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La política agraria quizá más regresiva en toda la historia de Colombia. El eje, impulsar la gran hacienda. La ley abre el camino a la extranjerización de la tierra. El Polo está por la restitución efectiva de tierras a las víctimas. Ni por la vía de la ley ni administrativamente se ha restituido una sola hectárea. El decreto reglamentario desinvirtió la carga de la prueba. Formalizaciones no son restituciones y la cascada de mentiras. El caso de Las Catas.
Lo que vamos a hacer hoy aquí es un debate llamémoslo institucional del Polo Democrático Alternativo y se concentra de manera particular en el tema de la restitución de tierras. Vamos a hacer un balance a ver en qué va la política de restitución de tierras del gobierno, qué desarrollos hay hasta hoy y qué se vislumbra en el corto plazo.
Este es un debate a favor de la restitución de tierras y de la atención a las víctimas de la violencia. En eso no puede haber la menor duda. El Polo Democrático Alternativo desde siempre ha defendido la restitución de tierras. Hemos incluso participado muy activamente en la organización de las víctimas de la violencia. Luego este debate a lo que apunta es a que al final las conclusiones contribuyan de manera positiva a que la restitución de tierras asuma el rumbo que debe y se logre atender con éxito uno de los problemas más graves de la vida del país. Pero también, para empezar, voy a mirar brevemente el resto de la política agraria del gobierno del presidente Santos. La restitución de tierras es parte de otras políticas que vale la pena mencionar brevemente, porque vamos a ver a lo largo de la intervención cómo se ensamblan las unas con las otras.
La política agraria es regresiva
Voy a demostrar que se está ante una política agraria profundamente regresiva, probablemente la más retardataria de la historia de Colombia, que estimula las importaciones de productos del agro, tiene como propósito concentrar más la producción y la tierra, apunta a constituir verdaderos monopolios, incluso entregándoles las tierras a los inversionistas extranjeros, y tiene como concepción convertir a los pobres del campo, no en campesinos libres, sino más bien en una especie de siervos, que nos recuerdan las relaciones feudales del Medioevo.
Tocaré con brevedad un tema al que mis colegas se van a referir más adelante y explicaré cuáles son las razones por las que he venido sosteniendo que la política de restitución de tierras va muy mal, supremamente mal. Lo que es más grave, no veo al gobierno con vocación de corregir lo que se viene haciendo, sino por el contrario, se empecina en seguir el mismo rumbo, recurriendo incluso a una serie de frases y de cifras que crean confusión y ocultan lo mal que va la política agraria.
De manera clarísima voy a demostrar que no es cierto que aquí se esté haciendo un esfuerzo monumental, como lo repite la propaganda, que aquí estemos ante un récord histórico, que aquí hay una verdadera revolución agraria, que se le está cambiando la faz al país y que tenemos al doctor Santos, como el presidente de los campesinos. No, esos son cuentos de de los publicistas de la Casa de Nariño, lejísimos de la realidad. De los análisis ustedes mismos van a concluir que la política de restitución es un poco una cortina de humo para el resto de la política agraria, con una particularidad y es que ni humo echa, el humo ha sido reemplazado por retórica.
El agro colombiano va muy mal. Es mala la situación de los ganaderos, que han visto disminuir su rentabilidad de manera bien notoria, mala la situación de los arroceros, de los cacaoteros, de todos. No es el tema que nos ocupa, pero quiero dejar planteado que este gobierno no corrige el rumbo ni aplica la política agraria que Colombia necesita. Parte esencial de la política de tierras son los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Europa y otros países. Desde hace rato, desde los tiempos de César Gaviria, el libre comercio, le viene haciendo un daño inmenso al aparato productivo colombiano.
La feroz concentración de la tierra rural, una de las más altas del mundo, se explica en parte por la violencia que padecemos, pero también por el desastre agrario y por la ruina de nuestros productores. Un campesino boyacense me decía en estos días, senador, con las importaciones me quitaron el trigo y la cebada. No me queda sino la leche. Si me quitan la leche, me quitan la vaca y si me quitan la vaca, me quitan la tierra. Es el proceso que viene caminando.
Aquí acaba de señalar del presidente del Directorio Nacional Conservador la gravedad que significa que en los tres primeros meses de este año hayan aumentado las importaciones agrícolas en 50 por ciento. En el caso de los lácteos, aumentaron 453 por ciento, medido en toneladas, y en el del azúcar, 217 por ciento, y eso que todavía no tenemos allí el impacto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Cabe anotar que el Banco Mundial, en últimas el que determina la orientación de la macroeconomía colombiana, ha fijado una posición con respecto a lo que Colombia debe hacer en el marco del TLC con Estados Unidos. En un estudio del 2007, hecho para Colombia, reconoce que el TLC impactará en materia grave la economía agropecuaria y profundizará las desigualdades. Propone entonces la solución que, como ustedes van a verlo, casa con la política de tierras de este gobierno. Según el Banco Mundial, el uso eficiente de la tierra requiere condiciones que faciliten la movilidad de los derechos de propiedad, de modo que pueda ser utilizada en actividades más productivas por usuarios más eficientes. Dice el Banco Mundial, es decir, dice Estados Unidos que la tierra debe ser utilizada en actividades más productivas por usuarios más eficientes, o sea, lo que se plantea es una política de despojo de quien sabe cuántos compatriotas. Advierte además, ténganlo en cuenta, que en buena parte esa política se va a hacer por la vía del arrendamiento, que ellos consideran muy propicia para adelantar sus concepciones.
Impulsar la gran hacienda
Es claro también que el centro de la política agraria de Juan Manuel Santos es la gran producción. El punto 63 de su programa de gobierno dice con todas las letras que hay que impulsar el desarrollo de grandes explotaciones agropecuarias que tengan a su lado unos cuantos campesinos pobres del pancoger. Plantea de manera clara, además, que debe eliminarse la UAF o unidad agrícola familiar, una medida de economía campesina que se volvió un estorbo para que los baldíos del Estado puedan pasar a los grandes inversionistas. La política que plantea el programa de gobierno del presidente Santos la había ya propuesto Álvaro Uribe Vélez en el discurso famoso de La Fazenda, hace unos años. Uribe señalaba que las tierras de la altillanura deberían desarrollarse mediante haciendas de 40 ó 45.000 hectáreas, pero que había que eliminar la traba de la UAF. Sin embargo, él y el ministro Arias consideraban que no tenían condiciones para eliminarla y permitir que la gran propiedad económica se quedara con los baldíos del Estado.
El 26 de agosto de 2010, recién posesionado, el ministro Juan Camilo Restrepo se fue a la reunión de la Asociación Bancaria y señaló que había que desmontar la UAF, porque entorpecía la concentración de la tierra. Dijo que había que inspirarse en la gran producción brasileña y fue claro en señalar que había que estimular la gran agricultura empresarial. Se cubrió un poquito con la hoja de parra añadiendo que serían asociaciones con pequeños y medianos campesinos, pero dejó en claro que el objetivo era la gran producción.
Después, en El Tiempo, el 14 de marzo, señaló que una buena empresa agroindustrial debía tener una mínima economía de escala del orden de 10 a 15 mil hectáreas, la mínima, agrega el doctor Juan Camilo Restrepo, para que le quepan inversiones de 200 ó 300 millones de dólares, es decir, del orden de 600 mil millones de pesos. No estamos hablando de los empresarios de siempre en la historia de Colombia, sino de algo completamente distinto.
Y nos explicó también el ministro que en Carimagua iban a asociar a unos cuantos campesinos con un inversionista que aportara entre 300 y 400 millones de dólares, es decir, hasta 800 mil millones de pesos, y digamos desde ya que asociaciones entre campesinos pobres e inversionistas de ese tamaño no son otra cosa que alianzas entre el pájaro y la guayaba madura. Está claro que la política oficial es convertir a nuestros campesinos, no en propietarios libres de la tierra, como lo ordena la Constitución, sino en una especie de siervos, de semiparceleros de la gran producción.
