Bogotá empezó una nueva fase del gobierno neoliberal de Peñalosa y se presagia un reforzamiento de su expresión más cruda: la privatización decisiva de empresas públicas y áreas de bienestar social. Lo planteó desde la campaña electoral y lo ratificó el primero de enero al instalar el Concejo de Bogotá. Afirmó textualmente: “Las empresas de acueducto en Francia todas son privadas” y “las empresas privadas son más eficientes porque sus costos son menores”, punto en el que tuvo el descaro de poner como ejemplo a Transmilenio. En su intervención, habló de las “bondades” de haber privatizado Telecom, preparando el terreno para feriar la ETB.

Tales despropósitos suscitaron el primer gran debate entre el mandatario y la oposición. En carta pública, el concejal del Polo, Manuel Sarmiento, desmontó una a una las falacias y le exigió al alcalde rigor en el debate. En su réplica, Sarmiento afirma que en Francia, como en muchos países europeos, lo que ha habido durante los últimos 15 años es un proceso contrario, de desprivatización; que en Transmilenio, lo que se ha producido es un encarecimiento de la tarifa en más de un 35% por encima de la inflación hasta el 2015, en detrimento de las finanzas del Distrito, pero engordando los bolsillos de unos cuantos financistas y que, al defender la privatización a menos precio de Telecom para justificar la de la ETB, se olvida que ha habido un detrimento de más de 3.5 billones de pesos por el incumplimiento de Telefónica en materia pensional. http://bit.ly/1S3FDiA

Esta fue la primera confrontación en el Concejo y marca una pauta de lo que viene hasta el año 2019. Nos enfrentamos a un mandatario que, en concordancia con el gobierno nacional, está empeñado en privatizarlo todo a cualquier precio. Urge entonces adoptar frente a ambos una actitud resuelta de oposición.

La secretaria

¿Quién es María Victoria Angulo, secretaria de Educación de Peñalosa?

Economista de la Universidad de los Andes, ha trabajado para el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Desarrollo, la Secretaría de Hacienda del Distrito y el Ministerio de Educación, donde se desempeñó entre 2004-2011 como Subdirectora de Fomento a las Instituciones de Educación Superior y Directora de Fomento a la Educación Superior. Fue después directora de la fundación “Empresarios por la Educación” (ExE), que promueve la vinculación activa del sector privado, hasta diciembre de 2015. Con María Victoria Angulo, defensora acérrima de las alianzas público privadas, Peñalosa ratifica su interés en mantener y ampliar los colegios en concesión, modalidad privatizadora que trajo a Bogotá durante su primera alcaldía.

¿Qué es la fundación Empresarios por la Educación?

ExE nace en 2001, en la Cumbre de Educación Básica de América Latina, realizada en Estados Unidos y convocada por las grandes corporaciones norteamericanas para promover la vinculación del sector privado con el educativo, otorgándoles voz y voto a los empresarios en el diseño y modificación del sistema educativo y fortaleciendo su incidencia en la política pública de los países latinoamericanos.

La fundación cuenta con 420 empresarios aliados entre empresas colombianas, multinacionales, fundaciones empresariales y voluntarios. La fundación FORD, el BID y la Red América figuran como algunos de sus principales aliados.

Entre las empresas colombianas pertenecientes a ExE se destacan algunas que vale la pena mencionar: Fundación Grupo Nutresa, empresas de Luis Carlos Sarmiento Angulo, Davivienda, Seguros Bolívar Porvenir, Promigás, algunas fundaciones de Bancolombia, la fundación Sura y otras del Grupo Empresarial Antioqueño.

Esta breve reseña deja en claro cuál es el interés real de Peñalosa detrás de la verborrea y la demagogia: profundizar la privatización mediante las alianzas público privadas, con el consecuente detrimento de las garantías laborales para los trabajadores de la educación.

Peñalosa y Angulo han sido enfáticos al afirmar que continuarán con el remedo de jornada única, o currículo 40×40 concebido por la administración Petro y que siempre hemos denunciado como un modelo que atenta contra la jornada laboral aumentándola sin reajuste salarial. Hemos dicho también que es la puerta de entrada para flexibilizar la contratación docente mediante la tercerización laboral.

Petro tuvo en sus manos la decisión de terminar con las concesiones educativas. Injustificadamente, su decisión fue prorrogarlas, situación que obviamente aprovecharán Peñalosa y su secretaria para, además de prorrogarles los contratos a los 22 colegios que están bajo dicha modalidad, entregar durante el periodo de gobierno decenas de colegios más al sector privado y acrecentar los del banco de oferentes. El objetivo principal, no debe olvidarse, es, al final, reducir el gasto social por estudiante a menos de la mitad que el de los colegios oficiales, tal como ya está sucediendo.

Para enfrentar esta nueva fase del neoliberalismo peñalosista -durante los próximos cuatro años- se requiere estudiar con rigor la naturaleza y los efectos de la misma para elevar el nivel de conciencia y conocimiento de la población, del magisterio y de los trabajadores y forjar una amplia coalición de todos los sectores democráticos de la sociedad que dirija la movilización de resistencia. Solo así tendremos la fuerza necesaria para vencerlo.

En consonancia con Santos, Peñalosa intentará descargar sobre las mayorías el peso de la crisis y, a la vez, crear nuevos nichos de negocio a los grandes grupos económicos y de la construcción que lo patrocinaron y que ya detentan casi todas las principales rentas de la ciudad. Vienen por más. Enfrentamos grandes desafíos. La lucha contra la privatización peñalosista es el camino a seguir. Actuemos en consecuencia.