Oficina de Prensa del Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, julio 17 de 2007
Voceros de las más amplias vertientes políticas y sociales, sindicales, ambientales y académicas decidieron constituir ayer, en el Hotel Sicarare de Valledupar, el Centro de Estudios del Carbón y la Gran Minería.
Entre los asistentes al acto de fundación se destacan el senador Jorge Enrique Robledo, quien instaló las sesiones; Orsinia Polanco, representante a la Cámara por La Guajira; Gustavo Triana, del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT; Ovelio Jiménez, diputado del Cesar; Alejandro Aroca, ex alcalde de Chiriguaná; Miguel Durán, ex representante a la Cámara por el Cesar; Luis Carlos Angulo, del Centro de Investigaciones de la Universidad Popular del Cesar; Simón Martínez, del Centro de Investigaciones de la Fundación Universitaria del Área Andina; Carlos Bonilla, de la Asociación de Ingenieros Ambientales y Sanitarios del Cesar; Dagoberto Poveda, de la Asociación de ingenieros Agrónomos del Cesar; Germán Piedrahita, del Comité de Seguimiento de Regalías del Carbón en el Cesar; Norman Emiro Badillo, de la Fundación pro Derecho a un Ambiente Sano; Stevenson Ávila, presidente de Sintraminergetica, con delegaciones provenientes de de El Paso, Chiriguaná, La Jagua y Becerril; Jaime Delúquez, presidente de Sintracarbon, con delegaciones procedentes de El Cerrejón; Felipe Rodríguez, presidente de la Unión de Usuarios de los Servicios Públicos de La Guajira; José Julio Pérez, vocero de las comunidades afectadas por la explotación minera, y Ricardo Angulo, investigador de la Universidad del Atlántico.
Explicó el senador Robledo que “el Centro no es un organismo del Polo Democrático Alternativo, pues a él podrán vincularse gentes de todos los sectores políticos”, con el objeto de examinar a fondo las condiciones contractuales suscritas entre el Estado colombiano y las trasnacionales del carbón, el oro, el níquel y los hidrocarburos, como también las regalías e impuestos que pagan a la nación y a los entes territoriales. En los estudios del Centro merecerán especial atención las condiciones laborales y medioambientales prevalecientes tanto en el Corredor Minero de La Guajira y el Cesar, como en las demás zonas donde hay explotaciones. El Centro se propone también reivindicar los intereses de la pequeña y mediana minerías nacionales.
Para que la ciudadanía sepa en detalle lo que allí está ocurriendo por boca de académicos y expertos independientes, el Centro adelantará investigaciones, hará foros y seminarios y editará publicaciones periódicas. Siempre en defensa del interés de la nación, el Centro formulará políticas encaminadas a reivindicar el manejo soberano de los recursos del subsuelo.
DECLARACIÓN APROBADA EN EL ENCUENTRO DE FUNDACIÓN
“Con la finalidad de analizar los contratos con que la gran minería extrae carbón y otros minerales del subsuelo colombiano, diversos sectores políticos, gremiales, sociales, populares, ambientales y académicos, reunidos hoy en Valledupar (Cesar), hemos convenido constituir el Centro de Estudios del Carbón y la Gran Minería. El Centro, que también tendrá entre sus objetivos hacer propuestas, se orientará con los criterios de reivindicar el manejo soberano de la explotación de los recursos minerales de Colombia, defender los intereses nacionales y propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y de las poblaciones de las zonas de influencia minera.
“Muchas informaciones indican que en los contratos de la gran minería prevalece una participación económica desventajosa para la Nación y las regiones, no se atienden los costos ambientales y se afecta negativamente la salud de los trabajadores de las minas y de los pobladores de los corredores mineros. También son conocidas las denuncias sobre la elusión del pago de parte de las regalías e impuestos que las empresas pactaron con la Nación.
“El análisis minucioso de los contratos, los impactos ambientales y el deterioro de la infraestructura vial, las condiciones laborales de los trabajadores, la liquidación y destinación de los dineros de las regalías, la tan mentada redención de las poblaciones de las zonas de influencia minera, los contratos con los transportadores, la transferencia de tecnología y la participación de los nacionales en los suministros y servicios de la gran minería, serán ocupación primaria del Centro, así como la divulgación de los estudios y las opiniones sobre dicha problemática. El llamamiento tiene mayor relevancia, toda vez que los precios internacionales de tales recursos alcanzan índices históricos y que se conoce de contratos de gran minería pactados hasta por un siglo o el final de los yacimientos.
“El Centro también reivindicará los intereses de la pequeña y mediana minerías nacionales, a las cuales apoyará en sus peticiones al gobierno nacional sobre respaldo técnico y financiero y facilidades de transporte, de manera que se viabilice su permanencia, al igual que se armonicen las relaciones laborales y se mejore la seguridad del trabajo.
“El Centro, sin marca partidaria y sin discriminación política, social, étnica o religiosa, acogerá a todas las personas y organizaciones que quieran contribuir a examinar con profundidad lo concerniente a la extracción de carbón, ferroníquel, oro, hidrocarburos, platino, cobre, entre otros, en todo el ámbito nacional”.
Valledupar, 16 de julio de 2007.
