a la sociedad, pero concluye que lo que pierde como miembro de la sociedad es menor frente a lo que gana como individuo.

La sociedad está obligada imperiosamente a crear una normativa sobre el tema ambiental. El sector público debe intervenir definiendo con precisión qué se puede hacer y qué no y establecer los límites y los controles respectivos. Cuál es aquí el otro lío. Que el Estado también tiene dueños. Los grandes poderes influyen en él. Ahí están el Banco Mundial y la USAID y el BID insistiendo en que medioambiente, sí, pero dependiendo de los intereses de las trasnacionales. Y son persuasivos en el debate teórico y en la corrupción, hay que decirlo con toda claridad.

La importancia de las CAR

Qué establece la Constitución Política. No estoy inventando nada, estoy comentando hechos que son de público conocimiento para las personas interesadas. Sucede que la Constitución de 1991, la del libre comercio, la de las privatizaciones y, en ese sentido, una Constitución profundamente retardataria, contiene puntos defendibles. Uno de ellos, haber dotado de cierta autonomía frente al gobierno nacional a las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, para guardar el medioambiente. Por qué es importante. Porque el gobierno nacional sufre presiones que lo empujan a proceder contra el medioambiente, sea por razones ideológicas, sea porque los poderes mundiales sobornan a los altos funcionarios, sea porque muchos de ellos son profundamente retardatarios y no creen en nada, salvo en que aquí lo único importante es que suene la caja registradora, como los viejos comerciantes, y que lo que no eche sangre no existe.

Entonces la Constitución les abre a las CAR esa posibilidad. Lo ratifica una sentencia de la Corte Constitucional, la 894 de 2003. La Corte destaca la importancia de que en estos asuntos haya un poder local que de alguna manera pueda al menos neutralizar ciertas actuaciones indebidas en asuntos medioambientales. En minería sí que es notorio. Cuál es el punto. De acuerdo con las normas, en Colombia el subsuelo le pertenece a la Nación, y a esta la representa el gobierno nacional. Entonces, en su miopía, no es raro que Santos se empecine en que él va es por la plata, por los grandes negocios y por servirles a las trasnacionales. Y exhibe el taparrabos de las regalías como la panacea que les resuelve a las regiones todos los problemas. Y como tengo el derecho sobre lo nacional, me impongo sobre lo local, que es el suelo. Porque al final esa es la contradicción, entre el uso del suelo y el uso del subsuelo. Puedo aceptar que el subsuelo es de la Nación, pero ¿y el suelo de quién es? ¿Dónde vive la gente? La gente no vive en el subsuelo, la gente vive en el suelo. La gente necesita el agua del suelo, la tierra del suelo, el aire del suelo. La Constitución introdujo entonces este criterio de autonomía, que tampoco es que sea con mayúscula, pero sí un mínimo de autonomía, en muy buena medida dada por la composición misma de las CAR, ciudadanos que deben responderle de cerca a la población, a sus amigos, a sus vecinos. Son sus propios intereses personales los que están por sacrificarse, ejemplo, en La Colosa, o en el Arroyo Bruno, o en la Ciénaga Grande. La alta burocracia que despacha desde Bogotá ni siquiera sabe dónde queda el Arroyo Bruno, y si desaparece la Ciénaga Grande y se borra del mapa, dirán, qué se va a hacer, una ciénaga menos. A los de Anglo Gold Ashanti, díganme si les dolerá Cajamarca. Y si eso ocurre con la alta burocracia, con los virreyes, imagínense lo que pasará con un inversionista neoyorkino o alemán, esos ni saben dónde queda Colombia. Lo único que le exigen a su empleado aquí, el jefe local de la Anglo Gold Ashanti, es cuánto se van a ganar ellos. Alguien decía que el capital es del país donde vive su dueño. Qué le va a importar a un japonés si nos quedamos sin agua en el suelo de los Llanos Orientales.

Y ese es el gran poder que maneja a Colombia. Si Boyacá se vuelve un desierto, a estos personajes no les importa. No estoy inventando cuentos, no es ni siquiera un problema ideológico, estoy contando hechos, estoy mostrando realidades para ver qué hacemos con ellas y cómo trabajamos.

