Por: Jorge Enrique Robledo
En la corrupción de Odebrecht hay dos hechos nuevos que no han recibido la debida atención. El primero, que María Jimena Duzán y Noticias Uno, a partir de documentos de la Fiscalía de Colombia, le informaron al país que tres altos ejecutivos de Odebrecht, de los que han confesado sus sobornos, acusaron a José Elías Melo –a la sazón presidente de Corficolombiana (Grupo Aval, Episol), la socia de Odebrecht en la Concesión Ruta del Sol 2– de haber participado en el pago de las coimas con las que se consiguieron los contratos.
Aunque las autoridades deberán precisar cada dato, se quedaría sin sustento el gracejo que dice que los de Odebrecht “subsidiaron” en el soborno al Grupo Aval Corficolombiana Episol, en beneficio de Luis Carlos Sarmiento Ángulo. Porque, según las confesiones, el pago del soborno se lo repartieron como un costo del negocio entre las dos empresas asociadas, para poder apropiarse en esa misma proporción de las ganancias. Lamentar que esta denuncia periodística, que debió estallar con gran fuerza dada su gravedad, se perdió en el aguacero de noticias y nombres que al día siguiente le tiró la Fiscalía al país, entre las que esta no se realzó.
Tampoco produjo la noticia debida algo que en otro país habría generado un escándalo. El gobierno (ANI) y la Concesión Ruta del Sol 2 llegaron a un acuerdo amistoso para dar por terminado el contrato, de forma que a los beneficiarios de los sobornos se los trató como si no hubiera pasado nada, asegurándoles además 700 mil millones de pesos, 441 mil millones de los cuales fueron para Odebrecht y 235 mil millones para el Grupo Aval (Corficolombiana Episol). El premio que les dio el gobierno a Odebrecht y a Luis Carlos Sarmiento Ángulo –por cuenta de Santos y Vargas Lleras– lo justificó con la extraña e ilegal decisión de la Superintendencia de Industria de ordenar, ¡y como medida cautelar!, la terminación del contrato, acto que le sirvió a la ANI para no declararle la caducidad, justo lo que el gobierno ha debido hacer para poder sancionar a los socios de la Concesión. Tal como quedaron las cosas, el nuevo contrato para terminar la Ruta del Sol incluso se podría volver a firmar con Odebrecht y el Grupo Aval. ¡Impunidad absoluta, para fiesta de un puñado!
Y Juan Manuel Santos, con su famoso cinismo, que pocos pero poderosos le celebran, fue capaz de afirmar que a Odebrecht “le había ido como a los perros en misa” en su gobierno, ocultando que tan distinguidos canes salieron de la ceremonia con las alforjas llenas, dándole otra poderosa razón al clamor ciudadano que dice que “¡estamos mamados de los mismos con las mismas!”.
El país también está hasta la coronilla con la desvergonzada posición de Néstor Humberto Martínez Neira de no declararse impedido para actuar como Fiscal frente estas corruptelas, en razón de sus conocidos vínculos de negocios con el Grupo Aval y con Odebrecht, según lo he probado hasta la saciedad. Odebrecht, Corficolombiana y firmas de Martínez y de su hijo aparecen juntas en el negocio de Navelena, luego de que fracasara el intento del Fiscal de presentar a Navelena como libre de toda sospecha. También se demostraron dos asesorías de Martínez Neira a la Concesión Ruta del Sol 2, en 2012 y 2015. Y probé el contubernio doloso entre el Fiscal y Corficolombiana con el objetivo de manipular mis comprobadas denuncias, manguala ocurrida cuando ya la Fiscalía tenía que estar investigando por corrupción a Corficolombiana, tanto por Navelena como por la Ruta del Sol 2. ¡El propio Fiscal, acomodando pruebas amañadas con una entidad a la que él mismo investiga por corrupción y en contra de un senador que hace control por mandato de la Constitucion y la ley! En la globalización, “los inescrupulosos aparecen en la cumbre”, explica George Soros.
Entre las nuevas pruebas del impedimento del Fiscal pesa una asesoría de 52 páginas de MNA Martínez Abogados, firmada por su hijo, Néstor Camilo Martínez Beltrán. Está dirigida a Navelena SAS, tiene sello de recibido de Constructora Norberto Odebrecht S.A. y es del 23 de julio de 2015, fecha en la que Martínez Neira afirmó que no podía haber una asesoría como esta. El documento tiene como fin “emitir un concepto con destino a los Bancos que financiarán el proyecto”. Y me lo entregó el vicepresidente Jurídico del Banco Agrario, que lo recibió de Corficolombiana. ¿Con qué nueva astucia politiquera saldrá el Fiscal, que aumenta las sospechas por su actitud de no hacerse a un lado y que se empeña en atropellar la dignidad de un país hastiado también del derecho a la matonería que se arrogan algunos que se sienten muy poderosos? (para todos los detalles: video http://bit.ly/2mt4qSy y audio http://bit.ly/2n76Dob.)
Bogotá, 10 de marzo de 2017