Además de lo dicho por el ministro para el caso de Carimagua, hay otro, el de la hacienda Las Catas, en Córdoba. El director del Incoder de esos días señaló con precisión qué quería hacer allí con los campesinos. Dijo que les daría unas pequeñas parcelas para el pancoger, cada una con su casa, y que el resto de la hacienda se explotaría colectivamente. Que tendrían como aliados, y estoy leyendo, empresarios que aportaran su conocimiento, socios que compren los productos y los acompañen en la financiación.
En el cacao vamos a contar con un aliado muy importante en la Nacional de Chocolates, les advirtió a los campesinos el director del Incoder, y ustedes se tienen que volver socios y aprender a convivir bajo unas reglas y quien no se adapte a las asociaciones con estos monopolistas debe salir.
Y Santos, el 7 de agosto de 2010, en Barrancabermeja, fue también claro en señalar que a los campesinos había que asociarlos con importantes inversionistas, con el mercado de capitales, una manera de llamar a los banqueros. Que los campesinos merecían ser socios y obtener rentas de capital además de sus ingresos laborales, frase que, traducida al buen romance, significa que será otro quien controle la tierra, por la que pagará un arriendo, y podrá contratarlos como jornaleros, si bien les va. No es entonces en campesinos libres, independientes, prósperos, en lo que está pensando el presidente Juan Manuel Santos.
Lo anterior hace parte del problema de la restitución, porque el propio gobierno ha admitido que un porcentaje inmenso de los campesinos a los que les restituyan sus tierras no quieren regresar a ellas, entre otras cosas, porque no les ofrecen facilidades. Y entonces surge la pregunta: ¿qué va a pasar con sus tierras? ¿Quién se va a quedar con ellas? Y en una Ley que está en trámite aparece una figura que consagra el derecho de superficie, consistente en separar la propiedad de la tierra de lo que se siembre en ella, política que apunta a dejar a los campesinos como arrendatarios paupérrimos de los grandes establecimientos productivos.
Y el artículo 99 de la Ley de Restitución de Tierras consagra que una cosa es el derecho a la restitución y otra muy distinta el derecho al retorno. Podría suceder que un campesino a quien el juez le haya ordenado la restitución no llegue nunca a retornar a su predio, porque la ley permite que con él se quede quien hoy lo posea, si resulta ser un tenedor de buena fe, o el Estado, en su defecto, pero en todo caso se mantendrá esa gran producción.
Esta concepción de la gran hacienda, de los campesinos semisiervos, del monopolio, de los banqueros, de los “nuevos llaneros” como llamaba una revista a personajes como Luis Carlos Sarmiento Ángulo, tiene una especie de culmen en la extranjerización de la tierra. Los colombianos saben que por el mundo andan las grandes trasnacionales de los países más poderosos quedándose con las mejores tierras de países como Colombia. Compran decenas y millones de hectáreas en beneficio de los países ricos. En un debate le pregunté al ministro de Agricultura qué pensaba él de que hubieran venido chinos a comprar 400 mil hectáreas y lo único que me respondió es que a él no le parecía que eso fuera un problema. Que si eran baldíos, lo que habría era que entregarles las tierras en alguna forma de usufructo.
El Polo Democrático va a presentar una reforma constitucional que impida que las tierras de Colombia se les entreguen a los monopolios extranjeros, como ya viene sucediendo en otros países.
Ante este debate, el ministro Restrepo ha dicho que no podemos caer en esa exaltación desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero. Pero lo que está en juego es que las mejores tierras de Colombia pasen a menos de inversionistas norteamericanos y de otros países y se pierda la propia soberanía de este país, ya bien vulnerada.
Este gobierno logró coronar el sueño que no pudo concretar Álvaro Uribe Vélez y que era el desmonte de la famosa UAF. En la Ley del Plan de Desarrollo, el presidente Santos consiguió eliminar la UAF, por lo menos en su parte práctica, aun cuando se mantiene la legalidad, la forma, pero en la práctica, previos unos trámites menores, ya se le podrán entregar los baldíos del Estado, y estamos hablando de millones de hectáreas, a cualquier inversionista de cualquier tamaño, banquero o lo que sea, así sea propietario de otras extensiones de tierra. Y establece también la norma que ya no será impedimento el haber recibido tierras de reforma agraria, que se pueden sumar para montar grandes haciendas. Logró el ministro Juan Camilo Restrepo y el presidente Santos lo que no pudieron Álvaro Uribe y el doctor Andrés Felipe Arias. Uno esperaría que lo menos es que les hagan el reconocimiento de haber sido los orientadores de esta política que, sin duda, no es de corte democrático, como deberían serlo las políticas del agro colombiano. Y no lo es porque, insisto, tenemos el peor índice de concentración de la tierra seguramente del mundo.
Luego, en resumen y termino con esto mi primera parte, el conjunto de la política agraria de Santos es profundamente retardataria. Como el país se ha dedicado a mirar sólo lo de la restitución de tierras, este otro debate lamentablemente no se ha hecho. Los colombianos no saben que está pasando. Yo le he dicho al doctor Restrepo, ministro, por lo menos promuevan un debate democrático. No metan estas cosas a las escondidas en el Plan de Desarrollo. Permitan que los colombianos se enteren y que cada uno defienda su punto de vista, pero que no encubran la política agraria más retardataria en la historia de Colombia tras la cortina de humo de la restitución de tierras, que como enseguida voy a probar, ni humo echa, porque es mucho más la retórica que la realidad.
El Polo está por la restitución de tierras a las víctimas
Empiezo repitiendo que el Polo está por la restitución de las tierras a las víctimas de la violencia, miente quien diga lo contrario. Es un mentiroso quien pretenda señalar que el Polo está en contra de las políticas de defensa de las víctimas y los campesinos colombianos. Falta a la verdad en materia grave. Y en este sentido, entonces, empiezo por llamar al gobierno nacional a que defienda con medidas efectivas a las gentes que en el campo luchan por la restitución de tierras y que han venido siendo asesinadas en un número que ya se acerca al medio centenar. El gobierno debe garantizar que cesen los asesinatos y que quienes estén a favor de la restitución puedan ejercer su derecho democrático y exigir que se cumpla. El Polo no votó el proyecto del gobierno nacional, no porque estemos en contra de la restitución, sino porque presentamos nuestro propio proyecto, el que sí considerábamos correcto, el que sí considerábamos democrático, el que sí considerábamos progresista.
Infortunadamente, la ley que presentó el gobierno no fue consultada con las organizaciones de víctimas. Es una ley cicatera, una ley que le confiere demasiados poderes al gobierno nacional y que está sujeta a la sostenibilidad fiscal, lo que en parte explica el desastre de restitución que estamos presenciando. En dos ocasiones le escribimos al presidente de la República, llamándolo a que corrigiera el proyecto de ley que se tramitaba. Nuestros congresistas en la Cámara y en el Senado hicieron todo lo que estuvo a su alcance para impedir que la ley saliera con los defectos con que salió. Luego que los funcionarios no nos vengan ahora con el cuentico, a decir que porque no les aprobamos una ley mediocre, cicatera, recortada, con excesivos poderes al gobierno nacional, es que estamos en contra de la restitución. Seriedad le pido a la gente del gobierno. Aquí sí hay quienes están en contra de la restitución, pero no somos los del Polo Democrático Alternativo. Aquí no hay dos sino tres posiciones al respecto. La de quienes están en contra de la restitución, la del gobierno nacional, y vamos a explicar cómo es que entiende este asunto, y la del Polo Democrático Alternativo. Nosotros somos leales defensores de una política de restitución de tierras y en la calle, caminando con nuestros campesinos y nuestros empresarios, defendemos que efectivamente se dé. Seriedad le pido al gobierno, porque con tergiversaciones no se puede hacer un debate que resulte mínimamente constructivo.
Sin embargo, a estas alturas ya el debate no es tanto sobre la ley de restitución, demandada por inconstitucional por las organizaciones de las víctimas. En lo debemos centrarnos es en mirar cómo va el trámite, cuáles son los resultados, qué ha venido pasando, con un fin, y es que haya una restitución efectiva y para que no sea en el papel, como hasta ahora está siendo.
