Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 23 de marzo de 2005.
Avanza un nuevo intento de los privatizadores para meterle mano nada menos que a Empresas Públicas de Medellín (EPM), la cual facturó tres billones de pesos en 2004. A lo que aspiran, inicialmente, es a que el concejo de Medellín apruebe separar el área de telecomunicaciones del resto de EPM, a que con todas las telefónicas que esta controla se cree una sola, Magitel, y a que la nueva empresa quede bajo la dirección de Orbitel, que tiene entre sus socios a Julio Mario Santodomingo y a Luis Carlos Sarmiento Angulo. A la pregunta de por qué no se propone lo mismo para las secciones de agua y energía, Juan Felipe Gaviria, el gerente de EPM y exmiembro de la junta directiva de Siemens, respondió: “no creo que sea el momento”. ¿Será casual que esto coincida con las peticiones de Estados Unidos en el TLC de privatizar todas las telecomunicaciones colombianas?
En su libro “EPM Gerencia Insólita”, Javier Gaviria, quien fuera representante de los usuarios en la junta directiva de la empresa hasta que el alcalde Sergio Fajardo lo sacó para aumentar la participación de los voceros de la empresa privada en ella, muestra que uno de los abanderados de la privatización de EPM en la primera intentona, entre 1995 y 1997, fue Juan Felipe Gaviria, coautor del texto del CIDE en el que se propuso convertir a EPM en una empresa de economía mixta con participación mayoritaria, “inicialmente”, del municipio de Medellín y con un área de telecomunicaciones en la que “se buscará que la participación privada sea mayoritaria en poco tiempo”. ¿El pretexto de esos días? El mismo que usan ahora a pesar de que ya fue refutado por la experiencia: hay que privatizar para que la competencia no golpee la Empresa. ¿Desconocerá el gerente que en 2000, cinco años después de sus predicciones apocalípticas si no se privatizaba EPM, esta fue escogida como la empresa del Siglo XX en Colombia y que hoy posee diez billones de pesos de patrimonio, el mayor entre todas las empresas del país?
El nuevo asalto a EPM empezó con el ruido que el uribismo hizo en febrero de 2003 porque el alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, cometió el “crimen” de elevar las tarifas por debajo del nivel escandaloso que le permitían las normas que sustentan la privatización, siguió con la decisión del organismo que agrupa a los voceros de los principales negociantes antioqueños de crear el Comité de Seguimiento de EPM, del que hizo parte Juan Felipe Gaviria, y tuvo como penúltimo paso la elección como alcalde de Sergio Fajardo, quien, así se esté haciendo el loco sobre este tema, tiene demasiadas razones de origen social para saber cómo se mueven las cosas en Medellín y a quién nombró como jefe de EPM. Y debe conocer también que el llamado “código de buen gobierno”, que él anunció que adoptaría la Empresa, es un paso imprescindible en su privatización porque así lo exigen los inversionistas privados.
Las recomendaciones de Teletrainig, producto de un contrato con EPM severamente cuestionado por la Contraloría de Medellín, apuntan también a arrebatarle al alcalde de la ciudad el derecho a decidir sobre asuntos medulares de la Empresa, entre ellos los focos de inversión, los socios y las tarifas. Y, según la revista Dinero, el paso que se busca dar “le quitaría poder y control sobre la nueva empresa al concejo” municipal. Como es obvio, esta privatización, al igual que todas, se presenta con el pretexto de la lucha “contra la politiquería y la corrupción”, a partir de la afirmación falaz de que todo lo público es malo y todo lo privado es bueno. ¿No sabrá el alcalde de Medellín que cada caco que asalta en serio el erario necesita tener, por lo menos, un socio en la empresa privada? ¿Ignora que las mayores corruptelas recientes han ocurrido en transnacionales de servicios públicos? Que no vengan con astucias a birlarles a las gentes de Medellín el derecho a elegir a quienes orienten a EPM, para reemplazarlos por unos plutócratas a los que ni siquiera podrán exigirles cuentas de su gestión ¿Habrá peor forma de gobierno que la plutocracia?
Lo que pretenden en EPM, golpearía duro los intereses de Manizales, pues, entre otras cosas, sus acciones en Emtelsa –la telefónica de la ciudad– quedarían representando el 1,35 por ciento del total de Magitel, porcentaje ridículo que la excluiría del todo de la dirección de la empresa. Tan mala será esa situación que ella ha sido rechazada hasta por Germán Cardona, el padre de todas las privatizaciones en Manizales. Y si el día de mañana hicieran con la energía eléctrica de EPM lo mismo que con las telecomunicaciones, Caldas perdería todavía más, porque sus acciones en la Chec quedarían representando una cifra muy por debajo del uno por ciento.
