Jorge Enrique Robledo Castillo
Manizales, 28 de Agosto de 2003.
Las razones del título de este artículo son abundantes. La primera, porque el referendo no es un instrumento de la democracia sino del bonapartismo, entendido este como una maniobra del Ejecutivo para, en nombre de la participación democrática, menoscabar la auténtica democracia y consolidar el absolutismo. También se sabe que busca profundizar las orientaciones del FMI de empobrecer a los colombianos para mejorar la capacidad de pago de la deuda pública, así como hacerles más difícil a las fuerzas independientes y de oposición llegar al poder legislativo. Las otras preguntas, las preguntas-carnada –que parecen ser contra la corrupción y la politiquería, pero que no lo son–, tienen el evidente propósito de permitir que las preguntas-anzuelo pesquen a las gentes atraídas a votar en contra de sus propios intereses. Pero incluso las que atraen a los incautos, no resisten un análisis atento.
La primera pregunta, aparentemente contra los corruptos, tiene el enorme boquete de señalar que quien haya cometido ciertos delitos contra el interés público será sancionado, “salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño”. Este adefesio, explicado por algunos como “robe ahora y pague después”, le da forma jurídica a la desigualdad de la sentencia que señala que “la ley es un perro bravo que sólo muerde a los de ruana”.
Hay preguntas que buscan tramar al votante invitándolo a decidir sobre asuntos que ya están decididos. Así sucede con las que pretenden prohibir las suplencias en las corporaciones públicas y los auxilios parlamentarios, pues estos son inconstitucionales desde 1991. Ello también ocurre con los interrogantes sobre el umbral y la cifra repartidora –diseñadas contra las minorías y la oposición–, convertidos en norma constitucional desde junio pasado por la mayoría urbista en el Congreso, es decir, por los mismos que aprobaron el texto del referendo. Y en una decisión que evidencia el más descarado desprecio por lo democrático, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se atrevió a anunciar que los salarios serán congelados aunque el gobierno pierda el referendo.
Cuánta alharaca hacen los muy bien financiados y agresivos promotores del Sí con la eliminación de las contralorías regionales porque –dicen– la plata que se ahorre con los despidos masivos se utilizará en otro asunto. Pero ocultan que ese ahorro no se dará porque las funciones y los costos de los organismos que desaparezcan los asumirá, según el texto del referendo, la Contraloría General de la República. Y también ocultan que este nuevo acto de centralización del poder tiene otro veneno: la Contraloría podrá contratar con particulares la vigilancia de los funcionarios públicos, en la clásica situación de poner al ratón a cuidar el queso.
También hacen demagogia con que se van a perseguir las pensiones más altas, como si no fuera evidente que casi todos los pensionados que van a castigar con el congelamiento de las mesadas son pobres. Y si gana el Sí, los congresistas que tienen derecho a pensionarse antes del 2008 –incluidos los uribistas que aprobaron el texto del referendo–, no serán afectados por el tope que se les impuso a las pensiones mayores.
Igualmente, tiene su truco la pregunta que busca pasarle la plata del Fondo de Regalías a otra necesidad. En ella se oculta que en la actualidad esos recursos se invierten en vías y electrificaciones en las zonas rurales más pobres del país y en el cuidado del medio ambiente. Y se hace demagogia cuando se propone que los votos de los congresistas sean públicos, porque hoy basta con que un parlamentario pida votación pública para que así tenga que ser, lo que siempre ocurre en los proyectos de importancia. Si los colombianos ignoran cómo se vota en el Congreso no es porque no pueda saberse, sino porque los medios de comunicación guardan silencio al respecto.
E insistamos en que la única manera de derrotar el referendo es absteniéndose de votarlo, porque resulta obvio que por cada voto por el No habrá muchos por el Sí, como corresponde con una manipulación bonapartista.
Coletilla: ¿será porque en Aces no había sindicato que no aparece ni persona ni política alguna responsable de esta otra pérdida del patrimonio de los cafeteros, a quienes también les impusieron aportar varios miles de millones de pesos más para pagar deudas de la empresa?