Pero antes de entrar al tema específico, quiero mencionar un tema del que nadie habla en Colombia y que es parte de la Ley 1448, que de una parte apunta a la restitución, pero de otra contiene una política de indemnización administrativa a las víctimas, sobre la que llamo a los colombianos a echar ojo, porque también va mal. Imagínense ustedes que en el gobierno anterior, la indemnización por vía administrativa que se reconocía como máximo a una familia era de un poco más de 25 millones de pesos. Con el Decreto 4800 del año pasado, el presidente Juan Manuel Santos los redujo a 20 millones de pesos, es decir, de un tiro les quitó el 20 por ciento.
Y después, un Conpes del año pasado los redujo en términos efectivos a 6.395.000 pesos, de acuerdo con los análisis hechos por la doctora Sandra Morelli, contralora general de la República. Explicó la contralora que esto era en parte efecto de uno de los puntos más negativos de la ley, el de la sostenibilidad fiscal que el Fondo Monetario Internacional le impuso a la economía colombiana.
No se ha restituido una sola hectárea
¿Cómo va la política de restitución? ¿En qué vamos? Digamos para empezar que a la fecha de hoy, colombianos, y ustedes seguramente se van a sorprender, no ha habido una sola restitución de tierras a víctimas de la violencia. Cero restituciones. Cero restituciones por la vía administrativa, que se podía hacer, y cero restituciones por la vía de la Ley 1448, que empezó su vigencia este año. Pero más grave aún, las metas de restitución planteadas por el gobierno nacional en sus objetivos inmediatos son cicateras, pobretonas, y van a llevar a que no se cumplan las promesas que hizo el presidente Santos.
Detallemos poco a poco lo que ha venido sucediendo. Hace unas semanas, repitiendo lo que me informó el Ministerio de Agricultura, acepté que iban apenas 699 restituciones por 18 mil hectáreas por la vía de la restitución administrativa. Pero resulta que hace poco, el ministro de Agricultura rectificó la información y precisó que por vía administrativa no va ni una sola hectárea.
Ahora, no porque no se intentara. Poco después de posesionado, el gobierno nacional anunció el llamado programa administrativo de restitución de tierras, una transformación del programa de restitución de tierras de Acción Social –todo lo que estoy leyendo son documentos oficiales– y estableció también un plan de choque tendiente a restituir antes de que la ley entrara en vigencia. El gobierno nacional contó con el respaldo de la USAID y de la Organización Internacional de Migraciones. Luego digamos desde ya que si no ha habido una sola hectárea de restitución por la vía administrativa, fue porque esa política fracasó de manera estruendosa.
Todas las citas presidenciales que voy a leer aquí son tomadas de la oficina de información de la Casa de Nariño, señor ministro. El presidente Santos, el 20 de octubre del 2010, dijo: “No vamos a esperar hasta la Ley para iniciar la devolución de tierras despojadas, ya le dimos la largada a este proceso. El proceso de restitución de tierras empieza ya, esta semana, por eso tenemos listo un plan de choque y esperamos restituir y formalizar 312 mil hectáreas de tierra a 130 mil familias campesinas, plan que termina en abril del año entrante”.
Fíjense ustedes que en la frase revuelve como si fueran casi una sola cosa formalizar y restituir. Pero la oficina de prensa de la Presidencia de la República, al otro día, precisa de qué estaba hablando el presidente Santos. Aclara que “es un plan de choque, para la restitución de tierras, plan de choque que apunta a devolverles 312 mil hectáreas a 130 mil familias”, y que todo se hace mientras se expide la Ley 1448, que solo saldría meses más adelante.
Aquí es importante que ustedes tengan en cuenta, colombianos, que en este asunto hay palabras con significado diferente. Hay formalizaciones, adjudicaciones, asignaciones, restituciones, etc., y resulta clave que se entienda que la restitución de tierras es una política nueva, la única nueva de este gobierno, y no se parece en razones de fondo a las anteriores políticas de tierras.
El mismo 20 de octubre, El Espectador informó: “Anunció el ministro que ejecutará un plan de choque destinado a devolver 312 mil hectáreas a 130.487 familias”. Luego queda ya claro que si no se ha restituido ni una sola hectárea de tierra, ni el presidente Santos ni el ministro Echeverry cumplieron su oferta.
Sobre el punto retornaremos más adelante, pero miremos un segundo aspecto. La otra posibilidad de restitución de tierras es la que ofrece la Ley 1448 y por esa vía tampoco se ha restituido ni una sola hectárea. Ni una es ni una a una sola víctima de la violencia. Es cierto, como afirma el ministro, que la ley apenas entró en vigencia el 1º de enero, hecho que no voy a discutir, pero lo que sí me interesa que quede claro es que por esa vía tampoco se ha restituido ni una sola hectárea de tierra.
El proceso, y es una de las cosas lamentables, se ha construido con una lentitud exasperante. La ley se había podido aprobar en el 2010, pero la dejaron para el 2011. Y no fue de inmediata aplicación, porque se empezó a aplicar apenas en el 2012. Yo les cuento que en este momento, el Ministerio de Agricultura, de acuerdo con el sistema establecido, ya ha debido trasladarles a los jueces agrarios por lo menos 8 mil peticiones, traslado que todavía no se ha hecho, y los jueces agrarios, senadores, están ahí sentados esperando a que alguien les ponga algo que hacer.
Falló entonces el proceso administrativo y falló el proceso judicial. Y la lentitud en el nombramiento de los abogados que habrán de actuar como jueces agrarios es también absolutamente exasperante. Apenas se han nombrado cinco, de 134, y se espera que al final del año estén nombrados apenas 22, o sea, cerca de una sexta parte.
Parte de la lentitud, y este es un punto clave en el debate, tiene que ver con una decisión a mi juicio absurda del Ministerio de Agricultura al reglamentar la ley. La ley quedó con un artículo que el Polo respaldó, creo que es el 78, según el cual la carga de la prueba quedó en manos de quien tuviera el predio. Es decir, la víctima no tenía que demostrar su derecho sobre el predio, sino que le correspondía al presunto victimario echarse sobre sí la carga de la prueba. Es lo que llaman los abogados la inversión de la carga de la prueba.
Lo voy a explicar con las palabras del Ministerio del Interior, senador Parmenio Cuéllar. Dice: será el victimario, o sea quien tiene la tierra, el que deberá demostrar que adquirió el predio de buena fe, y no se le pedirá a la víctima que compruebe el despojo. Está claro. Es lo que dice la ley. Pero en el decreto reglamentario, el 4829, desinvirtieron la carga de la prueba. Se va a generar un enredo monumental, y por supuesto, vulnera los intereses de las víctimas, senador Velasco.
Miren cómo explica el ministro de Agricultura lo que pasó. Dice él: en la práctica, la inversión de la carga de la prueba quiere decir que una vez presentada la solicitud, el Estado se echa sobre sus hombros la inmensa y delicada carga de ayudar a recaudar esa prueba. O sea, la prueba no queda en manos del victimario, sino dela víctima y el Estado le ayuda. Ustedes me van a excusar que cite muchos textos, pero es que los detalles son importantes.
El Estado tendrá que empezar a buscar, documentar o establecer si efectivamente el predio que reclama el despojado fue usurpado por la violencia o no, y si se prueba –ojo con las palabras del ministro–, y si se prueba que efectivamente hubo despojos –o sea, si se prueba ante la Oficina de Restitución de Tierras, parte del Ministerio de Agricultura–, si se prueba que efectivamente hubo despojo, coincidente con la reclamación, acompañará a la víctima y aportará la documentación que ha podido recabar como Estado y posteriormente el juez, evaluará y podrá dictar una sentencia.
Va quedando claro que esto no es inversión de la carga de la prueba. Ahondemos un poco. En un comentario a un artículo de Daniel Samper Pizano, dijo también el ministro de Agricultura: es el Estado quien deberá ayudarle a conseguirlas y allegarlas, las pruebas, refiriéndose a las víctimas. Dijo también: la carga de la prueba instruye al Estado, a través de la Unidad de Restitución de Tierras para que concurra en apoyo de las víctimas, con el fin de ayudarlas a documentar sus pretensiones.