Desde que llegué a esta Comisión, y hace bastante rato, me ha tocado presenciar un permanente forcejeo entre el poder nacional y el poder local. No se me olvida que recién llegado aquí se montó una cantaleta contra el mal manejo de las CAR. Y advierto que no tengo un solo empleado en las CAR ni cosa que se parezca, no es mi caso. Les montaron el consabido sambenito de la corrupción y de que lo hacen todo mal, el truco, siempre, mediante el cual aquí se justifica cualquier cosa. Y algunos en esos días sostuvimos que las CAR se podían reformar, pero eso sí, sin tocarles la autonomía. Si alguien en las CAR está haciendo las cosas mal hechas, pues lo cambiamos, pero no tocan la autonomía, porque ese es el asunto de fondo. Los reformistas se tragaron la candela y no volvieron a hablar, se desapareció la corrupción de las CAR en el momento mismo en que quedó claro que no se podía tocar la autonomía.

Pero entonces cambiaron de táctica y es ir despojando a las CAR de sus poderes. ¿Por qué se hunde la reforma del Plan de Desarrollo? Porque les limita a las autoridades regionales sus poderes con ese engendro que se inventaron, los Pines, Planes Estratégicos de Interés Nacional, que equivalen a declarar a las descomunales empresas mineras como algo especial, por fuera de la normativa de los derechos regionales. Lo prueban también el Decreto 2020 de 2015, las licencias exprés, y la campaña, ilegal a mi juicio, para impedir las consultas locales. Afortunadamente, el Tribunal Administrativo del Tolima acaba de aceptar que en Ibagué puede haber consulta en el caso de la minería.

Ha sido una batalla a muerte. La gente de las localidades empeñada en defender su derecho a opinar y el gobierno nacional, en negarles ese derecho y en meterles miedo a los alcaldes. Lo que han estado haciendo con los alcaldes es inaceptable. Ahí cabe la palabra, chantajearlos. Alcalde que acepte hacer una consulta ciudadana para decidir sobre una obra pública cualquiera o privada, contraria al medioambiente de la localidad, le montan desde arriba el chantaje de la mermelada. Y ahí sí sale el Procurador, en eso sí está de íntimo de Santos, parecen gemelos para estos temas, diría alguno, business are business, plata es plata. Discuten sobre otras cosas, pero sobre este asunto de los negocios en nada se diferencian. Es el gran lío que tenemos al frente.

Cuál es el problema que están teniendo. Que la razón se va abriendo paso por encima de los poderes. Es un hecho cierto. Con las uñas, en medio de grandes dificultades, pero con la razón, la gente ha ido ganando un espacio en la lucha, en la movilización, y se terminó creando una figura muy bonita, que no está en la Constitución pero que es de una gran fuerza política, que se llama la licencia social. Además de la licencia del Ministerio, de la licencia de la ANLA, de la licencia del Banco Mundial, de la licencia de la DEA, aquí el pueblo colombiano se inventó otra, la licencia social. Y es lo que opina la gente, el poder de la movilización y el poder del reclamo, porque tienen la razón. La licencia social fue lo que se les atravesó en Caño Cristales y en La Macarena. Es el forcejeo en el que estamos.

Por qué se inventaron la ANLA y por qué la ANM, para qué. Miren ustedes lo curioso. Antes las licencias ambientales las daba el Ministerio de Ambiente. Se inventaron la ANLA para que sea ella la que da las licencias ambientales. Pero ojo, las licencias ambientales de la ANLA necesitan la aprobación del Ministerio de Ambiente. Al final, el poder lo tiene el Presidente de la República. Porque los ministros son subalternos, como todos sabemos, así sean encopetados o no, son subalternos del jefe del Estado y van allá a hacer lo que les digan.

He estado haciendo una reflexión, no lo tengo claro: para qué diablos crearon la ANLA. Primero, para hacer cosas mal hechas. Se me olvidaba mencionarlo, doctor Iregui. Lo que ustedes han hecho con los trabajadores, con los empleados, con la gente que sabe en la Anla, es completamente inaceptable. Casi que someterlos por hambre, mediante contratos a término fijo para que no puedan pensar con libertad y tomar decisiones con toda libertad. No hay nada más brutal en un criterio de autonomía, y autonomía es ciencia, es técnica, que decirle al funcionario: a usted lo tengo colgando de un hilo y si se me desalinea un milímetro en una licencia, no tengo ni que echarlo. Simplemente, no le renuevo el contrato.

