Jorge Enrique Robledo Castillo
Contra la Corriente
Manizales, 6 de julio de 1998.
Hasta donde se ha oído, hay bastante oposición al gravamen de valorización que el gobierno pretende cobrar por la llamada “autopista del café”. Y las razones son obvias. En primer término, porque sería cobrarles la vía dos veces a los habitantes de la región, ya que la construcción y su mantenimiento se pagarán con peajes, pues se ha decidido que la obra se desarrolle dentro del esquema neoliberal de privatización. Y no hay que olvidar que los peajes de las vías que se convierten en el negocio de algunos suelen ser bastante altos, dado que en éstas también hay que pagarles las ganancias a los inversionistas y la utilidades financieras a los banqueros.
De otra parte, la teoría que sustenta el gravamen de valorización es particularmente inconsistente en este caso, en razón de la profunda crisis que sacude a la producción cafetera y agropecuaria y de lo tétrico que se presenta su futuro. La inconsistencia tiene origen en que este impuesto no se paga con el mayor precio teórico o real que adquieran los predios sino con el dinero que tengan en sus bolsillos los afectados, salvo que se caiga en el razonamiento absurdo de exigir que se vendan las propiedades para pagarles su valorización. Y todos sabemos que las gentes del agro tienen tantos problemas de liquidez -cuando no están arruinados- que ni siquiera poseen con qué atender adecuadamente sus fincas. Y como es obvio, a ningún cafetero, por ejemplo, le venderán más baratos los abonos que requiera si llega con el cuento de que su finca “vale más”. Sería con la plata del sustento mínimo de las familias y con la que debiera destinarse a mantener la producción con la que se terminaría pagando una supuesta “valorización” que además es bien difícil de demostrar, porque se sabe que la propiedad rural padece en este momento por una tendencia a depreciarse.
Además, si algún sector tiene derecho a reclamarle al gobierno nacional para que no lo graven más es el cafetero -el principal afectado por el gravamen que quieren cobrar- si se tiene en cuenta el carácter estructural de su crisis y las enormes sumas que ha pagado y sigue pagando en impuestos regresivos y discriminatorios, que en muy buena medida se utilizan para costear las obras públicas que debiera pagar el Estado. A no dudarlo, se requiere de una cierta vocación de torturador para pensar siquiera en ponerle más cargas a las gentes del café y del agro.
En estas circunstancias, el ideal sería que se creara un amplio frente común en Caldas, Risaralda y Quindío para plantearle al nuevo gobierno la revocatoria de un derrame de valorización que no resiste análisis ni por la teoría que lo sustenta, ni por la situación de los paganinis, ni por su combinación con los altos peajes.
Coletilla: Aunque este es otro debate, está para verse si las carreteras privatizadas podrán sobrevivir en la medida que se agrave -y se agravará- el desastre económico nacional. En el Wall Street Journal Americas se informó que el gobierno mexicano anunciará “un plan de 2.300 millones de dólares para absorber el fallido sistema de carreteras de peajes del país” (El Tiempo, 26.1.98).