Eso no es inversión de la carga de la prueba ni aquí ni en Cafarnaún. María Isabel Rueda, en El Tiempo, le pregunta al ministro Restrepo: ¿es cierto que el plan de invertir la carga de la prueba a favor del campesino echó reversa? Y él da algunas explicaciones y concluye: como Estado le ayudamos a la víctima a que allegue las pruebas para hacer valer su derecho. Le ayudamos a la víctima. Entonces María Isabel Rueda, que es perspicaz y sabía de qué se estaba hablando, le repregunta: hasta donde yo tenía entendido, el que tiene que demostrar su derecho es el tenedor o propietario al cual se le reclama la tierra, obviamente. Y miren lo que contesta el ministro Restrepo: no, no, la inversión de la carga de la prueba no es eso, consiste en que la ley le dijo al Estado, ayúdele a la víctima que en condiciones normales debería aprobar su despojo a allegar las pruebas para que lo prueben. Repito, ayúdele a la víctima a allegar las pruebas.
El punto a mi juicio es ilegal, porque no se puede reglamentar una ley violando la teoría de la inversión de la carga de la prueba. Pero más grave aún, se ha creado un enredo descomunal, porque aquí ¿qué fue lo que sucedió, senadores? Que además del proceso judicial ordenado por la Ley 1448, con inversión de la carga de la prueba ante los jueces agrarios, apareció un proceso administrativo que exige un fallo, porque el Ministerio no les traslada a los jueces las solicitudes del campesino, sino cuando la Unidad de Restitución considere que hay pruebas suficientes.
Entonces aquí tenemos un gravísimo problema teórico, pero también uno práctico descomunal, como lo dije hace un momento. De acuerdo con los términos de la propia ley, el 10 de mayo deberían haberse tomado decisiones y empezar a pasarles a los jueces las 8 mil peticiones que se hicieron el año pasado. Es la hora en que los jueces no tienen en sus manos ni un solo procedimiento.
Las metas
Luego, como vamos vamos mal: cero restituciones y un procedimiento a mi juicio bastante enredado, con una reglamentación que no se corresponde con el articulado de la ley. Pero aquí no termina el martirologio. Vienen más problemas, peores de los que vamos señalando hasta aquí, y son las metas concretas del gobierno. El ministro Restrepo ha dicho que este año, ya con la ley en vigencia, aspira a hacer 2.100 restituciones. 2.100 restituciones, y son 160 mil las prometidas. Ojo, estoy hablando en este momento de víctimas, adjudicaciones, restituciones, en algunos momento uno habla de hectáreas, y ojalá no nos confundamos.
El jefe de la Unidad Administrativa de Tierras Despojadas le dijo a Daniel Samper, en una carta, que 2.100 este año, pero que, eso sí, el año entrante aspiraban a 8.400. Y 2.100 y 8.400 son 10.500 a diciembre del 2013. La cifra que hay que gravarse es cuál. El gobierno intenta o promete, u ofrece o lo que sea, 10.500 restituciones a diciembre del 2013 y prometió 160 mil en su gobierno, luego tendría que hacer en 8 meses del 2014, o si ustedes quieren, en todo el 2014, 149.500 restituciones. Y es evidente que es por completo imposible, de acuerdo con el ritmo.
Aquí no termina lo malo. Cuando pasamos a debatir este asunto en los medios de comunicación, ¿saben qué dijo el ministro Restrepo de que no iban a cumplir? Dijo, no, lo que pasa es que el senador Robledo está equivocado, no hay metas, no hay metas, eso de la meta de 160 mil se lo inventó él. Se lo dijo a Noticias Uno el 11 de febrero del 2012. En restitución no es que haya una meta, hay un deber de estudiar tantas solicitudes de restitución como se presenten, y a María Isabel Rueda también le dijo: no es que haya metas, hay es deberes de recibir las solicitudes de restitución, todas las que lleguen.
Es un hecho que yo considero de gravedad descomunal. El Estado tiene que funcionar con metas. Un ministro de vías no puede llegar al Senado y a la pregunta de cuántas vías va a hacer, responder “pues las que podamos, eso sí manden las solicitudes, que aquí vemos a ver cómo hacemos”. Pero además, tengo aquí todas las pruebas del mundo para mostrarles a ustedes que sí hubo compromisos por parte del gobierno nacional. Voy a leer y me excusan que siga leyendo. Sé que puede ser algo pesado, pero no quiero perder ni un minuto de precisión. Dice el Plan Nacional de Desarrollo, página 248, tabla 3-19, metas por estrategia: procesos de restitución concluidos, 160 mil familias restituidas, dice el Plan Nacional de Desarrollo. Dice el doctor Juan Camilo Restrepo en un documento que se llama “Informe de rendición de cuentas de gestión 2010-2011: en el Plan Nacional de Desarrollo quedó establecido que al final del cuatrienio se habrán restituido 160 mil familias. Dice nuevamente el ministro de Agricultura en entrevista en El Tiempo en mayo 29 del 2011. Cuál es la meta, le pregunta el periodista, y el ministro contesta, ayudar durante este cuatrienio a que al menos 200 mil familias recuperen la tierra que les arrebataron.
El 2 de julio del 2012, dice el ministro: la meta en restituciones, como lo señala el Plan de Desarrollo, es ayudar a recuperar la tierra despojada a unas 165 mil familias. En carta a Semana de septiembre 17 del 2011, dice el ministro de Agricultura: en tercer lugar, la meta trazada durante el gobierno es de 160 mil familias, etc., etc. Dice el director del Departamento Nacional de Planeación, el doctor Hernando José Gómez, en una presentación sobre el cuatrienio de oportunidades: restitución a 160 mil familias. Dice el viceministro de Agricultura en otro documento, Ley de Restitución de Tierras, 160 mil familias. Dice el director de la Unidad de Tierras Despojadas en la carta a Daniel Samper, que ya he citado: se atenderán 160.345 reclamaciones.
¿Cómo pueden entonces decir ustedes que no hay metas? Hay metas, el problema es que no se están cumpliendo, cosa que soy el primero en lamentar, porque repito, nosotros en el Polo somos amigos de la restitución de tierras. Los colombianos que nos están oyendo deben estar diciéndose, bueno, pero no entendemos cómo es que el senador Robledo dice que no han restituido ni una hectárea cuando el gobierno habla de 800.000. Afirmo que no se ha restituido ni una hectárea basándome en las cifras que me da el gobierno. Yo no produzco mis cifras, trabajo con las que me da el Ministerio de Agricultura. Mandé hoy a los medios de comunicación un cuadro de resumen con todas las cifras. Y entonces el ciudadano dirá, bueno pero el gobierno habla de cantidades de cifras, de 130 mil, 300 mil, 500 mil, 800 mil. Ya hoy el ministro habló de un millón de hectáreas, aunque la cifra verdadera que me certificaron a marzo no es de un millón sino de 896.593. Entonces el ciudadano dirá, bueno, pero aquí nos estamos volviendo locos, cero restituciones a marzo, bueno a marzo, no importa, pero si quiere le podemos agregar una, ministro, yo en eso no tengo problema. No estoy por triunfos fáciles.
¿Qué es entonces lo que está pasando? Lo que está pasando es sencillo de entender. Es que en Colombia, además de la restitución de tierras, hay otros seis programas que dan tierras. Existen: tierras para baldíos a colonos, baldíos a afrodescendientes, tierras de la Dirección Nacional de Estupefacientes, tierras del Fondo Nacional Agrario, tierras para resguardos indígenas, subsidio integral de tierras y restitución. Y la única que es restitución es justamente la restitución, que a quien le han quitado una tierra se la restituyen. Las otras son distintas, y no me opongo a ellas, pero no son restitución. Aquí estamos haciendo un debate sobre cómo va la política de restitución, no las demás políticas.
