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LOS AGROCOMBUSTIBLES AUMENTAN EL HAMBRE DE LOS POBRES, DICE ROBLEDO

Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 1 abril de 2008 Enormes subsidios que no se explican. El documento Conpes sobre el sector se aprobó ayer, a los siete años del inicio del negocio. Colombia pierde competitividad global por el mayor precio de los alimentos. El país salde perdedor con el impulso a los […]

Agrocombustibles

Hace 10 años

Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 1 abril de 2008

Enormes subsidios que no se explican. El documento Conpes sobre el sector se aprobó ayer, a los siete años del inicio del negocio. Colombia pierde competitividad global por el mayor precio de los alimentos.

El país salde perdedor con el impulso a los agrocombustibles, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo en el debate a los ministros de Minas y Energía que tuvo lugar hoy en la Comisión Quinta del Senado.

Robledo mostró cómo a escala mundial se está dando un profundo debate sobre los impactos de los agrocombustibles. Citó a varios representantes de organismos internacionales, como Simon Johnson, director de Estudios Económicos del Fondo Monetario Internacional, quien asevera que “a juicio de los técnicos del FMI, gran parte del reciente incremento en los precios de los alimentos puede atribuirse a la política de biocombustibles” y que “el impacto de los altos precios de los alimentos es directo y doloroso: (los pobres) tendrán que pagar más para comer”. También a Jean Ziegler, relator especial de la ONU para alimentación, quien dice que “es un crimen contra la humanidad usar tierra destinada a productos alimentarios para producir biocombustibles” y a Peter Brabeck, patrón de Nestlé: “Si se quiere cubrir el 20 por ciento de la necesidad creciente de productos petroleros con biocarburantes, como está previsto, no habrá nada que comer” y “otorgar enormes subvenciones para producirlos es inaceptable moralmente e irresponsable”.

Censuró que este gobierno haya embarcado al país en un negocio como el del etanol, que demanda subsidios del Estado del orden de los 220 millones de dólares al año, sin un documento Conpes, sin mención alguna en el primer Plan Desarrollo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y con una brevísima en el segundo. El senador del Polo Democrático Alternativo dijo también que con el etanol y el agrodiesel se está ocultando la pésima negociación del TLC. “El azúcar, el único producto del agro con posibilidades de exportarse en grande a Estados Unidos con el Tratado, nunca se desgravará. Y se permitieron inmensas importaciones de soya que lesionarán a la palma africana como materia prima para la producción de aceites”.

El senador del Polo citó a la Federación Nacional de Biocombustibles, que en carta enviada el 23 de marzo a la directora del DNP explicó que no están en condiciones de producir para exportar agrocombustibles. No hay nada para exportar, dijo Robledo, y se corre incluso el peligro de terminar importando agrocombustibles de países como el Brasil, donde los costos de producción en etanol son 92% inferiores a los de Colombia.

Robledo hizo hincapié en que el negocio está en riesgo por los cambios en la tecnología y porque el uso de agrocombustibles está siendo cada vez más cuestionado a escala mundial. Aun el argumento de que contribuye a la lucha contra el calentamiento global está en entredicho, pues los efectos ambientales, tomados en conjunto, pueden llegar a agravar el problema que supuestamente ayudan a paliar: las emisiones de gases con efecto invernadero. En este sentido, el senador citó el borrador del documento Conpes, donde se dice que “aún existen muchas dudas sobre los verdaderos efectos ambientales que pueda tener la producción masiva de biomasa para biocombustibles”. Para la OCDE, el remedio podría ser peor que la enfermedad, si se tiene en cuenta la totalidad de los costos ambientales de los agrocombustibles.

El senador del Polo concluyó asegurando que, tal como está, la política de agrocombustibles no es defensable porque implica aumentar el hambre de los pobres del mundo, incluidos los colombianos, y porque les genera grandes riesgos a los productores agropecuarios, a los inversionistas nacionales del negocio, a la política macroeconómica y a la competitividad del país.