Hay denuncias gravísimas en la revista Semana. Se sabe de funcionarios a quienes les dan unos tiempos ridículamente escasos para decidir e incluso los obligan a decidir, porque, o si no, no les pagan. Es monstruoso. ¡Qué irrespeto a los científicos y a la gente que sabe! Para cualquier colombiano es un irrespeto, pero estos son especialistas que deberían ser valorados y bien recibidos. Deben tomar decisiones de signo científico, técnico, y los someten por hambre, para que decidan, por ejemplo, en relación con lo que se le antoje al doctor Germán Vargas Lleras, a quien le importan un pepino la ciencia y la técnica, porque el hombre está dedicado a ver cómo se compra la Presidencia de la República en el 2018 con la plata de la mermelada.

Hay cosas que irritan. Son estos los hechos que vienen sucediendo. Esa es la ANLA. Y por eso concluyo afirmando que el señor director de la ANLA debe renunciar, se ha ganado la renuncia. Pero también les hago un llamado a todos los colombianos a que entiendan que si no modificamos la política, da lo mismo Pedro que Juan, porque aquí lo que hay es un modelo económico que está funcionando en perjuicio de la nación y de la gente.

Nuevamente saludo la movilización. Hoy se paniquearon con lo de Salento. A gatas, andan. Simplemente porque la ciudadanía está ejerciendo un derecho democrático que yo y el Polo Democrático Alternativo respaldamos a plenitud.

Réplica

Primero, hacer un comentario que se me olvidó en el caso de El Quimbo. La CAR del Huila y el Tribunal Administrativo del Huila se atrevieron a pronunciarse en torno al debate ambiental suscitado ahí. Y lo peor y lo más ofensivo de todo es la matonería del Consejo de Ministros y de la ANLA en contra de esas autoridades, rompiendo la autonomía y la separación de los poderes. A ese pobre juez casi lo linchan. Si ese juez no hubiera fallado como quería el gobierno nacional, habría sido declarado algo así como un traidor a la patria. Absolutamente inaceptable. Es uno de los peores atropellos sucedidos en Colombia en los últimos años en torno a este tema ambiental.

Lo segundo, en relación con el caso de Salento. Tengo que expresar mi desacuerdo con la manipulación en Blu, esta mañana, de la doctora Silvana Habib Daza, presidenta de la ANM, porque ella presentó el conflicto como si ahí no hubiera ningún problema. Añadió que las licencias que se están tramitando no se van a aprobar. Es apenas una parte de la verdad. La omisión es una manera de engañar a la gente. Y eso fue lo que hizo. Primero, ella sí les escribió a los alcaldes para que se pronunciaran sobre los títulos. Les escribió exigiéndoles que opinaran al respecto. Es decir, el trámite estaba caminando, que decidan ahora que lo van a suspender o que no lo van a aprobar es otra historia. Pero no puede llegar a presentarse como sorprendida si ella les dice a los alcaldes que se pronuncien. Pero además con algo que han discutido mucho los alcaldes en Colombia. Es que la concesión o no de los títulos está dependiendo de si el alcalde es capaz de refutar a niveles de altos criterios científicos lo que está sucediendo, cuando sabemos que estamos hablando de unas alcaldías ultra débiles. Es un decreto mañoso, calculado para que los alcaldes no puedan defenderse como deberían. Entonces, de un lado, el gobierno nacional con el poder de las trasnacionales y del otro, unos alcaldes con cuatro pesos y llenos de afanes, a quienes prácticamente se les hace imposible defender su territorio.

Pero además, aquí les muestro el mapa. Cuál es la discusión. Cocora está en esta área y lo que ven en azul son los títulos vigentes. Y a lo que están renunciando es a los que aparecen en tono morado. Lo miraremos con detalle, porque no nos van a salir ustedes con el cuento de que ahí no hay problema y a dar porcentajes que no se corresponden con la realidad. Vamos a estar pendientes, señor ministro.

Y por último, me uno a lo que aquí se ha mencionado. Empezó mal, señor ministro, en esta Comisión. Cómo es posible que aquí hagamos esfuerzos para adelantar un debate serio y saquemos conclusiones argumentadas, y usted empiece por reclamarnos el fuero del Presidente de la República. ¡Y el fuero de nosotros qué! O es que nosotros no tenemos derecho a opinar y a exigir la renuncia de funcionarios que, como el director de la ANLA, no cumplen. Empieza mal, señor ministro. Esa no es la manera de relacionarse con el Poder Legislativo.