Ahora, de las otras políticas se ufana el ministro como si fueran grandes cosas. Yo les cuento, la titulación de baldíos se ha hecho aquí toda la vida, la aplicaban los virreyes de España. Lo que se les titula en general a las negritudes son pedazos de selvas absolutamente inhóspitas, que no le valen al gobierno ni la hoja de papel sellado, porque ya no se necesita. No estoy en desacuerdo, son cosas que hay que hacer y tienen su importancia, pero ojo, no son nada del otro mundo ni tampoco una revolución agraria, como lo viven repitiendo el ministro Restrepo y el presidente de la República, que nunca antes visto, que el mundo mira hacia Colombia. No, cuentos.
Les voy a dar un dato que a ustedes los va a sorprender. Sumando todas las medidas de tierra, todos los gobiernos anteriores, y miré solo del 90 para acá, pero es probable que los anteriores también, todos han hecho más que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Miren las cifras:
1990-2010, promedio de tierras llamémoslas movilizadas para ponerles algún nombre o entregadas, o lo que sea la suma de todo eso, 993 mil hectáreas. Juan Manuel Santos en el 2011, el único año que podemos mirar porque es el único completo, 547 mil hectáreas, o sea, la mitad, y aquí nadie vio al presidente Uribe o al presidente Pastrana o a Samper o a César Gaviria diciendo que estaban haciendo una revolución agraria, porque titularon esas tierras.
Miren el dato, también con cifras del Ministerio de Agricultura: promedio anual, Gaviria, 1.224.000 hectáreas. Samper 977 mil. Pastrana 1.590.000. Uribe I 680 mil, Uribe II 475 mil, Santos 2011 547 mil, o sea, a duras penas le gana y por poquito a Uribe II. Y no vimos a ninguno de esos presidentes presentando su política como una revolución agraria proclamándose el “presidente de los campesinos”, porque repito, no tiene mucha gracia realmente ese tipo de determinaciones.
Titulación y restitución
Como vamos viendo, senadores, aquí tenemos varios problemas graves, uno, lo mal que va la restitución, dos, las metas inmediatas, que son pésimas, tres, todo un monumento a la presentación de las cosas como no son, de forma tal que el espectador que no tenga la paciencia que tengo yo para examinar cada política con detenimiento se confunda. Todo ha sido montado para meterle a la gente gato por liebre. Y cuando yo he dicho eso, el ministro de Agricultura se ha irritado y el presidente Santos se ha irritado y dicen, lo que pasa es que es un tipo horrible el senador Robledo. Aquí el problema no son los hechos sino las personas, y entonces el ministro Juan Camilo Restrepo, en febrero 12, salió y dijo que nada más alejado de la realidad que hubiera confusión sobre las cifras, porque el gobierno ha sido especialmente riguroso en distinguir lo que son hectáreas restituidas y hectáreas formalizadas y nunca ha confundido unas con otras. O sea, lo que dice el senador Robledo no es cierto.
Y el presidente de la República fue más allá: hemos oído a algunos diciendo por ejemplo que esto es una farsa, porque el gobierno las hectáreas que ha entregado con títulos, o sea que ha titularizado, las presenta como hectáreas restituidas. Dice Santos, eso es falso, en ningún momento el presidente ni el ministro de Agricultura ni ningún funcionario ha querido meter como dicen gato por liebre. No hemos querido en ningún momento mostrar como restitución lo que es simple titulación. O sea, otra vez el senador Robledo está faltando a la verdad.
Abusando de su paciencia voy a leer no sé cuántas citas de la Oficina de Prensa de la Presidencia de la República, en las que o inducen al error o faltan a la verdad de frente, llamando restituciones otras medidas, y me parece de una gravedad inaudita que el Jefe del Estado, que se supone representa la dignidad de esta nación, sea capaz de caer en actuaciones como estas que estoy señalando.
Paso a leer lo que ha dicho o el presidente o la Oficina de Prensa de la Casa de Nariño. Octubre 20 del 2010, Santos: en total nos proponemos restituir y formalizar 312 mil hectáreas a casi 130 mil familias campesinas, por la vía de la restitución administrativa. Entre octubre y abril del año entrante. Fíjense que usa la palabra restituir y formalizar, ya empieza a armar un enredo porque ahí no hubo ni una sola restitución. Pero miren cómo lo traduce la Oficina de Prensa de la Presidencia de la República. Dice que esperamos que la Ley sea aprobada el año entrante, pero que ya le dimos la largada a ese proceso. El proceso de restitución empieza ya, esta semana vamos a restituir y formalizar 312 mil. Y miren ustedes cómo lo traduce El Espectador, porque aquí se vuelve importante qué dice la Casa de Nariño y cómo traducen los medios de comunicación, que es lo que le llega al ciudadano. Dice El Espectador, octubre 20: El ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo anunció que ejecutará un plan de choque, a devolver 312 mil hectáreas a 130 mil 487 familias. O no era de restitución o no cumplieron con la meta propuesta. El ministro podrá escoger qué fue lo que terminó sucediendo.
También la Oficina de Prensa, octubre 21: Santos en Macayepo, Bolívar. La noticia dice que a través del plan de choque para restitución de tierras, el ejecutivo –ya no habla de formalización, solo restitución– espera devolverles 312 mil hectáreas a casi 130 mil familias. Parte del adobo de esta historia es proclamarse como lo que no son. En esos días hubo asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en México y el presidente Santos dijo, será una verdadera revolución agraria, la iniciativa más ambiciosa que ha tenido Colombia, somos el primer país del mundo que ha reconocido no sé qué.
Diciembre 10 del 2010: Desde octubre se puso en marcha el plan de choque para la restitución y formalización de tierras, que ha titulado más de 70 mil hectáreas a favor de familias campesinas víctimas del desplazamiento y el despojo. Y no era a víctimas del desplazamiento y el despojo esas 70 mil hectáreas, como ya está probado por los hechos.
Diciembre 20 del 2010, Santos en persona: en estos primeros 16 meses de gobierno ya tenemos resultados. Gracias al plan de choque, mientras sacábamos la ley, hemos beneficiado a más de 30 mil familias. Estamos hablando de más de 750 mil hectáreas que les hemos adjudicado a los legítimos propietarios del campo –una manera de señalar que fueran víctimas de la violencia, cuando por supuesto no lo eran. Antes de que este proyecto haga su trámite, dice El Espectador, en el Congreso se puso en marcha un plan de choque que busca que 312 mil hectáreas de tierra regresen a 130 mil familias. O sea, los medios de comunicación repiten las manipulaciones de la Casa de Nariño. El Presidente de la República, dice la Casa de Nariño en enero 17 del 2011, destacó que el plan de choque de restitución de tierras avanza satisfactoriamente en todo el territorio nacional, con la adjudicación de 120 mil hectáreas. Dice también el periódico El Espectador: programa de restitución de tierras ha entregado 121 mil hectáreas, afirma el Presidente Santos. Y sabemos que no habían entregado ni una sola hectárea de restitución.
Enero 17 del 2011, El Tiempo: se han adjudicado 121 mil hectáreas de tierras a víctimas del conflicto. Y no se había entregado ni una hectárea de tierra a víctimas del conflicto.
Revistas Semana en enero 18 de 2011: Santos asegura que se han restituido 121 mil hectáreas a campesinos víctimas de la violencia. El presidente aseguró que su gobierno ha restituido las 121 mil hectáreas que se habían perdido en las manos de los violentos. Oficina de Prensa de la Presidencia de la República: el gobierno ha titulado 290 mil hectáreas a través del plan de choque de restitución de tierras, a víctimas del despojo de sus propiedades. Todo esto que estoy reseñando son manipulaciones y falsedades.
Abril 2 del 2011, desde Valledupar: Gobierno ya tituló a campesinos cerca de 170 mil hectáreas de tierras que habían sido usurpadas. Santos, nos propusimos un plan de choque y dele que dele. El doctor Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, en mayo 13 del 2011 dice en su blog: la meta del gobierno es restituir 500 mil hectáreas antes de junio del 2011, el proceso de restitución de tierras se inició mucho antes de la aprobación de la Ley de Víctimas. La meta es terminar el mes de junio con no menos de 500 mil hectáreas restituidas. Ojo, restituidas, dice el ministro del Interior.
