Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 28 de noviembre de 2006.
A más de veinte años del inicio del paramilitarismo en Colombia, por fin parece abrirse paso la idea de que la llamada “justicia por la propia mano” es moral y legalmente inaceptable y que crea problemas de proporciones mayúsculas, por lo que quienes han estado comprometidos con esas actividades criminales deben responder ante la justicia y la sociedad. Y más si convirtieron sus acciones en un pretexto para su enriquecimiento personal, porque se vincularon al narcotráfico, defraudaron el erario o desposeyeron a las gentes de sus bienes, empleando la violencia y el terror.
La búsqueda de la verdad de lo ocurrido debe empezar por señalar que además de quienes actuaron con las armas en la mano, también hicieron parte de esas organizaciones por fuera de la ley personas de diferentes sectores, incluidos dirigentes políticos, según han explicado los medios de comunicación. Y también exige precisar que por numerosos que sean los congresistas responsables de delitos, ello no permite aseverar que es El Congreso el que faltó a la ley, como con ingenuidad o astucia se oye decir. Que el peso de la justicia caiga sobre quienes la violaron, pero que también, como contraste, se respete la integridad de quienes carecen de responsabilidad al respecto.
Se afirma que las personas que se asociaron con los paramilitares fueron víctimas de estos. No obstante, lo cierto es que también hubo muchos colombianos que perdieron sus vidas o sus bienes o sufrieron el destierro o el ostracismo antes que renunciar a sus convicciones de ética y dignidad, a cambio de disfrutar de las ventajas que otorgan el dinero, la violencia y el poder. La verdad de lo ocurrido también exige rendirles homenaje a esos compatriotas que con su sacrificio resaltaron los principios del único rumbo que puede sacar adelante a la sociedad colombiana.
Se ha convertido en un lugar común decir que cada acusado es inocente mientras los jueces y tribunales competentes no demuestren lo contrario, afirmación cierta que coincide con una concepción democrática de la administración de justicia. Pero hay que rechazar que esta verdad se utilice como pretexto para establecer que en un escándalo de este calibre no existen responsabilidades políticas por las que deben responder destacados miembros de las diversas ramas del Estado y de las organizaciones políticas. Porque los hechos muestran que cerca de medio centenar (!!!) de importantes dirigentes políticos que han sido pilares del gobierno de Álvaro Uribe Vélez están encarcelados o prófugos y han sido sindicados o señalados por la comisión de diferentes delitos. A esto se suma que el ex director del DAS, nada menos que el jefe de la policía secreta del Presidente de la República, ha sido objeto de graves acusaciones por parte de la Fiscalía y la Procuraduría sobre su connivencia con jefes del paramilitarismo.
Ante estas realidades, el Presidente de la República, por acción o por omisión, ha asumido posiciones que hay que condenar. La primera, limitarse a la displicencia de decir que actúe la justicia y que los responsables confiesen, cuando para otros casos se ha mostrado tan acucioso y cuando lo obvio es que pusiera todos los recursos de su gobierno al servicio de respaldar a las autoridades para que puedan establecer la verdad. La segunda, una cortina de humo de una evidencia tal que por sí sola lo acusa de fraguarla: que la prioridad es determinar otras responsabilidades sobre otros hechos diferentes a los que ahora sacuden a la opinión pública nacional e internacional. Y no le ha dado ninguna explicación política a la nación acerca de por qué tantos de sus coroneles políticos aparecen vinculados a estos delitos, empezando por el mencionado ex director del DAS, a quien Uribe defendió con tanta agresividad cuando algunos periodistas se atrevieron a decir que debía renunciar al consulado en Milán.
Es un auténtico despropósito el intento de convertir a Colombia en el único país del mundo donde no existen responsabilidades políticas de los dirigentes, los partidos y los gobiernos, práctica que en parte explica la descomposición nacional, porque, en últimas, es una pieza medular del “tapen, tapen”. Y a propósito, ¿cómo gana Colombia atornillando en su puesto a María Consuelo Araújo?
El establecimiento de la verdad sobre tantos y tan condenables sucesos tiene como principal propósito lograr que estos no vuelvan a repetirse y darle cimientos a lograr que en Colombia las contradicciones económicas, políticas y sociales dejen de resolverse mediante métodos distintos a los propios de las concepciones democráticas y civilizadas.
