Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 23 de febrero de 2007.
Era por completo imposible que el Presidente Uribe no supiera del inmenso daño que le causaba a Colombia con su decisión de sostener contra toda razón de Estado a María Consuelo Araújo como ministra de Relaciones Exteriores. Tampoco podía ignorar con qué tipo de frases se calificaba en el exterior al gobierno de un país con altísimos niveles de criminalidad y corrupción, que se empecinaba en mantener en su cargo a una funcionaria presa en tan graves enredos. Esta realidad no la modificaban las manipulaciones del Presidente en sus sainetes televisados, entre otras razones porque nadie oye sus peroratas más allá de las fronteras nacionales. Y era hasta ridícula la pretensión oficial de presentar a la Canciller como el último vaso de agua del desierto, porque además, y la verdad sea dicha, su particularidad se limita al renombrado apellido que la puso donde estuvo y donde está.
Ante tanta irresponsabilidad presidencial, los colombianos recordamos una historia y hacemos una pregunta: cuando empezaron las detenciones por la parapolítica, Álvaro Araújo, hermano de la Canciller, le pidió al uribismo protección porque, dijo, si él caía, podían caer su hermana y el propio Álvaro Uribe. Entonces, la desproporcionada protección que el Presidente le ofreció a la ministra, ¿la brindó para proteger también al senador Araújo y para protegerse a sí mismo?
De otra parte, hay que respaldar la independencia y el valor civil con los que la Corte Suprema de Justicia ha actuado en este caso y esperar que la Fiscalía también actúe en serio en la búsqueda de la verdad judicial sobre el paramilitarismo en Colombia. Pero es inaceptable que el Presidente y sus amigos utilicen las decisiones de la Corte para adjudicarse méritos que no son suyos y evadir las responsabilidades políticas que sí les caben en unos hechos que los involucran de no pocas maneras.
Porque en Colombia no les han dictado medida de aseguramiento a nueve congresistas, sino a nueve congresistas uribistas. Porque pasan de cien los altos jefes políticos y funcionarios del uribismo presos, prófugos, sindicados o señalados por este escándalo, sin que ni los partidos a los que estos pertenecen ni el propio Presidente hayan explicado por qué tantos adictos suyos –los que le pusieron muchos votos, le ayudaron a financiar su campaña y recorrieron el país con él– eran parapolíticos. Además, ¿los congresistas presos no recibieron el respaldo de Uribe para elegirse, respaldo que también le dio al cambio de ministerio de María Consuelo Araújo para no inhabilitar a su hermano en su aspiración al Senado?
Que las gentes de bien de Colombia, incluidas las que votaron por Uribe, no se confundan: que buena parte de la descomposición nacional se explica porque hace carrera la idea de que aquí no existen las responsabilidades políticas, dado que la política en boga justifica hasta la peor conducta.
También llama poderosamente la atención que la ex ministra de defensa Marta Lucía Ramírez proponga que se revoque el Congreso. Pues es obvio que si la Cámara y el Senado son ilegítimos por el origen ilegítimo de los votos de la parapolítica, por la misma razón también se ilegitima la Presidencia de Álvaro Uribe. ¿O los parapolíticos uribistas no arrearon a sus electores a votar a favor del Presidente?
Además, con las normas vigentes en la Colombia de hoy, cerrar el Congreso constituye un golpe de Estado, el cual convertiría el país en una dictadura y al jefe del Estado en un déspota, así esa propuesta se presente en nombre de la “mejor” causa. Ese golpe de Estado, para empeorar las cosas, ni siquiera garantizaría que otras elecciones para escoger el nuevo Congreso, si es que ocurren, no las ganen, incluso con más largueza por igual o mayor corrupción, el mismo tipo de personajes que se supone se quiere sustituir. Y es obvio que la revocatoria le conviene al uribismo, porque al igualar a sus congresistas culpables con los inocentes, en cierto sentido se absuelve a los primeros.
Que los colombianos eleven la vigilancia, porque el uribismo pretende detener o desvirtuar la búsqueda de la verdad, mediante el garlito de proponer una reforma electoral que no toca las causas de la parapolítica, reduce las posibilidades de participación democrática y busca perpetuar a Álvaro Uribe en el poder.