Viene el secretario de la ONU a Colombia y entonces el presidente dice: ningún otro país del mundo ha asumido un esfuerzo de este calibre. Parte de la genialidad es, repito, este tipo de cifras y de hechos y frases superlativas, hipérboles que acaben de crear confusión.
Agosto 3 del 2011, Casa de Nariño: el gobierno superó la meta de entregar en su primer año 350 mil hectáreas de tierras a víctimas de la violencia. Y no había entregado ni una hectárea de tierra a víctimas de la violencia.
Agosto 3 del 2011, El Tiempo: gobierno superó la meta de restitución de tierras para despojados. El objetivo era devolver 350 mil y entregaron 361 mil, falso, todas estas son afirmaciones falsas, les quiero recordar a los senadores y a los colombianos. Y Santos: estamos haciendo algo sin precedentes, cambiando la faz de Colombia, una verdadera revolución agraria. Curiosa manera de hacer revoluciones.
Noviembre 16 del 2011, Casa de Nariño: el gobierno ha titulado, adjudicado, formalizado o restituido 680 mil, entonces diría el ministro, mire que ahí sí hubo precisión. Curiosa precisión sumar restituciones, que no hay ni una, con el resto. Pero miren cómo desarrollan la noticia. Con la restitución de tierras –o sea, ya no suman las otras–, el gobierno ha beneficiado a más de 27 mil familias. Con el proceso se espera completar 970 mil hectáreas al finalizar el año 2011.
Y así. El Espectador, diciembre 13 de 2011: Gobierno restituyó más de 720 mil hectáreas a campesinos. Vanguardia Liberal.com, diciembre 13: gobierno restituyó más de 720 mil hectáreas a campesinos, el gobierno ha restituido, fueron despojadas, etc., etc. Y así siguen, todas en los mismos términos. Me voy a saltar no sé cuántas páginas para resumir el asunto. Todas La actual administración, leemos en la revista Semana, se propuso entregar, durante sus cuatro años, tres y medio millones de hectáreas de tierras usurpadas. Desde entonces y hasta ahora, de tierras usurpadas el gobierno ha entregado 800 mil hectáreas y tiene previsto hacer lo mismo este año, con otras 130 mil hectáreas. Y no había entregado una.
El Espectador, febrero 5 del 2012: restituyen tierras a 95 familias despojadas en los Montes de María. Paja. Ninguna. Pero ojo con la siguiente, que esta sí la saca del estadio: yo empecé como desde enero a subir el tono de mis reclamos y hay que reconocer que los funcionarios empezaron a dar declaraciones un poco más moderadas. Por ejemplo, en Necoclí, el presidente Santos, que ya estaba como nervioso de la información que le llegaba al país, dijo: la mayor parte de esas 850 mil hectáreas fueron titulaciones de baldíos y una parte pequeña ha sido de restitución de tierras. Después de tanto pedir precisión y que dijeran las cosas con claridad, se habla de una parte pequeña. Hoy sabemos que era cero, pero en estos días se hablaba de unas 699 restituciones por 18 mil hectáreas, concedámoslas, yo no tengo problema.
Pero miren lo que hace el presidente de la República en una entrevista al periódico El País, de España, un hecho grave. En una entrevista que se tituló “El monólogo de don Juan Manuel”, dice el Jefe del Estado: en esa política –estaba hablando de la paz– se encuadra nuestro programa de restitución de tierras a las víctimas del conflicto. Hemos entregado en sólo tres meses más de 800 mil hectáreas a unos 90 mil titulares. Y esto en boca del presidente de la República y en abril, cuando yo venía haciendo el reclamo desde enero. A un periódico extranjero, el presidente se atreve a decirle que ha restituido 800 mil hectáreas, cuando no ha restituido ni una sola. ¿En qué país estamos? Claro y la frasecilla que inmortaliza. Agrega el Jefe del Estado: “Solo por eso habría valido la pena ser presidente de mi país.” Más servicios, imposible, no me olvidéis con tantas cosas que hemos hecho por esta patria martirizada.
El caso de Las Catas
Terminemos con dos denuncias más, doctor Aurelio Iragorri. En este mundo de las fábulas montadas en torno a la restitución, la saca del estadio, como dicen los beisbolistas, el caso de la hacienda Las Catas.
Las Catas es una hacienda en Ayapel, Córdoba, donde estuvo en enero 12 de este año el presidente de la República. Se trata de una finca que algún mafioso había adquirido de alguna manera. Pero el presidente de la República fue allá a decir que era la primera restitución ya con la Ley 1448 en vigencia, y los medios de comunicación se lo celebraron a reventar, como se celebran todo lo que viene de la Casa de Nariño. Yo dije, qué bueno que arranquen ahora sí a restituir alguna cosa. Y en esos días, estando en mi oficina, cae a mis manos un informe del director del Incoder en el que aclara que Las Catas era una hacienda que había pasado a la Dirección Nacional de Estupefacientes por allá antes del 2005, o sea, que llevaba en manos del Estado como 7 u 8 años, senador Lozano, y el presidente fue a presentarla como una restitución de tierras. Pero eso no es solo eso. Es que en el 2005, la Dirección Nacional de Estupefacientes se la adjudicó al Incoder, que en el 2006 se la entregó de manera provisional a los campesinos. Y el doctor Juan Manuel Santos es capaz de ir en enero a sacar pecho y a afirmar que Las Catas, una adjudicación que estaba hecha desde hace siete años, hacía parte de su política de restitución. Siete años, colombianos, el colmo de la indelicadeza apropiarse de decisiones de gobiernos anteriores.
Pero no contento con eso, el Jefe del Estado, cuya frescura hay que reconocerle, a los pocos días se fue para Barranquilla. ¿Se acuerdan de la gran marcha en Barranquilla, donde los campesinos de la Costa supuestamente respaldaban al Jefe del Estado? ¿Y saben qué dijo allá? Y tenemos para este año, solamente de aquí al 31 de diciembre, 50 casos más como las Catas, 130 mil hectáreas de no sé qué. ¿Otras 50 Catas?, me pregunté yo en una carta que le envié a la directora de Refugiados de las Naciones Unidas. ¿Otras 50 Catas? ¿No le fue suficiente con lo que ya le había pasado con Las Catas?
Concluyamos haciendo un par de comentarios. Es evidente que a mi juicio, desde el principio se organiza la trama para inflar las cuentas, para presentar como restituciones cosas que no lo son. Para mí eso es clarísimo. Ese fue el tal plan de choque. Era obvio, y lo sabe el ministro de Agricultura, que no era posible por la vía administrativa en 7 u 8 meses hacer 130 mil restituciones. Es evidente, por la redacción de los comunicados de la Casa de Nariño, que todo estaba finamente calculado para generar confusión. Es evidente que los medios de comunicación, por una u otra razón, iban a repetir las falacias que salían desde palacio.
La pregunta que queda es si a eso además le iban a sumar restituciones o no. Yo había empezado a seguirles la pista desde hace rato. El primer escandalito lo hicieron con unas tierras en Chaparral, presentadas como restituciones, y yo sabía que era una titulación de unos baldíos. La pregunta que queda es si esa especie de ruido con nada se le debían sumar restituciones o no. Tengo ya a estas alturas mis dudas, ¿y cuántas? Porque me parece muy grave que la meta al 2013 sean 10.500, y aún más que el ministro se haya atrevido a aducir que no hay meta. Realmente, no sé. Pero el hecho cierto es que vamos en cero restituciones, y el hecho cierto es que sí hay metas, y el hecho que está más o menos claro, ojalá me equivoque, es que el gobierno no va a cumplir con las 160 mil de aquí al 2014. Y es grave, además, porque hay que hacer 360 mil por todas hasta el 2022. La ley se acaba en el 2022, o sea, lo que no esté restituido en el 2022 ya no se pudo restituir por esa vía y se va a producir entonces una especie de saneamiento de todos los despojos que hayan logrado coronar con éxito su audacia.
