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Ni intimidación ni impunidad ni disparates ni tiranía

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 11 de julio de 2008. Como bien dijo Carlos Gaviria, Presidente del Polo Democrático Alternativo, hay que celebrar la liberación de Ingrid Betancourt y los demás secuestrados y señalar que este hecho debe “llevar a las Farc y a los demás grupos insurgentes que aún quedan en el país a reflexionar […]

Hace 9 años

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 11 de julio de 2008.

Como bien dijo Carlos Gaviria, Presidente del Polo Democrático Alternativo, hay que celebrar la liberación de Ingrid Betancourt y los demás secuestrados y señalar que este hecho debe “llevar a las Farc y a los demás grupos insurgentes que aún quedan en el país a reflexionar sobre la esterilidad de la lucha armada”, a renunciar al secuestro y a contribuir a la paz que requiere Colombia.

Pero también es cierto que no puede pasarse por alto uno de los hechos más graves ocurridos en el país en mucho tiempo.

Tal y como lo preparó desde antes, el Presidente Álvaro Uribe respondió con la consabida cortina de humo a la decisión, jurídicamente impecable, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de condenar a la Representante a la Cámara Yidis Medina por cohecho propio, en razón de que se probó que vendió su voto para aprobar la ley que permitió la reelección del actual jefe de Estado. Sus bárbaras infamias y acusaciones contra la Corte Suprema de Justicia, las cuales carecen de antecedentes en el país, apuntan a confundir a los colombianos y a presionar a fiscales y jueces para que absuelvan a funcionarios como Sabas Pretelt y Diego Palacio, acusados de comprarle el voto a Yidis Medina y a quienes ya investiga la Fiscalía y les elevó pliego de cargos la Procuraduría General de la Nación. Repite así la Casa de Nariño su táctica de desacreditar e intimidar a la Corte Suprema, como ha ocurrido desde el día en que ésta asumió con valor civil el establecimiento de la verdad judicial sobre la parapolítica, caso en el que casi todos, entre los 67 parlamentarios empapelados, son uribistas.

Con toda la razón la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de señalar que “el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal”, le dio traslado a su fallo contra Yidis Medina a la Corte Constitucional “para los fines que estime convenientes”. Paradójicamente, Álvaro Uribe, con su quebrantamiento del orden institucional que juró cumplir, confirmó lo establecido según la Constitución y la ley: la ilegitimidad política de su reelección, porque ella tuvo origen en una ley aprobada mediante un delito, del que solo faltan por conocerse las condenas de los miembros de su gobierno que también incurrieron en cohecho. Y nada de esto cambió con la decisión de la Corte Constitucional de considerar cosa juzgada la ley de la reelección.

Se está, además, ante la gravísima decisión del inquilino del palacio presidencial de romper la separación de los poderes que ordena la Constitución como mínima garantía democrática, con lo que da otro paso hacia la tiranía, camino que inició cuando decidió reelegirse y quebrantar el sistema constitucional de controles entre las ramas del poder público. Sin importar qué digan las encuestas con las que quieren justificar hasta el peor desafuero, la dictadura consiste en poner bajo las órdenes de una sola persona a la totalidad del Estado, como cada vez más ocurre en Colombia.

En la lógica de su concepción autoritaria, Álvaro Uribe también decidió oponerle a la condena a Yidis Medina la realización de un referendo que ordene “repetir” las elecciones presidenciales de 2006. Ante tamaño despropósito –porque las elecciones no pueden repetirse ni ningún número de votos puede cambiar un fallo de la justicia o convertir en honesto lo corrupto, y porque constituye una irresponsabilidad inaudita provocar una grave crisis institucional y malbaratar sumas enormes para hacer un referendo y una nueva elección a fin de que Uribe gobierne hasta el 2010, como hoy está establecido–, hay varias posibilidades: o existen otros objetivos ocultos, como arrodillar a la Corte Suprema, o cambiar la Constitución para imponer una nueva reelección mediante truculencias en especial dañinas por lo desproporcionadas, o se trata de un error de cálculo político que al final puede obligar a Álvaro Uribe a rectificar, derrotado por la resistencia ciudadana y las exigencias de los poderes de los que en últimas depende su suerte y que ya han rechazado este nuevo disparate suyo.

Es indudable que esta nueva astucia de Álvaro Uribe y el grupito que lo rodea, termine como termine, también lesiona a Colombia por la inestabilidad que genera y la imagen que proyecta, y más cuando el riesgo de una profunda crisis económica aumenta en medio de la incapacidad oficial para enfrentarla. Frente a este otro desvarío de quien es capaz de sentirse El Mesías, aumentan quienes se preguntan: ¿qué límite no quebrantará cuando los colombianos reconozcan los verdaderos objetivos de sus ardides?