Jorge Enrique Robledo Castillo
31 de mayo de 2003
En el caso de Ecopetrol contra Fernando Londoño Hoyos por las acciones de Invercolsa, ya el Tribunal Superior de Bogotá falló que nunca fue trabajador de esa empresa y que, por tanto, no podía comprar los 9.264 millones de pesos en acciones que adquirió, lo que significa que tiene que devolverlas. Lo que queda por establecerse legalmente, en otro juicio que se adelanta, es si actuó con dolo o como un inocente pecador, porque si lo condenan por mala fe perderá las acciones y lo que pagó por ellas, a lo que, además, podría sumársele una acción penal en su contra. Y este último pleito lo libra con el lastre de que el Tribunal considera que “a ciencia y conciencia fue conocedor de que las funciones que desempeñó no constituyeron contrato de trabajo”. Así se entiende por qué el ministro, a quien esas acciones le queman las manos, le ha propuesto a Ecopetrol devolverlas, pero siempre y cuando dé por ellas 25 mil millones de pesos y, sobre todo, le retire la acusación de que contravino “a sabiendas” las normas legales.
Londoño dijo que las acciones se pusieron en venta a un precio inferior a su valor real, “porque se creó un precio bajo para favorecer” a Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero que eso solo lo supo después de comprarlas. El lío que tiene para que la gente crea en su candidez empieza con su decisión de hacerse pasar por trabajador y se consolida con unas cifras que lo dejan como un vivo o como un bobo, porque solo un astuto o un idiota paga 9.264 millones de pesos por el 20 por ciento de una empresa que, según libros, apenas valía 20 mil millones. Y es obvio que si bien Londoño no es el genio que piensan algunos, tampoco es un cretino.
Las cifras anteriores también dejan en ridículo la que constituyó la principal maniobra de distracción de Londoño en el debate en el Senado: que hoy Invercolsa vale, en libros, 200 mil millones de pesos, lo que se debe, según dijo, a sus excelentes gestiones, por lo que los colombianos debemos quedarle por siempre agradecidos. Y la dejan en ridículo porque las acusaciones nunca tuvieron que ver con cuanto vale, ahora, la Empresa y porque, según sus propias palabras, Invercolsa estaba subvaluada, de donde se deduce que la parte principal de la valorización se debe a que por fin coincide la realidad con lo que dice su balance.
Tampoco pudo Londoño explicar por qué el Banco del Pacífico de Panamá le prestó en cuestión de horas 8.7 millones de dólares, a pesar de que su patrimonio era de solo 322 mil dólares y que el crédito era para respaldar un negocio pésimo, pues no sabía que las acciones estaban subvaluadas. Y menos pudo explicar por qué representó en la junta directiva de Invercolsa a AFIB, la empresa panameña que ahora aparece como propietaria de las acciones que él compró, si ni siquiera sabe quienes son los dueños. ¿Un ministro de Estado de Colombia representando a inversionistas extranjeros que no conoce? O falta a la verdad o es un absoluto irresponsable. Y abre una sospecha inmensa que Londoño diga que AFIB está dispuesta a devolver las acciones si Ecopetrol da por ellas 25 mil millones de pesos, cuando valen 40 mil millones. ¿Por qué ese inversionista desconocido va a regalar 15 mil millones de pesos? ¿Y por qué, si no tienen ninguna relación, va hacerle al ministro el favor de sacarlo del enredo en que se metió?
Si resulta que las acciones que representa AFIB son de José Urbina Amorocho –lo que es bien probable porque este es dueño de otro 35 por ciento de Invercolsa, vota en las juntas directivas de la Empresa igual que los panameños y ha sido por décadas compañero de negocios del ministro–, quedaría en evidencia que Londoño compró el 20 por ciento de las acciones para sumárselas a las de Urbina, con el fin de multiplicarle a su amigo su inversión, porque así controlaría la Empresa, y hacer él una gran ganancia por obra de su astuta especulación financiera.
Pero esté o no Urbina detrás de todo, los hechos condenan a Londoño como un “hombre de negocios” que se mueve al margen o en el filo de la legalidad y que posee unos valores éticos y morales que dejan mucho que desear, para decirlo con suavidad. En otros tiempos en Colombia, u hoy en otro país, Londoño no hubiera podido siquiera posesionarse, porque estas denuncias se hicieron antes del 7 de agosto del año pasado. Pero los neoliberales han vuelto éticamente aceptable el uso de la “puerta giratoria” para ir y venir de los negocios privados a los cargos en el Estado, generalmente en turbias relaciones con los monopolios nacionales y extranjeros y en medio de una detestable cantaleta moralista.
Publicado en La Patria de Manizales y El Nuevo Día de Ibagué