Si la restitución no cumple las metas, lo que va a suceder es que la ley se acaba antes de que se hayan hecho las restituciones, porque no podemos pensar que vamos a durar 20 ó 30 años haciéndolas. Nosotros creemos que el Estado debe restituirle sus tierras al ciudadano al que se las quitaron mediante la violencia, sea campesino, sea empresario.
Hay algo también claro en medio de las dudas. Es que el presidente de la República hizo esfuerzos porque este debate no se diera. El presidente de la República cooptó al ciudadano Gustavo Petro. El doctor Alejandro Reyes, que está por aquí sentado y no me dejará equivocarme, le dijo a La Silla Vacía el 15 de julio del 2010, hablando de la restitución, lo estoy citando entre comillas: “Al menos durante la fase inicial del gobierno, Gustavo Petro jugará un rol clave como líder político propositivo y confrontador a la política de tierras”. Cómo sería lo confrontador, porque miren lo que explicó el doctor Reyes: “Petro será el encargado de liderar el debate sobre la restitución de tierras en Colombia, eso nos permitirá generar consensos” ¿Qué tal lo confrontador? Y agregó La Silla Vacía: “Reyes dijo que tanto Santos como Petro estaban satisfechos con ese acuerdo”. Y el doctor Reyes dirá lo que tenga que decir, el presidente Santos lo mismo, el doctor Petro lo mismo, pero lo que sí quiero señalar es que por mientras exista Polo Democrático Alternativo, la oposición será leal, será razonada, será con argumentos, como espero estarlo haciendo aquí. Pero no nos vamos a prestar a jugarretas.
Si algo hay que aclarar en Colombia es quiénes están en contra de la restitución y tienen derecho a opinar en contra, mientras no sea con violencia, y quiénes estamos a favor, pero de verdad. La historia de las leyes agrarias en Colombia es la historia del fraude. En los medios de comunicación se dicen cosas y en la práctica sucede lo contrario. No es sino ver el desastre del agro nacional para saber lo que está pasando.
Y ojalá me equivoque, pero me temo que vamos para el mismo llanito. Mucho tilín, tilín, excesivo tilín con todas las campanas al aire, y de paletas pocón, si es que al final terminan mostrando alguna. Hoy el ministro seguramente va a hacer ruido otra vez sobre las muchas solicitudes que ya le han hecho, y me alegra que le hayan hecho solicitudes. El problema, ministro, es que las tramite. Y esa desinversión de la carga de la prueba que ustedes decidieron le ha metido un palo inmenso a la rueda. Ojalá echen para atrás ese decreto, porque con él veo que la restitución va a funcionar mal.
Termino diciendo algo que el Polo tiene que decir en todos los debates agrarios: nuestro insistencia en la importancia de que el agro se desarrolle y eso incluye el acceso de la gente a la tierra. Es un debate honrado, un debate leal, senador Iragorri, nosotros creemos en eso. Colombia no podrá resolver sus problemas con unas condiciones de miseria y de atraso como las existentes en las zonas rurales. Es que nuestros campesinos se compran una camisa cada dos o tres años. La pobreza no solo es un crimen contra esos compatriotas, sino que los excluye del mercado interno porque no generan capacidad de compra ni le consumen a la producción industrial y agropecuaria. El abecé del desarrollo de las economías de mercado y de las economías capitalistas enseña que si no se genera un mercado interno próspero, no hay desarrollo. La producción empresarial no se puede dar sin un pueblo que consuma. Miren ustedes a los países desarrollados, incluidos los más exportadores como Alemania, y la parte fundamental de su economía es el mercado interno, es la capacidad de compra de los ciudadanos.
Este debate se justifica porque no es sólo un problema de la justicia, de que a un delincuente le quiten el bien que se robó. Aquí estamos hablando de economía y de asuntos sociales. Y el Polo pugna por un agro en el que quepan los campesinos y los indígenas, en condiciones de prosperidad, pero también, y esto debe quedar claro, un campo en el que quepan los empresarios colombianos, que también prosperen, con obreros agrícolas con todas sus garantías. Es en parte la pelea que tenemos con el TLC, que va a masacrar un número inmenso de empresarios nacionales, lo que generará más pobreza entre los obreros agrícolas y entre el campesinado. Y la política de restitución de tierras no está contribuyendo positivamente con esos objetivos.
Concluyo entonces reafirmando que la restitución va muy mal y las metas concretas son peores que, 10.500 al 2013. Sí hay compromisos, sí hay promesas, sí hay metas y el gobierno tiene el deber de esforzarse por cumplírselos a los colombianos. Hay una manipulación inmensa, aritmética y retórica. Ahí están las cifras engañosas, ahí están las frases de autoelogio.
Ojalá se haga la restitución, porque este debate tiene como primer propósito hacer esfuerzos porque el gobierno se esfuerce en hacer lo prometido, cosa que no está haciendo, y en ese sentido llamo a las víctimas de la violencia a que se movilicen y a que le reclamen al gobierno nacional el cumplimiento de lo que les ha dicho. Pero al mismo tiempo digo esto: si la restitución de tierras fuera plena y perfecta, el mundo agrario apenas quedaría como era en 1991, porque la restitución sólo va hasta el 91, y el mundo agrario en el 91 era el mundo de los horrores. Sería el mundo agrario del 91, más la concentración y la pobreza originada por el neoliberalismo desde 1991.
Nosotros estamos a favor de que la restitución se haga y espero que este debate sirva para que los colombianos respalden la restitución de las tierras a las víctimas de la violencia, y de alguna manera, así sea en pequeña escala, eso contribuya positivamente a darle algún grado de mejoría a las condiciones terribles de la ruralidad, condiciones ominosas que nos avergüenzan ante el mundo.
Réplica a las intervenciones del ministro y de algunos senadores de la bancada oficialista
Después de escuchadas las distintas intervenciones, en particular la del señor ministro, en el Polo Democrático Alternativo nos consideramos satisfechos con lo que hemos dicho y seguros de que acertamos en nuestros análisis. Consideramos, sin duda alguna, insatisfactorias las respuestas del gobierno nacional.
Los hechos son tozudos y el debate tiene un origen conocido. Desde agosto del año pasado le planteé al ministro Juan Camilo Restrepo que el gobierno estaba manipulando la información, porque en esos días la Casa de Nariño señaló que el gobierno le había entregado 350.000 hectáreas a víctimas de la violencia. En ese mismo comunicado dijo la Casa de Nariño que era un esfuerzo descomunal, hecho nunca antes visto, con esa serie de ditirambos a los que nos tiene acostumbrados el presidente Santos.
En vez de aceptar en tono republicano y tranquilo que el titular era falso y aceptar, como en buena medida lo hizo ahora, que lo que estaban haciendo en formalización era bastante parecido a lo de los gobiernos anteriores, el doctor Juan Camilo Restrepo se despachó con una carta, parecida a lo que pretendió hacer hoy, intentando enredar las cifras para decir que ellos sí habían hecho un poquito más en restitución que Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe. Es un poco el origen del debate, que se profundiza porque al final del año pasado y empezando el 2012, el gobierno se viene todavía más fuerte a machacar informaciones que no se corresponden con la realidad. Y en ese sentido pienso que el debate logra demostrar hasta la saciedad, porque nadie pudo refutarnos, que no se ha restituido una sola hectárea, de tierra en Colombia, ni una sola hectárea, ni las 312.000 hectáreas a 134.000 familias por vía administrativa, como lo prometió inicialmente el gobierno nacional, ni por la vía de la 1448, vigente desde enero.
Y este asunto, más la manipulación de las formalizaciones, también parte de la tergiversación, ha sido hoy aquí reconocido como cierto por el senador Carlos Baena y por los propios senadores Cristo y Andrade, a pesar de que actúan como escuderos del ministro y del gobierno nacional. A la carrerita, el senador Cristo debió admitir que no era lo mismo reparación que titulación. Pero eso, senador Cristo, no es para despacharlo a la carrerita. Era lo que había que reconocerle al Polo señalando que nosotros teníamos la razón, y la tenemos, cuando acusamos al gobierno del presidente Santos, al propio jefe del Estado, al aparato de propaganda de la Casa de Nariño, de faltar a la verdad sistemáticamente durante meses, lanzando comunicados falsos a los medios de comunicación.
