Boletín de prensa
El Centro de Estudios del Carbón del Cesar a través de un pronunciamiento, le exige a la Agencia Nacional de Licencia Ambientales -Anla- que detenga los permisos que le ha venido otorgando a la Drummond, titular de la concesión minera de la Loma, para intervenir los acuíferos de la zona y desviar ríos. Esto debido a que la trasnacional norteamericana “solicita una ampliación de la zona de extracción y el depósito de estériles que implica la desviación, nuevamente, del caño San Antonio en una extensión de 9 kilómetros y el realineamiento de una vía terciaria”.
Según el texto “el gobierno nacional ha autorizado la intervención y desviación de más de diez corrientes de agua en esta zona del Cesar, ejemplo de ello son los ríos, Calenturitas, Maracas y Tucuy; arroyos y caños, Caimancito, Paraluz, Platanal, El Zorro, El Zorrito, Las Ánimas y San Antonio, entre otros.”
El senador Jorge Enrique Robledo respalda la exigencia de los diferentes sectores afectados por la devastación ambiental en el Cesar y le solicita a la Anla atender las peticiones de los pobladores de la región.
Oficina de prensa
Senador Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 10 de febrero de 2016
Este es el texto completo del pronunciamiento del Centro de Estudios del Carbón del Cesar:
LA DESVIACION DEL CAÑO SAN ANTONIO: OTRA INTERVENCIÓN DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL
El agotamiento de las reservas carboníferas después de 28 años de intensa explotación del área concesionada en la mina La Loma, no le permite a la multinacional Drummond extraer la cantidad de carbón que viene exportando, para cumplir con esas metas solicita una ampliación de la zona de extracción y el depósito de estériles que implica la desviación, nuevamente, del caño San Antonio en una extensión de 9 kilómetros y el realineamiento de una vía terciaria.
Los municipios mineros del Cesar sufren la falta de agua y cada vez se acentúa más el padecimiento por las intervenciones que las multinacionales mineras han hecho a sus acuíferos, condenando a sus pobladores a vivir en un desierto. Recordemos que en los últimos años, para favorecer los intereses de las multinacionales mineras en general y de la Drummond en particular, el gobierno nacional ha autorizado la intervención y desviación de más de diez corrientes de agua en esta zona del Cesar, ejemplo de ello son los ríos, Calenturitas, Maracas y Tucuy; arroyos y caños, Caimancito, Paraluz, Platanal, El Zorro, El Zorrito, Las Ánimas y San Antonio, entre otros.
Con estos antecedentes, en el remedo de audiencia realizada en La Loma el pasado 28 de enero como es la usanza, puesto que se hacen de espaldas al grueso de la población, hubo voces de rechazo a la propuesta de la multinacional, por la clara violación a los derechos de las comunidades y grupos étnicos existentes en el entorno que serían directamente afectados si aprueban la ampliación de la explotación y la desviación del caño San Antonio. Es inconcebible que el gobierno de Santos a través de La Anla, considere resolver positivamente la pretensión de la multinacional pasando por encima de los intereses de la comunidad.
La actividad de extracción que realiza Drummond en el Cesar, ha generado consecuencias gravísimas para sus habitantes: enfermedades respiratorias, desaparición de cientos de hectáreas de tierras dedicadas a la agricultura, extinción de la pesca, daños paisajísticos, violación a los derechos democráticos de los trabajadores, vinculación laboral tercerizada, etc. Las cuales han sido tan evidentes que le han merecido varias sanciones, pero estas, se convierten en un canto a la bandera, porque la multinacional continua realizando en esta zona lo que se le viene en gana y los gobernantes del orden nacional, departamental y municipal no hacen nada para frenarla.
Aceptar desviar una vez más uno de sus reducidos afluentes para favorecer la contaminante explotación de carbón a cielo abierto de la Drummond, con el fenómeno del Niño a plenitud, es indignante. Por lo cual, la posición de quienes hacemos parte del Centro de Estudios del Carbón, es de rechazo enérgico y de respaldo absoluto a la posición de las comunidades que exigen al gobierno nacional, entre otras “ consulta previa y la moratoria en la ampliación del Plan de Manejo Ambiental (PAM) del proyecto minero La Loma”
Exigimos a La Anla, detener los permisos ambientales que permiten a la Drummond continuar ampliando la devastación ambiental, sobre todo los atentados contra nuestros acuíferos; llamamos a las juntas de acciones comunales, organizaciones sindicales, estudiantes, grupos étnicos y habitantes del corredor minero a adelantar la más firme actividad para la organización y movilización que conduzca a frenar este nuevo despropósito. De la misma manera solicitamos al gobierno departamental, Asamblea, alcaldes, personeros, Corpocesar, etc., que hagan causa común con los habitantes de esta zona afectados por los irreparables impactos ambientales.
CENTRO DE ESTUDIOS DEL CARBÓN DEL CESAR
