Por: Jorge Enrique Robledo
El triunfo de Leonardo Puentes en las elecciones a la Alcaldía de Yopal –capital de Casanare– puede ser premonitorio de un suceso sin antecedentes en el país y de gran importancia en las elecciones presidenciales de 2018: que alguien que no provenga del viejo tronco liberal-conservador ni pueda catalogarse como de “los mismos con las mismas” llegue a la jefatura del Estado.
Cabe el anterior comentario porque Leonardo Puentes ganó la Alcaldía avalado por la Alianza Verde y el Polo Democrático, más el respaldo de Compromiso Ciudadano, candidatura que en persona, yendo hasta Yopal, respaldamos con Claudia López y Sergio Fajardo, y venció a pesar de que sus contrincantes poseían bastantes más recursos económicos y de otros tipos, en tanto él les sacaba ventaja por su trayectoria, ideas y programa de gobierno, contraste que creó un auténtico fenómeno. Sí. Porque mentiras y resentimientos aparte, que en la politiquería nunca faltan, puede comprobarse que en Yopal sucedió lo que nunca había ocurrido: que muchos de sus habitantes, ajenos por completo a la política o que votaban sin pensarlo muy bien, se pusieron las pilas y se movilizaron para elegir a quien representaba lo contrario de tantas cosas que detestamos los colombianos.
Pero lo que seguramente definió que las gentes de Yopal le dieran el triunfo a Leonardo Puentes es que allí se expresó la lucha que se libra en todo el país entre la vieja y la nueva Colombia, entre los defensores de una manera de hacer las cosas que ha fracasado para resolver las urgentes necesidades nacionales y quienes proponemos una forma diferente de hacer la política –por completo opuesta a la corrupción y el clientelismo– y también distinta en cuanto a cómo generar más riqueza –en el agro, la industria y los demás sectores– y cómo distribuirla mejor –más ingresos, empleo, salud, educación, ambiente, cultura, etc.
En Yopal también se manifestó un sentimiento que se ha señalado en esta columna y que se resume en lo que se escucha por todas partes: “Estamos hasta la coronilla, mamados, de los mismos con las mismas”, al igual que otras frases con las que se reclama por lo mal gobernados que han estado Yopal, Casanare y Colombia, y no solo por el clientelismo y la corrupción. Hay que ver la mediocridad con la que también se han administrado los recursos públicos en esas tierras bellas de gentes buenas. Con solo decir que llevan ¡seis años! sin el agua a la que tienen derecho porque los gobernantes han sido incapaces de reconstruir la planta del acueducto mal localizado y peor construido que destruyó una avalancha.
Y más significativo aún, el triunfo de Verdes, Polo y Compromiso generó una euforia nacional, como quedó en evidencia en los medios de comunicación y con más fuerza aún en las redes sociales. Porque se probó que “los mismos con las mismas” no son invencibles, como ellos se presentan, y que el triunfo de Yopal es parte del proyecto Coalición Colombia, creado para acordar un programa de gobierno democrático que permita escoger un solo candidato o candidata a la Presidencia de la República y presentar listas unificadas al Senado y la Cámara, en la perspectiva de que este acuerdo político vaya más allá de las elecciones del año entrante.
A quienes preguntan en qué van las conversaciones se les puede decir que hay optimismo por los resultados. Porque los compromisarios llevan semanas de inteligentes labores y porque, con el respaldo legal de una tutela fallada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, seguramente habrá listas unificadas en Senado y Cámara de Representantes, hecho que facilitaría que el 11 de marzo de 2018 todos los colombianos puedan votar para elegir a quien sería el candidato único capaz de ganar la Presidencia, de forma que no se reelijan las malas prácticas y las malas políticas que tanto daño le ha hecho al país.
Coletilla: el Contralor General expidió una fuerte declaración en contra del Artículo 20 de la ley de contratación, al que calificó de “mico”, es decir, tramitado de manera ilegal. Y porque así, según también lo denunciara José Roberto Acosta, se obligará al Estado a pagarles a los banqueros las deudas que no les paguen ciertos contratistas, así el impago se genere por actos de corrupción. Además, la norma se aplicará con retroactividad, ¡para favorecer a los banqueros del caso Odebrecht! El Contralor también le pide a Santos que no sancione la ley y advierte que de no hacerlo, él recurriría a una acción de inconstitucionalidad (http://bit.ly/2BBsc4l y http://bit.ly/2i7ikXq). Estamos ante el caso clásico de un gobierno, encabezado por el ministro de Hacienda, que apela a una maniobra calculada para introducir la trampa en la ley, de manera que la corrupción quede protegida por la legalidad. Antes Colombia no está peor.
Bogotá, 1 de diciembre de 2017.