Aquí leí documentos de Semana, El Espectador, El Tiempo y Vanguardia que repetían las falacias emitidas desde la Casa de Nariño. No son asuntos de menor cuantía y sobre los cuales se pueda pasar a las volandas, como se intenta hacer aquí. Ha quedado establecido que en este gobierno no habido una sola restitución de tierras y que todo lo que al respecto dijeron el presidente Santos, sus ministros, la Casa de Nariño y los medios de comunicación al respecto no era cierto. Se faltó a la verdad y es un mínimo deber de la dignidad de un presidente de la República no manipular la información, sobre todo si además es de una manera tan burda. Lamento, senador Cristo, que a los partidos de gobierno les parezca un asunto de menor cuantía y no amerite resaltarlo con la gravedad que tiene.
Lamento también que el ministro Juan Camilo Restrepo se hubiera quedado mudo. Doctor Restrepo, ni una palabra dijo usted sobre los boletines de prensa de la Casa de Nariño, como si no se hubieran mencionado. Silencio sepulcral. No, aquí había que refutarnos.
Yo le pregunto a usted que me mueve el librito: ¿es verdad, sí o no, que el presidente de la República le dijo al diario El País, de España, que se habían restituido 800.000 hectáreas en este gobierno? ¿Y eso es cierto? Y así podríamos coger caso por caso. Tomé nota que se quedó silencioso al respecto en este que, repito, era el tema principal del debate.
Tampoco se refiere el gobierno a otro asunto que es también uno de los puntos que inspira el debate. No inspira el debate que lleven pocas restituciones en el transcurso de la ley de víctimas. Es obvio que la ley apenas ajusta unos cuantos meses. Pero es que cabía la posibilidad de la restitución administrativa y habían ofrecido 300.000 hectáreas y no hicieron ninguna, pero sí dijeron que las habían hecho. El ministro tampoco dijo una palabra sobre la afirmación que yo hice, tomada de ustedes, según la cual aspiran a restituir 10.500 predios de aquí al 2013 ¿Solo 10.500 predios, de 160.000, la meta del cuatrienio? ¿10.500?
Es la otra razón de este debate, protestar contra unas metas tan mediocres ¿Ese es el esfuerzo que están haciendo? Y cuando yo digo que las metas son mediocres, hoy aquí el doctor Restrepo se me ratifica en la idea de que no hay metas. Yo les pregunto entonces a los amigos del gobierno: con cualquier número de hectáreas que se restituyan y con cualquier número de víctimas que se vean favorecidas por las restituciones ¿hay que aplaudir y proclamar al doctor Juan Manuel Santos como el presidente de los campesinos y celebrar que aquí se está llevando a cabo una revolución agraria? ¿Habrá que firmarles un cheque en blanco y cualquier cosa que hagan, senador Cristo, hay que aceptarla como una genialidad y el Polo Democrático Alternativo es injusto porque pide resultados concretos?
Ni siquiera se han propuesto una meta que valga la pena. Ahora, ya veremos cuáles al final son los resultados, pero la meta es de una mediocridad pasmosa y más grave aún, que nieguen su existencia. Le quiero confirmar, senador Cristo, que la indemnización administrativa fue recortada con respecto a la suma fijada por el gobierno anterior. No son aseveraciones mías. Bueno, refute usted a la doctora Sandra Morelli, contralora general de la República, y refute usted a quienes como Luis Jorge Garay forman parte de la Comisión de Seguimiento. Es un debate que podemos hacer otro día.
Tampoco tiene la razón, senador Cristo, ni el gobierno nacional, cuando intentan pasar como un asunto de menor cuantía la desinversión de la carga de la prueba, el proceso administrativo que se inventaron en la reglamentación, porque ya aquí no hay dos decisiones sino tres: la del proceso administrativo que se inventaron, la del proceso judicial y la de los magistrados en las apelaciones que puedan hacerse. Y lo que sucede es que en proceso administrativo echaron para atrás la inversión de la carga de la prueba, como lo explicó el doctor Juan Camilo Restrepo hasta la saciedad.
Ahora, se nos reclama hoy aquí lo de la oposición. Pese al tono aparentemente muy democrático, hay una especie de fusilamiento contra el Polo, iniciado en nombre del Partido Liberal, porque el Polo Democrático no es santista. El Polo Democrático Alternativo debería ser de una curiosa oposición a Santos, consistente en venir aquí a aplaudir y avalar las decisiones políticas y económicas y de todo tipo del gobierno. No, senador Cristo, abrigamos razones muy profundas para estar en la oposición. Quienes tienen problemas de coherencia son aquellos que en el gobierno anterior rechazaron infinidad de prácticas económicas, sociales y políticas y en este gobierno las avalan. Es de lamentar que se nos pida respaldo al gobierno.
El problema agrario es una de las razones por las cuales el Polo está en la oposición. Nos parece que la política agraria del presidente Santos, así haya restitución, así se logren las 160.000 restituciones en este gobierno, como es su deber, y las 360.000 al 2021, es profundamente retardataria. Y tengo que lamentar que el Partido Liberal haya avalado el cambio de la Ley 160 en lo relacionado con la modificación de la lógica de la UAF para facilitar que las tierras se pueden entregar en cualquier hectareaje a cualquier inversionista, por rico que sea, incluso banquero, incluso extranjero, y eso puede que terminen reglamentándolo en una próxima ley, según ha dicho el ministro Juan Camilo Restrepo, pero aquí se aprobó con la posibilidad de que pudiera ser extranjero. Tengo que lamentar que a ustedes les parezca de menor asunto la política de extranjerización de la tierra que con toda frescura reconoció aquí como una maravilla el ministro Juan Camilo Restrepo. O sea, síganle entregando el país a los extranjeros. Ahí estuvo el presidente Santos con sus ministros vendiendo a Colombia en no sé dónde, y vendiendo no es una figura retórica sino literal, literalmente vendiendo este país a los intereses extranjeros. Una cosa es que haya inversión extranjera y otra cosa que el país termine convertido en una especie de colonia de las grandes potencias, empezando por Estados Unidos.
Tengo que lamentar que les parezca de menor cuantía que la política sea impulsar entre los pobres del campo una especie de neoaparcería o neoservidumbre, resucitando prácticas feudales en pleno siglo XXI, senador Iragorri. No discuto que un campesino libre, si así lo quiere, pueda asociarse con un empresario para hacer algún negocio. Pero que el Estado le diga que no va a ser un propietario libre de su parcela sino que tiene que asociarse bajo la férula de un monopolio de una trasnacional, me parece una regresión. Esas son las fórmulas del feudalismo, cuando no podía haber campesinos libres.
Si para el partido liberal son asuntos de menor cuantía, no lo son para el Polo Democrático Alternativo. Luego tenemos el derecho y el deber de expresarnos en debates como estos y no va a ser intentando promover la división del Polo ni una especie de acoso como vamos a terminar respaldando esta administración. No, el Polo Democrático Alternativo no se va a someter a los dictados del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Tenemos serias razones para estar en la oposición.
Este debate nos llena de más razones. Los argumentos y denuncias planteados por los representantes Iván Cepeda y Wilson Arias no fueron tampoco satisfactoriamente respondidos por el gobierno nacional. Aquí hay cosas que no están de ninguna manera clara en el tema de la extranjerización de la tierra, una política retardataria. Y en el tema que ventila el representante Iván Cepeda de una serie de casos que configuran hechos gravísimos, la explicación también es por completo insatisfactoria, ministro Restrepo. No basta con reconocer la existencia de los problemas. Hay que aportar las soluciones.
Los dos representantes llevan más de un año hablando de estos casos, violatorios de la Constitución y la ley. Más de un año, tanto tiempo como lleva el gobierno de Santos, llevan los representantes hablando de estos casos y los asuntos ni se ventilan ni se resuelven.
Terminó diciendo que el Polo Democrático Alternativo se ratifica en sus cargos y en las apreciaciones hechas en este debate y señala que las respuestas del gobierno son por completo insatisfactorias.
